La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves en la Casa Rosada, en medio de los reclamos de varias provincias para que se declare la emergencia ígnea en la Patagonia y que, de esta manera, se intensifiquen los recursos de la Nación para combatir los incendios que están afectando desde hace meses a la región.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de las negociaciones, la cúpula libertaria está analizando desde hace algunos días este pedido y no se descarta que el proyecto sea incluido a último momento en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes.

El encuentro se desarrollará a las 12:00 y será encabezado, como siempre, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, podrían ser convocados el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que estuvo en la última reunión del grupo la semana pasada, debido a que una medida de este tipo afectaría el presupuesto.

Los mandatarios patagónicos le vienen solicitando desde hace tiempo a la Casa Rosada que tome alguna medida para intensificar la lucha contra las llamas que ya arrasaron más de 230 mil hectáreas.

Ante esta situación, Santilli se comunicó por teléfono este miércoles con el gobernador de Chubut, una de las provincias más afectadas por el fuego, para hablar sobre los operativos en la zona y el proyecto de ley que impulsan.

De hecho, Ignacio “Nacho” Torres es uno de los dirigentes que más presiona públicamente para que el Congreso trate -y apruebe- la emergencia ígnea durante las próximas sesiones extraordinarias.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el chubutense señaló que esta decisión ya fue aprobada por las legislaturas locales de los distritos perjudicados, pero sostuvo que esa decisión no alcanza y remarcó que la magnitud de los acontecimientos “exige herramientas excepcionales”.

“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, , plantearon en un comunicado conjunto con los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Este reclamo ya recibió el apoyo del PRO -con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza-, de la UCR e incluso de bloques de la oposición más dura, como Provincias Unidas, Unión por la Patria y la Izquierda, que presentaron sus propias iniciativas para solucionar los incendios.

Uno de los principales proyectos que circulaba y que era impulsado por el sector del partido amarillo plantea declarar tanto la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como también “zona de desastre” a los territorios específicos que fueron alcanzados por las llamas.

Qué plantea la iniciativa

Aunque las autoridades nacionales todavía no apoyaron ninguno de los textos que se presentaron, y tampoco está claro si lo van a hacer o si, por el contrario, redactarán una iniciativa propia, este borrador en particular habilita a la Agencia Federal de Emergencias o la entidad competente que la reemplace “a disponer de los recursos presupuestarios disponibles” para los siguientes destinos:

a) Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en cualquiera de los ámbitos contemplados en el artículo 2 de la ley 26815 (Sistema Federal de Manejo del Fuego).

b) Acciones de atención, prevención, mitigación y recomposición de las consecuencias que haya provocado o provoquen los incendios respecto de la vida, integridad física, vivienda, propiedad, trabajo y medios de vida de las personas y familias afectadas.

c) Acciones de apoyo y asistencia a los estados provinciales y municipios afectados por la emergencia con la finalidad que puedan disponer de medios y recursos efectivos para el combate del fuego y la recuperación y recomposición ulterior de las personas y del sistema productivo afectado.

d) La ejecución de todas las acciones y medidas contempladas en la ley 27287 que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

El proyecto establece que todas esas medidas “se implementarán en coordinación con el gobierno de las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y los gobiernos municipales de las localidades afectadas, respetando los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego”.

Asimismo, indica que, “a los fines del cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Poder Ejecutivo queda autorizado a afectar partidas previstas en la ley de presupuesto con otro destino”.

Hasta el momento, el Gobierno no envió ninguna iniciativa de este tipo al Congreso, pero fuentes cercanas a las negociaciones consideraron ante este medio que eso podría ocurrir en estos días. En caso de que suceda, entraría por el Senado.

El Gobierno determinó que este 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”. Así lo estableció a través de un decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, en donde expuso los motivos por los cuales formalizaba esta declaración.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, explica el documento e invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa.

A través del considerando del decreto 56/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno argumentó los porqués de esta medida. Según el texto oficial, la administración libertaria profundizó a lo largo de 2025 la reconstrucción de los pilares de la Nación, asegurando “una mayor libertad para todos los argentinos”. En esa línea, destacaron las reformas estructurales que se llevaron a cabo, que estuvieron “orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

El Gobierno no olvidó mencionar “la crisis institucional, económica y social que los argentinos padecieron durante décadas”, las cuales obligaron a sostener un proceso de transformación estructural “que fortalezca el Estado de derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”. Esto, según explicaron, permitió “sentar bases para la estabilidad y el crecimiento” y proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo con el objetivo de colocar a la República Argentina “en la senda de la prosperidad nuevamente”.

En ese sentido, remarcaron que la previsibilidad y la estabilidad son “condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país”, lo que proyecta al país como protagonista “dentro de un escenario mundial relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que nuestro país merece”.

El Gobierno resaltó su “permanente compromiso” y asegura que redobla esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y “superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual administración”.

No obstante, insistieron con la necesidad de profundizar los cambios estructurales que demandan las instituciones de la República durante este nuevo año. Así, explicaron que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Por último, mediante el artículo tercero, el Poder Ejecutivo Nacional se comprometió a “realizar las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.

El optimismo sobre el cual se construye esta declaración también se vio reflejado durante la gira que el Presidente llevó a cabo en Mar del Plata y que concluyó este miércoles con un discurso frente a las personas que acudieron al evento conocido como “Derecha Fest“.

Durante la visita, Milei estuvo acompañado de su hermana, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el diputado bonaerense Sebastián Pareja y otros funcionarios y colaboradores. Frente a una multitud que lo saludaba y ovacionaba, sostuvo: “Quiero darle las gracias por habernos acompañado. Porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Y añadió: “Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la reglamentación del personal militar del Ejército, para que puedan ejercer cargos públicos. No obstante, los seleccionados deberán cumplir con una serie de requisitos como, por ejemplo, ser un miembro permanente.

Por medio de la publicación del Decreto 58/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, asentaron el cambio en el artículo 18 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

De esta manera, las autoridades habilitaron al personal militar para que puedan ejercer cargos públicos. “El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas”, dictaminaron. No obstante, estos deberán cumplir con una serie de requisitos.

Según el cambio en el régimen, los militares que podrán ejercer como funcionarios públicos tendrán que haber sido designados por el Poder Ejecutivo Nacional o por otras autoridades, siempre y cuando el nombramiento haya sido autorizado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Asimismo, la actualización determinó que los oficiales, suboficiales y voluntarios del cuadro permanente continúan amparados mientras presten servicios en organismos del Ejército, funciones específicas en el Consejo de Defensa Nacional, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o en la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, así como al cumplir comisiones propias del servicio militar.

Por otro lado, el decreto incorporó la posibilidad de que el personal militar que sea designado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado.

La reciente reforma impulsada por el Poder Ejecutivo abrió la posibilidad de que los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa fuera de la estructura militar mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios. Esta disposición buscaría evitar que quienes acepten estos nombramientos vean perjudicadas tanto la suma de años de servicio como los cálculos para su retiro.

Entre los ajustes más relevantes, el decreto precisó que este régimen solo beneficiará a quienes no han alcanzado el grado más alto de su respectiva fuerza. Una vez obtenido ese rango, ya no es posible acceder a ascensos ni modificar la jubilación, motivo por el que el tiempo extra en el cargo no influye en su situación previsional.

De la misma forma, el documento ratificó la incompatibilidad entre funciones operativas en las Fuerzas Armadas y cargos en el Ministerio. Por este motivo, un militar no podrá desempeñar simultáneamente ambas tareas. Aunque podrá ejercer el nuevo puesto sin pedir licencia, deberá cumplir las restricciones establecidas para la administración pública.

Designaron a varios militares para ocupar los cargos vacantes en el Ministerio de Defensa

Luego de que la modificación en el régimen militar entrara en vigencia esta madrugada, el Gobierno sumó a cuatro militares para ocupar cargos dentro del Ministerio de Defensa. Los cambios quedaron reflejados en el Decreto 60/2026, con efecto a partir del 10 y 11 de diciembre de 2025.

Como parte de la renovación de autoridades, se aceptaron las renuncias de Juan Erardo Batalleme Martínez, hasta ahora secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, y de Guillermo Patricio Madero, subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

De esta manera, al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares fue nombrado el general de división Jorge Alberto Puebla. Asimismo, indicaron que la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa estará a cargo del teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella.

Mientras que la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa será ocupada por el general de brigada Carlos Horacio Martín, el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa.

Finalmente, Guillermo Patricio Madero fue designado como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa. Además, se trató de la única incorporación que no involucró al personal militar.