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Qué dice el duro informe de la CGT sobre el efecto perjudicial de la reforma laboral en las obras sociales

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La CGT equiparó la reforma laboral que impulsa el Gobierno con un “ataque” contra las obras sociales sindicales porque busca su “desfinanciamiento no como un efecto colateral sino como un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

Según un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el proyecto oficial “no constituye una simple actualización normativa ni una modernización del mundo del trabajo sino que se trata, por el contrario, de una transformación estructural regresiva que impacta de manera directa y profunda sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino: el sistema de obras sociales sindicales”.

“Las obras sociales sindicales no son un privilegio corporativo ni un beneficio accesorio sino que son parte integrante del sistema de seguridad social y cumplen una función esencial de redistribución del ingreso y de garantía del derecho a la salud de millones de trabajadores y sus familias”. Y agrega que “su lógica es solidaria: quienes más aportan sostienen a quienes más necesitan, y su financiamiento está indisolublemente ligado al empleo formal, a la negociación colectiva y a la obligatoriedad de los aportes y contribuciones”.

“La reforma laboral avanza de manera explícita contra este sistema”, advierte el informe de la CGT, tras lo cual detalla: “El artículo 161 reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.

Para la CGT, “no se trata de un dato menor ni de un ajuste técnico: es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para las personas trabajadoras; mientras se reducen los costos empresariales, se pone en riesgo un derecho humano fundamental”.

“Este ataque directo se complementa con mecanismos indirectos, pero no menos graves -asegura el informe cegetista-. La reforma elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. Entre ellas se encuentran los aportes y contribuciones con destino sindical y a las obras sociales. Al disponer que estas cláusulas cesan automáticamente al vencimiento del convenio, salvo acuerdo expreso, se introduce una inestabilidad estructural en el financiamiento del sistema, fortaleciendo la posición de los empleadores y debilitando la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales”.

Asimismo, añade la central obrera, “la voluntarización de aportes y la eliminación de los mecanismos de retención automática fragmentan la recaudación y erosionan el carácter solidario del sistema. Las obras sociales sindicales dejan de contar con flujos previsibles y estables de recursos, quedando expuestas a un desfinanciamiento progresivo que afecta especialmente a aquellas que cubren a los sectores más vulnerables del mundo del trabajo”.

Según la CGT, “el impacto de la reforma se agrava si se lo analiza en conjunto con el resto de las medidas impulsadas: la expansión del monotributo; la exclusión de los trabajadores de plataformas del régimen laboral; la tercerización y la caída sostenida del empleo registrado reducen la base de aportantes al sistema”. Y enfatiza que “menos trabajadores formales implica menos recursos, pero también mayor presión sobre un sistema de salud que debe atender a una población cada vez más precarizada”.

“Nada de esto es casual -prosigue el informe-. La reforma laboral forma parte de una estrategia integral de debilitamiento del sindicalismo, de la negociación colectiva y de los mecanismos de protección social construidos a lo largo de décadas de lucha. El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral: es un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

En el documento de la CGT se precisa cómo funciona en nuestro país el sistema de salud en general y las obras sociales sindicales en particular. “Mucho se ha dicho sobre las obras sociales sindicales, que se constituyen en columna vertebral de un sistema de salud colapsado”, asegura, luego de lo cual detalla que “en nuestro país la salud se aborda de tres maneras: 1) A través de un sistema privado de empresas prepagas (donde las personas se introducen como clientes y abonan una cuota en función de la cantidad de carga de familia que tienen); 2) Un sistema de salud pública constituido por los Hospitales públicos, nacionales, provinciales, municipales completamente desfinanciados; y 3) El sistema de las obras sociales sindicales que se sostiene con un aporte establecido y fijado en función del salario de la persona trabajadora (más allá de cuántas personas comprendan su grupo familiar; o sea, el porcentaje es el mismo ya sea una sola persona o una familia numerosa). Ese porcentaje es de un 3 por ciento a cargo del trabajador y un 6 por ciento a cargo del empleador. El 3 por ciento se deriva a las obras sociales sindicales (quienes tienen auditorías periódicas; controles y no pueden gastar más de un mínimo porcentaje en gastos administrativos; el aporte deben utilizarlo para brindar servicios a sus asociados) y un 6 por ciento que se deriva a un Fondo Solidario de Redistribución que se encarga de cubrir los gastos derivados de las enfermedades más graves y costosas y de la discapacidad (donde, de los 55 millones del Fondo, 50 se los lleva solamente la discapacidad)”.

En el informe se puntualiza que “las obras sociales sindicales además deben integrar entre el 15 y el 20 por ciento (según su naturaleza) a este fondo solidario; tienen a su cargo la obligatoriedad del PMO (Programa Médico Obligatorio) y están obligadas a recibir, a su cargo, monotributistas y personas jubiladas, cosa que las empresas prepagas no, por lo menos hasta el momento (con la desregulación que propuso el Gobierno pueden inscribirse para competir con las obras sociales); hoy, muchos sindicatos están derivando fondos propios a las obras sociales para poder mantener y preservar los servicios”.

“El sistema de salud en general está en crisis, sufre una situación crítica derivada de su desfinanciamiento -sostiene-. De no mediar cambios conducirán a la quiebra. Como bien lo difundieron los medios de comunicación, esta realidad se hizo evidente cuando las empresas de medicina prepaga intentaron duplicar sus tarifas. En ese momento, la sociedad en su conjunto, se preguntó por la gravedad de la situación. Si las prepagas manifiestan que entrarán en quiebra, ¿qué queda para las obras sociales que tienen ingresos que dependen directamente de un porcentaje del salario?”.

“Porque además sumémosle los despidos, la licuación de los salarios, tanto por la pérdida de su poder adquisitivo como por el aumento de los pagos no remunerativos, sin aportes, que golpeó duramente a las obras sociales sindicales. Estas últimas perciben un porcentaje sobre los sueldos devaluados y deben enfrentar gastos bajo la lógica del mercado, donde los medicamentos han triplicado su valor. Los salarios se han convertido en la nueva variable de ajuste, afectando no sólo a las obras sociales, sino también a la capacidad financiera de los sindicatos, la principal ayuda económica”.

Para finalizar, el informe destaca: “Desde el movimiento sindical sostenemos con claridad que no hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos. Defender las obras sociales sindicales es defender el derecho a la salud, la solidaridad y la dignidad de quienes viven de su trabajo. La reforma laboral, tal como está planteada, avanza en sentido contrario y profundiza las desigualdades sociales, transfiriendo recursos desde quienes trabajan hacia quienes concentran el poder económico”.

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La Legislatura porteña, modelo 2026: el rol de Larreta y la discusión que pondrá en juego el vínculo del PRO y LLA

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La nueva Legislatura tendrá, más temprano que tarde, una instancia de discusión que marcará el pulso de la política porteña en 2026, año clave para las aspiraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de buscar su reelección en 2027. En febrero se deberán definir las presidencias de las comisiones, votación que se abre tras haber superado la aprobación del Presupuesto local y la definición de las autoridades, y que pondrá en juego la solidez del “pacto de no agresión” que suscribieron el PRO y LLA.

Desde la bancada libertaria, que preside Pilar Ramírez, ya adelantaron que pedirán la presidencia en varias comisiones clave, que podrían ser Hacienda, Planeamiento, Seguridad, Asuntos Constitucionales o Justicia, entre otras. Esto podría tensar el vínculo con el PRO, en sintonía con la discusión nacional que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, cuando la designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo.

La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguraron en aquel momento desde la jefatura del bloque, en relación a la designación como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El propio Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de aquella sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGN; desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablaron de una “relación que está rota”, y responsabilizaron al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

Volvemos a la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de Jorge Macri hay confianza para el segundo tramo de la gestión, y hablan de un bloque legislativo “más ordenado” y “más fuerte, que pasó de siete a 11 integrantes, y a eso tenés que contar que llegaron personas con mucho señority, como Waldo Wolff, Laura Alonso o la misma Silvia Lospennato”. Se convertirán en el trío de voceros del oficialismo.

En cuanto a la relación con LLA, será fluctuante, como sucede a nivel nacional. Jorge Macri sabe que su futuro está atado a la suerte de Javier Milei. Si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia con el PRO por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha.

Pero la relación con La Libertad Avanza puede descomponerse. En ese caso, aseguran, “el diferencial es la gestión y hacer que la ciudad funcione”. Y minimizan las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta, que ya aseguró que buscará ser jefe de Gobierno porteño de nuevo. “El centro ya no existe en la ciudad; los espacios centristas se diluyeron. Estas elecciones mostraron que el centro-derecha es el sector predominante, y el PRO debe competir o pactar ahí”, sostuvo un importante dirigente porteño.

A nivel parlamentario, Larreta logró conformar un bloque de siete integrantes, una cifra importante para el oficialismo si rompe con LLA, porque necesitará esos votos, y los del peronismo, para poder aprobar las leyes. Por eso, también será clave la dinámica de reparto de comisiones con el bloque que preside Claudia Neira, la primera minoría con 20 integrantes, que tiene ahora como referente a Leandro Santoro y que conduce Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ porteño.

Otra particularidad de la nueva Legislatura. El influyente empresario y ex presidente de Boca, Daniel Angelici, logró quedarse con la secretaría administrativa, un cargo clave porque maneja el presupuesto del Parlamento, ahora a cargo de Cristián Gribaudo. La conducción política sigue en manos de Matías López, un joven dirigente cercano a Diego Santilli y bien considerado por todos los bloques. También habrá cambios en la Dirección de Prensa.

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Kicillof se apoya en intendentes y funcionarios para expandir su espacio político a todo el país

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un gesto político el último lunes. Está decidido a encabezar una construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional. Si bien planteó que el plenario ante mil quinientos integrantes del espacio no fue el lanzamiento de una candidatura ni campaña electoral, sí los convocó “a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”. Desde hace un tiempo que viene ordenando internamente quiénes estarán activos en esa estrategia.

Con frecuencia casi semanal, los lunes al mediodía el mandatario reúne a un grupo de intendentes y dirigentes en la gobernación bonaerense en La Plata. Hasta allí llegan los mismos nombres: intendentes y algunos ministros provinciales de corte más político. Desde ahí se diseñó que el MDF debe salir de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue este año electoral, donde además el peronismo convivió y convive con una fuerte interna que tiene al espacio de Kicillof como uno de los sectores activos en esa discusión.

Lo cierto es que desde la mesa política del MDF se definió que algunos de sus integrantes tengan a partir de ahora un rol más activo y de armado político para lo que se viene tanto en territorio bonaerense como en otras provincias no peronistas. La mayoría son nombres conocidos: el intendente de La Plata, Julio Alak; el ex intendente de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia, Julio Pereyra; el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo y el saliente director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, son quiénes tendrán responsabilidad política sobre todo en territorio bonaerense, según supo Infobae.

También habrá algunos contactos con las provincias de parte de este grupo. Sin embargo, ese rol quedará para algunos ministros de corte político como Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Carlos Bianco (Gobierno) y la Jefa de Asesores de Ministros, Cristina Álvarez Rodríguez. Días atrás, Bianco por ejemplo, recibió a sectores del peronismo de Santa Fe en su despacho de la gobernación.

Larroque escoltó a Kicillof en su paso por la provincia de Formosa, donde el gobernador fue nombrado “huésped de honor” por su par Gildo Insfrán. A esa actividad también se sumó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Ambos ministros formaron parte de los convenios de cooperación con la provincia de Formosa. Allí, el gobernador convocó a generar un “verdadero pacto” entre las provincias.

El lunes, el gobernador encabezó un plenario del MDF en el que aclaró que no se trataba de un lanzamiento ni entrar en campaña electoral; sino “construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

“Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, había dicho Kicillof ese día. En primera fila estaban parte de quiénes ya empezaron a generar contactos más allá de la PBA.

Las recorridas no incluirán a Kicillof al menos en inmediato plazo. En el entorno del mandatario admiten que quieren evitar una campaña anticipada. “No son dos años de campaña, ni de una candidatura, es de una construcción, de una vocación y de un trabajo que consiste en presentar una alternativa a Milei en la que la sociedad y sectores que hoy claramente desconfían o se han replegado puedan expresarse y participar”, volvió a enfatizar el gobernador bonaerense este miércoles en declaraciones a Radio 10.

Kicillof quiere expandirse y no limitar su construcción solo al peronismo. Algunos ministros reconocen que hay diálogo con otros gobernadores que “tienen momentos de oposición” al gobierno de Javier Milei; pero que por ahora se limita a eso: a conversaciones.

Los encuentros públicos que había tenido Kicillof con otros gobernadores no peronistas, como Nacho Torres (Chubut) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe), le trajeron críticas internas; puntualmente del sector referenciado en Cristina Kirchner. El argumento es que lo hizo sin aviso y “desconociendo” la realidad de los peronismos en esas provincias. Por lo pronto, Kicillof mantiene la línea con los gobernadores opositores a Milei que, además de Insfrán, en La Plata reconocen que son Sergio Zilliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

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El Gobierno anunciará la reestructuración del IOSFA: separará la obra social de los militares de la de los policías

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El Gobierno se prepara para anunciar en estos días una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa fuertes dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.

La iniciativa la está llevando adelante el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que tomó la resolución de este conflicto como uno de los primeros objetivos para su gestión.

Poco después de haber asumido en el cargo, el funcionario ordenó una exhaustiva auditoria sobre el organismo que ya tenía en mente hacer su antecesor, Luis Petri.

Es que las autoridades nacionales consideran que hubo irregularidades severas en el manejo de la entidad en las administraciones anteriores que terminaron en los problemas operativos que enfrenta en la actualidad.

Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.

Uno de los casos más emblemáticos se da en la localidad bonaerense de Punta Alta, donde, de acuerdo con cifras aportadas por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de sus 77.000 habitantes, 42.000 tienen IOSFA y sufren “meses de atraso en todas las prestaciones”.

“Es un atropello de gran magnitud porque si deja de existir cientos de trabajadores se quedan sin cobertura, con salarios que no pueden pagar una prepaga. Como siempre decimos, la salud es un derecho para todos y todas, no una mercancía”, sostuvo en un comunicado Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta del gremio.

Frente a este escenario, Presti viene teniendo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para tratar de acordar una solución.

La decisión fue, por un lado, dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo, en principio, de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura, que podrían quedar dentro de cualquiera de esas dos obras sociales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del sector, de esta manera se comenzaría a ordenar el instituto, ya que el área que atiende a los efectivos policiales “es la más complicada”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es la que se haría cargo de manejo de los recursos para los uniformados que están bajo su órbita.

La obra social de los militares, en tanto, que podría ser una totalmente nueva e independiente, quería al mando de un oficial en actividad con pasado como director del Hospital Militar.

Por su parte, hay un acuerdo avanzado con Caputo para que el Palacio de Hacienda le brinde a IOSFA una ayuda para hacer frente a la deuda de 200 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, Presti le llevará este viernes la propuesta final al jefe de Gabinete, que tendrá la última palabra para decidir si avanza o no con la medida.

En caso de que acepte la iniciativa, los cambios se harán oficiales con un decreto que firmará el presidente Javier Milei y que se anunciaría el próximo martes en conferencia de prensa.

El encuentro entre el teniente general y el ministro coordinador iba a ser, en realidad, el martes pasado, pero no pudo realizarse por problemas de agenda y en el medio estuvieron los feriados por Navidad.

Por otra parte, la reestructuración llega en medio de críticas por los recientes suicidios de cuatro militares en pocos días, uno de ellos perteneciente al cuerpo de granaderos que trabaja en la Quinta de Olivos.

“Nos preocupa muy de hondo porque es personal propio. Humanamente nos duele profundamente perder hombres en estas situaciones. Ya hemos activado todos los sistemas y protocolos de prevención para evitar que esto vuelva a suceder”, sostuvo Presti al respecto, durante una entrevista televisiva.

Asimismo, la próxima semana se harían efectivas las bajas de los militares que dejarán de estar en actividad, incluidos aquellos que formaban parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

De esta forma, pasarán a retiro, por ejemplo, el brigadier general Xavier Isaac, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y el almirante Carlos Allievi, ex jefe de la Armada.

Por su parte, Presti se encuentra en estado de “disponibilidad” y cuando pasen los seis meses que establece la ley, solicitará quedar en una situación similar para no tener que dejar el rango mientras participa del Gabinete.

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