Axel Kicillof destrabó un nivel de complejidad y aceleración en su carrera hacia la presidencia casi dos semanas atrás, cuando, en un acto con tono de campaña que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, pidió “perder menos tiempo en las internas”. Ese día recalcó la necesidad de construir un acuerdo sólido y equilibrado entre las partes que pueden componer la coalición opositora para que el experimento electoral que se diseñe no tenga el mismo resultado que el Frente de Todos en la gestión.

Desde ese entonces, mantiene un ritmo constante en la marcha de sus apariciones públicas. Por momentos, incluso, parece frenarse en sus definiciones, con la necesidad marcada de no caer en la tentación de ser el principal candidato con tanta anticipación a los comicios. El último fin de semana, en el que estuvo de gira por España, dejó en claro lo que hace tiempo explican en su entorno. Su objetivo es ser candidato a presidente pero no a cualquier precio. No se va a imponer si ese movimiento político puede dinamitar la alianza que está en vías de construcción.

“Este es el año de la construcción, no de las candidaturas”, resaltan en La Plata, donde se quedaron muy conformes con la recepción de las figuras de la política española con las que estuvo en Barcelona. Allí se encontró, entre otros, con el alcalde local, Jaume Collboni y el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Kicillof hace esfuerzos para que su precandidatura no se corroa con el paso del tiempo, pero, al mismo tiempo, busca dejarla instalada como una certeza innegable.

El gobernador bonaerense entiende que en el 2026 el peronismo debe tener dos ejes de trabajo claros: la construcción de una coalición más amplia que la que aún sobrevive y la conformación de un nuevo programa político, económico y social. Las candidaturas deben definirse a último momento, el año que viene, cuando la proximidad de las elecciones no deje más margen de tiempo.

Es por eso que mantiene cierta cautela sobre su precandidatura presidencial y esquiva hablar en público de ese rol que está tratando de moldear. La idea que tienen en su entorno es que mantenga esta línea hasta el Mundial de fútbol y que, una vez que pase el evento deportivo, vuelva a acelerar en la visibilización de su construcción nacional.

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. “Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

Tras la furia de las extraordinarias de diciembre y febrero, el Senado mantuvo un ritmo de actividad normal desde el 1 de marzo, con el período ordinario ya inaugurado por Javier Milei. Sin embargo, oficialistas y dialoguistas le bajaron ayer el precio a la idea de ir al recinto el miércoles 29 de abril, con varios legisladores que ya dan caído el encuentro y que prefieren, sobre todo, aguardar hasta mayo próximo.

Uno de los principales argumentos, en realidad, no pareció bastante sólido. Desde algunos despachos remarcaron la inconveniencia de consumar una sesión en simultáneo al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará en Diputados. El segundo fue más lógico: no hay tantos temas dictaminados y abrir el recinto para que lo aproveche la oposición kirchnerista no parece sumar tantos adeptos.

Ayer se descartó rápido, como plan “b”, el martes 28. Era la última opción ya que, desde el jueves 30, se iniciará un ramillete de audiencias públicas para analizar los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Esto ocurrirá en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto y que días atrás avanzó con la extensión, por cinco años, de la labor del camarista federal Carlos Mahiques.

Una iniciativa ya rubricada y que genera tensión desde hace más de dos años -ya es la tercera vez que se despacha y queda lista para que la vote el pleno- es la relacionada con las falsas denuncias. Es la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe), de óptimos vínculos con el oficialismo.

El inconveniente, como contó Infobae el reciente fin de semana, es que un puñado de aliados no está convencido con la confección final del articulado -“mal escrito”, dijo uno a este medio- y desliza, por lo bajo, la “incomodidad” de tener que votar el proyecto en cuestión. Más allá de esto, al revisar las firmas de quienes apoyaron en la comisión de Justicia, se sostiene una cantidad de adhesiones a considerar, aunque más ajustada y, en Diputados, el escenario parece más delicado.

Para mayo -o antes-, La Libertad Avanza, que maneja Patricia Bullrich, espera llegar a dictaminar la ley mileísta que “blinda” la propiedad privada. Se debate en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, que lideran los oficialistas Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Tras dos reuniones y cerca de 25 disertantes -el primero fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-, la discusión viró hacia el lado de los reparos dialoguistas, con enviar advertencias y propuestas para modificar el texto, que no saldrá de la manera pura que desea el Ejecutivo. Al igual que con la reforma laboral, habrá que “consensuar”.

Por otra parte, las recientes leyes que aterrizaron en la Cámara alta sobre discapacidad y salud mental deberán pasar sí o sí por la comisión de Salud, que tiene a sus integrantes designados, pero no su reunión constitutiva formal. Se estima, según confiaron desde LLA a Infobae, que la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta quedaría como presidenta. Cristinismo y peronismo tendrán allí a varios médicos.

Queja

Tras la nueva dilación del tratamiento de ascensos diplomáticos, apareció la crítica de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). Aún siguen sin avanzar las listas de 2024 y 2026 y la Cancillería ya es un hervidero.

En medio de curiosas versiones sobre supuestas conversaciones entre diplomáticos y legisladores, la salida que se busca en el Senado apuntaría a frenar un par de nombres. Sin dudas, generará discordia. Lo importante, a esta altura, es si detrás de todo esto hay otro interés político sobre los bloques que habitan en la Cámara alta. Todo sirve para negociar o, en todo caso, limar.