Después de un marzo de modesta actividad, el oficialismo se prepara para volver a la carga con la remozada iniciativa de Bases y Puntos de Partida, su propia “ley de leyes”. Así lo entienden en el universo liberal: la ley ómnibus y el DNU 70/23 son las dos vigas maestras sobre las cuales se va a edificar el andamiaje ultraliberal, que va a redimir a los individuos de las cadenas del colectivismo.

Con el aprendizaje del traspié de febrero pasado, cuando el articulado fino no pudo pasar el torniquete que le impuso la oposición, esta vez La Libertad Avanza no quiere sufrir contratiempos, y por eso aceita por estas horas los engranajes políticos que le permitan llegar al recinto con más certezas que dudas.

La maquinaria de negociación política está en marcha y muestra de ello son las permanentes reuniones que ministros y funcionarios de primer rango mantienen con los actores de la política opositora que tienen la llave para alumbrar la media sanción que les fue esquiva durante el verano.

Uno de esos cónclaves tuvo lugar este lunes por la tarde en la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron al jefe del bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal,  Miguel Ángel Pichetto, y a algunos de sus referentes, quienes recibieron un adelanto de la letra chica del nuevo borrador de la ley ómnibus.

De esa reunión surgieron importantes novedades, que comunicaron los propios integrantes del bloque opositor a la salida de Balcarce 50. La primera y más insoslayable es que el borrador estará disponible mañana mismo en los dispositivos electrónicos de los legisladores.

El diputado Nicolás Massot reveló que el Gobierno aceptaría llevar el piso del Impuesto a las Ganancias a nivel “sensiblemente más alto de lo que se viene discutiendo”. Esa es una condición que están poniendo algunos gobernadores y bloques para apoyar la ley de Bases, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (quien también participó de la reunión de esta tarde en la Casa Rosada) anunció que este debate se tratará “en otra etapa”.

El diputado oriundo de Bahía Blanca aseguró también que “se va a aumentar el monotributo para que sea ecuánime lo que paguen los monotributistas y los autónomos”, y deslizó que podría haber acuerdo para incluir en la ley ómnibus una reforma de modernización laboral.

Como esta semana estará dedicada a la conformación de 18 comisiones con sus respectivas autoridades y miembros, el tratamiento propiamente dicho de la ley ómnibus comenzará la semana que viene y la idea es desembocar en el recinto de diputados antes del final del mes.

Para esta ley ómnibus bis, el oficialismo tomó el recaudo de que la redacción esté entallada a la medida de las posibilidades reales de ser aprobada, tomando en cuenta algunas de las sugerencias de la oposición que se ubica en la zona amistosa, la “opo friendly”.

Por ejemplo, la inclusión de la mencionada reforma laboral y la exclusión de la fórmula de movilidad jubilatoria. En el Gobierno comprendieron que hay temas que pueden funcionar como manzana podrida, echando a perder los acuerdos alcanzados en otros materias.

Pese al encorsetamiento, sigue siendo una Ley Bases vigorosa y voluminosa, de muchos artículos, que abordará muchas aristas diferentes.

La modalidad de trabajo será la misma que se utilizó en el verano: plenarios de las comisiones de Legislación General (cabecera con Gabriel Bornorini como presidente), Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).

El Gobierno no debería a tener ningún problema en poder aprobarla. Ya tiene la base de los 144 votos en general del primer intento, pero con la nueva redacción más pulida va a poder además atar voluntades para la votación en particular.

La idea esta vez en no pasar sobresaltos y por eso se están prendiendo los motores de la política para amasar acuerdos, que es lo que la vez pasada falló.

El hecho de que Milei haya bajado la intensidad y el tono de los agravios hacia la oposición, y en particular hacia el Congreso, es un indicio de esta estrategia de distensión y de abrir la ventana para un acuerdo pacífico.

Este fenómeno de apertura oficialista se combina además con otro proceso que tiene que ver con una mayor predisposición de la oposición dialoguista.

Descontando el apoyo automático del PRO que a esta altura funge prácticamente como una extensión del oficialismo, da la sensación de que en las fuerzas de la oposición blanda como la UCR y sectores de Hacemos Coalición Federal prevalece la ansiedad por sacarse un peso de encima, que es la sospecha que pesa sobre ellos de que son parte de un régimen arcaico de la política que retrasa el cambio y pone palos en la rueda.

En este sentido, la decisión es entregarle al Gobierno la herramienta que está solicitando para que pueda gestionar y empezar a mostrar resultados sin poner excusas y sin poder culpar a terceros.

“Tomá, acá tenés tu ley y ahora empezá a gobernar. A partir de ahora es toda responsabilidad tuya. Si te sale y sacás el país adelante, excelente. Es lo que todos queremos. Pero si te sale mal, la próxima no sé si vamos a ser tan bondadosos”, justificó en diálogo con NA un diputado de Hacemos Coalición Federal en un diálogo imaginario con Javier Milei.

Si el experimento de la ley Bases sale bien, como es de esperar, la siguiente jugada podría ser el tratamiento de una ley espejo del DNU 70 para darle mayor solvencia institucional a las reformas de desregulación económica. Hay una ley espejo de Massot, otra de Martín Tetaz y en el Senado hay una iniciativa de Carolina Losada. 

Con esta estrategia, el oficialismo podría neutralizar la maniobra que podría realizar la oposición más dura de pedir una sesión especial para convalidar la media sanción del Senado en rechazo al DNU. Los números están bastante finos y la oposición se inspira en el voto no positivo del senador Martín Lousteau en el Senado para alimentar sus esperanzas en la Cámara baja.

Esa sesión especial puede ser pedida con la firma de tan sólo 10 legisladores. Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes, cumple de sobra con ese requisito. Pero por el momento está esperando, midiendo sus pasos y calculando la estrategia.

El debate no está saldado, ya que hay un sector interno que no quiere quedar pegado a acusaciones de desestabilización, que se apilarán de cumplirse ese escenario.

En esta línea, cobra fuerza la idea de una tercerización, para que la sesión sea pedida por algún representante de la izquierda trostskista o del socialismo santafesino, y que luego Unión por la Patria se acople para garantizar el quórum.

El borrador de la nueva Ley Bases

Se acota la delegación de facultades a apenas cuatro: energética, administrativa, financiera y económica. Queda afuera la de seguridad y la tarifaria

El plan de privatizaciones se restringe a solamente 12 empresas, en un esquema segmentado: las empresas sujetas a privatización total son solo tres (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y RTA), mientras que para seis empresas se propone la modalidad de la concesión privada, y en las restantes tres (Banco Nación, Arsat y Nuceloeléctrica) se pone en venta una parte del capital accionario pero el Estado conserva la mayoría societaria.

Se mantiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades para el Poder Ejecutivo de disponer, disolver, fusionar o unificar fondos fiduciarios.

Se incluye la reforma laboral frenada judicialmente para alargar los plazos de las pasantías laborales (de tres a ocho meses), reducir costos de indemnizaciones y sancionar las asambleas en ámbitos laborales.

El paquete fiscal se trataría aparte, e incluye cambios en Bienes Personales y un blanqueo de capitales.

Fuente: Noticias Argentinas.