El Gobierno de Axel Kicillof desplazó a 24 oficiales de la Policía Bonaerense acusados de realizar una conspiración contra la fuerza junto al excomisario Maximiliano Bondarenko.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien dijo que la investigación interna partió de una denuncia anónima que “daba cuenta de una confabulación de 24 policías” que “utilizaban las oficinas y los instrumentos del Estado para brindar apoyo al candidato Bondarenko”, exintegrante de la fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Sin embargo, aclaró que la decisión “nada tiene que ver con que esta persona sea candidato de La Libertad Avanza” para las elecciones del 7 de septiembre.

Según el ministro, este grupo de policías buscó conspirar contra la fuerza, y dijo que hay evidencia que demuestra que buscaban intervenir la Bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” para quedarse con puestos claves. Están involucrados en la maniobra oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la fuerza e integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. A Asuntos Internos le había llegado chats de grupos de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

En declaraciones a Radio 10, Alonso detalló que el grupo, en el que figuraría también Bondarenko en su calidad de policía retirado, habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar la candidatura y, “fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”.

El funcionario informó que se realizaron auditorías preventivas en las dos dependencias policiales principales, y tras revisar equipos informáticos se halló “documentación que dieron cuenta de que era cierto”. Como resultado, se ordenó la desafectación de los responsables y se inició la investigación correspondiente.

Alonso indicó que el accionar de los oficiales constituye “una falta grave al reglamento orgánico de la Policía”, y subrayó que los imputados proyectaban “una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional y medidas urgentes de tipo intervencionista que, entre otras cosas, incluía el pase a retiro obligatorio de un montón de jefes para que ellos quedaran al frente de las áreas claves”.

Con una trayectoria política que incluye su paso por diversos espacios como el de Facundo Manes y el de Emilio Monzó, Bondarenko está a la cabeza de lista de la Tercera sección electoral por La Libertad Avanza. (DIB)

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó este jueves un video en su cuenta de Instagram en el que se escucha un audio de Cristina Fernández de Kirchner, quien saludó a la militancia reunida en un plenario peronista en ese distrito del conurbano bonaerense.

“Compañeros, compañeras, acá me dijo Mayra recién que están en un plenario. Corresponde a los militantes, ¿no? Claro. Organizándose para salir a militar las calles por el peronismo”, expresó la expresidenta, en un mensaje cargado de respaldo político.

Luego, llamó a profundizar el trabajo territorial y cuestionó con dureza al oficialismo: “Mucha fuerza, mucha potencia, porque se necesita para que estos tipos que se están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas”.

Cristina cerró con un mensaje emotivo a la militancia: “Un abrazo grande y a militar como siempre lo hacemos: de corazón, con la cabeza, con el corazón y con mucho amor también. Y con el coraje, el coraje que siempre lo hacemos, ¿sí?”.

El video fue grabado durante una jornada de organización política encabezada por Mendoza, con presencia de distintas agrupaciones del peronismo local, de cara a la campaña rumbo a las elecciones de octubre.

El bloque de diputados de Unión por la Patria rechazó hoy el decreto de privatización de la empresa de servicios públicos de provisión de agua potable (AYSA) dispuesta por el Gobierno Nacional, ya que sostuvo que esa medida está en contra del Convenio tripartito firmado entre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación,  y “0busca orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial”.

La postura de UxP está plasmada en un proyectado de declaración diseñado por las legisladores Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, y respaldado por el jefe del bloque, Germán Martínez, y una veintena de diputados, entre los que figuran Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés,  Leandro Santoro, Paula Penacca, Carlos Castagneto,  Roxana Monzón, Marcela Passo y Ramiro Gutiérrez, entre otros.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 494/2025,  el Gobierno autorizó el procedimiento “para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa”.

En los fundamentos del proyecto, UxP señaló que el Gobierno modificó por  DNU “sustancialmente” el marco legal con el objetivo de “habilitar la privatización de la concesionaria estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., alterando disposiciones clave del Decreto 304/2006 –ratificado por la Ley 26.100– que hasta ahora garantizaban un capital mayoritariamente estatal e intransferible”.

“Este decreto, lejos de reunir los presupuestos constitucionales que habilitan el dictado de normas por fuera del trámite legislativo ordinario, constituye un fraude a la ley suprema. No contiene ninguna circunstancia excepcional ni sobreviniente que abastezca el requisito de necesidad, y mucho menos puede alegarse una situación de urgencia que impida el normal funcionamiento del Congreso de la Nación”, señaló.

Destacó que “se trata, por el contrario, de una modificación estructural del régimen legal vigente, orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento, sin habilitación del Parlamento y sin participación democrática alguna”.

Dijo que el “el verdadero objeto del DNU es habilitar la enajenación de las acciones en manos del Estado Nacional (ENA), lo que produce un doble efecto de altísima gravedad institucional: por un lado, facilita la transferencia de una empresa estratégica a intereses extranjeros, y por el otro, busca hacerse de recursos de corto plazo para sostener políticas  fiscales y cambiarias regresivas, como la provisión de un dólar barato para sectores concentrados”.

“El fraude en los fundamentos del decreto se hace evidente: no hay una sola justificación vinculada con la mejora del servicio de agua y saneamiento, sino únicamente una necesidad financiera y un alineamiento con intereses de privatización sin debate parlamentario, en contraposición directa con el modelo legal vigente y con la finalidad de los convenios tripartitos que dieron origen a AySA S.A”, añadió.

En ese sentido, la bancada de UxP expresó que “la medida resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria, sin garantizar que las tarifas sean justas y razonables, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

En los fundamentos, los diputados peronistas también advierten que ese DNU “representa un atropello institucional de extrema gravedad, en tanto implica la revocación unilateral del Convenio Tripartito celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convenio que fuera expresamente ratificado por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.221”.