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Bahía baja a Fase 3: es oficial

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Si bien la Provincia publicó un mapa con Bahía en FASE 4 el martes pasado,  el temor de los gastronómicos pasa por el rumor  que la ciudad pase a FASE 3. Rumor que fue OFICIALIZADO por BAHIAPOLITICA el lunes sobre las 19 horas.

BAHIA Y LA REGIÓN DESDE EL MIÉRCOLES ESTARÁN EN FASE 3 

En este caso  los horarios CAMBIARÁN pero solo en las formas:

GASTRONÓMICOS: HASTA LAS 23 HORAS. Pero como sucede en CABA se permitirá el ingreso de los clientes hasta esa hora ya que la restricción horaria es desde la medianoche.

COMERCIOS: Los comercios no esenciales solo podrán abrir hasta las 20 horas en FASE 3.

DEPORTES: Los deportes en espacios publicos serán validados hasta 10 personas. Es decir, el Futbol 5 está habilitado, no así el basquet.

GIMNASIO Y NATATORIOS: En los distintos lugares en FASE 3 permanecieron abiertos. En Bahía Blanca fueron declarados además de carácter esencial.

CLASES: SE MANTIENEN EN FORMA PRESENCIAL según dijo Pablo Romera a CNN, sin embargo aclaró “si la provincia decide suspender a nosotros no nos queda nada por hacer. No es como CABA que es un territorio ajeno a PBA” Sostuvo.

La restricción horaria es igual de 0 a 6 am al igual que viene aconteciendo en la FASE 4.

 

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Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

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La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal tras la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de varios artículos de la Ley N°27.802 de Modernización Laboral. El fallo determina que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Competencia judicial y fundamentos legales

El Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado Nacional, pidió la inhibitoria del Juzgado Nacional del Trabajo Nº63 argumentando que la controversia debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal, ya que involucra cuestiones de derecho público con el Estado como parte demandada. El tribunal analizó el marco legal, destacando el artículo 79 de la Ley N°27.802, que modificó la competencia laboral cuando el Estado es parte, y las disposiciones de la Constitución Nacional y leyes conexas que asignan estos casos a la justicia federal.

El fallo remarcó que la pretensión de la CGT se dirige directamente contra la legalidad de actos estatales y reformas estructurales, no sobre relaciones laborales individuales. Según la resolución, permitir que la Justicia Nacional del Trabajo de la CABA decida sobre la constitucionalidad de políticas nacionales alteraría el sistema federal y el control de los actos del Estado.

Alcance de la decisión y consecuencias procesales

La resolución establece que el fuero Contencioso Administrativo Federal tiene competencia exclusiva para conocer la demanda de la CGT contra el Estado Nacional sobre la Ley N°27.802. Se ordenó al Juzgado Nacional del Trabajo Nº63 remitir el expediente; en caso de negativa, la causa deberá ser elevada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El fallo formaliza la exclusión de la Justicia Nacional del Trabajo para causas de impugnación de políticas públicas estatales o normas generales dictadas por el Estado Nacional. A partir de esta decisión, se consolida el criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado, mientras que los reclamos individuales de trabajadores seguirán en el fuero laboral.

La jueza Marra Giménez dictó el fallo en línea con el dictamen fiscal y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reforzando el papel de la jurisdicción federal en la revisión de la legalidad de políticas públicas y reformas a la legislación laboral.

El fallo

A fines de marzo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió suspender de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral tras el pedido de la CGT, con el objetivo de evitar posibles daños irreversibles en los derechos de los trabajadores hasta que la justicia determine la validez constitucional de la norma. El fallo, firmado por el juez Raúl Horacio Ojeda, establece que la medida afecta a todas las relaciones laborales alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias, en respuesta a los riesgos de vulneración de garantías fundamentales protegidas por la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por la Argentina.

El sindicato, representado por Jorge SolaOctavio Argüello y Cristian Jerónimo como cotitulares de la CGT, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una amplia franja de la reforma aprobada y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Entre los puntos cuestionados por la demanda figuran: la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, cambios en jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva, la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555), la flexibilización de condiciones salariales y de protección ante despidos, la restricción de la tutela judicial y la limitación de la responsabilidad solidaria de empleadores.

En el análisis judicial, el tribunal consideró que la CGT acredita legitimación colectiva para promover este tipo de acciones de intereses difusos, habilitando la vía de la “acción declarativa” conforme al artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez Ojeda subrayó que la medida cautelar resulta necesaria porque “la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior”. El texto también aclara que esta suspensión es de carácter provisorio y “no afecta el debate de fondo”; ofrece, en palabras del tribunal, “mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.

El fallo alcanzó múltiples aspectos de la reforma, entre ellos la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por servicios prestados, la reducción de garantías para trabajadores tercerizados, la flexibilización de la jornada, la alteración de las vacaciones, la restricción de atribuciones sindicales, la modificación de mecanismos indemnizatorios y la creación de nuevos fondos laborales que, según la CGT, afectan la financiación de la seguridad social. La suspensión aplica a las modificaciones del ámbito de aplicación, condiciones salariales, la derogación de la ley de teletrabajo y la reforma de diversos estatutos sectoriales.

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Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

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La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió este viernes a las denuncias que pesan sobre el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. En una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ex ministra de Seguridad pidió respetar “el principio de inocencia” e invitó a “desjudicializar la política”.

“Sin duda que genera un impacto, pero nosotros hemos tomado una decisión. El presidente Milei ha tomado la decisión de siempre, que es no involucrarse en los procesos judiciales y que solo juzgue la Justicia. Que no juzguen los medios, que no juzguemos los políticos: que juzgue la Justicia. Es duro, para él y para todos, atravesar este momento, pero no queremos romper el principio de inocencia de nadie”, comenzó su larga respuesta al ser consultada sobre el espinoso tema que incomoda al Gobierno.

En ese sentido, recordó que esta semana, en el Senado, fue parte de “una jornada muy emocionante” relacionada al proyecto sobre falsas denuncias que impulsó Carolina Losada.

“El otro día, en el Senado, hubo una jornada muy emocionante, que lloramos todos, que fue el día de las falsas denuncias, y tuvimos los testimonios de todos aquellos padres, madres, chicos de colegios que habían recibido una falsa denuncia. Hubo chicos suicidados, padres que no pudieron ver a sus hijos durante 10 años, hasta que se comprobó que eran inocentes. Mientras tanto, se destruye la vida. Entonces, nosotros tenemos que desjudicializar la política. La política no puede cumplir el rol de la Justicia, y los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia. Esperemos que la Justicia juzgue, y esto va también para nosotros, que no tenemos que hablar antes de tiempo sobre casos que la Justicia aún no decidió, porque le podemos destruir la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más”, insistió Bullrich.

Si bien apuntó que “el Presidente ha tomado una decisión, que es mantener a Adorni en su cargo”, admitió que el jefe de Gabinete “está, por supuesto, muy tocado, personalmente y en su familia”.

Ante el planteo de si el funcionario señalado debería pedir licencia hasta que se resuelva su situación judicial, consideró que esa decisión en realidad “tiene que ver con el impacto que le produce a él y su familia”, por lo que debería tratarse de “una conversación de él con el Presidente”.

“No es una conversación de la que yo pueda participar. El impacto es fuerte, él es una persona que no viene de la política. Los que venimos de la política tenemos el cuero más duro, nos hemos comido muchas operaciones, muchas denuncias, muchas cosas. Él está viviendo su primera vez. Esperemos que salga todo bien. Y si la Justicia decide otra cosa, se tomará la decisión correcta”, concluyó.

Los próximos testigos en la investigación sobre las propiedades de Adorni

Después del paso esta semana por tribunales de la escribana de AdorniAdriana Nechevenko, sin lograr en ninguna de las dos ocasiones en que compareció que mostrara su celular, la fiscalía ordenó notificar a los futuros convocados a declarar bajo juramento de verdad que deben llegar a Comodoro Py “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron”.

También tendrán que facilitar “la compulsa, extracción, copia, preservación y resguardo del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las referidas operaciones inmobiliarias”, incluyendo “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Se trata de Claudia SbaboBeatriz Viegas -las vendedoras del departamento que compró Adorni en Miró al 500 en Caballito-, Pablo Martín Feijoo -hijo de una de ellas- y Juan Consentino, este último vendedor de la casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

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Concejales del PRO piden que se revean las sanciones a la cúpula policial de Bahía Blanca tras los incidentes en el Shopping

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Los concejales del PRO, Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, presentaron este viernes un proyecto de resolución para expresar el rechazo a las sanciones disciplinarias aplicadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires al comisario Gonzalo Bezos, superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense, y al comisario Gonzalo Sandobal, titular de la Jefatura Departamental.

La iniciativa solicita al Ministerio de Seguridad bonaerense que revea las suspensiones a ambos luego de los episodios de violencia ocurridos en el Bahía Blanca Plaza Shopping, en el marco de una manifestación de la entidad gremial de Empleados de Comercio, al considerar que hubo “falta de accionar policial”.

En el proyecto, los ediles sostuvieron que sancionar a la conducción policial para dar una respuesta rápida ante un conflicto de esta naturaleza no puede ser la salida, y remarcaron que las fuerzas de seguridad deben actuar con criterio, preservando a terceros y avanzando luego en la identificación y detención de los responsables.

“Creemos que esta decisión es injusta y equivocada. No se puede responsabilizar a quienes tuvieron que actuar en un contexto complejo, con el deber de resguardar a los vecinos y evitar que la situación escalara aún más”, señaló Caputo.

Por su parte, Álvarez Porte afirmó que “la policía no necesita castigos apresurados para dar una señal política. Lo que corresponde es respaldar a quienes actuaron con criterio y avanzar contra los verdaderos responsables de los hechos de violencia”.

Asimismo, el proyecto destaca el compromiso de ambos jefes policiales con la ciudad y advierte que los responsables de haber generado un clima de caos y violencia son quienes deben rendir cuentas ante la Justicia y recibir las sanciones que correspondan.

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