La aprobación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual, popularmente bautizado como el “INCAA bonaerense”, dejó en la madrugada del jueves una postal nítida de contraste con la política de repliegue histórico y achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que impulsa Javier Milei.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.
La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.
Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.
Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura
El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.
Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.
También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.
Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.
La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.
Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.
Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei
El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.
Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.
En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.
