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Lammens anunció que el programa Previaje se convertirá en ley

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El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, formuló este sábado anuncios de coyuntura y de fondo para el sector en su discurso inaugural de la FIT 2021, como el llamado a una mesa de trabajo para analizar la cancelación de ventas de pasajes al exterior en cuotas, la conversión del Plan Previaje en una política de Estado y el objetivo de crear 250 mil puestos de trabajo en turismo.

Entre los planes del Gobierno, Lammens destacó al Previaje, que en su segunda etapa “quintuplicó los números de la primera edición y creo que vamos a terminar el año por encima de los 60.000 millones de pesos contra los 10.000 del año pasado”.

Sobre la iniciativa de convertir este plan en ley, anunció que presentarán el proyecto “a cada uno de los gobernadores, a cada una de las cámaras de las provincias, la estamos trabajando con Gustavo (Hani); en esta semana o la que viene vamos a estar con todas las cámaras recibiendo la jefe de Gabinete (Juan Manzur), para que venga a la puerta del sector privado”.

“Queremos que sea una ley muy robusta, que deje a Previaje como una política de Estado, porque previaje fue la política pública más importante de la historia en términos de turismo”, aseguró.

Mediante esa ley, siguió, “queremos que tengan diferentes exenciones impositivas quienes vengan a invertir en turismo, la posibilidad de un bono fiscal que les reconozca esas inversiones, queremos un diferimiento de las contribuciones patronales”.

Lammens dijo que, “en definitiva, estamos buscando que cada vez pese más, que el porcentaje del PBI vinculado a la actividad de turismo sea mayor” y agregó que “terminamos con 10 puntos en 2019; buscamos que sea de 13 a 14 puntos y generar en los próximos años 250.000 puestos de trabajo”.

“Entiendo las preocupaciones de una parte del sector con lo que pasó con los pasajes en cuotas”, expresó Lammens luego que en el discurso previo Gustao Hani, presidente de la FIT 2021, de Faevyt y la CAM, reclamara “reglas claras” y previsibilidad en la toma de decisiones desde el Gobierno respecto a la cancelación de la venta de pasajes al exterior en cuotas.

Tras asegurar que “vamos a trabajar”, señaló que al recibir los primeros reclamos, “rápidamente se convocó a una mesa de trabajo, que no tengo dudas que va a dar resultados”.

Lammens explicó que quienes conducen el país “tenemos responsabilidades en el gobierno nacional, que es cuidar los dólares, cuidar las reservas que tenemos, porque para seguir creciendo Argentina las necesita para tener un crecimiento sostenido pero también entendemos que el turismo es una de las industrias que nos va a ayudar en ese crecimiento, en la generación de divisas”.

“Entendemos también que necesitamos conectividad y para que esa conectividad exista, que los vuelos vengan, tienen que ir y venir con turistas de los dos lados, así que vamos a trabajar para buscarle una solución a eso, es el compromiso que asumimos con Gustavo (Hani) y con todas las cámaras”, acotó.

El ministro aclaró que “el sector turístico y la Argentina tiene que definitivamente desarrollar una burguesía nacional que priorice los intereses de la Argentina por encima de los personales; es muy difícil pero aquellos países que los tienen son los que han logrado un desarrollo importante, que tienen niveles de desempleo marginales y que no tienen prácticamente pobreza”.

Lammens explicó que “si bien el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de divisas, también es verdad que para un país que tiene un problema de restricción interna, como Argentina, que necesita los dólares para seguir creciendo, necesita dar vuelta el déficit en la cuenta de viajes que tuvo en los últimos años”, algo que “es un problema y creemos que tenemos una gran oportunidad para revertirlo”.

También recordó que debido a la pandemia “debimos dar un golpe de timón que tuvo que ver con el presupuesto, y reconvertir todo lo que teníamos para promoción y ponerlo en cada una de las empresas, sobre todo las pymes, que son el 96% de las empresas del sector, para sostener esos trabajos del sector, más de un millón en todo el país”.

Luego enumeró los planes puestos en práctica en ese marco como el de Asistencia al Trabajo y la Producción, los Repro y otros del Minturdep, con financiamiento internacional, que sumaron “solamente el año pasado más de 60.000 millones de pesos en el sector, que fue uno de los sectores que más ayudó el Gobierno”, al cual consideran “un sector estratégico para el desarrollo de la economía de los próximos años”.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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