El Gobierno va a conseguir sancionar el Presupuesto 2026. Será a finales de año o en los primeros días del próximo, pero lo tendrá. Esto se corresponde con los movimientos que realizaron en la cúpula de la Casa Rosada en los días siguientes a que se consiguiera la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados.

“El Presupuesto tal y como está para nosotros está bien. Estamos muy tranquilos”, aseguró una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae.

Hay dos integrantes de la Mesa Política que afirmaron que la idea principal es aprobar el proyecto tal y como está en el Senado. De ser así, se ahorrarían tener que pasar por Diputados.

¿Pero qué va a hacer el Gobierno para poder compensar los puntos de déficit que se supone que iban a tener con el Presupuesto votado? En el Gobierno afirman que reasignarán partidas. “Estamos obligados a hacerlo. Podemos llegar a agarrar fondos de las provincias y ayudar para llegar a ese número”, afirman.

Antes de la decisión, otro importante integrante del oficialismo le había afirmado a Infobae: “Cada uno tiene su ego y su orgullo. Patricia querrá meter todas derogaciones que pide Javier o mandarlos a la mierda porque es la cara del Senado. No lo sé. Nos gustaría más que estén las derogaciones, pero si vemos que no es conveniente hacerlo, no nos desvela”.

Durante la madrugada, varios de los gobernadores aliados al Gobierno habían impartido la orden de votar en contra o abstenerse frente al Capítulo XI, el cual contenía una batería de distintas medidas clave que significaban un costo fiscal que Javier Milei, en principio, no quería asumir: las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Esa parte no había sido prevista por quienes negociaron la ley. La mayoría de los aspectos que formaron parte del Capítulo XI llegaron el lunes. Ese texto no habría estado consensuado por todas las partes. “Ganó un ala del Gobierno que quería derogar ambas leyes sí o sí. En la oposición reconocían que si había modificaciones en la Ley la iban a apoyar”, esgrimió una fuente.

Cuando a varios de los gobernadores aliados les llegó el texto, se comunicaron con sus interlocutores libertarios para decirles que no tenían margen como para darle aval a la derogación de esas leyes. En ese momento en el oficialismo se dieron cuenta que los votos para ese apartado estaban muy complicados y que no iban a llegar.

“Desde el momento en que se bajaron (Osvaldo) Jaldo y (Raúl) Jalil, sabíamos que había probabilidad de que no saliera”, cuenta un integrante del bloque de La Libertad Avanza. Otro ladero suyo respalda esa mirada: “El texto no te daba margen de poder modificarle nada y comprometía a varios de nuestros aliados. ¿Cómo se iba a dar vuelta dos proyectos que consiguieron ratificarse con dos tercios?”.

Entre los altos mandos del Gobierno también atribuyen el enojo de varios mandatarios a un artículo desapercibido en el Capítulo XI.

El proyecto de Presupuesto contemplaba un mecanismo que permitiría al Poder Ejecutivo calcular los ingresos que las distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante la emergencia tarifaria y utilizar ese crédito para compensar deudas con Cammesa, siempre que las empresas renunciaran a reclamos judiciales.

En el caso de Edenor y Edesur, distribuidoras bajo jurisdicción nacional, la Secretaría de Energía debía calcular la diferencia entre lo efectivamente cobrado durante los años de emergencia y lo que debieron haber percibido según sus contratos de concesión. Si de ese cálculo surgía un crédito a favor de la distribuidora, el Ejecutivo podía ordenar a Cammesa que lo aplicara para cancelar deudas por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Las dos principales distribuidoras nacionales buscaban saldar deudas con Cammesa cercanas a los USD 400 millones. Para las distribuidoras bajo jurisdicción provincial o municipal, el esquema era similar, aunque con una diferencia fundamental: la Nación no asumía la deuda. Las provincias debían aceptar el procedimiento fijado por la Secretaría de Energía, reconocer como propia la deuda de sus distribuidoras con Cammesa y cancelarla aplicando directamente créditos que ya tuvieran contra el Estado nacional.

“Nos vinieron a putear las provincias que sí tenían sus cuentas regularizadas con Cammesa. ‘¿Ellos no pagan y encima les perdonan?’”, contaron en LLA.

A diferencia de otros reveses legislativos, el oficialismo accionó esta vez más rápido y de manera mucho más coordinada. Horas después de que saliera la votación del Capítulo XI, Milei convocó para ese jueves a la tarde a su Mesa Política y estableció que el proyecto debía salir como fuera posible: se comprometió con el FMI para que así sea. Por ese condicionamiento debe ser que el mercado no tuvo desempeños profundamente negativos.

Al día siguiente, cerca del Presidente hicieron trascender que no avanzarían con la derogación de ninguna de las dos leyes. “No había forma que las pudiéramos derogar. En la previa a la sesión sabíamos que iba a ser realmente complejo. No queríamos que nos la impongan por la fuerza”, reflexionó uno de ellos.

Hubo dos reuniones clave en Casa Rosada. Una de ellas se dio el jueves, liderada por el Presidente; y otra el viernes, la cual fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por esos encuentros pasaron al menos una vez la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En general, el discurso oficial estuvo bastante abroquelado. “Esto antes no se podría haber hecho directamente. Iba a haber operaciones por doquier”, se confiesa un libertario. Sí hubo críticas por lo bajo por la forma en la que se redactó la parte más controvertida del proyecto. “Si incluyen eso va a ser para quilombo”, le dijo uno de estos integrantes a un importante gobernador. Presagio de lo que terminó sucediendo.

Minutos después de que terminó la sesión, hubo quienes miraron el vaso medio lleno, pero otro se concentraron en el medio vaso vacío. Entre los primeros, marcaban que “hubo 20 votaciones, se ganaron 19 y solo una se perdió, que se sabía que era difícil”. Entre los segundos marcaban que hubo mala estrategia: “Les regalamos ATN a gobernadores que no nos votaron lo más importante y volvimos a perder la confianza del PRO por sacarles el lugar en la AGN”, indicó en estricto off una figura de LLA.

Esta última jugada ya había sido pensada semanas atrás. Al PRO le había correspondido un lugar para la AGN con la anterior composición de la Cámara de Diputados, pero no ahora. “Son así los tiempos de la política”, decía en tono irónico un dirigente violeta, dando a entender que ese movimiento fue adrede.

Algunos gobernadores miran con atención los movimientos de La Libertad Avanza y advierten que lo del Capítulo XI puede ser un preludio de otras votaciones más. Uno de los gobernadores que fue aliado al Gobierno en estas elecciones advirtió ante Infobae: “Ojo que esto no sea el comienzo de lo que le pasó a Macri. Que liquiden su capital ahora y que después no puedan mover un proyecto simple”. Está más que claro que Nación y las provincias se precisan mutuamente, la primera para impulsar sus reformas y las segundas para conseguir mayores fondos.

La postergación de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transformado la cumbre de líderes del bloque sudamericano en Foz de Iguazú en un encuentro sin grandes definiciones. La nueva fecha propuesta por Bruselas es el 12 de enero, aunque la reiteración de aplazamientos genera escepticismo entre las cancillerías del Mercosur.

El retraso responde a la presión ejercida por Francia e Italia durante la reciente cumbre en Bruselas, donde la Comisión Europea informó a los jefes de Estado y de Gobierno que la firma debía esperar la adopción definitiva de nuevas salvaguardas. Estas medidas, aún pendientes de aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, contemplan la vigilancia de los mercados y la posibilidad de suspender importaciones de productos sensibles si se detectan distorsiones para los productores europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitó personalmente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un aplazamiento de entre una semana y un mes para convencer a los agricultores italianos de aceptar el acuerdo, según relató el propio Lula en rueda de prensa.

En este contexto, el presidente argentino Javier Milei decidió asistir a la cumbre del Mercosur en el Belmond Hotel das Cataratas, acompañado por los mandatarios de Paraguay, Uruguay y el debutante de Bolivia. La presencia de Milei, quien había considerado no viajar, representa un gesto político hacia Brasil, principal socio comercial de Argentina, y responde a la expectativa de que el anuncio del tratado se produzca bajo la presidencia pro tempore de Paraguay, en manos de Santiago Peña durante los próximos seis meses.

De acuerdo a la agenda oficial, está previsto que la sesión plenaria comience a las 9:40. Tras eso, alrededor de las 12, se realizará el traspaso oficial de Presidencia.

La imagen del recinto de Diputados era impactante: de madrugada y en forma realmente sorpresiva, exponía al bloque oficialista y al kirchnerismo votando juntos para designar a los representantes en la Auditoría General de la Nación. Una postal fuerte, también por los que se retiraban o no votaban, empezando por socios del Gobierno y bloques críticos pero no de oposición cerrada. La operación fue tan rápida y fuera de agenda que al menos dos de los auditores llegaron casi a la carrera al Congreso, después de haber sido despertados por llamadas a sus celulares.

El pacto coronado el jueves en la Cámara baja tiene lectura interna en el oficialismo y estribaciones más profundas, porque el arreglo con el kirchnerismo, extendido a otros sectores del peronismo, lastimó la relación del Gobierno con sus aliados. Los tironeos y presiones cruzadas -que hicieron fracasar todo acuerdo durante los dos años iniciales de Javier Milei- nunca incluyeron la alternativa de “dos peronistas y un libertario”, según resumen con acidez en medios hasta ahora socios de Olivos. Parecía claro ahora el reparto de uno para la LLA y otro para UxP, como bloques de mayor peso. Y el tercero arrastraba nuevos y viejos reclamos: el PRO -con impulso directo de Mauricio Macri-, alguna vez los radicales -que ya habían perdido la batalla- y algunos otros espacios.

El acuerdo precipitado en pleno y complicado trámite del Presupuesto 2026 -objetivo número uno del Gobierno desde octubre, junto a la reforma laboral- demandó una línea principal de negociación con el kirchnerismo -núcleo de UxP- y tratativas con Gustavo Sáenz. El gobernador salteño está absolutamente enfrentado con el círculo “cristinista”, que le jugó en contra en la provincia, pero mantiene otros canales amigables en el PJ. Logró anotar como auditora a Pamela Calletti, que acompaña así a Mónica Almada, por LLA, y Juan Forlón, por UxP.

La designación de Forlón no dejó dudas sobre el trato. El nuevo integrante de la AGN tiene relación directa con CFK y con Máximo Kirchner. En la vereda violeta, la coronación de Almada fue interpretada en clave de interna. Esa pieza fue movida por decisión directa de Karina Milei, cuando estaba asegurado el trato con el peronismo, a cargo de Martín y Lule Menem. La aceleración, sin reparos por el contexto -el Presupuesto- y el horario, habría apuntado además a bloquear movimientos de Santiago Caputo en el mismo tablero.

La decisión oficialista de cruzar abiertamente la línea que en el discurso marcaría el corte con el kirchnerismo -como máxima expresión de la “casta”- provoca otras inquietudes, porque después de octubre surgieron especulaciones -desmentidas, como otras anteriores- sobre contactos reservados para destrabar la integración de la Corte Suprema y avanzar con la designación de jueces federales. Esa alarma ha sido reactivada.

La reacción del PRO, el radicalismo más cercano a LLA y Provincias Unidas fue amplificada casi de inmediato por el oleaje que levantó la votación del Presupuesto. Y al menos por la respuesta amarilla, podría derivar en la judicialización del tema AGN. Se verá. Por lo pronto, generó una herida profunda entre el oficialismo y sus socios, que no impediría nuevos acercamientos, pero difícilmente desaparezca.

El clima volvió a espesarse con el rechazo al capítulo del Presupuesto marcado por la intención de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El Gobierno forzó su inclusión como un punto específico del proyecto, a pesar de los cuestionamientos que asomaron de inmediato y en el trámite de comisión. No hubo gesto alguno para buscar un camino alternativo. Y los movimientos posteriores para blindar el artículo terminaron por convertirlo en el tema dominante. La aprobación del Presupuesto fue opacada por esa revés generado y sufrido por el oficialismo.

La primera reacción de Olivos llegó al nivel increíble de hacer trascender la posibilidad de veto en caso de que el Senado no pudiera revertir el cuadro. Y pegó sobre los gobernadores, especialmente sobre aquellos que encabezan el listado del reparto de ATN después de una larga sequía de esos fondos: Tucumán y Catamarca, en primer lugar. El malestar alcanzó también a aliados de lo que fue alguna vez JxC, entre ellos Mendoza, Chaco, Entre Ríos. Con varios de ellos hubo después contactos para descomprimir, del mismo modo que fueron retomadas las tratativas con el gobierno porteño por la poda de fondos de la última etapa K.

De hecho, esa tensión provocó la postergación de la reforma laboral, que el oficialismo, con Patricia Bullrich a la cabeza, imaginaba aprobar de manera exprés. Y más aún, el dictamen de comisión sobre el Presupuesto reprodujo el texto tal como salió de Diputados -es decir, sin derogación de las leyes referidas- y el debate de la nueva norma laboral, en febrero, quedó condicionado a que no haya sorpresas en esta materia.

El Presupuesto será debatido en el recinto del Senado el viernes 26. Desde el Gobierno trascendió la intención de introducir algunas modificaciones para ajustar cuentas sin intentar reponer el capítulo crítico, que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Una jugada de ese tipo terminaría en la Justicia con carátula de inconstitucional. No está clara la alternativa. En caso de ser aprobados cambios, el proyecto tendrá que volver a Diputados. Por lo pronto, Martín Menem ya pidió a los diputados de LLA que estén listos en Buenos Aires para sesionar el lunes 29 o el martes 30.

El Gobierno giró el principal foco político hacia el Congreso apenas pasadas las elecciones de octubre. Fueron intensas las negociaciones con los gobernadores, tarea casi excluyente de Diego Santilli desde su primer día en el ministerio del Interior. Y los acuerdos tuvieron como contraparte los compromisos de ATN, otros fondos -por ejemplo, para compensar cajas previsionales-, reactivación de algún acuerdo de obra pública. Un “costo” que se suponía por un paquete de leyes, no sólo Presupuesto.

Pero ese costo podría ser doble, con la mirada puesta en la reforma laboral, postergada para febrero. Eso, sin contar los riesgos que supone el caso de la AGN en términos de imagen. Hay cuestionamientos cruzados en el interior del oficialismo. Y referencias ásperas sobre mala praxis o daños autogenerados, otra vez. ¿Sólo eso? En todo caso, antes del resultado, asoma la decisión de jugar el juego de la “vieja” política.