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Negocio millonario en PAMI: un empresario con pasado polémico se lleva $2.300.000.000 en alquileres

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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) adjudicó un contrato de alquiler por un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por un monto de $65.000.000 mensuales, con una comisión inmobiliaria de $46.800.000, en un proceso en el que solo hubo un oferente.

Según el expediente Nº EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI#INSSJP, el organismo decidió relocalizar las oficinas administrativas del “PAMI Escucha y Responde” debido a deficiencias edilicias en las instalaciones actuales ubicadas en la calle Paraná 468. El contrato de locación de ese inmueble había vencido en noviembre de 2023 y se prorrogó por seis meses hasta encontrar una nueva ubicación.

El nuevo edificio alquilado está ubicado en Bartolomé Mitre 402/430 y pertenece a la empresa Inversora Eslava S.A. El contrato es por 36 meses, con una actualización semestral del canon locativo. A pesar de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado ofreció oficinas disponibles, estas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos técnicos.

El contrato de alquiler de $65.000.000 mensuales, equivalente a aproximadamente US$52.845, fue pactado por un período de 36 meses, lo que representa un total de $2.340.000.000. Al tipo de cambio actual, esta cifra equivale a casi US$1.902.439.

El PAMI está pagando 65 millones de pesos mensuales por el alquiler del 5° piso, mientras que en el mismo edificio, Toribio Achával ofrece el 7° piso por USD 33.800 y en Argenprop se puede alquilar el 3° piso completo, con 1700 m² y cocheras, por solo USD 18.000. Esto significa que los afiliados al PAMI están pagando entre el doble y el triple que otros locatarios. Además, el organismo autorizó hasta mil millones de pesos en refacciones para adecuar el inmueble, que, a cuatro meses del inicio del contrato, sigue en obras, según reveló la investigación de El Disenso.

El informe de la Subgerencia de Recursos Físicos del PAMI señaló que el costo del acondicionamiento del nuevo inmueble oscila entre $133.555.680 y $1.003.337.046, dependiendo del nivel de intervención necesario. Según la valuación oficial, el precio de alquiler pactado es un 15,63% superior al estimado por los técnicos del organismo.

La compulsa abreviada Nº 500/24 se realizó el 29 de julio de 2024, con una única oferta presentada por Marcelo Adolfo Pocovi en representación de Inversora Eslava S.A. La firma inmobiliaria encargada de la operación, Miriam Campos S.A., recibirá honorarios por $46.800.000.

La adjudicación de dicho contrato generó críticas debido al elevado monto destinado a un alquiler sin atención al público y a la falta de competencia en el proceso de selección. Desde el organismo aún no han dado declaraciones sobre la contratación.

Un enfrentamiento previo entre Pocovi y la gestión Macri

Este no es el primer conflicto en el que se ve involucrado Marcelo Pocovi. En 2019, el empresario mantuvo una disputa con el gobierno de Mauricio Macri por una deuda millonaria de alquiler de otro inmueble utilizado por el Estado.

El edificio en cuestión, ubicado en Adolfo Alsina al 600, era utilizado por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Según Pocovi, el contrato de alquiler con su empresa KABNER S.A. venció el 31 de octubre de 2018, pero la Secretaría de Trabajo continuó ocupándolo sin pagar el alquiler, generando una deuda de más de $25 millones. “Con la gestión anterior no tuvimos inconvenientes, incluso nos pagaban contratos por adelantado”, afirmó Kevin Pocovi, hijo del empresario.

Marcelo Pocovi expresó que el problema comenzó con la administración de Macri y que, pese a sus reclamos ante el Ministerio de Producción y Trabajo, no obtuvo respuestas. En febrero de 2019, envió una carta documento advirtiendo que haría pública la falta de pago, mientras que en mayo de ese año su hermano y apoderado del inmueble, Jorge Alberto Pocovi, intimó al SECLO a desalojar la propiedad.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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