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Récord de detenidos: las cárceles y comisarías bonaerenses alojan a 58.781 presos, casi 6000 más que en 2018

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La cantidad creció con respecto a los años anteriores y representa un 120% de exceso con respecto a la capacidad máxima de alojamiento del servicio penitenciario provincial; un tercio de los presos tiene entre 18 y 30 años; el 40% está acusado o fue condenado por robos y hurtos.

Nunca en la historia penal de la provincia de Buenos Aires hubo tantos detenidos. Durante 2021, hubo 58.781 presos alojados en celdas de cárceles y comisarías bonaerenses o en prisión domiciliaria, monitoreados por medio de tobilleras electrónicas.

La estadística oficial confirmó un ascenso con respecto a 2020, cuando hubo 57.449 personas privadas de su libertad. Durante el año de pandemia había bajado la cantidad de detenidos con respecto a 2019, cuando hubo 58.300 presos distribuidos en los distintos penales y seccionales del territorio bonaerense, a los que se sumaron aquellas personas que estaban con prisión morigerada y controlada a través de dispositivos electrónicos.

Según consta en el relevamiento realizado por el Registro Único de Personas Detenidas (RUD) del Ministerio Público Fiscal bonaerense, de los 58.781 detenidos en 2021, al menos 54.258 presos estaban alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), alcaidías y dependencias de la policía bonaerense. En tanto que 4523 personas estaban detenidas bajo la modalidad de arresto o prisión domiciliaria.

El estudio, realizado por el Ministerio Público a partir de la información que consta en las causas penales iniciadas durante 2021 en las fiscalías bonaerenses, puso al descubierto la juventud de la población carcelaria: al menos una tercera parte de los 58.781 detenidos tiene entre 18 y 30 años.

Sobre los delitos que cometieron esos presos y que los llevaron a la cárcel, casi el 40% de los detenidos fueron procesados o condenados por robos y hurtos; el 21%, por delitos contra las personas, como ser lesiones graves u homicidios. Aunque el hecho más revelador está relacionado con los acusados o sentenciados por delitos contra la integridad sexual: según el informe, el 14% de los 58.781 detenidos tiene imputaciones o condenas por agresiones sexuales.

Con relación al estado procesal, el estudio concluyó que el 47,4% de las personas alojadas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires se encuentra con condena dictada; el 7,4% de las personas privadas de la libertad está con sentencia de primera instancia que todavía no quedó firme, y el 45,2% restante, en condición de “detenida”, categoría que comprende aquellas personas que figuran como procesadas con auto de prisión preventiva como así también las que se encuentran encausadas y presas.

De los 58.781 detenidos en las 66 cárceles y alcaidías bonaerenses, el 93,8% son hombres y el 6,2%, mujeres, entre las que figuran 32 madres que están presas con sus hijos, a los que crían dentro de un penal.

Las comisarías de la policía bonaerense también tienen una importante cantidad de personas detenidas. En las distintas seccionales de la fuerza de seguridad provincial se encuentran 4415 presos. Esta cifra expone una circunstancia de constante conflicto entre la Justicia, las autoridades de la policía bonaerense y el SPB, que pugnan por aliviar la cantidad de presos alojados en seccionales que no están preparadas para tener detenidos, lo que provoca habituales fugas o motines. Ese conflicto se profundiza debido a que los establecimientos del SPB están superpoblados y carecen de plazas para recibir a detenidos derivados de las comisarías.

Pero también existe una superpoblación en los penales bonaerenses, que actualmente tienen una capacidad para alojar a 27.000 presos, aunque hay poco menos de 50.000 detenidos, es decir, un excedente del 85 por ciento. Esas son las cifras oficiales. Otros organismos, como ser la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) enfatizan que en Buenos Aires la cantidad de personas en condición de detenidas supera en un 120% la capacidad máxima de alojamiento prevista en el sistema de persecución penal provincial.

Aun cuando durante los últimos dos años se sumaron casi mil plazas nuevas para alojar presos, se registró una serie de incidentes que pusieron al descubierto debilidades en el sistema carcelario. Este fue el caso de Joel Maximiliano Gómez, de 25, años, que huyó de la alcaidía departamental de Avellanada, situada en la localidad de Piñeyro.

Hace una semana, Gómez pasó a través de las rejas del calabozo y escapó sin que ninguno de los guardiacárceles lo advirtiera, a pesar de que había una cámara de seguridad que enfocaba hacia la celda. El detenido estaba alojado en ese lugar a la espera de ser trasladado a los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para ser juzgado por un doble homicidio ocurrido en 2020. Dos agentes penitenciarios fueron apartados de sus cargos, acusados de haber facilitado la fuga.

El panorama se agrava en las comisarías de la policía bonaerense. Allí la superpoblación es más evidente y favorece situaciones de evasión o de motines protagonizados por los presos, custodiados por efectivos que no están preparados para cuidar detenidos, una función específica de los agentes penitenciarios.

Esa situación de hacinamiento en las seccionales bonaerenses quedó expuesta, por ejemplo, en la fuga ocurrida en diciembre pasado en la comisaría 4ª de San Martín, cuando huyeron nueve de los 51 presos que estaban alojados en la dependencia, situada en José León Suárez. Los calabozos de esa seccional tenían capacidad para 12 detenidos y había 51 presos en el momento de la evasión.

Cada motín o fuga de una comisaría bonaerense echa luz sobre la situación de hacinamiento en los calabozos de las seccionales. A partir de la fuga de cuatro presos que estaban alojados en la comisaría de José C. Paz, ocurrida en septiembre pasado, se conoció que en dicha dicha seccional había 72 detenidos en un lugar donde hay capacidad para alojar a 15 presos.

Los motines también constituyen un factor que expone esa situación de hacinamiento en las comisarías bonaerenses, aunque acarrea un riesgo adicional: el peligro de que esa revuelta termine con algún interno fallecido aumenta exponencialmente debido al confinamiento y a la cantidad de presos alojados en un espacio reducido.

(La Nación)

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Jubilados y discapacidad: la oposición intentará rechazar los vetos de Milei

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Mientras la oposición saca la calculadora y afina el lápiz con moderado optimismo en su objetivo de derribar los vetos del presidente Javier Milei en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados, el Gobierno hace el trabajo sucio y busca comprometer acuerdos para erigir una barrera de “héroes” que frenen el avance de la “amenaza fiscal”.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que hasta acá venía siendo -con contadas excepciones- un aliado clave del oficialismo en cada una de las votaciones- tendrá un papel preponderante en el resultado final e inclinará la balanza para un lado o para el otro, a modo de árbitro.

El cierre de listas dejó un tendal de heridos en el radicalismo, con muchos de ellos barridos de los armados provinciales, empezando por Rodrigo de Loredo en Córdoba. “Quedan pocos apoyando al Gobierno”, confesaron altas fuentes del bloque UCR.

Ese descontento es mirado de cerca con avidez por la oposición, que aprovechará para pasar la ambulancia y así recoger a los heridos radicales que quieran colaborar con buenas causas, como las leyes jubilatorias y la emergencia en Discapacidad.

Para voltear los vetos de Milei a esas normas, se requiere de mayorías agravadas de las dos terceras partes de los presentes en el recinto, un número difícil de lograr pero no imposible.

Al mediodía de este martes se realizó una reunión por zoom de secretarios parlamentarios, en la que participaron Paula Penacca de Unión por la Patria, Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Carla Carrizo de Democracia para Siempre y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

En ese cónclave se puntearon los apoyos para el quórum y para cada una de las votaciones.  Y se sacaron conclusiones preliminares, con sensaciones que difieren según el veto en cuestión. Por ejemplo, la oposición le ve escasas chances a juntar los dos tercios para rechazar el veto a la moratoria jubilatoria.

En la media sanción del 4 de junio pasado, el bloque de la UCR completo votó negativamente y hasta los radicales díscolos de Democracia para Siempre se abstuvieron.

Nada hace presumir que el escenario gire drásticamente en otra dirección.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la ley de emergencia en Discapacidad, pero en sentido inverso.

El radicalismo votó a favor de aquella media sanción, por lo que los bloques opositores cuentan con esos diputados para superar la línea de los dos tercios y voltear el veto.

Para ratificar el rechazo al veto de la ley de emergencia de Bahía Blanca y zonas aledañas por las graves inundaciones el número también está garantizado.

La mayor duda se instala en relación al veto del incremento excepcional de haberes jubilatorios en un 7.2%. La oposición le prende velas a los diputados radicales, que en la sesión del 4 de junio optaron mayoritariamente por la abstención. Solamente cuatro diputados del radicalismo (Julio Cobos, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura y Roberto Sánchez) votaron a favor del aumento a jubilados. Sucede que a diferencia de aquella votación, que precisaba de mayoría simple para que la norma fuera aprobada, en la de este miércoles las abstenciones serán funcionales al Gobierno.

Por eso, la oposición le está pidiendo a los radicales que revisen esa abstención para no hacerle el juego al Gobierno.

A aquellos que no quieren confrontar abiertamente con la Casa Rosada, les sugieren que se ausenten al momento de votar, en lugar de abstenerse.

También necesitan que los diputados de Innovación Federal que en aquella sesión se ausentaron, vuelvan a hacerlo este miércoles.

El cálculo matemático es el siguiente: las ausencias achican la base de cómputo de diputados presentes, y por lo tanto acorta los votos positivos totales que se requerirían para alcanzar las dos terceras partes.

Avanzan conla comision Libra

Al margen de los vetos, la oposición tiene viento a favor para aprobar el nuevo proyecto de resolución sobre el funcionamiento de la comisión investigadora Libra.

Tras emitir dictamen de mayoría, la oposición solamente necesita reunir una mayoría simple de la mitad de los votos y de esa manera tomar el control de la comisión que pone en la mira a Milei por la cripto estafa del 14 de febrero pasado.

Si no la pican antes, tenemos los votos”, señaló uno de los diputados del conglomerado opositor que más viene trabajando para conseguir los apoyos. El temor de este legislador es que en algún momento dado la sesión se descontrole por enfrentamientos en el recinto y se pierda el quórum necesario para seguir votando los proyectos del orden del día.

Entre estas iniciativas se encuentran los proyectos de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación por el impuesto a los Combustibles.

Este último tendría el camino pavimentado para aprobarse, mientras que el primero depende de cómo maniobren los gobernadores, que tienen una contrapropuesta del Gobierno sobre la mesa. “Nosotros lo ponemos a votación y veremos qué hacen los gobernadores”, sostuvo el diputado.

La resistencia oficialista

Desde el otro costado del ring, el oficialismo mueve fichas para evitar que la oposición se salga con la suya.

Para dar esta difícil batalla tienen a las distintas tribus del PRO de su lado, tras un cierre de listas en el que La Libertad Avanza logró absorber al partido amarillo en la mayoría de las provincias.

La negociación está pendiente hasta el último minuto como en los vetos anteriores. El Gobierno está juntando los votos. Nuestra postura es la misma que en casos anteriores: no se va acompañar ningún proyecto que ponga en riesgo el equilibrio fiscal”, indicaron a Noticias Argentinas altas fuentes del macrismo en la Cámara de Diputados.

Más allá del alineamiento del PRO, habrá que prestar atención a las posibles fugas de los diputados que se encuentran a disgusto con la estrategia de licuación y sometimiento a La Libertad Avanza.

Estas fugas podrían expresarse en ausencias o abstenciones que en la cuenta final pueden tener un valor decisivo.  (DIB)

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Un candidato a diputado de La Libertad Avanza, a juicio acusado de violencia de género

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La justicia de La Plata elevó a juicio una causa que tiene como imputado por violencia de género a un candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) por la Tercera Sección electoral, informaron fuentes judiciales.

El acusado fue identificado oficialmente como Federico Natanael Bojanovich, un joven de 29 años, quien ya se había postulado como candidato a intendente en Ensenada dentro del espacio libertario y que ahora figura en el puesto 9 de la boleta de la Tercera, con chances de convertirse en Diputado provincial.

Bojanovich fue denunciado el 22 de junio de 2022 por su entonces novia, a la que no se identifica para proteger su intimidad. La mujer detalló que aquel 22 de junio ella había salido con unas amigas al after “La Casona”, ubicado en 44 entre 10 y 11 de La Plata, y que pasadas las 6 de la madruga se presentó Bojanovich y comenzó a increparla.

De acuerdo a la denuncia, el ahora candidato a legislador por LLA, ofuscado, le rompió el celular a su entonces novia, la empujó delante de los patovicas y en el auto le tiró de los pelos y le dio un puñetazo en el rostro.

La mujer fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet , donde le entregaron un certificado. La denuncia fue radicada en la comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata. El hecho fue caratulada como daño y lesiones leves doblemente agravadas en contexto de violencia de género.

El expediente avanzó en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata y en las últimas horas la causa fue elevada a juicio. Cabe destacar que si resulta electo el 7 de septiembre, el joven gozará de fueros parlamentarios. (DIB)

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Con el empuje de importados, la inflación mayorista se disparó a casi 3%

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La inflación mayorista se disparó a casi un 3% en julio, informó este martes el Indec. El alza de precios en este segmento se vio impulsado por la fuerte escalada registrada en el rubro de importados, una gama de productos que ganan cada vez más mercado por el impulso que genera la apertura comercial generada por el Gobierno.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 2,8% en julio como consecuencia de un incremento del 2,6% en los “productos nacionales” y una suba de 5,7% en los “productos importados”.

Dentro de los “productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia negativa en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un alza de 3% en el mismo período. En este caso, se explica por la variación de 2,8% en los “productos nacionales” y la suba de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un alza de 3% en el mismo período, como consecuencia del ascenso de 2,9% en los “productos primarios”, la suba de 3,1% en los “productos manufacturados”, y de 1,7% en la energía eléctrica.

Por otra parte, el Indec reveló que el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a mayo registró una suba de 1,6% respecto al mes anterior. Este resultado surgió como consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, de 1,7% en el capítulo “Mano de obra” y de 1,7% en el capítulo “Gastos generales”.

El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

Asimismo, incluye una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Finalmente, el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas. (DIB)

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