La postergación del proyecto Malvinas, la “causa” que abraza Javier Milei e instrumenta Santiago Caputo desató cortocircuitos en el Gobierno, donde intentan navegarlas para evitar la habitual escalada de cielistas vs. territoriales. Mientras buscan calmar las aguas, puertas adentro negocian con los aliados. Los esfuerzos apuntan a que el texto que el presidente adoptó como caballito de batalla y que generó dudas en la oposición llegue al recinto lo antes posible.

En privado y sin avisar a nadie, Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, recibieron ayer a la mañana a la diputada Silvina Giudici y a Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara Baja y cercano a Martín Menem, para pulir los detalles de la iniciativa. Y coincidieron en incorporar algunos cambios que, aclararon, “no serán sustanciales”.

Admiten que se tomaron sugerencias del PRO, la UCR, el MID y el PJ, tanto en el régimen sancionatorio como en el resto del proyecto. “Lo mejoraron, y eso que ya era bueno”, deslizó una alta fuente de Balcarce 50 a Infobae.

No habrá división de la iniciativa, como pedía la oposición, que insiste en votar solo el título referido a las sanciones contra empresas del paquete “soberanía de Malvinas”. Tampoco tocarían el capítulo de sanciones por injerencia extranjera ni la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Sobre este último, remarcan que es un órgano del Poder Ejecutivo y que no debe entrar ningún legislador, después de los dardos contra el kirchnerismo y Victoria Villarruel por “intentar colarse” en el eventual órgano. Los parlamentarios están contemplados entre los miembros no permanentes, solo para casos de competencia legislativa, dijeron.

Del “lado” de Diputados, el equipo que negocia el texto con Caputo está integrado por Giudici, Laura Rodríguez Machado, el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, Mariel Castelnuovo y Federico Mayoraz. Todos muy cercanos, al menos en el plano legislativo, a Martín Menem. Dicen en su círculo que el titular de la Cámara Baja “siempre busca consensos con los aliados”. También en el bloque están convencidos de que el próximo martes van a tener dictamen.

El tema generó fricciones entre las Fuerzas del Cielo y los Menem, que ya venían de varios chispazos: la discusión por el rol de los jóvenes en la campaña tras el triunfo de Bolsonaro y el debate sobre el islam. Pero este caso amenazó con ser más grave.

En el sector de Caputo sospechan que desde el propio oficialismo, los Menem desde Diputados quieren impulsar cambios a un texto del Ejecutivo que lleva la firma, en las sombras, del asesor presidencial. Cuando el titular de la Cámara Baja dejó el expediente fuera del temario de la sesión del 21 de octubre, esas sospechas crecieron en la Casa Rosada: creyeron que no estaban colaborando por su animadversión hacia Caputo.

“Martín Menem es capaz de entregar hasta la causa Malvinas con tal de que no se anote un ‘gol’ Santiago, que en realidad es una de las prioridades del Presidente”, disparó un alto dirigente de las Fuerzas del Cielo, también en off.

En la presidencia de la Cámara lo niegan. Aseguran que Menem no se mete en el proyecto, que lo que hay son “discusiones técnicas” y que no “traba nada” ni juega en contra de nada. Atribuyen cualquier diferencia a la oposición y a los aliados, y sostienen que la ley terminará saliendo. “Se hace el mayor esfuerzo para que salga”, dijeron en Diputados para desligarse de cualquier acusación de otro bando violeta.

Fuentes del oficialismo y del bloque libertario admiten una discrepancia, pero la acotan a un punto. Unos cambios, o la no aceptación de una propuesta de los aliados, llegaron a último momento, cuando peligraba la sesión. Por eso el equipo decidió esperar hasta después del miércoles. “La realidad es que se trabajó en equipo”, insisten. Aseguran además que, luego de la reunión de Caputo y los representantes legislativos ayer, viernes, quedó “todo ok”. “Los gobernadores dan el visto bueno, pero algún diputado marca un tema de redacción y las cosas se demoran”, esgrimieron.

A ese frente se suman los reparos de Washington. En especial los que transmitieron los enviados de Donald Trump el jueves, sobre las sanciones que podrían alcanzar a empresas estadounidenses vinculadas, directa o indirectamente, con actividades en las islas. Por ahora, en Balcarce 50 no confirman si habrá cambios en los efectos sobre compañías asociadas a otros proyectos. Sí se esperan modificaciones en el polémico capítulo sobre sanciones a publicaciones periodísticas “con injerencia extranjera”.

El reloj corre. La Casa Rosada pretendía contar con media sanción antes de que termine octubre, y esa meta depende de que el dictamen salga el martes. “Estamos muy cerca”, repiten en el bloque libertario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este viernes su agenda propia de construcción política con el cierre del Congreso Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, apenas horas después de la reunión que compartió con gobernadores peronistas, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Juan Manuel Olmos para coordinar una posición común frente al Gobierno nacional. Un encuentro del que también participaron los jefes de las bancadas del PJ en el Congreso: José Luis Mayans por el Senado y Germán Martínez por Diputados.

El encuentro de la noche del jueves en la Casa de La Pampa dejó una foto de unidad dentro del peronismo, con coincidencias sobre la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el reclamo por recursos para las provincias y la discusión del Presupuesto 2027. La presencia de Kicillof en esa mesa no modificó, sin embargo, la hoja de ruta que impulsa con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su armado político con proyección nacional.

La próxima escala será Jujuy, donde el mandatario bonaerense prevé llegar el 30 de octubre. Será su primera visita a la provincia gobernada por el radical Carlos Sadir y se inscribe en una gira que ya incluyó actividades en distritos administrados por fuerzas opositoras y aliados del peronismo.

La agenda jujeña todavía está en elaboración, aunque se prevén reuniones con dirigentes políticos, sindicales y municipales, además de posibles encuentros con sectores productivos y universidades. El objetivo es ampliar la presencia federal del MDF y consolidar vínculos propios fuera de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof ya recorrió distintas provincias durante el año y recibió invitaciones para sumar nuevas escalas en Entre Ríos, Santa Fe y Chubut. La estrategia apunta a darle volumen nacional a una estructura que el gobernador proyecta hacia la discusión electoral de 2027.

Como contó Infobae, si las primarias continúan vigentes, la alternativa que hoy analiza el Ejecutivo bonaerense es realizar los comicios provinciales y nacionales en una misma jornada, aunque con urnas y boletas diferenciadas. Si el Gobierno logra suspenderlas, volvería a cobrar fuerza la posibilidad de un desdoblamiento electoral.

Antes de viajar al norte, Kicillof cerró este viernes el Congreso Productivo porteño, organizado por el MDF en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad reunió a empresarios, representantes de pequeñas y medianas empresas, sindicatos, cooperativas, universidades, especialistas y organizaciones sociales.

El encuentro incluyó 14 paneles de debate sobre empleo, industria, desarrollo urbano, economía circular, ciencia y tecnología, banca pública, política tributaria e integración económica entre la Ciudad y el conurbano bonaerense.

La convocatoria tuvo como lema “El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce” y buscó instalar el debate sobre el perfil productivo porteño. Sirvió, también, para potenciar la figura del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, como referente porteño del MDF. “Tenemos que construir una alternativa para la ciudad, para cada una de las provincias y para toda la Argentina, con un objetivo central: la felicidad de un pueblo que comprende que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza en su conjunto”, planteó el mandatario en la jornada de cierre.

En la cumbre del jueves, Kicillof compartió mesa con Massa, Kirchner, los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, además de los jefes de los bloques peronistas en el Congreso.

Los participantes acordaron sostener una estrategia parlamentaria común frente al Presupuesto 2027, con reclamos vinculados a la obra pública, el financiamiento universitario, las prestaciones para personas con discapacidad y la asistencia a las provincias ante el impacto del fenómeno climático de El Niño.

También hubo una postura mayoritaria en defensa de las PASO. “Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei”, había dicho Kicillof en una entrevista televisiva.

La coincidencia en el Congreso convive con las diferencias sobre el futuro liderazgo del peronismo. El gobernador bonaerense sostiene su estrategia territorial mientras intenta fortalecer el MDF como una estructura con presencia fuera de Buenos Aires, en un escenario donde la definición de candidaturas para 2027 sigue abierta.

El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo este viernes dos conversaciones telefónicas que evidencian la ofensiva diplomática de Londres para blindar su posición sobre las Islas Malvinas: en la primera, trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y le expuso las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por Argentina. En la segunda, le planteó al mandatario de Chile, José Antonio Kast, su interés en que los habitantes del archipiélago conserven la capacidad de ejercer la autodeterminación.

La conversación con Kast se produjo en un contexto particular: Chile ha respaldado de manera reiterada el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago. Durante una visita de Estado a Buenos Aires en abril de este año, el presidente chileno reiteró formalmente ese apoyo, según un comunicado conjunto difundido por ambas cancillerías. Sin embargo, el primer ministro británico no dejó pasar la oportunidad de plantearle “el interés del Reino Unido en garantizar que los isleños de las Malvinas conserven la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación”, de acuerdo con la nota oficial de Downing Street.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, titular del porcentaje restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de crudo y prevé iniciar la producción en 2028, con una primera fase que alcanzaría los 50.000 barriles diarios. La aprobación del desarrollo del yacimiento fue confirmada a mediados de octubre por el secretario de Energía británico, Ed Miliband, según informó The Independent.

El gobierno de Javier Milei respondió con una batería de acciones legales. A principios de septiembre, tras un discurso televisado en el que calificó la explotación petrolera como “un peligro claro y urgente” para la soberanía argentina, el país inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las islas. El canciller Pablo Quirno presentó además una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y directivos por operar con licencias otorgadas por el Reino Unido en la cuenca norte del archipiélago.

Milei envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades no autorizadas por las autoridades argentinas, y su gobierno denunció al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar la suspensión cautelar del proyecto.

Las declaraciones previas de Trump añadieron combustible a la disputa. En septiembre, el presidente estadounidense afirmó que la posición de neutralidad de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas era “una de muchas bajo revisión”.

Días después, durante una visita a Irlanda, el jefe de Estado norteamericano insinuó que el Reino Unido no estaría dispuesto a defender el territorio: “No estoy seguro de que vayan a recorrer esa distancia. Tienen un pequeño problema con la inmigración, un pequeño problema con la energía”, dijo a los periodistas, y agregó que, si se lo pedían, él podría “resolver” el conflicto. Esas declaraciones fueron aprovechadas por Milei, un aliado cercano de Trump, para intensificar su ofensiva diplomática y legal.

Burnham ha mantenido una postura firme desde que estalló la crisis. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de septiembre, el primer ministro declaró: “Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los isleños de las Malvinas a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.

En octubre, ante la Cámara de los Comunes, prometió hacer “lo que sea necesario” para mantener las islas bajo soberanía británica y abrió una investigación tras informes de hostigamiento contra residentes del territorio atribuidos a presiones argentinas. En esa misma sesión parlamentaria, el jefe de gobierno confirmó que había planteado el asunto directamente a Trump y que el presidente estadounidense “entendió perfectamente” la posición británica.

En cuanto a la llamada con Kast, el comunicado oficial de Downing Street detalló que ambos líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile trabajen juntos para modernizar sus capacidades de defensa. Los mandatarios también destacaron el fortalecimiento de los vínculos culturales, científicos y entre ciudadanos de ambas naciones, y reconocieron la existencia de “oportunidades comerciales sin explotar” entre los dos países.

La conversación se enmarcó en un momento delicado para la relación bilateral: en septiembre, durante un encuentro en Santiago, Milei agradeció a Kast por “el tradicional apoyo del gobierno de Chile en la cuestión de las islas Malvinas” y valoró los esfuerzos chilenos para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales” vinculadas a la industria de hidrocarburos en el archipiélago, según un comunicado difundido por la Oficina del Presidente argentino.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei había declarado que las islas se encontraban bajo “ocupación extranjera ilegal” y afirmó que la autodeterminación de los habitantes “no aplica en este caso, ya que la población fue implantada por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa”. No obstante, el mandatario argentino descartó la vía militar y aseguró que su gobierno perseguirá el reclamo de soberanía exclusivamente por canales diplomáticos.

La delegación británica ante las Naciones Unidas respondió que los isleños “tienen tanto derecho a determinar su estatus político como cualquier otro pueblo”. En 2013, un referéndum celebrado en el territorio arrojó que el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con apenas tres votos en contra de un total de 1.518 sufragios emitidos. Argentina rechazó la consulta.