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Mar del Plata y Bahía Blanca, en el sprint final de Tolosa Paz por el interior

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En el sprint final, la candidata a diputada nacional en representación de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz (FdT) continuará con una campaña intensa en el conurbano bonaerense, pero añadirá dos importantes ciudades del interior donde el oficialismo hizo una mala elección: Bahía Blanca y Mar del Plata. El eje de sus actividades proselitistas y su discurso estarán puestos centralmente en la reactivación económica de la provincia. Con una recuperación que todavía no llega a todos los sectores, el objetivo del oficialismo es destacar los indicadores positivos de la economía y mantener la escucha a las demandas.

En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el FdT solo ganó en la Tercera sección. De las siete restantes, en dos tuvo una magra cosecha: la Quinta y la Sexta. En la Quinta, Juntos obtuvo el 50% de los votos frente al 29% del FdT. En esa región, Mar del Plata concentra el 45% del padrón electoral. En la Sexta, la oposición arrasó con el 52% de los votos frente al 27% de Todos. Allí, Bahía Blanca concentra el 40% del electorado. La importancia de estas dos ciudades cabeceras es evidente. En ambas, el peronismo perdió por paliza.

“Vamos a hacer Bahía Blanca y Mar del Plata porque son dos ciudades que tenemos que levantar y seguir construyendo una mejor elección que la que hicimos en septiembre”, explica a Letra P un miembro de la mesa de campaña de Tolosa Paz. Si bien es muy difícil torcer esos resultados, en términos de representantes para la Legislatura resultan clave. Un ejemplo: si el FdT desciende medio punto porcentual en la Sexta, pierde una banca en Diputados, ya que Juntos se quedaría con ocho de los once que se ponen en juego. Hoy, la oposición arriesga siete.

Tolosa Paz continuará, además, con la intensa campaña que lleva adelante en el conurbano bonaerense. La candidata recorre entre dos y tres distritos por día de la Primera o la Tercera sección electoral a lo que se suman las actividades que habitualmente tiene en su pago chico, La Plata.

Fuentes del entorno de la candidata explican que la campaña estará particularmente enfocada en este tramo final en visibilizar los indicadores positivos que comienza dar la economía, con señales de reactivación en varios sectores, pero que aún la gente no siente en su bolsillo. Aunque esa mejora todavía no haya llegado a todos, en el equipo de Tolosa Paz aseguran que el ánimo que se palpa en las recorridas es otro, mejor que en la previa a las PASO.

“Hay indicadores muy positivos que tenemos que poner de manifiesto y hay una devolución también de lo que hay que hacer con los sectores productivos, las pymes, los comercios. Básicamente es también un momento para escuchar y tomar nota de las demandas que siguen presentes”, explica un vocero a este medio.

La agenda referida a la producción, las pymes, la industria y el empleo es compartida entre Tolosa Paz y el gobernador, Axel Kicillof. En los últimos días, se reunieron con empresarios y empresarias en Florencio Varela y participaron de la inauguración de la Expo Escobar, entre otras actividades que realizaron en forma conjunta.

En el FdT entienden que tanto el tema precios como la agenda económica vinculada a la producción, la industria, el consumo y el empleo son clave para la elección del 14 de noviembre. Consideran que hay que poner de manifiesto esas temáticas, mostrar los indicadores positivos y contraponerla con el proyecto de “fuga, timba y especulación” de la oposición. “Ellos no pueden explicar lo que hicieron mientras gobernaron”, desafían.

El oficialismo va por los 2,5 millones de votantes que, según los estudios del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, en 2019 votaron al Frente de Todos y en las PASO no fueron a votar. Son electores que, analizan, por diferentes motivos no acompañaron al oficialismo, pero tampoco votaron a Juntos, y que, por su distribución geográfica, son sectores que están interesados en la agenda de la economía real.

“En esos sectores las medidas que tomamos fueron bien recepcionadas, vamos a ver si eso alcanza para que nos voten. Creemos que cada punto de participación a nosotros nos conviene, porque son sectores que históricamente nos han acompañado y que en este salir de la pandemia pueden ser que nos acompañen, aunque es una incógnita”, explican.

Finalmente, las actividades de Tolosa Paz en las dos últimas semanas previas a la elección seguirán, además, con la dinámica de encuentros con la militancia ya que consideran que es importante la presencia física y la arenga para dar entusiasmo a la militancia que tiene la tarea central de recorrer el territorio casa por casa para mejorar la elección provincial.

(LetraP)

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El canciller de Israel agradeció a Milei por declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

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A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.

En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”.

Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.

La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

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Fentanilo contaminado: ordenaron nuevos allanamientos para calcular embargos millonarios en la causa por 111 muertes

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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó nuevos allanamientos en los laboratorios vinculados a la producción del fentanilo contaminado de HLB Pharma, en una causa que ya investiga la muerte de 111 pacientes. Los procedimientos se realizaron en las plantas productoras Ramallo SA, ubicada en esa localidad bonaerense, y HLB Pharma Group SA, que operaba en el municipio de San Isidro. Según pudo reconstruir de manera exclusiva Infobae, la medida judicial —llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina— tuvo como objetivo identificar cada una de las máquinas y avanzar en su valuación para “precisar el embargo” que el magistrado impondrá a los 14 imputados que tiene la causa.

La medida será definida luego de las nuevas declaraciones indagatorias que comenzarán a tomarse a partir de abril. En una primera etapa, los sospechosos habían sido interrogados por 20 muertes, pero la magnitud de la tragedia sanitaria llevó a sumar 91 víctimas fatales más, además de 49 sobrevivientes con secuelas y nuevas pruebas incorporadas al expediente.

En todos los casos, Kreplak los consideró “prima facie” responsables de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Las imágenes exclusivas que reproduce este medio fueron grabadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso de las dos plantas de producción. Allí se observa a la comisión judicial en el ingreso y salida de los laboratorios responsables de elaborar el medicamente adulterado con bacterias resistentes a antibióticos.

Según consta en el expediente, el principal señalado es el empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo. Entre los otros 13 procesados figuran su madre, Nilda Furfaro, integrante del directorio, y su hermano, Diego García, también directivo de los laboratorios.

La nómina incluye además a directores técnicos y responsables del control de calidad, es decir, los encargados de supervisar los medicamentos producidos en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal ya dispuso un embargo récord de un billón de pesos sobre García Furfaro como garantía ante eventuales responsabilidades civiles y penales.

En su primera resolución, de 401 fojas, Kreplak analizó el rol de cada integrante de la cadena de producción y control del medicamento adulterado, que estaba contaminado con bacterias multirresistentes. Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, estos microorganismos provocaron la muerte de pacientes o aceleraron su fallecimiento tras la administración del potente anestésico.

Los embargos millonarios

El magistrado también dispuso los siguientes embargos:

  • Diego Hernán García: $500.000.000.000
  • Nilda Furfaro: $500.000.000.000
  • Javier Martín Tchukrán: $500.000.000.000
  • Damián Roberto García: $500.000.000.000
  • Carolina Ansaldi: $100.000.000.000
  • José Antonio Maiorano: $100.000.000.000
  • Adriana Iúdica: $100.000.000.000
  • Wilson Daniel Pons: $50.000.000.000
  • María Victoria García: $50.000.000.000
  • Edgardo Gerardo Antonio Sclafani: $50.000.000.000
  • Eduardo Darchuk: $50.000.000.000
  • Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar: $10.000.000.000
  • Rocío del Cielo Garay: $10.000.000.000

Tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá definir si mantiene, aumenta o reduce estas cifras en los próximos procesamientos.

El mayor desastre sanitario reciente

La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario de la historia argentina reciente, y se la ubica en el mismo nivel de impacto que episodios como el Tragedia de Once y el incendio del boliche Tragedia de Cromañón.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas de fentanilo contaminadas.

El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios del Instituto Malbrán, que detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

Hasta el momento, el análisis de las historias clínicas realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó que, en al menos 111 casos, existió una infección asociada al fentanilo adulterado. Además, se comprobó que la exposición a estas bacterias incrementó significativamente el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

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El Gobierno evalúa llevar a la Corte la pelea por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

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Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.

Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.

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