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Para evitar paros, la Provincia aumenta un 10% el boleto de colectivos
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12 meses haceen
Por
Emilia Sabbatini
A partir de marzo, la Provincia de Buenos Aires implementará un aumento del 10% en el boleto de colectivos que circulan exclusivamente en territorio bonaerense, numerados del 200 en adelante. La medida busca aliviar la situación económica de las empresas de transporte, que en las últimas semanas intensificaron sus reclamos por deudas vinculadas a subsidios. Con este ajuste, el precio del pasaje mínimo pasará de $371,13 a $408,23, y desde abril se actualizará mensualmente por inflación más un 2% adicional en relación a la tarifa anterior.
La decisión de la administración de Axel Kicillof pretende evitar paros en el servicio de transporte público, garantizando mayores ingresos a las compañías de colectivos bonaerenses. La suba también impactará en la necesidad de fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y, eventualmente, de Nación, en caso de que se sumen al esquema de ajuste periódico.
La magnitud del incremento y el mecanismo de actualización mensual son idénticos a los que aplicará CABA en marzo para las 31 líneas bajo su jurisdicción. Además, en CABA se sumarán aumentos en subtes y peajes. No obstante, el Gobierno nacional aún no definió si implementará la misma medida en las 123 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que operan entre Ciudad y el conurbano bonaerense. Fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación anticiparon que no habrá subas en marzo para estas líneas, aunque en el sector se espera un ajuste similar para evitar tarifas diferenciadas en el AMBA.
Tarifa social y detalles de los boletos
En el ámbito bonaerense, el aumento del 10% regirá a partir del 1 de marzo y, en adelante, se ajustará mensualmente según el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC, sumando un 2% adicional en relación a la tarifa anterior. Los nuevos valores para el boleto mínimo serán los siguientes:
- 0-3 km: $408,24 con SUBE nominalizada / $649,11 con SUBE no nominalizada / $183,71 con atributo social.
- 3-6 km: $454,78 con SUBE nominalizada / $723,11 con SUBE no nominalizada / $204,65 con atributo social.
- 6-12 km: $489,82 con SUBE nominalizada / $778,81 con SUBE no nominalizada / $220,42 con atributo social.
- 12-27 km: $524,89 con SUBE nominalizada / $834,57 con SUBE no nominalizada / $236,20 con atributo social.
En CABA y las líneas del AMBA continuarán vigentes los descuentos por tarifa social y los beneficios de la Red SUBE para quienes realicen más de un viaje en menos de dos horas. Sin embargo, en las líneas exclusivamente bonaerenses no se aplicará este último descuento.
Más de 9.000 colectivos bonaerenses afectados
El ajuste tarifario impactará en las 377 empresas de colectivos que operan exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires, cuyos vehículos están numerados del 200 en adelante y, en algunos casos, por encima del 500 si están inscriptos en municipios. En total, se trata de más de 9.000 colectivos de los 18.500 que circulan en el AMBA. La actualización de tarifas permitirá un ahorro de $6.500 millones, aliviando parcialmente los subsidios que deben girar tanto la Provincia como CABA.
Líneas sin aumento en marzo
Por su parte, las líneas nacionales que operan en el AMBA, es decir, aquellas con una cabecera en CABA y otra en el conurbano, no sufrirán modificaciones en marzo. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
La expectativa del sector es que Nación aplique una medida similar en los próximos meses, ya que de otro modo se generarían diferencias tarifarias dentro del AMBA.
Fuente: Infocielo.
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Javier Milei fue invitado por Donald Trump a Washington para participar de una sesión de la Junta de la Paz que tratará la reconstrucción de Gaza
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6 min haceen
8 febrero, 2026Por
Mayra Pastor
(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei fue invitado por Donald Trump a participar en la primera sesión formal de la Junta de la Paz que tratará la reconstrucción de Gaza.
La Casa Rosada ya ha sido informada de la invitación cursada por el presidente de los Estados Unidos, y es muy probable que Milei participe de las deliberaciones que fueron convocadas para el 19 de febrero.
Además de Milei, Trump remitió invitaciones a otros 26 líderes mundiales que integran el board de la Junta. Si finalmente ratifica su presencia, Milei compartirá idéntico escenario con el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía, entre otros jefes de Estado.
Los países más poderosos de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido- rechazaron la creación de este organismo alegando que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.
Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel- aceptó integrar la Junta pese a la presencia de Turquía y Qatar, dos países que actúan en tándem para proteger a Hamas y condenar al gobierno de Jerusalén.
El 18 de febrero, Netanyahu tiene una cita con Trump en la Casa Blanca para tratar un eventual acuerdo con Irán. En Israel aseguraron a Infobae que “no habría que descartar” una reunión entre Milei y Netanyahu, si finalmente coinciden sus agendas en DC.
Los dos jefes de Estado fueron invitados a la reunión de la Junta de la Paz, que sesionará el 19 de febrero.
La invitación de Milei a la primera sesión de la Junta ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica que une a la Argentina con Estados Unidos.
En menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó el tratado bilateral de minerales críticos y el acuerdo comercial con la administración republicana. Y ahora se suma la posible visita de Milei en respuesta al gesto político de Trump.
El Presidente siempre ha defendido a Israel frente a las constantes críticas globales por su decisión de entrar a Gaza como consecuencia del ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023.
Esta línea de acción diplomática, reconocida por Trump y Netanyahu, decantó en la incorporación de la Argentina en la Junta de Paz.
El 19 de febrero, Trump iniciará una discusión a fondo para definir la hoja de ruta que permita reconstruir Gaza y terminar con las operaciones terroristas de Hamas.
El plan para Gaza que aprobó Trump es liderado por Jared Kushner –yerno del Presidente de Estados Unidos- y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.
Kushner y Witkoff negociaron con Israel y Qatar -representante de Hamas- un plan de paz de 20 puntos que iniciaba con la liberación de todos los rehenes secuestrados en la Franja -vivos y muertos-, y continuaba con la reconstrucción de Gaza.
El proyecto Kushner-Witkoff se articula en torno a cuatro ejes principales: transformación económica, reconstrucción por fases, gobernanza y seguridad. Todas las etapas serán supervisadas por la Junta de la Paz.
Entre las metas financieras, el plan aspira a elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de Gaza a más de USD10.000 millones y aumentar el ingreso promedio anual por hogar a USD13.000, en la próxima década.
Para lograrlo, la Junta estima una inversión inicial de USD25.000 millones destinados a infraestructura y servicios públicos modernos, así como la conversión de Gaza en un centro económico regional para el año 2035.
El proyecto para Gaza enfrenta ciertos obstáculos: la resistencia de Hamas a abandonar la Franja y el cuestionamiento de Israel respecto a la presencia de representantes de Turquía y Qatar en el subcomité de la Junta que controlará todas las etapas de la reconstrucción.
En la reunión que mantendrán en el Salón Oval, Trump intentará aplacar los reparos de Netanyahu, que considera a Turquía y Qatar sus principales enemigos en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos asume que el cónclave del 19 de febrero será exploratorio para acercar a las partes y avanzar en la hoja de ruta. Cada mandatario invitado fijará su posición sobre el tema, y al cierre habrá una declaración final.
El formato previsto se parecerá a una cumbre del G20, y es poco probable que Trump conceda entrevistas individuales a cada uno de los mandatarios invitados a la primera reunión formal de la Junta de la Paz.
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Milei se juega su mayor desafío político mientras la microeconomía gana la agenda
Publicado
16 min haceen
8 febrero, 2026Por
Mayra Pastor
Nadie lo echó. Se fue solo. Las diferencias las arrastraban hace más de un mes. Javier Milei temió una emboscada y no aceptó los cambios. Marco Lavagna ya no tenía nada más que hacer. Habló con el Presidente el domingo y el lunes renunció. Se resguardó en su casa, sin hacer declaraciones. Por ahora seguirá así, sin hablar. Pidió descansar un poco y esperar. A sus allegados les dijo que hizo su trabajo lo más seriamente posible y que pretendía pasar de etapa.
La abrupta salida de Lavagna del Indec dejó descontentos a todos los actores políticos y una mancha con expansión difícil de dimensionar aún en la reputación estadística del gobierno libertario. De alguna manera, esa sensación térmica del bolsillo, discutible siempre por carecer de datos, se terminó imponiendo al número oficial en la batalla pública.
Quienes conocen y ven al Presidente sostienen que lo ganó su impulso en el manejo de la situación. “Cuando se convence de algo, acelera”, lo describe un allegado. Hablan de una “emboscada” que nadie puede probar. La salida terminó concretándose en buenos términos, con Luis Caputo al mando de la comunicación. Sin eufemismos, el ministro de Economía contó su desacuerdo y el del Presidente con la metodología que hasta hacía días nada más defendían desde el Gobierno y confesó que decidieron no modificarlo para evitar que un sobresalto inflacionario arruinara el plan. Contó incluso que Lavagna lo llamó para salir a desmentir lo que se estaba diciendo, aunque en la intimidad, el ex funcionario se guardó.
La falta de actualización de la canasta de medición de precios reabre el debate respecto del resto de las estadísticas oficiales. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone la lupa en cuatro indicadores debatidos. Uno es el crecimiento exponencial del salario no registrado; otro, la medición de la pobreza, en la que la Canasta Básica Total subestima el peso de los servicios y el transporte; también quedaron bajo sospecha las estadísticas de turismo al discontinuarse la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera; y la actividad económica (EMAE), a partir de que en septiembre de 2025 el Indec aplicó revisiones inusualmente grandes en la serie desestacionalizada que evitaron el diagnóstico de recesión.
¿Credibilidad por ahorro?
A esto se suma un informe del Banco Provincia que alertó sobre el impacto en el gasto público que derivaría en un ahorro de “casi 5 billones de pesos por la menor actualización de prestaciones sociales y los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER”. Según este informe, representa “poco menos de 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero: 4,3 billones de pesos”. Además, establece que como contrapartida, el “aumento de la recaudación depende de la evolución ‘real’ del nivel de precios, ya que los ingresos por IVA y débitos y créditos, entre otros, se ajustan de manera automática por valores de venta”. La conclusión a la que llegan es que “la marcha atrás del cambio de la metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas: los gastos subirían menos que los ingresos sólo por razones estadísticas”. Nada mal para la obsesión fiscal del Presidente.
Con la canasta sin actualizar, la Argentina queda muy rezagada respecto de la región. En Uruguay se usan consumos de 2022 y en Chile, de 2023.
El otro impacto estadístico fuerte se da en el poder adquisitivo. Según el informe del Banco Provincia, “la caída del salario real privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 pasa de -1,2% a -7,7% con la actualización de canastas”.
El Gobierno pretende pasar rápidamente de página, pero el caso ya tiene un proyecto en el Congreso que podría enhebrar los deshilachados hilos de la oposición. Es para darle autarquía al Indec. Lo presentó el Frente Renovador. Otro dato que toman en Olivos para insistir en la teoría del complot. Además, ya se presentó una denuncia en Tribunales contra Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su raid televisivo de las últimas horas, con el debate textil de por medio, el ministro confesó conocer de antemano el número de inflación que se difundirá esta semana, lo que le valió la presentación judicial por revelar un dato estadístico.
Se discute plata
El debate de la reforma laboral se llevará la marca esta semana. Mañana será un día clave. Se define hasta dónde la Casa Rosada está dispuesta a aceptar los reclamos de los gobernadores. No se está discutiendo sobre técnica laboral. Se discute plata. El peronismo en el Senado reza para que Milei se radicalice y no quite el capítulo fiscal que baja el impuesto a las Ganancias para las empresas que afecta el reparto de fondos vía coparticipación. Si eso sucede, hasta el quórum se le podría complicar. “Si no sacan el tema impositivo no votamos nada”, reflejó a Infobae una de las senadoras aliadas. La reunión clave está citada para el lunes a la tarde. Es el deadline para que Patricia Bullrich responda cuáles de los cambios pedidos fueron aceptados por Milei.
A pesar de que la jefa de bloque dijo que está guardado bajo “cuatro llaves”, Infobae pudo saber que en ese listado figura como primera modificación el financiamiento de cámaras empresariales y de los sindicatos. La sospecha de un acuerdo sindical crece sobre todo por la no convocatoria a un paro. También figura ampliar los plazos de revisión de los convenios colectivos vencidos; dejar sin efecto la caída del estatuto del periodista; y los dos artículos con los que se elimina el Fondo de Fomento del Incaa.
El Gobierno consiguió un respaldo contundente para la convocatoria a la sesión especial que, traspolado, ya le daría el número para la aprobación. A eso se suma que dos de los gobernadores menos afines a Milei no se quisieron reunir con los dirigentes sindicales. El encuentro iba a hacerse en Córdoba el martes pasado. El sábado se bajó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El lunes canceló el propio anfitrión, Martín Llaryora. “Problemas de agenda”, reflejaron. Tampoco se pudo concretar una reunión presencial con los peronistas en el CFI, pensada para mostrar fortaleza política. Terminaron en un zoom. Sólo cosecharon debilidad. La CGT se queja de que los gobernadores no conocen el proyecto. Dicen que tampoco lo conocen muchos senadores. “¿Vos sabés que la cuenta sueldo deja de ser gratuita?”, apuró un senador peronista a un colega de la UCR dispuesto a apoyar la reforma a libro cerrado. La respuesta fue negativa.
El anzuelo que circula por estas horas en el Gobierno es que la baja tributaria se haga de manera gradual, para moderar el impacto en las arcas provinciales. De esa manera, Caputo se sale con la suya y el impacto en las cuentas provinciales no es brutal. La otra alternativa era la coparticipación del impuesto al cheque, para compensar. En Córdoba se pusieron a hacer los cálculos y la diferencia es abismal.
La Casa Rosada ya puso en marcha el operativo de fondos inmediatos. Es paradójico, pero los gobernadores apoyan al Presidente a pesar del ahogo sostenido desde el centro del poder. Según datos de Politikon Chaco, en enero las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias totalizaron $39.491 millones, lo que representa una caída de 65,4% en términos reales respecto de enero de 2025. Pero este enero hubo una llamativa particularidad. La mayor parte de esos fondos son transferidos a las cajas previsionales provinciales. Se pagan mensualmente. Lo novedoso es que tres distritos recibieron el equivalente a dos cuotas juntas. La primera fue Entre Ríos con $12.000 millones; le siguió Córdoba con $10.000 millones por flujo previsional y otros $10 millones por el programa Conducción y Docencia; y La Pampa con $10.004 millones y otro $4 millones por asistencia a Provincias. Quedan fuera del análisis Chubut y Corrientes que recibieron ATN por incendios e inundaciones.
La CGT tiene sólo garantizados 28 votos. El jueves los jefes gremiales se reunieron con los cinco senadores de Convicción Federal, el espacio que tiene terminal en las provincias díscolas de la conducción de Cristina Kirchner. “Nos dijeron que no dan quórum ni votan”, anticipó un referente sindical. Sin apoyos, la CGT apenas logró activar una movilización para el miércoles. El paro podría quedar para la discusión en la Cámara de Diputados. Allí el peronismo presentará un dictamen de minoría. No lo hicieron en el Senado. Tampoco tienen plan B. La posibilidad de desguazar el proyecto ni siquiera tiene forma. No hay nadie que se haya sentado a escribir una reforma light. La CGT trazó sus “líneas rojas” y espera. Son los gobernadores los que hablan con el Gobierno. Sus senadores, con Patricia Bullrich. “Para nosotros hay que eliminar todo el proyecto y dejar solo la parte de promoción de empleo y blanqueo laboral”, focalizan en Azopardo, algo que no va a pasar. Lo que está en discusión y se define mañana son cambios en las cajas, no en los derechos colectivos que afecta la reforma. En esas líneas rojas figura eliminar la limitación al derecho a huelga, la ultraactividad de los convenios; la cuota sindical y el aporte solidario, la baja de aportes patronales a las obras sociales del 6 al 5% o la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL), que financia con fondos de la Anses los despidos.
El Gobierno buscará evitar el debate en particular. La oposición se ilusiona con que pierda el quórum o que varios artículos vayan quedando en el camino. Por eso la Casa Rosada propondrá votar por capítulos para evitar sobresaltos. Sabe que con la presión en la calle deberán reforzar al extremo las medidas de seguridad y acotar el tiempo de debate.
El mes arrancó con una visible conflictividad. El mapa de reclamos tuvo en el centro a los trabajadores ferroviarios, y el viernes reapareció Pablo Moyano para decretar un paro por tiempo indeterminado en la planta de Coca Cola del partido de Tres de Febrero.
En ese escenario, al Presidente le llegó la hora de la micro. Un economista muy cercano a Milei describe que ya no se discute el déficit fiscal, y eso es un logro discursivo del Gobierno, pero que ahora se necesita dar una señal contundente al bolsillo. Más allá de las estadísticas oficiales, otra vez en duda, lo que se destruyó fue el salario disponible, sobre todo en el área metropolitana por la quita de subsidios en el transporte público y los servicios. Cómo reactivar la economía sigue siendo el desafío. El Gobierno confía en el crédito como motor y en la obra pública con fondos privados para la creación de empleo.
Esta semana podría llevarse dos triunfos parlamentarios de alto impacto político. Al debate de la reforma laboral el miércoles se sumó el proyecto del régimen penal juvenil, con sesión pedida para el jueves. No solo podrá llevarse otra victoria sino que abrirá una grieta en el bloque peronista. Pasado mañana se juntará la bancada que conduce Germán Martínez para definir los pasos a seguir en una discusión en la que no se ponen de acuerdo. A esta altura, la única herramienta que le queda a la oposición de ambas cámaras es evitar las sesiones.
Unidad peronista
Una de las mayores fortalezas del Gobierno se explica por la debilidad opositora, centrada desde el triunfo de Javier Milei en 2023 en la disputa bonaerense. Finalmente hubo acuerdo. Axel Kicillof presidirá el PJ provincial, secundado por su aliada Verónica Magario. Ese cargo fue la última resistencia de Máximo Kirchner, que aceptó dejar el control pero vetaba la vicepresidencia. Finalmente, Axel se impuso en la elección de su sucesión. El trato incluyó a Federico Otermin en la vice primera y Mariano Cascallares en la segunda. Máximo Kirchner quedó al frente del congreso del partido y su alfil Leonardo Nardini en la junta electoral. El gobernador pasó buen parte de la mañana en la rosca bonaerense, desde la residencia de La Plata. Pasado el mediodía llegó la fórmula. El kicillofismo se mostró conforme. Sostienen que se garantizaron el control, en un reparto más bien equitativo, pero con una ajustada mayoría en el congreso para ellos.
En La Cámpora transmiten un mensaje pacificador. “Será en unidad y todos conformes. Equitativo. Lo bueno es que una vez más queda claro que más allá de algunos roces siempre llegamos a acordar. Ahora a mirar para adelante”, envían como mensaje en modo zen allegados a Máximo. Todavía quedan disputas distritales como Mar del Plata, Tandil, Necochea, San Nicolás o Zárate, y alguna controversia en el conurbano, como Tres de Febrero y San Isidro, pero desde ambos campamentos le bajan el tono a la disputa.
En definitiva, es sólo el puntapié inicial para empezar a ordenarse.
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La pelea judicial para la que se prepara la Casa Rosada y la nueva estrategia que diseña LLA de cara al 2027
Publicado
38 min haceen
8 febrero, 2026Por
Mayra Pastor
En cuestión de semanas, el Gobierno confía en que conseguirá la sanción del proyecto de Modernización Laboral. Todo eso sin saber cuál será el texto final que migrará desde el Senado a la Cámara de Diputados: hay sugerencias de la oposición en materia de convenios o artículos minoritarios que podrían aplicarse al mismo momento de la votación. Pero no está claro si aquello también sucederá con el capítulo que tiene la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Si atenúa la forma de su aplicación, tendrá los votos. Si no lo hace, será rechazado.
Los incentivos que el Gobierno propone son algo difusos. Por un lado, tratan de convencer a los gobernadores de que voten ese apartado argumentando que con la reforma laboral habrá un revulsivo en la registración del empleo y, con ello, una mayor recaudación. Perder para ganar más adelante. Pero más de un integrante de la mesa política de la Casa Rosada coquetea con la posibilidad de que se caiga para que la recaudación no disminuya.
Como trasfondo, los datos de enero de ARCA revelaron que la recaudación volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo. “Los gobernadores no saben lo cortos que estamos con los números y que con una baja de Ganancias también nos la estamos jugando”, afirmó al respecto una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo.
“Si Ganancias no sale y la reforma laboral igualmente termina dinamizando la economía, el beneficio para nosotros va a ser doble”, razona un gobernador. Con eso sobre la mesa, ninguno de ellos se va a jugar si el oficialismo no cambia su postura.
Como trasfondo de esta cuestión está la lucha por las diferentes gobernaciones en las elecciones de 2027. Los mandatarios provinciales consideran que ya fueron ajustados lo suficiente por parte de Nación y que los pedidos de contribución a la causa libertaria ahora están enmarcados en un juego de suma cero.
Pese a todo, existen ciertos gestos de camaradería con el Gobierno. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, dos dirigentes que no se caracterizan por su condescendencia con Milei, no recibieron a la CGT en su gira federal para tratar de frenar la reforma laboral. Al igual que la gran mayoría de los gobernadores, tampoco fueron al fallido encuentro en el CFI que pretendía debatir la posición de las provincias ante el proyecto libertario.
Sean como sean votados los capítulos, en el círculo rojo libertario aseguran que la votación en general será afirmativa en ambas cámaras. Ante esta cuasi-certeza, los responsables de la rosca judicial en la Casa Rosada ya están visualizando la próxima pelea que se viene: la de la judicialización de la reforma.
“Todas las reformas que hemos sacado nos las judicializan. Sabemos que van a venir por el proyecto. En todos los casos no consiguieron ganar, salvo en los temas más laborales”, afirma una fuente inobjetable. Cerca del Presidente marcan que se trata de un caso espinoso. Afirman que hay una simbiosis entre jueces y estudios laborales que junto al sindicalismo van a trabajar para suspender los efectos de la reforma. Culpabilizan a la Justicia laboral por haber afectado con sus medidas “en cinco puntos del PBI” a la Argentina.
Creen que después de las etapas de apelaciones va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente presidida por Horacio Rosatti y con Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como los otros dos integrantes del cuerpo.
Las líneas que el Poder Ejecutivo construyó con la Justicia han tenido como revisor último al asesor presidencial Santiago Caputo. A Javier Milei no le interesa este tipo de rosca. Al igual que el submundo de la Inteligencia, prefiere mantenerse lejos. Lo único que le pide a los suyos es no opinar ni tener injerencia sobre fallos judiciales más allá de los recursos legales. “Eso nos permitió sostener las reformas que queríamos”, afirman. En la Corte reconocen esta política marcando que en los últimos dos años han trabajado con libertad sin presiones.
“Hay uno o dos de los ministros de la Corte que últimamente están teniendo un criterio más moderno y dinámico. Una forma de pensar que entiende que se puede proteger a los trabajadores y permitir que los empresarios puedan contratar gente más fácilmente. Sería ideal no llegar a la instancia de tener que hablar con la Corte, porque en cualquier parte del mundo te presentan una cautelar de este estilo y debería rechazarse inmediatamente”, argumenta un funcionario.
En el Gobierno no revelan a qué integrantes del máximo tribunal se refieren. Hay antecedentes que permiten construir qué afinidades hay con cada juez de la Corte.
Lo cierto es que hay que estar muy atentos a los movimientos que podrían ocurrir en los próximos meses. Un sector de la mesa chica libertaria cree que puede articular una nueva alianza estratégica con otro de los ministros de la Corte Suprema. Un pacto que busca cambiar el eje copernicano actual.
Mientras tanto, en Casa Rosada creen que la paralización de la reforma laboral no va a ser exitosa y que la Justicia, más temprano que tarde, la dejará habilitada. “En general en la Justicia saben que la sociedad los está mirando, porque ganan millonadas y de lo único que hablan es de sus privilegios”, marcan.
La frase, igualmente, tiene sus matices: por decir un caso, el Poder Ejecutivo convalidó un incremento anual para los fondos del Consejo de la Magistratura de un 280%. Cuentan que hubo un integrante de este órgano que se enteró del incremento que iban a tener y le dijo con regocijo a un funcionario del Gobierno: “Este año que se viene vamos a tener plata”.
Son movimientos que miran con recelo en un sector de la Administración Pública Nacional: el de los Directores Nacionales, Directores Generales y Coordinadores. Varios de ellos se enteraron que el incremento de Ministros, Secretarios y Subsecretarios no llegó a sus categorías, por lo que siguen con el mismo salario que diciembre de 2023. “Nos tienen para el congelamiento pero no para el aumento”, se queja, en extrema reserva, uno de ellos.
Volviendo a la reforma, el área que tiene la competencia para defender el proyecto libertario es la Procuración del Tesoro, la cual depende del Ministerio de Justicia. El ministro Mariano Cúneo Libarona volvió a finales de enero y por el momento sigue en su cargo. Los hermanos Milei no volvieron a hablar con el funcionario sobre su continuidad, aunque está tallado en piedra que en algún momento abandonará su cargo para poder priorizar sus afectos.
Quienes volvieron a hablar para mostrarse juntos fueron el ministro del Interior, Diego Santilli, con el presidente bonaerense del PRO, Cristian Ritondo. La postal solo fue publicada por este último, que detalló que el encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, “una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires”.
¿Qué sentido tuvo la foto? En el entorno del funcionario mileísta marcan que Ritondo no deja de ser un actor clave en el Congreso con el que debe articular estrategias para la Cámara de Diputados. En el PRO dieron a entender que la foto ratifica a Santilli “como un amarillo en el Gobierno”.
“Es socio y amigo de Cristian y se pretende llevarlo de candidato dentro de una alianza con La Libertad Avanza”, afirman en el macrismo, donde afirman que no hay margen como para no armar una coalición electoral que compita con el peronismo kirchnerista en la Provincia. Al no haber balotaje, gana el espacio que tiene más votos.
No es la primera vez en el año que Ritondo se muestra con una persona fuerte del Gobierno. En enero fue fotografiado junto a Santiago Caputo, con quien mantiene una amistad de años. No es la misma relación que tiene con el sector de los Menem, que lo acusa de haber querido quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que se vio abortado luego de la victoria libertaria en octubre.
En el karinismo indican que no tienen “porqué autorizar o no una foto” con Ritondo. “No hay tanto misterio. El Colo es alguien que tiene una cuota del electorado al que sin dudas hay que aspirar y es un potencial candidato a la Gobernación”, indica una fuente inobjetable del entorno de la hermanísima, desde donde no desmienten que el año próximo se active una carrera por los nombres para la boleta provincial, pero que “no se va a limar” la figura del ministro.
Cada espacio político está con sus respectivos planes. Ritondo está en proceso de renovar su presidencia partidaria en la Provincia. Quiere a Soledad Martínez como su vicepresidenta primera y plasmar la estructura de Santilli, Guillermo Montenegro y de otros dirigentes, como el actual senador provincial Pablo Petrecca, uno de los principales alfiles PRO que se dio de baja de la alianza con LLA el año pasado para competir con su propio espacio, Somos.
Es por ese mismo antecedente que en el partido libertario, comandado en la Provincia por Sebastián Pareja, están ejecutando una política de construcción diferente desde las elecciones de octubre. Aunque no descartan una coalición electoral, marcan que estarán mirando de cerca cómo se comportan los aliados del Gobierno en la votación que habrá en la Legislatura bonaerense sobre la reelección de los intendentes. “Ese va a ser el punto de inflexión. Si la votan, habremos arrancado mal”, afirma un operador de LLA.
En la plana mayor de La Libertad Avanza creen que el diálogo con Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Abad (UCR) debe complementarse con tratativas directas con la mayoría de los intendentes para evitar fugas en una eventual coalición. Además de con Petrecca, el PRO tuvo otros casos de escisiones como con los hermanos Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Javier Martínez (Pergamino); así como otros radicales y vecinalistas.
“Lo sucedido en el 2025 nos dice que los pactos por partido no aseguran fisuras y que debemos hablar mano a mano con cada uno de los actores. No vamos a permitir que se nos siente una persona, arregle para sus amigos y después otros arreglen individualmente en su territorio”, ratifican en La Libertad Avanza.






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