Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.

Entre los puntos clave de su gestión, el ex secretario había manifestado que se abocaría a “seguir expandiendo la agenda de la presidencia y ser un mero instrumento de ello”. Incluso, insistió en el valor de fortalecer los lazos entre el Gobierno y los diferentes cultos que conviven en el país.

“Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, sostuvo.

Al detallar sus objetivos internacionales, el flamante secretario de Culto y Civilización enfatizó: “Además de la responsabilidad de Culto, también mi trabajo será velar porque los principios e ideas de la presidencia se vean reflejados en los documentos internacionales”.

Tras subrayar que “Javier Milei ha sido claro en lo que piensa y hoy es un faro para el mundo libre”, había asentado: “Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que han sido muchas veces tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos, como por ejemplo la Agenda 2030, agenda que el Presidente ya ha dejado claro que no comparte”.

Las sesiones extraordinarias dejaron, además del tratamiento y sanción del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, una repartija de comisiones con un esquema muy similar al de 2023 en el Senado, en cuanto a una unión entre oficialismo y dialoguistas para relegar al interbloque kirchnerista. El cristinismo no envió a sus representantes y tiene un problema extra y delicado ahora: debe distribuir esos lugares con bancadas justicialistas que ya no respetan las órdenes que la expresidenta emite desde su prisión domiciliaria.

¿Cómo puede ser que, en dos años, ocurra exactamente lo mismo? ¿Nadie lo previó? ¿Qué se hizo para que fuera distinto?“, se lamentó ante Infobae un legislador justicialista. En tanto, desde otro despacho, reflexionaron: ”Encima, tenemos más bancadas dentro del interbloque y nos parte al medio decidir, ya que todas merecen participar en varias. ¿Van a hacer algo ordenado para resolver esto? Dudo“.

El 16 de diciembre último, el jefe del renovado espacio kirchnerista-peronista “Popular”, José Mayans, envió una misiva para quejarse por el accionar de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una muy buena relación. De hecho, la funcionaria viajó a Formosa y se mostró con el gobernador casi eterno, Gildo Insfrán. Fue en octubre, semanas antes de las elecciones, cuando la Casa Rosada hervía y las piñas opositoras en el Congreso no paraban de impactar en rostros oficialistas. Sin dudas, una excelente estrategia política y comunicacional.

Mayans afirmó en el escrito que “la Presidencia del Senado y distintos sectores políticos intentan generar, con un método ilegítimo, una mayoría artificial que facilite el tratamiento y aprobación de distintos proyecto de Ley”. Y añadió: “Se elude así, burdamente, una conformación proporcional”.

Horas antes del texto del formoseño, en una reunión de Labor Parlamentaria, La Libertad Avanza y fuerzas dialoguistas mostraron un conjunto de 44 senadores -en realidad, 43, ya que no había jurado aún el oficialista rionegrino Enzo Fullone– y con la venia de Villarruel se dispuso que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.

A partir de esto queda evidente que la vicepresidenta, cuando tuvo que moverse en el plano legislativo con el Gobierno, lo hizo. Esto también es innegable y, en su mayoría, fue gracias a su equipo parlamentario, que es serio y quedó en pie tras más de dos años de gestión y cambios de funcionarios en la Cámara alta de todo tipo. Más el aterrizaje de algunos fantasmas.

Mayans pretende que, en las de 17 miembros, al interbloque kirchnerista-peronista se le asignen siete butacas. Y, en las de 19, ocho. Para denostar a la mayoría obtenida el 16 de diciembre en la mencionada reunión de Labor Parlamentaria, el formoseño apuntó a que la suscripción del acta “carece de toda validez y efecto jurídico”, por no estar activada la “delegación de facultades” a Villarruel para integrar las comisiones.

El último punto es clave. Por ese motivo es que los más memoriosos del Congreso recuerdan con exactitud que, como titular del Senado y, durante el gobierno en el que secundó a su colega Alberto Fernández, Cristina Kirchner utilizó la delegación vigente de la macrista Gabriela Michetti.

Otros destacaron la idéntica repartija post elecciones de medio término en 2021, cuando la entonces oposición venció al kirchnerismo y subió su carga en la Cámara alta. Nadie se inmutó en aquella ocasión. Para este caso en particular, la facultad subsiste en dos aspectos: que no sea revocada, y si el delegatario continúa en sus funciones. Fin del asunto.

La puja que habrá por comisiones quizá no se sienta tanto en febrero, si es que el Gobierno vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Los focos se direccionarán hacia el período ordinario a iniciarse el 1 marzo. Al igual que durante el primer semestre de 2024, se convertirá en una olla a presión para el interbloque Popular.

Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.

¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.

Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.

La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.

El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.

Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:

1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.

2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.

4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.

5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.

6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.

7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores”.