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Milei afirmó que el préstamo del FMI servirá para terminar de controlar la inflación

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El presidente de la Nación, Javier Milei, recomendó hoy en su cuenta de la red social X la lectura de la columna de opinión que envió y se publicó en el diario La Nación. Bajo el título “Acuerdo con el FMI: sanear el BCRA para terminar con la inflación”, el Presidente argumentó que el préstamos del organismo internacional servirá para consolidar la baja de la inflación.

La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta, cayó la demanda o ambas cosas, lo cual reduce el poder adquisitivo del dinero, esto es, todos los precios en unidades monetarias suben. A su vez, este mecanismo no es instantáneo, ya que la política monetaria opera con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Esto es, dada la demanda de dinero, aun cuando uno fije la cantidad de dinero, la inflación tardará en desaparecer entre un año y medio, y dos años. Esta situación se vuelve más tediosa, si en el origen existían restricciones cuantitativas en los distintos mercados aunado a controles de precios, lo cual genera un sobrante monetario que implica una mayor tasa de inflación de corto plazo”, afirmó Milei.

En cuanto a la inflación, el presidente señaló que para “terminar con el problema de la inflación de una vez y para siempre requiere considerar de modo explícito las operaciones que los distintos agentes realizan con el Banco Central y cómo esto impacta en sus distintas hojas de balance. Puesto en otros términos, no solo hay que mirar qué está pasando con los flujos, sino también con los stocks”.

Además, respecto al saneamiento del Banco Central, el mandatario señaló: “Si el patrimonio del BC fuera negativo, dado que en el activo suelen existir bienes con un valor real independiente de lo que pase con el poder adquisitivo del dinero, ello implica que para reestablecer el equilibrio patrimonial el nivel de precios debe subir para licuar los pasivos monetarios y de ese modo alinearse con el valor de los activos. De ello surge que cuanto mayor sea el deterioro patrimonial del BC, mayor será el nivel de precios que permite sanear su balance. Así, dicho nivel de precios de largo plazo contra el nivel actual nos muestra la tasa de inflación subyacente de la economía”.

La columna completa

La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta, cayó la demanda o ambas cosas, lo cual reduce el poder adquisitivo del dinero, esto es, todos los precios en unidades monetarias suben. A su vez, este mecanismo no es instantáneo, ya que la política monetaria opera con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Esto es, dada la demanda de dinero, aun cuando uno fije la cantidad de dinero, la inflación tardará en desaparecer entre un año y medio, y dos años. Esta situación se vuelve más tediosa, si en el origen existían restricciones cuantitativas en los distintos mercados aunado a controles de precios, lo cual genera un sobrante monetario que implica una mayor tasa de inflación de corto plazo.

Por otra parte, la dinámica con la que suben los distintos precios (dólar, transables, mayoristas, minoristas y los salarios) depende del origen del desequilibrio. Finalmente, aun sin desequilibrio monetario, para la misma escala nominal de la economía, los precios relativos suelen cambiar, lo que implica que cuando algunos suben, otros deberán caer por la simple cuestión de que la cantidad de dinero está fija.

Si bien la explicación anterior es muy potente tanto desde la argumentación como desde el punto de vista empírico, terminar con el problema de la inflación de una vez y para siempre requiere considerar de modo explícito las operaciones que los distintos agentes realizan con el Banco Central y cómo esto impacta en sus distintas hojas de balance. Puesto en otros términos, no solo hay que mirar qué está pasando con los flujos, sino también con los stocks. En este sentido, el balance del Banco Central (BC), como el del resto de los agentes, muestra que su patrimonio neto surge de la diferencia entre sus activos y sus pasivos. Por ende, si uno pensara en el último día de nuestra existencia física, dado que el dinero emitido por el BC no tiene poder de compra alguno en el más allá, todos deberían liquidar sus tenencias monetarias antes de partir. Por ende, si el BC tuviera un patrimonio neto a mercado no negativo, podría rescatar sus pasivos monetarios sin que haya sobresaltos en el nivel de precios.

Por otra parte, si el patrimonio del BC fuera negativo, dado que en el activo suelen existir bienes con un valor real independiente de lo que pase con el poder adquisitivo del dinero, ello implica que para reestablecer el equilibrio patrimonial el nivel de precios debe subir para licuar los pasivos monetarios y de ese modo alinearse con el valor de los activos. De ello surge que cuanto mayor sea el deterioro patrimonial del BC, mayor será el nivel de precios que permite sanear su balance. Así, dicho nivel de precios de largo plazo contra el nivel actual nos muestra la tasa de inflación subyacente de la economía. Por lo tanto, para terminar con la inflación no basta con trabajar sobre los flujos, sino que resulta fundamental recomponer el equilibrio de stocks (patrimonio del BC).

Dentro de este marco, en el caso del BCRA, sus activos se componen de reservas internacionales y títulos públicos emitidos por el gobierno nacional. En cuanto al pasivo, en el mismo se encuentra la base monetaria (circulante en poder del público y encajes de los bancos) y la deuda remunerada, que en su momento se llamaron Lebac, luego Leliq y después Pases. En este sentido, cuando suben los pasivos del Banco Central, ya sea por emisión de pesos contra títulos públicos que no tienen mercado, es decir, emisión espuria, o por el devengamiento de intereses de los pases, el patrimonio del Banco Central se deteriora aumentando la inflación presente y futura.

Desde esta perspectiva, es muy simple entender por qué desde la salida de la convertibilidad hemos venido soportando niveles de inflación crecientes hasta 2023. En primer lugar, por la estafa descomunal de la pesificación asimétrica, lo cual implicó que la política se robó US$14.000 millones que respaldaban la base monetaria en 2001; y que a dinero de hoy ajustado por la inflación americana serían US$30.000 millones. La segunda estafa fue el Fondo del Bicentenario, cuando por el capricho electoral de Cristina Kirchner se extrajeron del BCRA US$10.000 millones, que a dinero de hoy serían US$15.000 millones. Sin embargo, el saqueo de los políticos vía el Banco Central no se acaba con esas dos estafas monumentales, sino que a eso hay que sumar los US$25.000 millones de la venta de aire en el dólar futuro durante 2015 y los US$40.000 millones de las SIRA en 2023. Esto significa que, en los últimos 25 años, la política, mediante el BCRA, les robó a los argentinos US$110.000 millones. Por lo tanto, ante semejante destrucción del activo del BCRA, no debería sorprender el desastre inflacionario que hemos vivido en los últimos veinte años. Y, dado que el dólar es un precio más de la economía, es casi natural que se haya multiplicado por 1200 veces.

En función de todo esto, para terminar con la inflación de una vez por todas y para siempre, desde que asumimos el poder hemos trabajado en dos líneas simultáneas. Por un lado, cortamos el flujo de emisión de dinero. Esto se logró cortando de raíz tanto el déficit del Tesoro Nacional como el cuasifiscal del BCRA que se generaba por el devengamiento de intereses de los pasivos remunerados. Es por ello que la base monetaria amplia permanece constante desde mediados del año pasado. Esto es, la escala nominal de la economía está constante y la inflación que se observa obedece a los rezagos de la desastrosa política monetaria K y la eliminación del sobrante monetario no titulizado.

Por otro lado, se trabajó de modo activo en la regularización de los stocks, entre lo que se destaca un rate-off (reconocimiento de pérdida de valor) en títulos públicos por cerca de US$45.000 millones y de ir pasando deuda del BCRA al Tesoro, dado que el origen de dicha deuda yacía en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Es más, como parte de esta tarea el stock de deuda bruta consolidada cayó en US$20.000 millones. Sin embargo, aún falta un paso adicional y ahí es donde aparece el nuevo acuerdo con el FMI. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado.

A su vez, se podría objetar que, si bien la deuda bruta no sube, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación, lo cual no sólo es aberrante por su efecto negativo en el crecimiento, sino por cómo golpea sobre los segmentos más vulnerables de la población. También, se podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado, lo cual es falso porque la deuda bruta no sube. Y si así fuese, ante la necesidad de un mayor resultado fiscal el mismo lo alcanzaremos recortando el gasto. En definitiva, nada nos detendrá en nuestra tarea de exterminar la inflación y hacer grande a la Argentina nuevamente. (DIB)

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La CGT apuesta a movilizar unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo y refuerza su operativo de seguridad

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La CGT ajusta los detalles organizativos de la movilización de este jueves contra la reforma laboral del Gobierno: los sindicalistas creen que podrán llevar a unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero el desafío que se plantean además es cómo evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

Aunque se terminará de resolver este miércoles, lo más probable es que se lea un documento muy crítico de la administración libertaria ante los manifestantes y que cada cotitular de la CGT hable unos 5 minutos.

La dirigencia cegetista quedó muy preocupada luego de que la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fue vandalizada este lunes, en un episodio al que la central obrera vinculó con una supuesta señal intimidatoria dirigida a todo el sindicalismo, en un contexto de creciente tensión por la reforma laboral.

El líder del SEIVARA es Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), por lo que el ataque contra las oficinas del sindicato, en la avenida Juan de Garay 371, en CABA, puso en alerta a todos los dirigentes ante la posibilidad de que se produzca una escalada de episodios similares contra otros gremios.

En el sindicato de Jerónimo, los atacantes rompieron muebles y documentación, en particular de su oficina, y se llevaron 3 discos rígidos de computadoras.

Ese episodio hizo que los sindicalistas decidieran reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y tratar de detectar a tiempo si hay infiltrados que causen disturbios para dejar asociada a la CGT con la violencia.

También existe temor de que haya enfrentamientos de las columnas de los sindicatos con las agrupaciones de izquierda, que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

En la CGT creen que podría haber funcionarios detrás del ataque contra el sindicato de Jerónimo, aunque no están seguros de que hayan estado involucrados agentes de la SIDE porque está bajo el control del asesor presidencial Santiago Caputo, de buena relación con los sindicalistas.

Los mismos recaudos de seguridad se tomarán en el interior del país ya que habrá movilizaciones de la CGT contra la reforma laboral en todas las provincias.

En los últimos días, el triunvirato de la CGT mantuvo reuniones con diputados nacionales de Unión por la Patria y con intendentes bonaerenses del PJ para coordinar acciones en contra de la reforma laboral y su presencia en la movilización hacia la Plaza de Mayo.

En el primer caso, las autoridades cegetistas recibieron en la sede de Azopardo 802 a los diputados de Primero la Patria que integran el bloque de Unión por la Patria: Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad. Allí hablaron sobre una estrategia común contra una reforma laboral que “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”.

Los diputados, según trascendió, advirtieron que la iniciativa oficial no sólo no generará empleo genuino, sino que implica “un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva”. A su vez, los dirigentes gremiales destacaron que el proyecto impulsado por el Gobierno “apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”.

Allí se acordó avanzar en una articulación política y parlamentaria con la CGT para frenar la reforma laboral y defender “un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos”.

Este lunes, por otra parte, el triunvirato de la CGT y su secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), también estuvieron con intendentes del PJ para coordinar acciones vinculadas con la movilización a Plaza de Mayo.

Los intendentes que asistieron fueron Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Fernando Raitelli (Brandsen), Juan Mancini (Suipacha), Federico Achával(Pilar), Julián Álvarez (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham).

“Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18 para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso“, dijo Mayra Mendoza al finalizar la reunión.

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Congreso intenso: aceleración violeta con el Presupuesto, señales contradictorias y dudas de arrastre con la reforma laboral

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La ambición oficialista por asegurarse un primer éxito poselectoral en el Congreso, con la sanción del Presupuesto 2026, colocó a media docena de gobernadores aliados en una situación al menos incómoda. Se trata de la presión para acompañar la derogación de leyes sobre temas sensibles -emergencia en discapacidad y financiamiento universitario- que fueron votadas por sus legisladores este mismo año, a contramano de Olivos. De golpe, quedó encendida para ellos la luz amarilla de la contradicción, en el marco -también como señal fuerte- del reparto de fondos y promesas desde el Gobierno para sellar el pacto legislativo.

La enorme movida puesta en marcha después del reacomodamiento inicial del gabinete –con Diego Santilli como principal operador para negociar con los gobernadores- hizo posible el primer paso efectivo en Diputados. El bloque violeta, junto a aliados, logró dictamen para el Presupuesto, pero con disidencias. Por eso mismo, las tratativas se prolongaron después de la reunión de comisión. Y como dato mayor, apareció la promesa de cumplir con el envío a la Ciudad de Buenos Aires de los fondos podados en la última etapa K. La intención es obvia: que eso afirme el voto en bloque del PRO. Este miércoles será la prueba del recinto.

En la misma línea, frente a los acompañamientos condicionados, fueron añadidos otros mensajes. Se hizo circular que el Gobierno giraría una partida extra a las universidades. También, que haría un recálculo de subsidios en el área de discapacidad. No parecieron propuestas muy sólidas. Los recelos son tantos -por incumplimientos previos y por el papel de última palabra que se le concede a Luis Caputo– que hasta fue tomado con cautela el párrafo que debería ser incluido ahora en el Presupuesto para atender el reclamo porteño por los fondos de coparticipación adeudados.

Desde mediados de la semana pasada, el Gobierno comenzó a dar pruebas concretas de voluntad para hacer efectivos los tratos políticos. “Están cumpliendo”, resumieron cerca de varios gobernadores acuerdistas. El resumen es elocuente: reactivación del reparto de ATN, después de meses de congelamiento o escasas transferencias; atención de pedidos específicos de provincias o regiones, reanimación de compromisos incumplidos sobre obra pública.

Los apoyos para el dictamen sobre Presupuesto y los votos prometidos para coronar el tema en el recinto exponen el juego de gobernadores que cuentan con legisladores disciplinados. El reciente reparto de ATN es expresivo: la lista, ordenada por cifras, es integrada por Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua, en base al esquema de Carlos Rovira), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz). El impulso a la discusión de la ley de Glaciares, o el traspaso de alguna empresa -como el Yacimiento Aguas de Dionisio- y la reactivación de obra pública son gestos hacia socios, como ocurre con mendocinos, entrerrianos y chaqueños.

Afuera, desde el primer día poselectoral, quedaron los jefes provinciales más alineados con UxP. Otros motivos -en especial, la decisión de construir un perfil diferenciado frente al juego del mileismo y la elección de la contraparte K- provocaron tensiones con Provincias Unidas y un par de provinciales.

El tejido de acuerdos proyecta para el oficialismo una votación favorable del Presupuesto. El número asomaba por encima del quórum desde la semana pasada en el punteo de la presidencia de la Cámara, pero en las últimas horas la inquietud se focalizó en el tratamiento en particular. Lo dicho: el artículo que establece la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, aprobadas por mayorías muy amplias.

Aquellas votaciones se produjeron en meses que marcaban para el Gobierno una serie de derrotas legislativas. Pero a diferencia de iniciativas estrictamente vinculadas a reclamos y cuentas de las provincias en materia de coparticipación, se trató de temas de impacto social, sobre todo discapacidad y la situación del Garrahan. Las votaciones fueron contundentes y provocaron vetos presidenciales e insistencias del Congreso. El dato significativo, proyectado al actual tablero, es que el aval incluyó a diputados tucumanos, mendocinos, misioneros, catamarqueños, salteños y entrerrianos que responden a sus jefes provinciales.

Con todo, el principal interrogante hace a los alcances de los compromisos políticos más allá del Presupuesto. La prueba en paralelo remite al Senado, es decir, a la reforma laboral. La intención violeta -según transmite la jefatura del bloque, a cargo de Patricia Bullrich– es darle un trámite muy veloz, que le permita lograr dictamen el viernes. La comisión debe reunirse este miércoles y cumplir con la presentación formal de invitados: funcionarios, empresarios y jefes sindicales. La ex ministro plantea como objetivo votar en el recinto el viernes posterior a Navidad, junto con el Presupuesto.

El interrogante de arrastre tiene que ver con el recorrido previo del proyecto. Existían negociaciones reservadas y no tanto con gobernadores y algunos integrantes de la CGT, con la intención de garantizar apoyo de provincias, a pesar de las inquietudes por cierto costo en materia de recaudación, y lograr una protesta contenida en el frente sindical. Esa vía quedó dañada porque, dicho linealmente, se impuso el criterio de Federico Sturzenegger, por encima del “ala política”, que esta vez incluía criterios similares de Karina Milei y Santiago Caputo, en medio de otras tensiones y reparto de áreas de gestión.

Expertos en la materia que son críticos del proyecto dicen que el texto fue elaborado básicamente por abogados vinculados al mundo empresarial, sin profundidad en el tema. Y más allá de cuestionamientos de fondo, advierten algo que ya se señalaba en medios legislativos: el riesgo de judicialización de puntos como el desarmado de la Justicia Nacional del Trabajo -que supera las conversaciones sobre el traspaso al ámbito porteño-, el amplio alcance del concepto de “servicio esencial” en caso de huelgas y el Fondo de Asistencia Laboral -para indemnizaciones- que sería integrado por las empresas descontando el 3% del aporte al sistema de seguridad previsional.

¿Hay margen de negociación? Una mirada apunta a “borradores” conversados con algunos mandatarios y sindicalistas. Al revés, otros señalan la foto de Javier Milei firmando el proyecto como señal de cerrazón. Arrancan las extraordinarias.

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Magario no asumirá su banca como diputada provincial y seguirá como vicegobernadora

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Finalmente, en el marco de la discusión interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que tiene sobre la mesa la línea de sucesión del Poder Ejecutivo provincial, la vicegobernadora Verónica Magario definió que no asumirá a su banca como diputada provincial a la que accedió luego de encabezar la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

La decisión llegó en un momento de tensión que se vive en el Senado provincial, en donde el kirchnerismo le viene reclamando una sesión extraordinaria para tratar dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que pierden estado parlamentario de no tratarse antes de fin de año y, sobre todo, la presión por definir las vicepresidencias en la Cámara alta; negociación en la que Cristina Kirchner propone al intendente de José C. Paz, Mario Ishii para ocupar ese sillón estratégico, tanto en la administración de la Cámara alta, como en la línea sucesoria del Gobierno provincial. Detrás del gobernador y la vicegobernadora, continúa el vicepresidente 1° del Senado.

Este martes por la tarde, en la antesala de la sesión en la Cámara de Diputados, Magario presentó la renuncia a su banca electiva, a la que nunca juró. Lo hizo mediante nota a la presidencia. Así, bloqueó la posibilidad de que una vez jurada su banca como diputada no le voten la licencia para que regrese al Senado; lo que era una de las hipótesis que manejaban en el axelismo como parte de la discusión interna en la que se encuentra enfrascada el peronismo.

En su lugar asumirá Silvina Nardini. Se trata de una concejal del municipio de Ensenada y que responde políticamente a su intendente, Mario Secco. De esta forma, Kicillof no pierde presencia dentro del bloque peronista, aunque los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, siguen siendo “minoría” en la bancada oficialista.

“Por mis hijos, por el pueblo de Ensenada y por el mejor intendente de su historia, Mario Secco; por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por la educación pública. Con Hebe como bandera, por los 30 mil y por la lucha de lucha irrenunciable la igualdad de oportunidades y la justicia social; sí juro”, fue la jura de la sucesora de Magario. En uno de los palcos aplaudían el intendente de Ensenada, Mario Secco y la exdiputada provincial, Susana González, que en los próximos días llegará a la presidencia del consorcio del Puerto La Plata.

La renuncia de Magario fue leída en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, destacando que el reemplazo de la diputada electa será de carácter definitivo.

Así, la candidatura de Magario fue de carácter testimonial. Mismo camino que adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien también fue electo legislador en las últimas elecciones por ir en la lista de Fuerza Patria por la Primera sección electoral. Fue electo senador, juró a su banca y seguidamente pidió licencia para continuar en el gabinete bonaerense, por pedido y decisión de Kicillof.

En la sesión de este martes también se votó la licencia extraordinaria del diputado kicillofista, Gustavo Pulti; quien regresó a Mar del Plata para convertirse en concejal; mientras se aguarda quien asumirá como presidente del puerto de la ciudad balnearia. Pulti es uno de los que suena para ese cargo.

En el lugar de Pulti, asumió el camporista José Ignacio Rossi, quien desempeña funciones dentro del Instituto Cultural como vicepresidente del organismo que conduce Florencia Saintout. Rossi sí juró su banca; lo hizo “por una democracia verdadera con Cristina libre”. Por el momento no hay certezas de si luego pedirá licencia a su banca para seguir en tareas ejecutivas.

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