Impactado por el escándalo de las supuestas coimas, el comando de campaña libertario ajusta la estrategia para el último tramo de la carrera hacia las elecciones del 7 de septiembre: habrá una confrontación reforzada y recorridas en distritos del conurbano gobernados por el kirchnerismo-peronismo, con apoyo del presidente Javier Milei y de miembros de su gabinete.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el primer encuentro multisectorial sobre Marina Mercante y aseguró que las leyes para “defender” la soberanía del mar argentino “deben nacer del movimiento obrero”.

“Así como de la organización de los trabajadores salió el rechazo al decreto 340/25, desde la planificación del movimiento obrero es como deben nacer los proyectos y las leyes que necesitamos para recuperar la soberanía en nuestros mares”, aseguró Kicillof en el evento que se llevó a cabo en Ensenada.

En ese escenario, el gobernador bonaerense llamó a terminar con la “indiferencia” y el “inmovilismo” de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

“Votemos a las y los legisladores que nunca van a aflojar y que van a trabajar para ponerle un freno a Milei”, pidió Kicillof, quien estuvo acompañado por el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

Según indicaron desde la Gobernación en un comunicado, el encuentro se realizó como un espacio de discusión sobre los “efectos adversos del decreto presidencial 340/2025 -rechazado por ambas cámaras del Congreso Nacional- que afectaba directamente a la Marina Mercante”.

En el evento estuvieron presentes también el ministro de Trabajo, Walter Correa; el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid; el intendente local, Mario Secco; su par de Berisso, Fabián Cagliardi; y el diputado nacional Hugo Yasky.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Victoria Borrego junto a Andrés De Leo, actual candidato a diputado provincial de la sexta sección electoral de Somos Buenos Aires, le enviaron hoy una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de que informe sobre los subsidios destinados a Bahía Blanca para reparar el daño por las devastadoras inundaciones de marzo pasado.

En la misiva, reclamaron información sobre la implementación del Decreto N° 238/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó un fondo especial de asistencia directa de hasta $200.000.000.000 y el régimen del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, con destino a los damnificados por las inundaciones ocurridas el 7 de marzo último en Bahía Blanca.

Según alertaron en el escrito, “De los $200.000.000.000 comprometidos se devengaron únicamente $65.239.000.000, quedando sin aplicación $134.761.000.000, más de dos tercios del total”.

En ese sentido, señalaron que “resulta particularmente relevante que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la ejecución del fondo, habida cuenta de que la ley votada por el Congreso fue vetada con el argumento de que el decreto ya garantizaba la asistencia pero que claramente no ha sido destinada por los montos que han sido aprobados”.

Efectivamente, el Congreso sancionó una norma que declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, y dispuso diversas medidas de apoyo, así como alivios fiscales y financieros, pero la ley fue posteriormente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que la asistencia ya se encontraba cubierta por el Decreto N° 238/2025.

Conforme a ese decreto, el Gobierno nacional había otorgado 32.076 beneficios, con 3.962 solicitudes aún en trámite.

La Resolución del Ministerio de Seguridad N° 532/2025 fijó el monto de los subsidios en $2.000.000 para viviendas en zonas de afectación media y $3.000.000 para viviendas en zonas de afectación alta, estableciendo que sólo se reconocería un subsidio por vivienda.

En su momento, las autoridades habían detallado que los pagos se efectuarían dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de cada familia.

Para los legisladores, esto “hace necesario conocer si ese plazo efectivamente se cumplió en todos los casos, o si subsisten demoras y solicitudes pendientes”.

De acuerdo a la información recabada por López, Borrego y De Leo, “la mayor parte de los fondos comprometidos no han sido utilizados y aún resta precisar cuál será su destino”. 

Por eso, los referentes de la Coalición Cívica solicitaron el detalle del plan previsto para la utilización de los $134.761.000.000 que permanecen sin ejecutar; cuál es la situación actual de las solicitudes que permanecían en trámite y si se ha cumplido con los plazos de pago anunciados.

También pidieron que se aclare si el Poder Ejecutivo proyecta medidas complementarias que permitan asistir a sectores que quedaron excluidos por el decreto pero que estaban contemplados en la Ley N° 27.790 como comerciantes, monotributistas, PyMEs, entre otros.