ADUNS comunicó que el próximo miércoles 12 de agosto habrá un paro en conjunto con CONADU HISTÓRICA, FATUN, FEDUN y ATUNS como consecuencia del no cumplimiento del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

Desde el gremio indicaron que se plegarán al paro nacional “en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública” y que mientras no se cumpla con la ley las medidas de fuerza continuarán.

Hay que recordar que el ejecutivo nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), pese a que la Corte Suprema de Justicia ratificó una medida cautelar que exige actualizar salarios, becas y gastos de funcionamiento de hospitales universitarios. Los gremios denuncian una brecha salarial superior al 28% y mantienen un plan de lucha con paros.

Desde el Gobierno Nacional cuestionaron el paro universitario y endureció su posición frente a los gremios docentes y no docentes. En un comunicado difundido en la red X, el Ministerio de Capital Humano calificó la medida como una protesta “de carácter político” y aseguró que “no responde a un reclamo genuino”, al tiempo que confirmó que la próxima mesa paritaria fue convocada para el martes 1° de septiembre.

“La mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes se encuentra convocada para el próximo 1 de septiembre, conforme al cronograma oportunamente establecido”, señaló este lunes la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

Los sindicatos siguen en pie de lucha argumentando que el arreglo con los Rectores es una compensación que no cumple con lo que dice la ley votada hace casi un año y si no se cumple con la misma, las medias de fuerza seguirán vigentes.

Fuente: La Nueva.

A más de un mes y medio de la primera reunión para iniciar el debate de la ley de Sociedades, que ni siquiera logró el quorum requerido -se esperó media hora para comenzar, con el tercio mínimo-, la comisión de Legislación General del Senado, que comanda la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), reactivará la discusión esta tarde, donde se oirán las disertaciones de ex funcionarios, especialistas en derecho e, incluso, al Ceo y fundador de Satellogic -empresa geoespacial-, Emiliano Kargieman.

En junio pasado, quien expuso fue el impulsor de la iniciativa y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, blanco predilecto de críticas durante el reciente fin de semana -más jugosas operaciones que partieron desde la propia bancada de La Libertad Avanza, que maneja la porteña Patricia Bullrich– para quedar como el principal responsable de la fileteada ley de propiedad privada, votada en la madrugada del viernes último en el recinto de la Cámara alta, tras largas semanas de mala praxis legislativa y política.

Durante su visita, Sturzenegger buscó blindar un guiño de la administración central hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos. Según el ministro, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, se podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa.

“¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el funcionario, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal. En tanto, en lo que refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones.

Por otra parte, el texto en cuestión prevé procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria. Algunos ítems fueron abordados y consultados desde el kirchnerismo por el chaqueño Jorge Capitanich, los cuales fueron valorados por los representantes del Ejecutivo.

Otro de los invitados en junio fue el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, que direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.

Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.

Para la jornada de hoy también aparecen inscriptos el abogado y profesor titular de Derecho Societario (Austral y UMSA), Sebastián Balbín; el ex titular de la IGJ del kirchnerismo Ricardo Nissen; el especialista en blockchain Sebastián Heredia; y el juez civil y comercial de Resistencia, Julián Flores, entre otros. Son 12, en total.

Más temprano, la comisión de Acuerdos realizará una nueva audiencia por pliegos judiciales. Hasta anoche, no había señales del lado de Bullrich en cuanto a sostener la sesión que prometió para este jueves, con el fin de sancionar la denominada ley “Hojarasca”, que elimina normas vetustas. Ni siquiera se convocó a Labor Parlamentaria y el ánimo de los aliados con la libertaria no es el mejor tras el caos de días atrás.