El Gobierno de Axel Kicillof decidió finalmente no aplicar la actualización correspondiente a la cuota 2 del impuesto automotor o patentes. La decisión se produjo en medio de los reclamos por los montos aplicados en el último mes de marzo y tras una evaluación del impacto de la primera cuota.
Así lo confirmaron fuentes de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), quienes indicaron que el pago que vence en mayo llegará con los mismos calores de la cuota 1. Es decir, la Provincia no aplicará la actualización de los montos por inflación, tal como fue habilitado por la Legislatura a fines de 2023.
La determinación fue adoptada en base a los aumentos de las valuaciones y la quita de beneficios a los buenos contribuyentes – descuento por pago a término, adhesión al débito automático y envío de boleta por email- que, por el momento, fueron considerados como suficientes pese al impacto inflacionario.
No hay certezas sobre que ocurrirá sobre la cuota 3, ya que estará sujeto a “las variaciones de la economía nacional” y las decisiones del gobierno de Javier Milei que impiden contar con elementos para planificar a mediano plazo
La polémica había surgido semanas atrás porque las boletas que recibieron los contribuyentes llegaron con aumentos del impuesto automotor considerados por los contribuyentes como “superiores a lo previsto” (de hasta un 288%).
¿Qué pasará con la Tasa del inmobiliario Rural?
Pese a algunas versiones periodísticas que mencionaban que el congelamiento también iba a aplicarse al inmobiliario rural, desde ARBA indicaron a este portal que no hay definiciones y que la cuota recién vence en el mes de junio.
En tanto de las entidades rurales buscaban corroborar o desmentir las versiones informales. Por el momento, mantienen las acciones de reclamo pidiendo cambios en el impuesto inmobiliario rural.
“Vamos a ir a la Legislatura a solicitar la modificación de la Ley Fiscal 2024 y también iremos a la Gobernación a presentar un petitorio”, anunció el presidente de la entidad, Horacio Salaverri. Según el dirigente, esto será la última semana de abril y desde ahora harán reuniones zonales con productores y dirigentes agropecuarios para sumar voluntades.
Cabe recordar que desde Carbap se iniciaron algunas acciones institucionales y se dejó la libertad de acción a aquellos productores que decidieran judicializar el cobro de la tasa. La entidad está al margen de un grupo de autoconvocados y rurales rebeldes del norte bonaerenses que llaman a la “rebelión fiscal”.
La semana pasada, la protesta en la ciudad de Azul, anunciada con bombos y platillos por la empresaria ganadera Cristina Boubeé fue un fracaso. Apenas reunió a un puñado de productores y algunos dirigentes políticos como Alfredo de Angeli, el senador radical Maximiliano Abad y la ahora legisladora de LLA, Florencia Arietto
La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de la polémica por las criticas opositoras y de organizaciones ambientalistas, por la limitación que realizó el oficialismo sobre la cantidad de oradores que podrán exponer en esas dos jornadas.
Con más de 100 mil inscriptos hasta el viernes, La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial, virtual, donde pondrán exponer entre 200 y 300 oradores, y el resto lo tendrá que hacer a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
Al cierre de esta nota, esas audiencias se realizarán ya que la justicia rechazó una de las cautelares presentada por particulares para suspender esa reuniones públicas, pero queda otra presentada por organizaciones ambientalistas, sin resolución hasta el mediodía de este lunes.
De todos modos, no será el único conflicto que existe ya que el oficialismo, además de restringir la cantidad de oradores, estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
Audiencias
El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.
Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.
“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados.
Y se aclaró: “Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.
Un grupo de particulares presentó una demanda que cayo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó esa medida solicitada para suspender las audiencias publicas que fue presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Regueira sostuvo: “No alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.
Esa decisión fue festejada por Mayoraza través de una publicación en la red social X. “¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana”, indicó.
Ambientalistas
También pidieron una medida cautelar organizaciones ambientalistas para suspender las audiencias a fin de garantizar que puedan exponer los casi 100 mil inscriptos, que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas, y Greenpeace, pidieron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.__IP__
“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.
También pide que “el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cercana al 3%, de acuerdo a los informes preliminares de consultoras privadas.
Incluso no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.
“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1.4%) y Verdulería (-0.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3.5%”, señaló la consultora Econviews.
Cabe aclarar que en el promedio de las últimas cuatro semanas, para esta consultora, alcanza un alza de 1% en la última de febrero.
Por su parte, para EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.
La firma sostuvo que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”.
En tanto, para LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.
Así la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es de 2,4%.__IP__
En las últimas horas el presidente, Javier Milei, modificó su discurso y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato.
En medio de la conciliación obligatoria que dictó la Provincia en el conflicto por el cierre de FATE, trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense para buscar que se avance con una ley de “ocupación temporal” de la planta que cerró hace un mes.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que el jueves pasado llegó hasta La Plata, buscará reunirse nuevamente con legisladores para ver la posibilidad cierta de que el cuerpo trate la ley de ocupación temporánea del establecimiento, a fin de impedir su desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga.
La ley en cuestión declara como “utilidad pública” la fábrica, por la que los trabajadores pretenden preservar la producción de neumáticos para camiones y colectivos, evitando el cierre de la única empresa del país que produce cubiertas estratégicas.
“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”, dijo en diálogo con Agencia DIB el titular de Sutna, Alejandro Crespo.
La semana pasada los delegados se reunieron con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica. No fueron de la partida los representantes de La Libertad Avanza. Los diputados prometieron analizar el proyecto y recibirlos nuevamente en el miércoles 25. Asimismo, la idea del gremio es juntarse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.
El inicio del conflicto de FATE
El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los operarios se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas.
En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta.
Más allá del reclamo por los 920 despidos, se estima que más de la mitad de ellos ya cerraron alguna clase de acuerdo de desvinculación de la que hasta mediados de febrero pasado era la única fabricante nacional de neumáticos.
