Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.

En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control, ANMAT, INAME y eventualmente el Ministerio de Salud de la Nación.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:

• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.”

• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.”

• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.

A medida que pasan los días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibe más presiones para dejar el cargo por parte de propios y ajenos, pero por el momento resiste los cuestionamientos mientras avanza la causa judicial en su contra y un sector del Gobierno intenta negociar con las provincias para evitar que prosperen en el Congreso los pedidos de interpelación y de moción de censura.

Mientras una parte del oficialismo le comenzó a reclamar al funcionario que dé un paso al costado para terminar con la polémica, otra se encuentra conversando con la oposición y, a partir de eso, pudo suspender una votación clave en el Senado.

En el segundo grupo está el ministro del Interior, Diego Santilli, que en las reuniones que viene teniendo en las últimas semanas con los mandatarios locales en la Casa Rosada les pide un respaldo que hasta ahora no tiene del todo garantizado.

El caso de Patricia Bullrich, la líder del bloque de La Libertad Avanza en ese recinto, es particular, ya que fue una de las integrantes de la cúpula mileísta más críticas de Adorni, pero al mismo tiempo trabajó intensamente para que el resto de los partidos no consiga, al menos por ahora, removerlo por la fuerza.

Durante todo el miércoles, la legisladora mantuvo encuentros con los referentes de los otros espacios con el objetivo de impedir que durante el debate del proyecto de propiedad privada, el peronismo obtenga el número necesario para tratar la interpelación del ex vocero.

“Hay gestiones en el Senado, con Patricia, y del ‘Colo’ con los gobernadores. Hay muchos que plantean que no es razonable la remoción sin un fallo judicial y tampoco quieren quedar votando con José Mayans y los kirchneristas”, sostuvo una fuente al tanto de la trastienda parlamentaria.

Finalmente, la sesión que estaba prevista para este jueves se cayó y no tiene fecha para su convocatoria, aunque ahora el conflicto se traslada a la Cámara de Diputados, donde hay otros proyectos similares en contra de Adorni.

Sin embargo, de acuerdo con lo que pudo relevar Infobae, en varias provincias hay un hartazgo de la discusión en torno al ministro coordinador, niegan que haya habido contactos por parte de la Nación para conversar sobre esta cuestión e incluso exigen que se tome una medida antes de que el Congreso lo haga por su cuenta.

Esta es una posición que también tienen algunas bancadas cercanas a la gestión libertaria, como el PRO y la UCR, que hasta públicamente le exigieron a Javier Milei que le pida la renuncia a su jefe de Gabinete para así anular la estrategia de la oposición.

“A mí nadie me pidió nada. Pero a los aliados nos cansa ya que no tomen decisiones sobre el tema este”, expresó a este medio, con cierta molestia, uno de los gobernadores que más suele apoyar la gestión libertaria.

Otro de los mandatarios, que no es tan afín a la actual administración nacional, aseguró que los senadores y diputados que le responden “analizarán la situación y tienen total libertad para decidir lo que crean más conveniente”.

“Yo me manejo siempre dentro de la institucionalidad y converso con la Nación lo que tenga que conversar para mi provincia, por más que tengamos diferencias políticas. Este es un tema que tendrán que resolver ellos y, en todo caso, si nuestros legisladores consideran que se tiene que avanzar o no con alguna medida, lo expresarán llegado el momento, pero también es parte del sistema democrático”, agregó.

En tanto, en el norte también niegan contactos con la Casa Rosada y remarcan que “no les hicieron ningún pedido puntual y mucho menos sobre la situación de Adorni”, que consideran que es ”problema exclusivo del Presidente, que es quien tiene que decidir qué hacer”.

En Balcarce 50, por su parte, insisten con que las críticas y reclamos de los otros espacios no los afecta, ni siquiera si provienen de aliados, y ratifican que es únicamente Milei “el que elige quiénes lo acompañan”.

En este marco, algunos de los funcionarios que antes respaldaban con mayor entusiasmo al jefe de Gabinete hoy ya se muestran más cautos. A pesar de que ya anunció que el 2 de julio irá al Senado a brindar su informe de gestión, todavía no empezó a prepararlo.

“No comenzó porque estamos en el plazo para que los senadores envíen las preguntas que quieren hacerle. Tienen 5 días hábiles para cumplir con eso”, precisó un miembro de su equipo.

Recientemente, la Justicia ordenó una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del funcionario y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene quedó en fila -más no en el acta de Labor, lo que deja dudas- la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.