Luego de haber sido aprobada por el Senado, el Gobierno promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta legislación se convirtió en otra de las grandes victorias del oficialismo en las sesiones extraordinarias.

Siguiendo con el proceso que indica la Constitución, el Ejecutivo dio el visto bueno a la normativa, algo que se hizo efectivo tras su publicación del decreto 138/2026, en el Boletín Oficial esta madrugada.

La iniciativa fue sancionada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Dentro de los principales cambios, se encuentra una reducción en la edad de imputabilidad, así como también un sistema de penas aplicables, dependiendo la edad y circunstancias del adolescente que delinque.

Edad de imputabilidad y penas

De acuerdo con lo dispuesto, “el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delito”.

En ese sentido, deja en claro que la privación de la libertad será el último recurso a aplicar y por el tiempo más breve posible. De hecho, se encuentran prohibidas la aplicación de penas perpetuas o de carácter indefinido, así como la imposición de antecedentes penales permanentes.

“La medida que implique la restricción de la libertad durante el procedimiento deberá decretarse en auto motivado y fundamentarse en la existencia de riesgos procesales debidamente constatados”, establece la legislación.

Con respecto a los lugares de alojamiento, ordena: “Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad”.

Pese a que la nueva legislación endurece el sistema penal para aquellos menores que delinquen, la normativa aclara que “se deberá tramitar el proceso con premura, priorizando los casos en los que el imputado se encuentre detenido con prisión preventiva. La dilación injustificada a contar desde la intimación del hecho al adolescente imputado hará responsable al magistrado interviniente por falta grave y motivará que deban remitirse los antecedentes al ámbito disciplinario correspondiente”.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

Derechos de las víctimas

La Ley 27801 reconoce de forma expresa los derechos de las víctimas y personas perjudicadas por hechos ilícitos cometidos por adolescentes. Así, el texto dispone que la tutela de los intereses de la víctima debe ser garantizada durante todo el proceso penal juvenil, asegurando la posibilidad de ser informada sobre el avance de la causa, de participar activamente en las etapas procesales y de acceder a mecanismos de reparación.

La normativa establece que las víctimas gozan de derechos y garantías procesales, incluyendo el derecho a ser escuchadas, a recibir información clara y oportuna sobre sus derechos y a solicitar medidas de protección. En los casos en que los adolescentes resulten responsables de daños, la ley habilita la exigencia de responsabilidad civil a los progenitores o responsables legales, quienes deberán responder patrimonialmente en los términos que fije la sentencia judicial.

Además, contempla instancias de conciliación o mediación, siempre que la víctima preste su consentimiento de manera libre e informada y que el tipo de delito lo permita. Estas alternativas buscan resolver conflictos de forma restaurativa y voluntaria, sin menoscabar los derechos de la persona perjudicada.

El canciller Pablo Quirno informó este domingo que 248 ciudadanos argentinos ya pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las gestiones diplomáticas motivadas por el conflicto en Medio Oriente. El funcionario anunció que “hay más vuelos programados para los próximos días” y confirmó que el operativo permanece en curso.

Así, de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos, casi el 60% logró retornar gracias a vuelos coordinados por la Cancillería. El resto aún espera una solución, mientras las autoridades mantienen abiertas las gestiones para facilitar la repatriación ante el cierre parcial del espacio aéreo y la alta demanda.

“De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más vuelos programados para los próximos días. Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”, posteó Quirno esta mañana en su cuenta de X.

Vuelos programados y operativo de repatriación

La Cancillería argentina había informado el viernes sobre la salida de dos vuelos de Emirates Airlines desde Dubái para el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, con escala en Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires.

El operativo involucró a la Embajada y el Consulado argentinos en Dubái y Sharjah, también en EAU, junto al secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli y el embajador Jorge Arambarri. Las autoridades gestionaron directamente ante ese país y la empresa aérea para asignar los limitados cupos disponibles por el conflicto.

La crisis en Medio Oriente forzó el cierre casi total del tráfico aéreo. La mayoría de los ciudadanos argentinos varados se encuentra en Israel y Qatar, además de EAU. En total, 630 argentinos solicitaron asistencia en toda la zona de conflicto.

La repatriación se organiza bajo “esquema de priorización”, dando preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud, ya que el espacio aéreo se abre de forma esporádica y con reducida disponibilidad. El canciller Quirno explicó que solo un pequeño porcentaje de vuelos operan con normalidad, lo que provoca demoras y cancelaciones frecuentes.

Hasta el viernes, testimonios recogidos por Infobae en Vivo, como el de Virginia Luca, describieron situaciones de incertidumbre. Luca, varada en Sharjah, contó que la embajada sugirió a quienes no tienen pasaje directo a Argentina trasladarse a Omán o Arabia Saudita, pero las autoridades locales ordenaron que no se muevan.

La Cancillería mantiene habilitados los canales de comunicación y continúa las gestiones para asegurar que los argentinos afectados puedan regresar, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre regional.

A través de Quirno, el Gobierno nacional ratificó su compromiso de sostener el acompañamiento y la búsqueda de soluciones que permitan la vuelta segura y rápida de cada uno de sus ciudadanos en el exterior.

En un primer momento, algunos argentinos que permanecen en los Emiratos Árabes Unidos recibieron la sugerencia de la embajada de considerar traslados hacia Omán o Arabia Saudita ante la falta de vuelos directos a Argentina, pero las autoridades locales emitieron la orden de que no se movilicen hasta nuevo aviso, lo que suma dificultades logísticas al operativo de repatriación.

La interrupción del tráfico aéreo en varios países de Medio Oriente provocó la cancelación de miles de vuelos y afectó a ciudadanos de distintas nacionalidades, según datos de la consultora Cirium, que reportó la suspensión de más del 40% de las operaciones previstas en la región solamente entre el sábado y el lunes pasados, en las primeras horas del conflicto bélico.

No solo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empezó a transitar el recorrido hacia la elección del 2027 dentro del peronismo. Por ahora, el mandatario bonaerense lo circunscribe más a la cuestión discursiva y a conversaciones informales con gobernadores del peronismo que a gestos más concretos, como visitas por fuera de su provincia. Pero en el territorio bonaerense y en el marco de su sucesión —ya que no tendrá otra reelección— también empiezan los movimientos. Distintos dirigentes muestran intenciones de estar en la discusión de una candidatura a la gobernación en 2027.

En las últimas semanas, quien empezó a moverse es el intendente de La Plata, Julio Alak. El jefe comunal de la capital provincial sonó como posible titular del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo. De haberse dado esa instancia, el mandatario platense contaría con la estructura del Partido Justicialista casi a su disposición. Sin embargo, la conducción del peronismo terminó en manos del propio Kicillof, en un acuerdo entre el MDF y el kirchnerismo. Pero Alak no se quedó quieto.

Días atrás recibió en su distrito al intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray. En la lógica política del peronismo no se trata de un intendente más, sino que fue el primer dirigente en oponerse a la conducción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense en 2021. Desde ahí tomó distancia del eje intendentista y en los últimos años mostró una postura crítica a La Cámpora, pero sin sumarse al esquema del MDF. “Me alegra profundamente ver cómo en estos pocos meses la capital bonaerense ha ordenado profundamente su gestión y proyecta un amplio programa estratégico de gobierno”, lo elogió Gray, tras la reunión que mantuvieron en La Plata. Además, lo describió como “un gran amigo”. En paralelo al despliegue propio que pueda empezar a hacer, Alak también busca solidificar lo que es el MDF.

Esta semana y luego de haberse juntado con un dirigente del peronismo refractario a la figura de Kirchner, el intendente de La Plata se reunió con un jefe comunal de La Cámpora. Fue público el acuerdo que selló con el intendente de Lanús, Julián Álvarez. De una punta a la otra. “Con el joven y brillante intendente de Lanús, Julián Álvarez, firmamos un convenio de cooperación y asistencia técnica entre los municipios de Lanús y La Plata para promover la cultura, la educación y el turismo”, mostró en sus redes el intendente platense que transita por su cuarto período al frente del ejecutivo local. Ambos compartieron funciones en el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Otra dirigente que empezó a moverse más allá de su propio cargo es la diputada e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. La quilmeña es una de las apuestas del kirchnerismo y de las principales voces de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Mantiene sus diferencias con el gobernador bonaerense en lo que se refiere a la estrategia y conducción política del peronismo. Si bien en la apertura de sesiones bonaerenses coincidió en el diagnóstico hecho por Kicillof —en cuanto al impacto del recorte de fondos de parte de la administración de Javier Milei— también se diferenció del mandatario provincial por no haber hecho mención a la detención de la expresidenta Cristina Kirchner ni reclamar por su libertad. “Nos sumamos al reclamo por los fondos que el gobierno de Javier Milei le debe a nuestra provincia y los exigimos en cada momento que tenemos oportunidad; entendemos que hay obras como las hidráulicas de los arroyos San Francisco y Las Piedras en Quilmes, que corresponden a la PBA y no se están haciendo, por esta asfixia nacional”, fue parte de lo que dijo tras la apertura de sesiones. La gestión de las obras hidráulicas de los arroyos que atraviesan Quilmes será parte de su agenda como diputada. Esta semana participó de un encuentro organizado por la Red Mercociudades y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Niteroi, Brasil. El objetivo fue buscar crédito internacional para el desarrollo de esas obras que también tienen impacto en los municipios de Almirante Brown, Presidente Perón, Florencio Varela y Avellaneda.

Pero Mendoza, además, es parte activa de la campaña #CristinaLibre con la que el kirchnerismo busca sostener en agenda el pedido de libertad para la expresidenta que transita su prisión domiciliaria en San José 1111 en el marco de la causa Vialidad; una condena que además alcanza la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Esta semana que estuvo en Brasil también planteó esa agenda. Compartió reuniones en la sede del Partido de los Trabajadores (PT) con la Secretaria de Mujeres del PT, Catarina Farías y la Secretaria estadual del combate contra el racismo del PT, Rose Cipriano. Allí, en el partido cuyo líder es el presidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, llevó el pedido por la libertad de CFK.

En proyección hacia 2027, la quilmeña está empezando a recorrer municipios. La semana que inicia tiene previstas tres recorridas: una por La Matanza y otras dos por distritos de la Segunda sección electoral. Además, participará de algunas aperturas de sesiones en diferentes concejos deliberantes.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, es otro de los que, producto de su función, desde hace tiempo recorre toda la provincia. Combina la gestión de la obra pública bonaerense con la articulación política. Desde su rol tiene llegada a todos los intendentes —del peronismo y la oposición— y además es un de los negociadores políticos de Kicillof en algunas ocasiones como sucedió con la integración del consejo del Partido Justicialista bonaerense.

Solo en las últimas semanas, el ministro estuvo en La Plata, Tapalqué, Bahía Blanca, Azul y Campana recorriendo obras y firmando acuerdos para nuevos procesos. Cuenta con el respaldo de un grupo de intendentes del interior y del conurbano. Además, es uno de los que tiene a su cargo la expansión del MDF por fuera de la Provincia. Encabezó la lista de Fuerza Patria por la Primera sección electoral en las elecciones provinciales del año pasado, pero Kicillof definió que no asumiera su banca de senador provincial y que siguiera en su cargo ministerial. Algunas voces dentro del peronismo advierten que, de haberse quedado en la Cámara alta, el gobernador no hubiera resignado la vicepresidencia I del Senado que quedó en manos del intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii.

Por el sector de Cristina, además de Mayra Mendoza, la intandenta de Moreno, Mariel Fernández, es otra de las dirigentes con aspiraciones de gobernación a partir de 2027 en Buenos Aires. “Yo me animo a todo. Es la voluntad de militante de transformar las cosas”, dijo a finales del año pasado durante una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, al ser consultada sobre la posibilidad de buscar una candidatura provincial en las próximas elecciones.

“Creo realmente en la política como un instrumento de transformación. Y si lo puedo hacer en la provincia de Buenos Aires como lo hice Moreno, ¿por qué no? Con otra lógica, construyendo con otros, entendiendo un vínculo del Estado y la comunidad. No se pueden pensar las políticas de Estado desvinculadas de la comunidad. Eso tiene que poder cambiarse justamente porque es la esencia del peronismo”, agregó.

Fernández empezó a moverse. Primero en la discusión del PJ bonaerense. Quiso ir por la presidencia, pero cuando se definió que sería Kicillof dio un paso al costado. Sin embargo, las pintadas en algunos puntos del conurbano ya empezaron con la frase: “Se viene Mariel”. Con la estructura del Movimiento Evita y una relación de cercanía con Cristina Kirchner, buscará ser parte de las conversaciones. Durante el feriado de carnaval llevó a las murgas de Moreno a la puerta del domicilio de la expresidenta en el barrio de Constitución. Este verano, también desplegó su campaña de instalación en la costa atlántica.

En el peronismo, la discusión por la sucesión de Kicillof -que en diciembre del 2027 terminará su segundo mandato consecutivo como gobernador y no podrá ser reelecto- está atravesada por varios factores. Primero, si seguirá vigente la ley que limita las reelecciones indefinidas. De ser así, serán 82 los jefes comunales sin chances de ir por otro mandato. En el sistema político reconocen que se generará “un cuello de botella” entre los intendentes. Si hay modificaciones a la normativa, la cuestión podría descomprimirse.

Por otro lado, también empezó a correr la idea de que el gobernador podría sostener el desdoblamiento electoral en 2027. En La Plata aseguran que mientras las PASO sigan vigentes, la estrategia varía. Sin embargo, no descartan que pueda repetirse un desdoblamiento.