Fabiana Ungaro, no está de acuerdo con lo preesupuestado para el Hospital Municipal, pero aclaró que eso no significa de ninguna manera estar en colntra de la salud pública.

“A mi me parece un presupuesto excesivo”, agregó la concejal. “Hay mucho dinero destinado a personal jerárquico, creció muchísimo la parte directiva”.

Ungaro afirmó que esto “lo hemos charlado con los directivos, se lo dijimos en la cara, pero nunca hubo una respuesta clara a esos cuestionamientos”.

“Antes eran 10 o 12, hoy hay casi 20 directores generales, y no hubo una respuesta clara, nos podrían haber explicado por qué hay tantos directores. Se lo planteamos a las autoridades del hospital y no pudieron explicarnos, y por lo tanto eso no convenció a muchos concejales”.

Repitió la concejala que “no estamos discutiendo ni el servicio, ni la compra de insumos, no estamos hablando de la calidad de atención del hospital ni del personal que es excelente”.

Respecto del presupuesto en general, sostuvo que “como lo habíamos adelantado nosotros lo aprobamos. Había que darle las herramientas al gobierno para que haga las obras que los vecinos reclaman después de un año difícil”.

Fuente: Frente al Cano.

El fiscal Cristian Aguilar, tal como sucedió en las últimas horas con el ingeniero Pablo Ascolani, decidió hoy cerrar la investigación por la tragedia en Bahiense del Norte con respecto a los otros dos imputados, entre ellos Leandro Ginóbili, presidente de la entidad.

De esa manera, el titular de la UFIJ N° 1 le requirió a la Justicia de Garantías la requisitoria de juicio también para el dirigente deportivo y para Laura Fabiana Soberon, jefa de Habilitaciones del municipio.

Los tres deberán responder por el derrumbe fatal registrado durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, en el cual fallecieron 13 personas y hubo varios heridos de distinta gravedad.

Ginóbili está imputado del delito de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.

A Soberon, en tanto, la acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La idea del fiscal es que se realice un único juicio oral y público para analizar la eventual responsabilidad penal de los tres acusados en los hechos.

Casi simultáneamente, Aguilar dispuso abrir una nueva investigación, por el delito de encubrimiento, en la cual podrían ser imputados el propio Ginóbili, Darío Faure (otro dirigente de Bahiense) y el perito oficial Enrique Gil.

Se trata de supuestos intentos de interferencia en la prueba de la causa principal, a partir de algunos chats y audios que se rescataron del teléfono del presidente de Bahiense, secuestrado la semana pasada.

Fuente:La Nueva.

La avanzada del gobierno Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar al sindicalismo y a los gobernadores opositores en un mismo frente de resistencia. A pocas semanas de que el Congreso empiece a debatir formalmente la reforma impulsada por el Presidente, el gobernador Axel Kicillof recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que excede la coyuntura parlamentaria y apunta a consolidar una estrategia común frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo. Antes se habían reunido con la CGT.

El encuentro, del que participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se dio en un contexto que ilustran como “de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que, según advierten las centrales obreras, se ubica “entre los más bajos de América Latina”. En la mesa también estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como el Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; y Pablo Maciel, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Airesgremio (CICOP).

La lectura compartida fue contundente: la reforma laboral que promueve la Casa Rosada no es un ajuste técnico, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”.

Para Kicillof, se trata además de una amenaza directa al entramado productivo bonaerense, especialmente a las pymes industriales que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia.

La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes de recibir a las CTA, el gobernador ya había encabezado encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), y más tarde hizo lo propio con empresarios pymes, a quienes instó a asumir un rol activo en defensa de la producción y el trabajo. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, las centrales sindicales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, buscando sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. No es un dato menor: el antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra la reforma laboral y el rumbo económico del Gobierno, una demostración de fuerza que el sindicalismo pretende sostener en el tiempo.

Las críticas al contenido de la reforma se repiten y se profundizan. Yasky advirtió sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi planteó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una intervención coordinada frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo no es exclusivo de las conducciones nacionales. En Mar del Plata, la CGT regional, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí, advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada mediante figuras como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.

El documento difundido en General Pueyrredón puso el acento en el contexto macroeconómico: con un mercado interno contraído y crédito restringido, sostienen, ningún empleador tomará trabajadores aunque se degraden las condiciones laborales. Además, alertaron sobre una negociación colectiva “a la baja”, el fin de la ultraactividad de los convenios y una ampliación de las actividades esenciales que, en los hechos, vaciaría de contenido el derecho a protestar.

Más allá del rechazo puntual a la reforma laboral, en La Plata también se discutió el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los millones de argentinos que no participaron en las últimas elecciones, con vistas a construir una alternativa creíble frente al creciente descontento social. La coincidencia fue clara: la resistencia a las políticas del presidente libertario Javier Milei no puede limitarse a la defensa de derechos adquiridos, sino que debe traducirse en una propuesta política capaz de disputar el rumbo del país.

Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que emergió de la Gobernación bonaerense fue inequívoco. Kicillof se muestra decidido a ocupar un rol central en el armado opositor al proyecto laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y los sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una combinación conocida: unidad, presión parlamentaria y calle. El 18 de diciembre fue una postal; lo que viene, advierten, será una secuencia.