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“Que vaya y vea los números”, la respuesta del Gobierno a las críticas de Cristina Kirchner

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Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo eco de las críticas a la gestión de Javier Milei que emitió la ex vicepresidenta Cristina Kirchner al sostener que el superávit fiscal  “es dibujado” o “trucho”.  “Que vaya y vea los números”, retrucó.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero sostuvo que los cuestionamientos de la dos veces mandataria “corren por cuenta de ella”, y defendió los números de la gestión libertaria. “Son públicos”, remarcó.

“Hay una obsesión de que como no lo hicieron ellos, no lo hacemos nosotros, que vaya y vea los números. No sé en qué se basa para decir eso. No tengo qué contestarte porque desconozco cuál es el sustento numérico para aseverar eso”, planteó al respecto.

En la misma línea, sostuvo que las observaciones de la referente del kirchnerismo sobre la faltante de gas fueron explicadas de forma “magnífica” por el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y la acusó de atacar al Gobierno. “A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada porque cuando uno le habla a la pared es perder el tiempo”, puntualizó.

“Con respecto a los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día, con respecto a la obra del primer tramo y las obras compresoras Tratayen y Saliquello estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Este Gobierno regularizó los pagos por $30 mil millones, pagos que eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros $47 mil millones en la fase de terminación. En tanto el gasoducto norte el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los tres y sin licitar los otros dos”.

“Esta gestión licitó y adjudicó la obra a la que el gobierno destinó más de 150 mil millones de pesos y además se debió asumir una deuda con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraron fueron de 21.8 millones de dólares que por supuesto pagamos entre todos, yo y la doctora Fernández de Kirchner”, completó el funcionario nacional.

La respuesta de Adorni llega luego de que la dos veces mandataria asegurara que la idea libertaria de “superávit fiscal o muerte” está “destinada al fracaso” y que el conquistado por la administración “es dibujado” o “trucho”.

A la vez, aseguró que en la gestión de Milei “al problema de los funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden)”, se le suman “ideas que no funcionan” que es un “combo letal” a la hora de gobernar.

“No hubo ni medio milímetro de imprevisión” 

En otro pasaje de la conferencia, ante la faltante de gas, el portavoz sostuvo que “cuando no tenes la oferta suficiente lo solucionas con importaciones”, mientras que “cuando tenes sobrante se importará y jugará el mercado su juego”.

Para Adorni, “no hubo ni medio milímetro de imprevisión” del Gobierno al tiempo que negó el avance de obras públicas para resolver el problemática de la demanda de gas.

“En término de gasoducto todo sigue sus pasos normales”, prometió, y pidió: “Hay que desmitificar el barco de Petrogras que vino cuando la demanda no podía ser satisfecha con la demanda local. Cuando tenés un problema de faltante la Argentina tiene que ser abastecida con importantes”

Por último, reveló que el servicio de gas en industrias y estaciones de servicio se reestableció producto a “la actuación conjunta de la Cancillería, ENARSA y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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