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Los límites a las visitas afectan “derechos políticos y partidarios” de Cristina Kirchner, según su defensa

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Los límites impuestos a las visitas que puede recibir Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, afectarían sus “derechos políticos y partidarios”, según sostiene la defensa de la ex presidenta porque supeditan su “interrelación” con otros dirigentes a una autorización judicial previa.

Además, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que, si se confirma la necesidad de pedir permiso al Tribunal y fundamentar el motivo de cada visita por fuera del listado autorizado, habría un “desgaste jurisdiccional”, informaron fuentes judiciales.

De hecho, el Tribunal Oral Federal 2 recibió ya por correo electrónico 702 pedidos para visitar a la ex mandataria en San José 1111, lugar donde cumple la citada prisión, desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió en redes sociales la dirección electrónica oficial de esa dependencia con sede en Comodoro Py.

El presidente del Tribunal y juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, derivó todos esos pedidos a los abogados que representan a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, Beraldi y Llernovoy, y les recordó que la norma establece que sean ellos quienes canalicen las solicitudes con su respectiva fundamentación en cada caso.

Los abogados apelaron ante la Cámara Federal de Casación la decisión vinculada a la entrega de un acotado listado de familiares, abogados, custodios y médicos que pueden ingresar sin permiso previo a ver a la detenida. Si se confirma esta decisión del Tribunal, se “limitaría los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa”, explicaron.

Además, argumentaron que “la regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena”.

Los abogados sostuvieron que “cualquier limitación adicional suponía una potestad complementaria no prevista normativamente”.

Los argumentos serán ahora analizados por la sala IV de la Cámara de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que son los mismos magistrados que confirmaron la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la ex vicepresidenta en la causa Vialidad.

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Una concejal libertaria pide concurso para trabajar en el Municipio y el fin del cupo trans

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La concejal Valeria Rodríguez (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ordenanza para hacer cambios en el ingreso de empleados al Municipio y, en forma correlativa, pretende eliminar el cupo para personas travestis y transexuales vigente desde 2021.

Así lo dio a conocer ayer en el programa Allica y Prieta que se emite por La Nueva Play, donde sostuvo que la iniciativa deberá ser analizada por el Municipio y luego por el Concejo Deliberante.

“Si se aprueba el proyecto, los ingresos se deberán realizar por un concurso de conocimientos y competencia en la administración pública, similar al establecido por el gobierno nacional para la administración pública nacional”, dijo.

Respecto al cupo trans, que establece que el 1% de los empleados de toda la planta deben pertenecer a ese colectivo, “pidió que se deje sin efecto”.

“Los efectos generales de la iniciativa son los de promover la idoneidad de las personas independientemente del resto de las cuestiones. La idoneidad como vara”, declaró.

“Va a ir al Municipio y luego tendremos que trabajar en las comisiones para que llegue a ser tratado en el Concejo e incluso que haya una propuesta superadora. Con esto no pretendemos salir a evaluar a los empleados actuales sino tomar medidas a futuro“, dijo.

También se refirió a la decisión de su bloque de no avalar el nuevo convenio colectivo de trabajo para los municipales y sostuvo que considera que no debería tener que pasar por el legislativo. “No es nuestra materia tener que definir esas cuestiones”, manifestó.

Asimismo, Rodríguez defendió el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia para Bahía Blanca porque consideró que duplica las medidas tomadas previamente en el decreto del 1 de abril, pocas semanas después de la inundación trágica del 7 de marzo.

“No es un recorte, para nada. El Congreso se aprovecha de un momento de gran vulnerabilidad para hacer parecer que el gobierno nacional no ayuda a Bahía cuando ha sido todo lo contrario y los bahienses lo sabemos”.

Fuente: La Nueva.

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Protesta en White por la falta de pago de subsidios

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Un grupo de vecinos de Ingeniero White se reunió esta mañana en una de las rotondas de acceso al Puerto y amenazó con cortar la ruta si no acceden a los subsidios anunciados por los gobiernos nacional y provincial luego de la inundación trágica del 7 de marzo.

“Venimos escuchando promesas, promesas y promesas. Ya estamos cansados”, dijo Lorena, una de las mujeres que se reunió en el lugar.

Los manifestantes exhibieron un listado de familias de White que se anotaron para recibir las ayudas y aún no tuvieron novedades.

“Nos dicen que a la gente que tiene medidor se les pagó y es mentira, nos prometen obras y es mentira. El domingo tuve el agua a media cuadra de mi casa, otra vez, levantando todo de vuelta”, dijo Lorena, que en ese momento no pudo contener el llanto debido a la sensibilidad que le genera el tema post inundación.

“Milei mandó dinero para las obras y para la gente, ¿qué hizo Susbielles con todo ese dinero? Bahía quedó destruida y sigue destruida”, se preguntó.

Junto con otra vecina llamada Betiana, también cuestionaron al titular del Concejo, Mauro Reyes (LLA), quien días atrás estuvo reunido con gente de la localidad portuaria junto a personal de la OMIC.

“White ya se cansó, llegamos al hartazgo de tantas mentiras de los políticos“, afirmaron.

Fuente: La Nueva.

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Ciclovías: una abrumadora mayoría quiere modificarlas o eliminarlas

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Las ciclovías de Bahía Blanca no paran de generar debate y una abrumadora mayoría piensa que debería haber algún cambio en tal sentido, ya sea a través de su erradicación o modificación. Según una encuesta realizada en la cuenta de Instagram de La Nueva. , el 50 % de los participantes opinó que las eliminaría porque “complican el tránsito”. Por otro lado, el 37 % dijo que las modificaría, mientras que sólo un 13 % consideró que deben mantenerse como están.

En total participaron 1217 personas, y las respuestas recogidas reflejan una amplia gama de críticas, sugerencias y propuestas de modificación. Entre las observaciones más frecuentes aparece el rechazo a la doble circulación, reclamos por la falta de señalizaciónasfalto en mal estadoproblemas con el ancho disponible en algunas calles y la necesidad de mayor integración del sistema para que no se concentre solo en el centro de la ciudad.

Que vayan en el mismo sentido que las calles”, fue una de las frases más repetidas por los votantes, así como pedidos para sacar los conos y botones” o reducirlas a un solo carril en el sentido del tránsito vehicular“. También se señalaron calles específicas como BalboaParchappe y Darwin donde algunos vecinos consideran que las ciclovías generan más problemas que soluciones, incluso pidiendo semáforos específicos, principalmente para quienes vienen a contramano.

Una parte importante de los usuarios defendieron la existencia de ciclovías, pero reclamaron mejor señalización, limpieza, nivelación del pavimento y, sobre todo, educación vial tanto para ciclistas como automovilistas. Una ciclovía no es solo pintar la calle”, se quejó un participante. Otro agregó: “Que conecten mejor la ciudad y no solo el centro”.

A pesar de los cuestionamientos, aunque ínfimos, hubo también comentarios que valoraron la existencia de estos carriles, aunque como parte de una infraestructura que debe mejorar: “ampliaría, aún no hay conexión total”, señaló un usuario. Otro planteó que “la idea es buena, pero falta planificación”.

La encuesta, de carácter informal, expone una división evidente en la opinión pública sobre las ciclovías de la ciudad, que desde su primera implementación en 2016 los gobiernos locales no pueden zanjar la discusión.

Fuente: La Nueva.

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