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Política Nacional

Mientras la Patagonia arde, la Subsecretaría de Ambiente gasta en aires acondicionados y desratización

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Mientras más de 20 mil hectáreas de la Patagonia y Corrientes arden sin control, la Subsecretaría de Ambiente, encabezada por Ana María Vidal de Lamas, destina recursos públicos para la adquisición de insumos para el mantenimiento de aire acondicionado en sus oficinas. En paralelo, solicita fondos para resolver cuestiones vinculadas a plaga de ratas en sus dependencias, mientras los incendios forestales continúan azotando al país.

Los incendios en el sur de Argentina continúan arrasando con la biodiversidad local, poniendo en peligro especies autóctonas y afectando la salud de las poblaciones cercanas. Sin embargo, a pesar de la crisis, la Subsecretaría de Ambiente, a cargo de la Dra. Ana María Vidal de Lamas, cuya responsabilidad debería ser precisamente la protección de los ecosistemas, ha priorizado la adquisición de materiales para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en sus dependencias, tal como lo muestra un pliego publicado el 4 de febrero de 2025.

El documento detalla la compra de un kit de herramientas para la refrigeración, que incluye un manómetro, una cortadora de caños y otros insumos para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Mientras la Patagonia y la provincia de Corrientes siguen siendo consumidas por el fuego, las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente parecen ser la principal preocupación de la gestión de Vidal de Lamas.

Esta situación se agrava aún más con otro gasto solicitado en el mismo día: la contratación de un servicio semestral de limpieza y desinfección de los tanques de agua potable de la sede de la Subsecretaría en Buenos Aires, en la calle San Martín 451El monto destinado a la higiene de las instalaciones parece contradecir la urgencia de destinar recursos a la prevención y lucha contra los incendios que azotan al país.

En cuanto a la gestión de plagas, el 8 de noviembre de 2024, la Subsecretaría solicitó la contratación de un servicio de desinfección, desratización y desinsectación para las dependencias del organismo, con un contrato que cubre un año con opción a prórroga. La comisión evaluadora recomendó a dos empresas para el servicio:

  • COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L., que presentó un costo del servicio de $3.852.000, y
  • GRUPO EFIA SRL, con un costo del servicio de $2.153.880.

Ambas están registradas en el proceso de compra 262-0014-CDI24. Este pedido expone otro aspecto del deterioro de la gestión: ni siquiera pueden controlar una plaga dentro de sus propias oficinas, pero tienen la responsabilidad de manejar incendios forestales a nivel nacional.

Lo que llama aún más la atención es que, en lo que va del año, no se han ejecutado los fondos destinados al manejo del fuego, que ascienden a más de 33 mil millones de pesos, a pesar de que estos recursos están disponibles desde el presupuesto aprobado en diciembre de 2024. Mientras tanto, el sistema de combate de incendios sigue sin los recursos necesarios para su operación eficazLa falta de ejecución presupuestaria refleja una desconexión alarmante entre la prioridad de la gestión de Vidal de Lamas y la emergencia ambiental en curso.

El presupuesto asignado para el 2025 al Sistema Nacional de Manejo del Fuego es considerable, pero hasta la fecha no se ha ejecutadoSegún la información disponible, solo se ha utilizado una pequeña fracción de los fondos, y la reestructuración de la gestión del fuego bajo el Ministerio de Seguridad plantea dudas sobre la efectividad y la estrategia de manejo integral de los incendios en el país.

En paralelo, la provincia de Corrientes enfrenta una crisis similar con el avance de los incendios, mientras que el presupuesto destinado a la prevención y control del fuego en la región sigue sin ser ejecutado. Ante la inacción de los funcionarios, los incendios continúan con impactos devastadores tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales.

La gestión de Ana María Vidal de Lamas al frente de la Subsecretaría de Ambiente ha estado marcada por decisiones que distan de ser prioritarias para mitigar los desastres naturales que azotan al país. A medida que la Patagonia y otras regiones del país arden, los recursos públicos siguen siendo desviados hacia cuestiones administrativas como el mantenimiento de equipos de aire acondicionado, en lugar de ser destinados al manejo urgente de la crisis ambiental.

Es urgente que el gobierno de la Nación, encabezado por el presidente, priorice una estrategia efectiva para la prevención y control de los incendios forestales. Mientras tanto, la responsabilidad recae sobre los funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente, que no solo parecen desconectados de la realidad, sino que están fallando a la hora de ejecutar los fondos necesarios para enfrentar el fuego. En lugar de destinar dinero para atender necesidades secundarias, el país necesita políticas concretas y recursos urgentes para salvar los ecosistemas en peligro y proteger a las comunidades afectadas.

Los incendios seguirán devastando si no se actúa con responsabilidad y urgencia. La cuestión es simple: o se prioriza el ambiente, o se sigue destinando dinero a proyectos que no hacen frente a la crisis que enfrentamos.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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