La edil apuntó contra el jefe comunal por entender que amenazó a quienes vienen reclamando información sobre el destino de las donaciones que recibió la Municipalidad tras la inundación del 7 de marzo.
“Si él de alguna forma quiere amenazarnos o quiere hacernos sentir alguna emoción de este estilo, si piensa que nos va a dar miedo porque nos amenaza con que nos va a denunciar por exigir respuestas, que se quede tranquilo que no vamos a retroceder ni un paso; vamos a seguir en la misma línea en la que estamos, exigiendo la respuesta que la ciudad merece tener”, aseveró.
Insistió en que no hubo respuestas del Ejecutivo a los reiterados pedidos desde la oposición para conocer en detalle cómo se ejecutaron los más de $3.800 millones recaudados. Aclaró que algo similar ocurrió tras el temporal de viento de diciembre de 2023.
“Preguntamos todo, hicimos más de 20 pedidos de informes y ninguno respondieron. Y ayer salió medio a las apuradas a responder; evidentemente algún focus group de la campaña le debe haber dicho que los bahienses también opinan como la mayoría de los concejales de la oposición que somos los que estamos exigiendo esta información”, analizó.
La candidata a renovar su banca en el deliberativo en la lista de LLA- PRO enfatizó que la ciudadanía bahiense es la que quiere saber qué hizo el gobierno de Susbielles con los fondos que recibió por donaciones. “Nosotros tenemos que representar la voz de los bahienses, no inventamos estas dudas de qué se hizo con las donaciones”, remarcó.
En cuanto a que toda la información sobre las donaciones es pública, tal como volvió a plantear ayer el jefe comunal, Caputo dijo que está publicada en términos general, no en detalle.
“Sí hay cosas subidas en las páginas del Gobierno, pero son todos títulos. Nosotros preguntamos muchos detalles que ellos no respondieron. Y además están subiendo mucho más información ahora, no es que está subida desde abril”, lanzó.
Caputo reclamó que se implemente la ordenanza de veeduría ciudadana
Se trata de la iniciativa Veeduría Ciudadana que tiene como objetivo que las y los vecinos, por ejemplo, a través de instituciones barriales como Juntas Vecinales o Sociedades de Fomento, puedan ser veedores de las obras.
“Que puedan ser parte desde el inicio de la obra en cuanto a la información. Que puedan pedir, por ejemplo, datos de la licitación, el monto de la obra, los materiales, la fecha de inicio, etc”, resumió.
Si bien admitió que en muchos casos puede que la persona no tenga conocimiento específico sobre obras, sí puede estar informado y de esa manera ser parte del proceso.
“Que los vecinos también puedan, si consideran, pedir más información y que el Ejecutivo tenga la obligación de responder a las solicitudes. Es involucrarnos desde el momento cero hasta la finalización en todo lo que tiene que ver con el control y la transparencia de esa obra pública que desarrolla el Ejecutivo Municipal”, agregó.
La concejala exigió que la ordenanza se cumpla porque si bien fue aprobada por el deliberativo en abril pasado, el gobierno municipal aún no la reglamentó. “Está pasando con muchas ordenanzas. Lamentablemente cosas que se aprueban en el Concejo Deliberante, el Municipio de Bahía Blanca no ejecuta ni tiene en cuenta. Es como si fuese una caja vacía el Concejo Deliberante para el Ejecutivo”, concluyó.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.
En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.
Las dos razones del “sesgo” estadístico
Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:
Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.
El pedido de la UCA al Indec
Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.
El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.
El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.
“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.
En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.
Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.
Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.
De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.
El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.
Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.
El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.
La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.
Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchnerno deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.
El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.
Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.
Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)
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