La cantidad creció con respecto a los años anteriores y representa un 120% de exceso con respecto a la capacidad máxima de alojamiento del servicio penitenciario provincial; un tercio de los presos tiene entre 18 y 30 años; el 40% está acusado o fue condenado por robos y hurtos.

Nunca en la historia penal de la provincia de Buenos Aires hubo tantos detenidos. Durante 2021, hubo 58.781 presos alojados en celdas de cárceles y comisarías bonaerenses o en prisión domiciliaria, monitoreados por medio de tobilleras electrónicas.

La estadística oficial confirmó un ascenso con respecto a 2020, cuando hubo 57.449 personas privadas de su libertad. Durante el año de pandemia había bajado la cantidad de detenidos con respecto a 2019, cuando hubo 58.300 presos distribuidos en los distintos penales y seccionales del territorio bonaerense, a los que se sumaron aquellas personas que estaban con prisión morigerada y controlada a través de dispositivos electrónicos.

Según consta en el relevamiento realizado por el Registro Único de Personas Detenidas (RUD) del Ministerio Público Fiscal bonaerense, de los 58.781 detenidos en 2021, al menos 54.258 presos estaban alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), alcaidías y dependencias de la policía bonaerense. En tanto que 4523 personas estaban detenidas bajo la modalidad de arresto o prisión domiciliaria.

El estudio, realizado por el Ministerio Público a partir de la información que consta en las causas penales iniciadas durante 2021 en las fiscalías bonaerenses, puso al descubierto la juventud de la población carcelaria: al menos una tercera parte de los 58.781 detenidos tiene entre 18 y 30 años.

Sobre los delitos que cometieron esos presos y que los llevaron a la cárcel, casi el 40% de los detenidos fueron procesados o condenados por robos y hurtos; el 21%, por delitos contra las personas, como ser lesiones graves u homicidios. Aunque el hecho más revelador está relacionado con los acusados o sentenciados por delitos contra la integridad sexual: según el informe, el 14% de los 58.781 detenidos tiene imputaciones o condenas por agresiones sexuales.

Con relación al estado procesal, el estudio concluyó que el 47,4% de las personas alojadas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires se encuentra con condena dictada; el 7,4% de las personas privadas de la libertad está con sentencia de primera instancia que todavía no quedó firme, y el 45,2% restante, en condición de “detenida”, categoría que comprende aquellas personas que figuran como procesadas con auto de prisión preventiva como así también las que se encuentran encausadas y presas.

De los 58.781 detenidos en las 66 cárceles y alcaidías bonaerenses, el 93,8% son hombres y el 6,2%, mujeres, entre las que figuran 32 madres que están presas con sus hijos, a los que crían dentro de un penal.

Las comisarías de la policía bonaerense también tienen una importante cantidad de personas detenidas. En las distintas seccionales de la fuerza de seguridad provincial se encuentran 4415 presos. Esta cifra expone una circunstancia de constante conflicto entre la Justicia, las autoridades de la policía bonaerense y el SPB, que pugnan por aliviar la cantidad de presos alojados en seccionales que no están preparadas para tener detenidos, lo que provoca habituales fugas o motines. Ese conflicto se profundiza debido a que los establecimientos del SPB están superpoblados y carecen de plazas para recibir a detenidos derivados de las comisarías.

Pero también existe una superpoblación en los penales bonaerenses, que actualmente tienen una capacidad para alojar a 27.000 presos, aunque hay poco menos de 50.000 detenidos, es decir, un excedente del 85 por ciento. Esas son las cifras oficiales. Otros organismos, como ser la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) enfatizan que en Buenos Aires la cantidad de personas en condición de detenidas supera en un 120% la capacidad máxima de alojamiento prevista en el sistema de persecución penal provincial.

Aun cuando durante los últimos dos años se sumaron casi mil plazas nuevas para alojar presos, se registró una serie de incidentes que pusieron al descubierto debilidades en el sistema carcelario. Este fue el caso de Joel Maximiliano Gómez, de 25, años, que huyó de la alcaidía departamental de Avellanada, situada en la localidad de Piñeyro.

Hace una semana, Gómez pasó a través de las rejas del calabozo y escapó sin que ninguno de los guardiacárceles lo advirtiera, a pesar de que había una cámara de seguridad que enfocaba hacia la celda. El detenido estaba alojado en ese lugar a la espera de ser trasladado a los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para ser juzgado por un doble homicidio ocurrido en 2020. Dos agentes penitenciarios fueron apartados de sus cargos, acusados de haber facilitado la fuga.

El panorama se agrava en las comisarías de la policía bonaerense. Allí la superpoblación es más evidente y favorece situaciones de evasión o de motines protagonizados por los presos, custodiados por efectivos que no están preparados para cuidar detenidos, una función específica de los agentes penitenciarios.

Esa situación de hacinamiento en las seccionales bonaerenses quedó expuesta, por ejemplo, en la fuga ocurrida en diciembre pasado en la comisaría 4ª de San Martín, cuando huyeron nueve de los 51 presos que estaban alojados en la dependencia, situada en José León Suárez. Los calabozos de esa seccional tenían capacidad para 12 detenidos y había 51 presos en el momento de la evasión.

Cada motín o fuga de una comisaría bonaerense echa luz sobre la situación de hacinamiento en los calabozos de las seccionales. A partir de la fuga de cuatro presos que estaban alojados en la comisaría de José C. Paz, ocurrida en septiembre pasado, se conoció que en dicha dicha seccional había 72 detenidos en un lugar donde hay capacidad para alojar a 15 presos.

Los motines también constituyen un factor que expone esa situación de hacinamiento en las comisarías bonaerenses, aunque acarrea un riesgo adicional: el peligro de que esa revuelta termine con algún interno fallecido aumenta exponencialmente debido al confinamiento y a la cantidad de presos alojados en un espacio reducido.

(La Nación)