Ayer desde ADUNS cuestionaron a las autoridades del rectorado de la Universidad Nacional del Sur por haber recurrido al Ministerio de Trabajo de Nación para consultar respecto de la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en lo referido a la esencialidad educativa y a la regulación del derecho a huelga.

Ocurre en medio de una semana de paro de docentes nucleados en el gremio que conduce Sergio Zaninelli. La huelga que comenzó ayer se extenderá hasta el próximo sábado y tiene como objetivo reclamarle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta mañana en diálogo con Radio Altos la vicerrectora Dra. Andrea Castellano explicó el motivo de la consulta que elevaron a la delegación local del Ministerio de Trabajo, en particular al área de mediación.

“Por un lado, tenemos que respetar el derecho a hacer huelga de nuestros docentes en un reclamo que nadie discute, que es justo. Pero, por otro lado, también tenemos que asegurar la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes”, enfatizó en primer lugar.

La situación más compleja se presenta con las escuelas preuniversitarias a las que asisten cerca de 2.500 estudiantes; a la fecha hubo casi 30 días de paro.

Señaló que existe un reclamo reiterado de los padres, quienes han presentado notas y se han reunido con las autoridades universitarias, debido a la preocupación por las medidas de fuerza que impiden el normal dictado de clases.

Según admitió, tras la marcha federal universitaria del pasado 12 de mayo, tenían la expectativa de que llegue alguna solución, algo que no ocurrió. Y recordó que el Gobierno de Javier Milei recurrió a la Corte Suprema de Justicia que tiene que resolver respecto de la Ley de Financiamiento. Castellano no dudó en que la Justicia fallará a favor de las casas de altos estudios de todo el país.

“Nosotros esperábamos, al menos por parte de los gremios, algún impasse a la espera de la resolución judicial, que creemos que va a ser la que nos puede resolver esto. Y tenemos clara la insensibilidad de este Gobierno frente a las medidas de fuerza gremiales. Creo que no va a venir por ahí la solución. No sé qué presión sienten desde el punto de vista político las autoridades nacionales cuando las universidades hacen medidas de fuerza”, opinó.

Y agregó que entiende, por otro lado, el planteo de los padres respecto de la necesidad de asegurar la continuidad pedagógica: “Está en riesgo el ciclo lectivo. Si en mayo ya llevamos 30 días sin clases, la situación es compleja”.

Explicó que uno de los últimos reclamos que les presentaron padres de alumnos de las escuelas dependientes de la UNS, es que se cumpla con uno de los artículos de la Ley de Modernización Laboral que define al servicio educativo como estratégico y esencial desde el nivel maternal hasta el nivel secundario.

“Tenemos un dictamen de nuestra asesoría letrada respecto de que la ley está vigente y que como autoridades tenemos que atender esa cuestión. La consulta al Ministerio de Trabajo, que es más un pedido de mediación, fue porque no está claro cuál es el alcance de la norma y si estamos obligados a aplicarla, y cuál sería el mecanismo para asegurar alguna actividad docente aún en los días de paro”, especificó sobre la nota que presentaron en el ministerio.

La vicerrectora subrayó que, si se le está exigiendo al Ejecutivo nacional que cumpla con una ley, la UNS quiere enmarcarse en el cumplimiento de toda norma, en este caso, la de Modernización Laboral.

Aclaró que hasta el momento no han obtenido una respuesta por parte del ministerio respecto del alcance de la normativa. Sí una recomendación de buscar una solución con los gremios respecto de las medidas de fuerza.

Ya acordaron con autoridades de ADUNS reunirse las partes el próximo viernes en Colón 80.

“El rectorado ha asegurado el derecho a huelga y también el derecho a trabajar de todos los trabajadores. Tenemos otro gremio, para ponerlo de ejemplo, que es el de nodocentes afiliado a FATUN, que viene  realizando medidas de fuerza desde principio de año, pero con mucha más razonabilidad y eso da continuidad a las tareas”, planteó.

En ese punto, opinó que no cree que la Corte Suprema resuelve en el corto plazo y, por ende, la solución tampoco llegará a la brevedad: “Tal vez pase todo el año y desde la universidad y como autoridades, somos responsables por la educación de los chicos”.

“Acá hay dos derechos que colisionan y de los cuales somos responsables, pero me parece que hoy y a la espera de la respuesta de la Justicia, nosotros tendríamos que buscar medidas para visibilizar que alguna puede ser el paro en alguna magnitud razonable, aceptable, pero también tenemos otros instrumentos”, concluyó.

Fuente: Frente al cano.

El intendente Federico Susbielles firmó un memorándum de entendimiento con la empresa Fertil Pampa Sau. Se trata de la firma que proyecta instalar una planta de producción de amoníaco y urea granulada en Bahía Blanca, con una inversión estimada de 2.400 millones de dólares.

El documento constituye un paso clave para establecer el marco municipal de promoción y no sólo formaliza el avance del proyecto, sino que consolida las garantías institucionales necesarias para la concreción de una de las mayores inversiones industriales de las últimas décadas en la región, destacaron desde la Municipalidad.

“Desde la gestión municipal fortalecemos la competitividad de nuestro puerto, la ciudad y las empresas que continúan apostando por Bahía como un enclave vital para el futuro de la Argentina”, remarcó el jefe comunal.

La rúbrica del acuerdo se desarrolló durante un encuentro del que participaron Susbielles, el vicepresidente de Fertil Pampa, Sergio Nabaes, y el secretario de Economía del Municipio, Carlos de Vadillo.

Detallaron que se proyecta la creación de 3.500 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. El inicio de la construcción de la planta sería a mediados de 2026, con un plazo de obra aproximado de 4 años, para comenzar con la operación comercial entre 2029 y 2030.

Fuente: Frente al cano.