El proyecto para subir el piso salarial a partir del cual se paga Ganancias y que lo fija en 150.000 pesos brutos se aplicará de modo retroactivo a enero de 2021, lo que implica que quienes hayan tenido descuentos por ese impuesto en enero, febrero y marzo recibirán un reintegro en el mes de abril.

Así lo confirmaron en las últimas horas a Télam desde el equipo técnico del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La decisión fue acordada entre el propio Massa, el Ministerio de Economía y la AFIP, detallaron esas fuentes.

Además, desde la Cámara Baja informaron que el medio aguinaldo (Salario Anual Complementario) que se paga en junio y diciembre, en el caso de los asalariados con remuneraciones de hasta 150.000 pesos brutos, quedará expresamente exento del tributo.

“Los mencionados beneficios, que fueron incorporados teniendo en cuenta pedidos de la CGT y legisladores tras mantener reuniones con el presidente de la Cámara, ya han sido validados con Ministerio de Economía y AFIP”, transmitieron desde la Presidencia de Diputados a través de un comunicado.

La devolución de los descuentos por Ganancias de enero, febrero y marzo sumará un beneficio adicional para los 1.267.000 trabajadores y jubilados que dejarán de pagar el tributo una vez que se apruebe la ley.

Para hacer una proyección (aunque en cada caso dependerá de la estructura familiar del trabajador y si descuenta de Ganancias ítems como alquiler y otros), un asalariado soltero y sin hijos con salario de 110.000 pesos en bruto (91.300 pesos netos) cobrará el mes próximo un reintegro de 4.974 pesos.

La exención de Ganancias para el medio aguinaldo fue uno de los cambios que los gremialistas propusieron a Massa, incluso es uno de los puntos de un proyecto propio que presentó el diputado Facundo Moyano (FdT-Buenos Aires).

El cambio en la titularidad del Ministerio de Justicia de la Nación es un hecho. La actual ministra, Marcela Losardo, deja su cargo y en medio de las versiones de quién ocuparía el puesto, surgió Martín Soria.

El diputado nacional Martín Soria, oriundo de Río Negro e hijo de Carlos Soria, ex gobernador de Río Negro y que fuera titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde, sería el reemplazo de Losardo.

El jefe de Estado viajó este sábado a Mendoza, para la Fiesta de la Vendimia, donde se vio con el gobernador radical Rodolfo Suarez, y la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Allí, a través de su teléfono, terminó de cocinar la definición del cambio en Justicia. Esta salida se puede parangonar con el pedido de renuncia a Ginés González García: Alberto corre a quien fuera su socia jurídica de toda la vida y una amiga personal.

Losardo deja en las próximas horas el Ministerio de Justicia. No se sabe aún si una actividad que tenía en agenda para el próximo lunes la encabezará o si ya será terreno de quien sería su sucesor: el diputado kirchnerista Martín Soria, de fluida relación con el Instituto Patria e interlocutor de los más allegados a Cristina en los temas judiciales, como son el senador Oscar Parrilli y el diputado nacional Leopoldo Moreau.

Soria mantiene también una asidua relación con Alberto Fernández. “El Presidente tiene muy buen concepto de Martín. Lo de Marcela es una etapa terminada”, aseguró a Clarín un ministro nacional.

Parte de ese vínculo es que el rionegrino es quien puso más energía en las denuncias contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a quien el kirchnerismo quiere sacar de ese puesto, por las reuniones que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri. “Lo del juez Hornos con Macri es vergonzoso y obsceno”, señaló esta semana.

Dijo que Hornos “formaba parte de la mesa judicial de Cambiemos. Y sumó: “La Casa Rosada fue la sede oficial del lawfare durante el macrismo”, indicó Soria, en una frase que fue música para los oídos de Cristina Kirchner.

(Fuente: Clarín y Bahía Política)

El Gobierno le puso punto final a la política migratoria que fue establecida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese momento se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.

La Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años, en el caso de los residentes, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes.

En la publicación del Boletín Oficial se remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.

El Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del anterior gobierno, restableciendo la vigencia de las normas modificadas en 2017.

También se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria la cual tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871.

Esta decisión ya se venía estudiando desde el año pasado.

Al iniciar su mandato, Alberto Fernández sostuvo que esa norma lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena y agregó “Esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.