El Mercado Bahiense abrirá este sábado y domingo de 10 a 18 hs. Como es habitual, en el predio Corporación (FISA) ofrecerá ofertas en sus puestos de productos alimenticios, limpieza, outlets de indumentaria, vivero, entre otros.
Listado de descuentos para el primer finde de noviembre:
SUPERCARNE
*1 kilo de paleta $5.290
*1 kilo de asado $ 6.290
*1 kilo de aguja $3.500
GRANJA DON EMILIO
*2 kilos de milanesas de pollo + 1 maple de huevos $15.000
*Combo semanal (2 kilos de milanesas de pollo + 1 medallones de pollo + 1 kilo de hamburguesas de pollo) $19.000
*3 kilos de pata muslo $7.000
*1 maple de huevos (30u) $5.200
*1 kilo de hamburguesas de pollo $5.000
*2 kilos de milanesas de pollo $10.500
*1 kilo de pollo $2.300
PANADERÍA LA NUEVA ESPIGA
*1 kilo de pan $1.800
*1 sacramento con jamón y queso + 1 agua $2.500
*250 grs de bizcochitos $2.000
*1 docena de facturas $5.500
*2 prepizzas $1.000
EL BALCÓN DEL ARROYO
*Horma entera de queso sardo x kilo $10.000
*Horma entera de queso cremoso x kilo $6.800
*Muzzarella x kilo $8.000
*2 salamines + 1 quesito saborizado $8.000
PATAGONIA SOLUCIONES
*12 rollos de papel higiénico x 30 mts doble hoja + rollo de cocina 200 paños $9.500
*24 rollos de papel higiénico x 50 mts + 24 rollos de cocina x 50 paños $26.000
*5 litros de jabón líquido + 5 litros de suavizante $14.000
*5 litros de lavandina + 5 litros de desodorante de piso $8.000
*1 perfume textil +1 difusor Saphirus $6.000
*1 perfume textil + aerosol Saphirus $ 6.000
PESCADERÍA ROLANDO
*1 kilo de filet de lenguado $9.000
*2 kilos de filet de merluza $10.200
*1 kilo de langostino cola $8.500
*1 kilo de filet de salmón rosado fresco $28.000
VERDULERÍA DON AGUSTINO MARKET
*1 kilo de tomate perita $1.800
*2 kilos de tomate perita $3.550
*1 unidad de palta $650
*3 unidades de palta $1.590
*1 kilo de papa negra + 1 kilo de zanahoria + 1 kilo de cebolla $2.290
*1 paquete de espárragos $2.200
*3 paquetes de espárragos $5.500
VERDULERÍA TIERRA NEGRA
*2 kilos de banana $3.490
*1 kilo de zapallitos + 1/2 kilo de morrón verde $2.290
*1 kilo de manzana roja + 1 kilo de pera premium $2.900
*1 kilo de berenjena + 1/2 kilo de morrón rojo $3.490
JOSELITO PASTAS
*2 cajas de ravioles + 1 salsa + queso rallado $11.800
*Tallarines al huevo por 500g + 2 docenas de discos de empanadas + 1 tapa de tarta pascualina $7.200
*Fucciles $2.630
BAHÍA PAÑALES
*Algodón precortado Estrella x 100g $1.090
*Óleo sin fragancia Estrella x 500ml $5.310
*Pañales Estrella Caricias de Algodón $10.450
A GUSTO TUYO
*1 pesto con nueces x250g + 1 escabeche de berenjenas x450g $7.000
*1 salmuera a elección + 1 aderezo x250g a elección $7.000
Este espacio pertenece a la red de Mercados Bonaerenses, como también lo hace el Mercado del Puerto (que está sábados y domingos de 10.30 a 19 hs en el paseo portuario), por lo que abonando con cuenta DNI, en ellos se puede acceder a descuentos del 40% (no aplica en textil y bazar).
Por excepción, este fin de semana no estará disponible el transporte gratuito hacia el Mercado.
La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.
El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.
Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.
“La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.
“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.
La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.
La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.
La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.
En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.
Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.
La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolásdeclaró la inconstitucionalidad de la resolución.
En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.
La resolución del Procurador sobre las tasas
En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.
En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.
Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.
El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.
“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.
Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.
“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.
Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.
Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.
Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.
El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.
El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.