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Lanzan el programa para transformar planes sociales en puestos de trabajo

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El Gobierno nacional lanza hoy el programa “Puente al Empleo” que tiene por objetivo transformar planes sociales en trabajo registrado, otorgándole beneficios a los empleadores que contraten a beneficiarios de los programas asistencia estatal.

El decreto establece que las contrataciones deberán incrementar la planta laboral existente y gozarán de facilidades para el financiamiento por un año.

Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral el empleador deberá imputar el dinero que reciba el trabajador por el plan social como salario y luego completará de su bolsillo la remuneración establecida.

En caso que finalizado el año de contratación, o antes, el contrato laboral se extinga el trabajador continuará percibiendo las asignaciones por el plan con el cual ingresó al programa.

Si la relación labora cesa entre los ocho y doce meses el trabajador podrá entre permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

En el caso del empleador quedará eximido de pagar la totalidad de las contribuciones patronales correspondientes a : Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Fondo Nacional de Empleo y Régimen de Asignaciones Familiares.

Para gozar de estos beneficios los empleadores deberán expresar en forma fehaciente el acogimiento al plan no pudiendo hacer uso retroactivo de aquellos por el o los períodos en que no se hubiese adherido.

La selección de los trabajadores deberá realizarse sobre los inscriptos en el “Portal Empleo” a cargo del Ministerio de Trabajo.

La norma faculta a los Ministerios de Economía y de Trabajo a determinar las modalidades de contratación laboral respecto de las cuales serán de aplicación los beneficios establecidos.

En caso de incumplimiento del programa los empleadores deberán ingresar los montos correspondientes a los beneficios otorgados.

La norma entrará en vigor el 1° de octubre y tendrá vigencia por espacio de 24 meses.

El decreto correspondiente que pondrá en vigencia la propuesta será publicado mañana en el Boletín Oficial.

Entre los considerandos, se subrayó que “es prioritario asegurar la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado, compatibilizando la percepción de las prestaciones de los programas sociales, educativos y de empleo, con el trabajo registrado”.

(NA)

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Las dos CTA convocaron a sumarse a la marcha de San Cayetano del 7 de agosto

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La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a la ciudadanía a sumarse el próximo 7 de agosto, a la movilización de San Cayetano por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo“, de la que participará también la CGT.

Los referentes de ambas CTA expresaron ese mensaje tras una reunión con dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) donde también se acordó ampliar la convocatoria a “otros sectores del campo popular”, se informó en un comunicado.

Los dirigentes presentes coincidieron en la necesidad de expresar en esta jornada “el creciente descontento de los sectores populares y de la producción ante la política de hambre y saqueo del gobierno de Javier Milei“.

En este sentido, la propuesta fue abrir la participación “a todas las organizaciones populares que resisten a la ofensiva de la motosierra, como los trabajadores estatales, de la salud, la educación, jubilados, así como a la Iglesia, Intendentes y fuerzas políticas”.

“Mientras que la estrategia del gobierno es fragmentar, nosotros queremos construir en conjunto este 7 de agosto, cuando conmemoramos a San Cayetano, patrono del Trabajo, para unir a toda la clase trabajadora”, afirmó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.

Y agregó: “Debemos redoblar la movilización y sostener la unidad en la acción, para acelerar la derrota de esta alianza de especuladores financieros, saqueadores del pueblo y fuerzas reaccionarias que atentan contra los derechos de las mayorías”.

El jueves 7, la movilización partirá a las 8 desde Liniers, confluyendo en el trayecto a Plaza de Mayo con distintas columnas que se irán sumando a la concentración en Plaza de Mayo.

En una reciente reunión, la cúpula de la CGT confirmó su participación en la marcha con su propia columna de sindicatos.

También anticipó que asistirá el secretario adjunto de Camioneros y ex integrante del triunvirato cegetista, Pablo Moyano.

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Kicillof: “El camino que eligió el Gobierno nacional es el de privatizar y paralizar”

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo este lunes que “el camino que eligió el Gobierno Nacional es el de privatizar y paralizar todas las obras públicas”, por lo que, dijo, “lo que está en discusión es quién se ocupa de la salud de nuestro pueblo”.

Kicillof recorrió el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAP) de Miramar y señaló que “desde que asumió Javier Milei hubo un desborde en la demanda de atención de salud en el sector público, ya que muchos argentinos y argentinas que antes accedían a centros privados hoy no tienen los recursos necesarios para hacerlo”.

“El camino que eligió el Gobierno nacional es el de privatizar y paralizar todas las obras públicas: lo que está en discusión es quién se ocupa de la salud de nuestro pueblo”, afirmó, según se informó en un comunicado.

El mandatario provincial sostuvo que “con este CAP y con cada una de las obras que estamos llevando adelante, demostramos que hay una alternativa para defender la salud, la educación y el trabajo: es votando a Fuerza Patria, la única boleta que el 7 de septiembre va a dar cuenta de una provincia que quiere ampliar el acceso y los derechos”.

De la recorrida participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el intendente local, Sebastián Ianantuony; y la dirigente Fernanda Raverta, candidata a senadora provincial por la Quinta Sección.

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Javier Milei y su hermana Karina presentaron sus nuevas declaraciones juradas de bienes

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El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, presentaron sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), y en el caso del jefe de Estado informó un patrimonio de $206.046.375.

Ese monto significa que durante el período fiscal 2024 su patrimonio aumentó $80.405.484, ya que en el informe anterior, que cerró en diciembre de 2023, había declarado bienes por $125.650.891.

Un dato de la declaración jurada del jefe de Estado es que en el último año no incorporó inmuebles, ya que continúa con la misma propiedad declarada desde hace años, por lo que el incremento se explica más por la reevaluación de esos bienes.

Por su parte, la hermana del Presidente declaró un patrimonio de $11.401.021, cifra que implica un crecimiento de $3,5 millones respecto a su anterior declaración.

Javier Milei declaró que posee ahorros en dólares en efectivo por US$20.000 que, convertidos en moneda nacional, se volcaron en la Declaración Jurada en $20.580.000.

Declaró además un inmueble de 100 metros cuadrados, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que más se revalorizó del período anterior a este, es decir, se declaró con un valor de $38.419.071 contra $13.657.100 del período anterior.

También tiene depositados en el país US$65.542, que se declararon en 67.443.222 pesos, mientras que informó que no tiene deudas, y en su declaración jurada también aportó que tiene dos vehículos por $36.427.800.

Por su parte, Karina Milei tuvo un incremento patrimonial mayor que el de su hermano, sobre todo por la reevaluación de bienes, con el que casi triplicó su patrimonio.

La secretaria General de la Presidencia declaró bienes por $11.401.021 contra los $3.548.270 pesos que había declarado en el período fiscal anterior.

A diferencia de lo que declaró el Presidente, su hermana no cuenta con dólares ni en efectivo ni tampoco depositados en el país y el principal activo de su patrimonio es un departamento de 150 metros cuadrados ubicado en Capital Federal, valuado en $3.992.825 (valía $1.833.559 el año pasado).

Karina Milei tiene además $4.260.081 en una caja de ahorro y un crédito impositivo de poco más de $2,4 millones.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción es obligatoria para funcionarios, diputados y senadores, quienes cada año tienen dar cuenta de sus respectivos patrimonios.

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