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Planta de GNL en Bahía: “Tenemos que acompañar desde todo el arco político”

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“La gran preocupación que yo tengo como dirigente político bonaerense, y es lo que me trae hoy a Bahía Blanca, es que la planta de GNL de YPF-Petronas se instale en la provincia de Buenos Aires”.

La frase corresponde al senador provincial Alex Campbell (Pro), quien se encuentra de recorrida por la región y mantendrá reuniones en favor de impulsar la llegada de esta megainversión al puerto local.

Campbell apuntó contra el gobernador Axel Kicillof: “Para que esto se dé tienen que haber gestos del gobernador con el presidente que fue electo por más del 50% de los argentinos, ya que citó a un encuentro por el 9 de Julio en Tucumán y allí estaba el gobernador de Río Negro (provincia que compite por la planta de GNL) pero el de la Provincia de Buenos Aires no acompañó”.

El legislador agregó que “por supuesto, en esa pulseada nosotros necesitamos a alguien que nos represente para poder generar que la inversión de 50 mil millones de dólares que se tiene que hacer en Bahía Blanca o en Río Negro, se haga en Bahía Blanca”.

El dirigente recordó que se prevé la creación de 16 mil puestos de trabajoen el desarrollo de la planta para exportar GNL.

–De acuerdo con el presidente de YPF, Horacio Marín, para que la planta se haga en determinada provincia, esa jurisdicción tiene que adherir al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones). El gobernador ya manifestó su postura contraria a este sistema aunque, de todos modos, la decisión final corresponde a la Legislatura. Aun suponiendo que Unión por la Patria vote en contra, ¿la adhesión puede salir adelante?

–Yo creo que hay que pensar en los bonaerenses y dejar la política y la ideología de lado. Si adherir al RIGI va a generar, en este caso, para la región de Bahía Blanca, 16.000 puestos de trabajo, creo que no tendría que haber ninguna duda del gobernador en adherir. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que acompañar desde todo el arco político, embanderarnos en esta causa tan importante para la provincia de Buenos Aires.

Campbell también enfatizó en la necesidad, más allá del RIGi, de fomentar la iniciativa privada. En ese marco, fue crítico del proyecto de la Gobernación de crear una Empresa Bonaerense de Emergencias en la Salud.

“La Argentina sale adelante con iniciativa privada, con inversiones, no agrandando un Estado que no funciona. Ya quedó demostrado en los últimos 20 años que el kirchnerismo agrandó y duplicó el Estado y no ha funcionado. Muchos quieren echar la culpa al actual gobierno, pero la situación está así por los últimos cuatro años lamentables del gobierno kirchnerista”, dijo.

Acerca de la gestión de Javiel Milei, Campbell –uno de los hombres más cercanos a María Eugenia Vidal durante sus años de gobernadora–, respondió:

“Milei tiene una agenda similar a la nuestra y quiere un país enfocado en la inversión privada, en achicar el Estado, en bajar los impuestos, en sacarle la pata de la cabeza a los que producen y meter presos a los delincuentes. Esa agenda nosotros la queremos acompañar”.

Dentro de la interna amarilla, el senador se encuentra en el ala macrista, que propone un respaldo a Milei pero tomando cierta distancia para mantener identidad propia del partido y no quedar alineados con La Libertad Avanza como fuerza de cola.

“Necesitamos un debate interno y cuando llegue el momento de definir las alianzas del año que viene seguramente tendremos que hacer un frente electoral de centroderecha para terminar con el kirchnerismo. Inclusive es importante pensar en 2027, cuando tengamos que elegir gobernador y ahí debemos dar una oferta a los bonaerenses distinta, no como la que dimos en 2023 donde el voto del centroderecha estaba dividido y con la suma de ambos se podría haber sacado al kirchnerismo de una vez y para siempre de la Provincia y la Argentina. El desafío que tenemos por delante es ese”.

Sobre el otro sector del Pro, liderado por Patricia Bullrich, acotó: “Lamentablemente hay algunos dirigentes como el caso de Patricia que quisieron tener negociaciones individuales (con el gobierno nacional) sin tener un consenso de todo el espacio político”.

En nuestra zona, Campbell visitó Puan, Espartillar y Villa Ventana, donde se reunió con productores y referentes del sector turístico. En Bahía mantuvo reuniones con la Unión Industrial local, con referentes del Corfo y se verá con concejales de su espacio, antes de visitar el Puerto.

Fuente: La Nueva.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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