El presidente Javier Milei volvió a tensionar la relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al exigirle que renuncie para permitir la intervención federal del distrito. El pedido se dio en el marco de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata durante un robo.

La solicitud del mandatario nacional reavivó el debate sobre la intervención federal de una provincia, una medida extrema contemplada en la Constitución Nacional.

¿Qué es la intervención federal de una provincia?

La intervención federal es una herramienta constitucional que permite al Gobierno nacional asumir el control de una provincia en situaciones extraordinarias. Aunque es una medida extrema, la Constitución Argentina prevé su aplicación en casos específicos, con el objetivo de preservar el orden institucional y la estabilidad del país.

Qué dice la Constitución sobre la intervención federal

La Constitución Nacional, en su artículo 6°, establece que el Gobierno federal puede intervenir una provincia cuando sea necesario para:

Garantizar la forma republicana de gobierno.

Repeler invasiones exteriores.

Restablecer autoridades legítimas en caso de sedición o invasión de otra provincia.

En estos escenarios, el Gobierno nacional puede reemplazar temporalmente a las autoridades locales mediante un interventor, designado para restablecer el orden.

¿Quién decide la intervención federal de una provincia?

La intervención federal no puede ser decretada unilateralmente por el Presidente. De acuerdo con el artículo 75, inciso 31, la facultad de intervenir una provincia o la Ciudad de Buenos Aires corresponde al Congreso Nacional.

Sin embargo, en casos urgentes, el Presidente puede disponer la intervención durante el receso del Congreso, aunque la medida deberá ser aprobada o revocada posteriormente por el Poder Legislativo.

Casos históricos de intervención federal en Argentina

A lo largo de la historia, Argentina ha registrado más de 170 intervenciones federales entre 1853 y 1976. Muchas de ellas fueron utilizadas con fines políticos, lo que generó debates sobre su abuso como herramienta de control por parte del Gobierno central.

Entre los casos más recordados se encuentran:

Intervención a la provincia de Buenos Aires (1930): Tras el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el gobierno de facto intervino Buenos Aires y otras provincias para consolidar su poder.

Intervención a Santiago del Estero (2004): El Congreso aprobó la medida para destituir al gobernador Carlos Juárez, acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Intervención a Tucumán (1976): Durante la dictadura militar, la provincia fue intervenida en el marco del Operativo Independencia, que buscaba erradicar la guerrilla en la región.

¿Puede aplicarse la intervención federal por problemas de inseguridad?

La inseguridad es un problema grave en muchas provincias, pero no es una causal prevista explícitamente en la Constitución para justificar una intervención federal. Para que una provincia sea intervenida por cuestiones de seguridad, el Gobierno nacional debería argumentar que se está afectando la forma republicana de gobierno o que existe un vacío de poder.

Además, cualquier intervención debería ser aprobada por el Congreso, lo que implica que no puede ser utilizada discrecionalmente por el Ejecutivo.

Una herramienta constitucional de uso excepcional

La intervención federal en Argentina es un mecanismo de última instancia diseñado para garantizar el orden institucional y el respeto a la Constitución. Si bien ha sido utilizada en varias oportunidades a lo largo de la historia, su aplicación está sujeta a límites legales y control político, para evitar que se convierta en una herramienta de abuso por parte del Gobierno central.

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó de “desesperado” el pedido de renuncia formulado por el presidente Javier Milei contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en ese distrito, y respaldó al mandatario provincial en su disputa con el gobierno nacional.

“Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”, expresó Massa desde sus redes sociales.

El ex candidato presidencial del peronismo sostuvo que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias”, por lo que “la propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa del New York Times, no es una respuesta a las víctimas de inseguridad”.

Y añadió: “Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Por eso, le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen a Kicillof en su respuesta.  

Milei le exigió este viernes Kicillof que renuncie a su cargo para permitir una intervención nacional, después del crimen de la niña Kim Gómez en La Plata, a lo que el gobernador bonaerense responderá por la tarde en una conferencia de prensa.

En medio de la polémica por los dichos Javier Milei, quien le pidió la renuncia a Axel Kicillof y así intervenir la provincia de Buenos Aires por una serie de hechos de inseguridad, desde la Unión Cívica Radical (UCR) en sus diversas variantes internas, cuestionaron esa propuesta y le reclamaron al presidente que respete la Constitución.

Uno de los dirigentes que se expresó fue el senador nacional Maximiliano Abad, quien dijo que “los problemas de seguridad de los bonaerenses necesitan respuestas urgentes” pero pidió al mandatario nacional respeto por las instituciones. “Presidente Milei respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición”, escribió en la red social X.

Además, le pidió a Kicillof que acepte la ayuda federal ya que la inseguridad es un problema gravísimo. “Pónganse a trabajar de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia. Tenemos un ejemplo cercano de coordinación en seguridad: la provincia de Santa Fe. Ése es el camino”, señaló Abad.

Justo ese último punto también lo marcó el senador nacional radical Martín Lousteau, y marcó una diferencia en el tratamiento que hace Milei con Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.”¿En qué se diferencia un santafesino y un bonaerense? ¿Por qué el Gobierno en un caso dice que colabora y en otro le dice al gobernador que se vaya?”, indicó, y luego pidió “estar alerta” porque el país atraviesa “una degradación democrática muy rápida”.

Y cuestionó la idea de intervención.  “Otra vez el presidente ignora la Constitución, o no la conoce o no le importa nada. ¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo. Es claramente inconstitucional”, planteó Lousteau.

Finalmente, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, recordó que la intervención federal es un mecanismo excepcional previsto por la Constitución en su artículo 6 y es una atribución del Congreso de la Nación. “De ningún modo hay causales para intervenir la Provincia de Buenos Aires. Sería una violación inadmisible a la autonomía. El gobernador fue electo por el pueblo, al igual que el Presidente, y atacar esa autoridad, amenazarla o desestabilizarla no va a encontrar acompañamiento de nuestra parte”, señaló en la red social X. Y pidió, en sintonía con otros dirigentes, “coordinar esfuerzos para combatir la inseguridad, sin mezquindades y con grandeza”.

En tanto, desde el bloque de diputados de Acuerdo Cívico UCR +GEN, que comanda el tandilense Matías Civale, calificaron de avasallamiento del gobierno nacional” el planteo de Milei. En un comunicado, desde ese bloque reafirmaron “la defensa del acuerdo democrático y expresaron su preocupación ante los intentos de correr permanentemente los límites de los consensos institucionales”.

EL Acuerdo Cívico UCR + GEN alertó sobre la actitud del Presidente de “correr los límites de los consensos, lo que afecta la estabilidad institucional y el respeto a las reglas de juego democráticas”. Al mismo tiempo, reivindicaron “La voluntad popular de los bonaerenses, que hace un año y medio se expresó de manera clara en las urnas”, cuando eligieron Gobernador a Kicillof.

Además, los legisladores consideran “fundamental dejar de lado la violencia verbal en el debate público” y pidieron al gobernador y al Presidente enfocarse en combatir la violencia real que afecta a la sociedad. (DIB)