El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un acto en Suipacha, donde entregó 54 títulos de propiedad gratuitos en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Juan Luis Mancini, el mandatario destacó la importancia de la intervención estatal para garantizar derechos esenciales.
“Las escrituras, la ambulancia que ponemos en funcionamiento y todas las políticas públicas que estamos desarrollando en Suipacha no tienen que ver con un modelo teórico o una discusión ideológica, sino con la comprensión de la realidad de nuestra provincia”, expresó Kicillof, remarcando la necesidad de un Estado activo en la vida de los bonaerenses. En esa línea, agregó: “Vamos a seguir recorriendo los 135 distritos para dar respuesta a las necesidades de un pueblo que no nos pide menos, sino más Estado”.
La importancia de un Estado presente
Durante la jornada, el Gobernador destacó que la entrega de escrituras es una acción que, en el ámbito privado, implica altos costos que muchos ciudadanos no pueden afrontar. “Estas escrituras que entregamos se pueden obtener en el ámbito privado con gestores y escribanías, pero son tan costosas que la mayoría de los bonaerenses no tienen la posibilidad de acceder a ellas”, afirmó. “Entonces no se trata de enfrentarse al mercado, sino de fortalecer la presencia de un Estado que trabaja para disminuir las desigualdades”, remarcó.
Además de la entrega de títulos de propiedad, Kicillof puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para el sistema de emergencias local y recorrió la nueva sala de monitoreo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso. En este contexto, el intendente Juan Luis Mancini resaltó: “La batería de derechos que garantizamos hoy en Suipacha es consecuencia del impulso y el acompañamiento del Gobierno provincial en nuestro municipio”.
Más equipamiento y convenios para el desarrollo local
Junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, se entregó un camión de caja abierta para la gestión de residuos y 50 bicicletas comunitarias para fomentar el turismo sustentable. También se firmaron convenios para la construcción de una plaza y el cerramiento del vivero municipal. Por otro lado, con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se entregaron máquinas de coser para emprendimientos y se suscribieron acuerdos de microcréditos destinados a mejoras habitacionales y proyectos de la economía social.
La jornada incluyó además la inauguración de luminaria LED sobre la calle Fragata Sarmiento, adquirida a través del programa de Provincia Leasing, en un acto encabezado por Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Asimismo, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el gobernador recorrió la ampliación de la fábrica láctea Silvia SRL, que permitirá incorporar nuevas líneas de producción.
El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión en la Corte Suprema de Justicia frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia volvió a reclamar la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense.
Tras la audiencia, la segunda que reúne a ambas jurisdicciones, Kicillof confirmó un nuevo encuentro para el próximo 10 de junio donde, dijo, el Gobierno nacional “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.
“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó en la puerta del máximo tribunal.
En ese sentido, el mandatario contó que en esta oportunidad hubo un compromiso para una tercera audiencia en donde tiene que haber una propuesta concreta de la gestión libertaria sobre cuáles serían los montos concretos a transferir. Habrá que esperar entonces hasta el 10 de junio para ver qué solución encuentra esta problemática.
En esta audiencia, también estuvieron presentes Pablo López, ministro de Economía bonaerense; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el Nación participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de Anses.
Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos
El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.
En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
“El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones”, dijo Kicillof tras la audiencia y ejemplificó con el Presupuesto actual de provincia de Buenos Aires para que se tome dimensión del reclamo. “Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto“, cerró.
Por medio de un proyecto de resolución el concejal Daniel Medina propuso, desde Coronel Rosales, reactivar el Consorcio Intermunicipal para tratar temáticas de Transporte, Ambientales y de desarrollo económico, que fuera creado en el año 1995, en los gobiernos de Osvaldo Rigoni y Jaime Linares.
“Han pasado 30 años desde la celebración de dicho pacto, que hoy no se encuentra formalmente operativo. En el presente, la necesidad de recomponerlo es aún mayor. Tenemos en común un sistema de transporte cuyo control depende de decisiones provinciales cuando la realidad es regional. Lo mismo sucede en materia ambiental y de desarrollo. Ambos distritos han crecido exponencialmente y muchos de los reclamos comunitarios son compartidos. En materia de legislación creo que sería prudente comenzar a tener una mirada más regional que nos permita compatibilizar la situación de ambos distritos de cara al futuro”, afirmó Medina.
El concejal de Bien Común remarcó que los recientes aumentos en la 319 y la conectividad entre ambas ciudades, con miles de personas que se trasladan entre ambas urbes, deben ser un punto de encuentro para gestiones comunes compartidas desde el plano ejecutivo y legislativo y lograr una mayor fluidez en tal sentido.
“Hay aspectos ambientales como los controles de calidad del agua y el aire, y la situación del tratamiento de los residuos. Son tópicos que nos deben unir en estudios comunes y agendas conjuntas. Lo mismo sucede con la gestión del desarrollo y unificar esfuerzos en el impulso de la búsqueda de inversiones para la región. El crecimiento urbanístico es el principal fundamento para reactivar este consorcio y potenciar la vinculación comercial, industrial, la recuperación de la conectividad ferroviaria para pasajeros desde Bahía Blanca a Buenos Aires, entre otros muchos puntos de interés estratégico”, sostuvo.
También dijo que la iniciativa será tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante, en el marco de diferentes presentaciones sobre la situación del transporte que une las cabeceras de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
La crisis estructural que atraviesa el transporte público en Bahía Blanca tiene dos frentes de batalla. Uno es el económico, con discusiones constantes por las tarifas y los aportes económicos. El otro es el humano, y sucede en la vereda, como lo muestra la imagen tomada hoy por un vecino en la primera cuadra de la transitada calle Martiniano Rodríguez.
Un grupo de usuarios debió esperar amontonados en la parada donde frenan varias líneas, aguardando el arribo de una unidad, debido a un desperfecto mecánico en un colectivo de la empresa San Gabriel.
No se trata solo de un contratiempo; es el síntoma de un servicio que está al límite de sus posibilidades técnicas, con consecuencias directas en la calidad de vida de miles de bahienses que dependen del colectivo.
Laura, una de las pasajeras que debió esperar el recambio de la unidad mostró su enfado a La Nueva.: “Llevo media hora esperando y este colectivo solía pasar más rápidom, encima con el día cómo está. El servicio está cada día peor”.
El conflicto
El pasado viernes, las empresas San Gabriel y Rastreador Founier emitieron un comunicado indicando que la situación económica crítica que vive el sector obliga a tomar la decisión de interrumpir el servicio nocturno y reducir la frecuencia, saliendo por última vez de cabecera a las 20.30 y volviendo a activar el servicio a las 6.30 de la mañana.
Sin embargo, ayer por la tarde, por pedido del Municipio, ambas compañías volvieron a trabajar en sus horarios habituales. Desde la comuna se solicitó una prórroga a las empresaspara poder encontrar una solución al delicado conflicto que atraviesa el sistema de transporte en la ciudad.
“Al menos durante este martes también se va a funcionar con normalidad, a la espera de una respuesta”.
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