Olivos quiere cerrar el año con un maratón legislativo que le permita coronar el Presupuesto 2026 y avanzar con la reforma laboral, tema que divide aguas en medios oficialistas sobre las chances reales. La ofensiva, que el lunes debería asegurar la integración de comisiones al menos en Diputados, va a exponer sin demoras los alcances y costos del pacto con gobernadores, el juego de internas y los riesgos que podría arrastrar el juego violeta, por falta de cálculo según algunos socios o, de acuerdo con los más críticos, por cerrazón política.
La negociación por el Presupuesto pareció enderezarse desde mediados de esta semana, lo que explicaría la demora inicial para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Quedó para el lunes y mostraría premiados y castigados desde la óptica ofcialista.
Según trascendió, no sería esa la única convocatoria para iniciar la semana, aunque sí la prioritaria para los planes del Gobierno. La hoja de la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, incluye la integración de otras comisiones atadas a las iniciativas oficiales: Legislación del Trabajo, a la espera de los pasos del Senado con la reforma laboral, y Recursos Naturales, por el sensible capítulo de la ley de Glaciares, además de Legislación general y Asuntos Constitucionales.
Es probable que una primera discusión en el ámbito de Diputados esté centrada en un tema que, de todos modos y para operadores con kilometraje legislativo, sería un hecho consumado: el reparto de asientos en las referidas comisiones, empezando por PyH, para asegurar socios y aliados. En medios opositores como Provincias Unidas y, por supuesto, en la franja dura del peronismo/K señalan que finalmente terminarían ganando lugar, por encima de su peso, espacios de gobernadores del PJ que fisuraron a UxP y algunos provinciales.
La ofensiva por el Presupuesto y los primeros movimientos por la reforma laboral están mostrando acuerdos que, como en la política tradicional, tienen contraprestación clara: la distribución de fondos manejados discrecionalmente por el poder central. También, y a pesar de los tiempos consumidos para elaborar los proyectos y encarar tratativas públicas y reservadas, problemas que podrían derivar en la Justicia -sobre todo, en el caso laboral- y pulseadas domésticas.
Las señales de cierre de trato con gobernadores no estuvieron dadas por nuevas negociaciones, sino más bien por respuestas a reclamos que anotó el Gobierno en la ronda de conversaciones de Diego Santilli con gobernadores. No incluye al menos por ahora a la totalidad de los gobernadores convocados por el Ejecutivo. Y se trata sin vueltas de demandas a cambio de votos en el recinto. “Están cumpliendo”, resumió en el cierre de la semana una fuente cercana a varios jefes de provincias, que apenas unos días antes definía como “lenta” a la reacción de la Casa Rosada. El filtro de Economía asomaba como el principal factor de duda sobre el resultado final de las tratativas.
La inusual atención a Tucumán con el giro de ATN asomó como un dato expreso, tosco, del tipo de convenio no escrito. Osvaldo Jaldo viene jugando como aliado de Olivos desde los primeros meses de esta gestión, tomó distancia en la etapa de ofensiva de LLA en su propio distrito -hasta rearmó alianzas locales rotas por su alineamiento nacional- y volvió a jugar como amigo después de octubre.
No es el único caso que exhibió el tipo de avance, con selección de casilleros. El catamarqueño Raúl Jalil es especialmente apreciado después de romper con UxP y favorecer la movida de LLA para convertirse en primera minoría de la Cámara baja. Eso fue reconocido como parte de la atención a sus reclamos. También hubo aportes claros por afuera del peronismo: se destacan los compromisos con los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los misioneros de Carlos Rovira. Algunos de ellos ganaron casilleros llamativos en Presupuesto y Hacienda, según el listado que trascendió anoche.
Las tratativas con aliados como el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio estaban prácticamente cerradas, pero faltaban las concreciones, como había ocurrido en otros momentos de la gestión mileista. En cambio, más fría venía la relación con Santa Fe y Córdoba. Tampoco asomaba un desenlace para las retomadas conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires, por la poda de coparticipación decidida por CFK y ejecutada por Alberto Fernández.
El oficialismo confía en tener número para acelerar el trámite del Presupuesto. La idea es integrar la comisión el lunes, emitir dictamen de inmediato y sesionar a mitad de semana. Si lo logra, pasaría al Senado, para que lo vote sin modificación alguna y lo transforme en ley. Eso requiere que el alcance del pacto con gobernadores y el aval disciplinado de socios sea repetido en la Cámara alta.
El Senado viene con su propia carga, es decir, la reforma laboral. Y el punto es otro, en forma de interrogante: ¿el acuerdo de ida y vuelta con jefes provinciales por el Presupuesto garantiza apoyo también en este caso? No estaría claro, entre otras razones porque algunos renglones del tramo tributario del texto podrían dañar los ingresos de los distritos por coparticipación. Para el Gobierno, es una cuestión más inquietante que la posibilidad de demandas judiciales por los artículos impositivos. Cree que eso no tiene destino práctico.
Más allá de ese punto en particular, desde pliegues del oficialismo trasciende cierto malestar por la falta de manejo en puntos sensibles para las provincias. No es fácil de sostener tampoco el punto vinculado con indemnizaciones, que puede afectar el sistema previsional. Y en rigor, la tensión tiene que ver con la velocidad que busca darle Patricia Bullrich, para afirmarse además como jefa política del oficialismo en el Senado. Eso explica las diferencias en la proyección sobre tiempos: desde el dictamen a la votación en el recinto antes de fin de año. Son pocos los días hábiles y suelen ser muchos los viajes de legisladores a sus provincias por las Fiestas.
El proyecto, por lo demás, generó posiciones encontradas sobre los puntos más sensibles para los jefes sindicales. Y hasta aportó un dato fuera de lo común en el círculo más cercano a Milei. Dicho linealmente, de un lado quedaron los “más políticos” –Karina Milei o su gente y Santiago Caputo– y del otro los más “técnicos”, empezando por Federico Sturzenegger. De todos modos, el cálculo de tiempos para acelerar el tema expone que la apuesta es al pacto político, sin consideraciones sobre convocatoria a los sectores involucrados: cegetistas, organizaciones empresariales, expertos en legislación del trabajo.
Fuera de agenda del oficialismo, surgió un mensaje inquietante para el Gobierno. La Asociación de Magistrados se pronunció contra artículos del proyecto que, sostiene sin vueltas, apuntarían a la “disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. ¿Impericia? Puede ser, pero antes parece un reflejo político de fondo, amortiguado por las necesidades de acuerdo y sostén político para los proyectos, como mensaje que supera las fronteras.
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