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Política Nacional

Referentes trans repudiaron en Diputados los cambios a la Ley de Género pedidos por Javier Milei

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Referentes de organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ rechazaron en la Cámara de Diputados los cambios a la Ley de Género, que prohíben a los menores realizar tratamientos de hormonización para el cambio de género. Los referentes que concurrieron a exponer en la Comisión de Mujeres y Diversidad se manifestaron en contra de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, quien emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para impedir estos tratamientos en menores de 18 años.

El presidente Javier Milei reformó el artículo 11 de la Ley 26.743 a través del DNU, por lo que los menores no podrán cambiar su sexo en el DNI ni realizar tratamientos de hormonización.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, Mónica Macha (UxP), criticó el discurso pronunciado por el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, al considerar que implicó una “persecución” contra el colectivo LGTBIQ+.

“El mileísmo plantea que no se metería con lo que cada uno quiere hacer en la cama, que es volver a pensar el concepto de lo privado, pero no en lo público. Esto es un retroceso conceptual enorme, porque nosotros queremos que cada persona pueda vivir con dignidad y libertad, construyendo su propia felicidad en la cama, en la escuela, en el trabajo, en la calle y donde sea”, destacó.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón dijo que “es muy importante para nuestra comunidad ver que hay una defensa transversal de nuestros derechos” y que “cobran mucho valor los testimonios que le dan dimensión humana a este tema”.

“Las expresiones de odio tienen un efecto concreto en la vida de las personas, como el triple homicidio en Barracas y la agresión a una pareja en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no vamos a aceptar la guillotina social”, subrayó.

“Tengo la convicción de que en la democracia que construimos no hay vuelta atrás”, agregó.

La dirigente feminista y exasesora del gobierno kirchnerista, Dora Barrancos, afirmó: “Estamos ante una cruzada planetaria, fascista y antiderechos, que ha encontrado en las diversidades y los feminismos un programa angular de ataque”“En el pasado, las fuerzas reaccionarias eran homofóbicas, pero no habían consagrado esta fórmula de manera programática”, disparó.

Adrián Hielen, jefe del área de Transgénero del Hospital Durand, señaló la “angustia de quienes están en tratamiento”, ya que “hay un DNU que se adueña de sus cuerpos”.

El médico psiquiatra remarcó que “los equipos que trabajamos en salud trans no fuimos consultados” y agregó: “En los equipos médicos hay miedo de hacer una receta, intervenir o acompañar a los pacientes”.

Posteriormente, expuso la abogada del Foro Argentina contra la TransfobiaCristina Monserrat Hendricse, quien planteó:

“Si una niña o un niño de entre 16 y 18 años puede acceder a cualquier tratamiento médico sin autorización de sus padres, ¿por qué no pueden hacerlo los niños o niñas trans?”

“Un DNU es una decisión de un monarca, cuando la regla que gobierna a una sociedad democrática es el debate y la construcción colectiva”, agregó.

Por su parte, la psicóloga social Marlene Wayar interpeló a los diputados y preguntó: “¿Cuál será su aporte para exigir a los partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas?”.

Agregó: “Estoy dolida por la falta de reacción y lo fácil que caen en el egocentrismo”, y se preguntó “¿para qué estamos acá y qué es lo que vamos a hacer?”.

En ese contexto, Macha dijo: “Es un hecho político y de acá deben salir acciones. La eficacia es una construcción, y si no estuviéramos acá, sería un silenciamiento”.

Uno de los fundamentos del Gobierno para el DNU es que los menores de edad “son personas en desarrollo que tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral”.

Otro de los argumentos del oficialismo es que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores, por su falta de madurez, necesitan “protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal”.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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