En las vísperas del inicio de sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional debate el accionar de los alfiles negociadores para la sanción del temario enviado, con especial centralidad en la Reforma Laboral. Luego de varios idas y vueltas, tres integrantes de la mesa política designada por el presidente Javier Milei admitieron que el reducido círculo está dispuesto a aplicar cambios en el proyecto aunque se muestran reticentes a filtrar los artículos están dispuestos a ceder.

En Balcarce 50 aseguran tener mayoría en ambas Cámaras para hacer pasar el grueso del articulado al tiempo que confiensan que la reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente la recaudación provincial, complejiza los planes por la reticencia de los gobernadores, incluso los aliados. “Santilli está viendo si encuentra la forma, pero está difíci. Es ilógico, estamos hablando de bajar impuestos, pero ellos priorizan el Estado que a las empresas”, contó a este medio una importante fuente libertaria.

Cada semana los actores que componen la mesa política intercambian pareceres para definir alternativas que conformen a los aliados y les permita aprobar la reforma y mantener las modificaciones tributarias ideadas por el ministro del Economía, Luis Caputo. De mantenerse firmes en la posición, el rechazo que acumula la reducción del tributo podría poner en riesgo la sanción de la ley.

“Realmente necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, admitió otra una voz involucarada en la negociación.

En el esquema negociador critican a los mandatarios oficiales a los que acusan de “pedir y pedir”, pero “no ayudan a achicar” el Estado, y a su vez detectan que los gobernadores desconfían de las promesas del Ejecutivo. “No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó un integrante del oficialismo.

La postura no es unánime. Algunos interlocutores se muestran más reacios a la hora de evaluar la posibilidad de ceder ante la presión de las provincias. Pese a eso, la garantía de cambios -siempre y cuando no afecete el espíritu de la norma- durante el tratamiento en el recinto que iniciará en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero es un secreto a voces.

Otro punto que oficia de parteaguas es el futuro de las disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial que estaban contempladas en el capítulo XI que quedó excluido de la sanción del Presupuesto 2026.

El ala más dura que rodea al Presidente está dispuesta a buscar la manera de insistir en el tratamiento de cada punto, mientras que el sector de los moderados, integrado por los alfiles que se encargan de protagonizar la negociación en primera persona, anticipan que no cuentan con los votos y piden evitar ciertos temas que generan polémica. “Es imposible avanzar con ese tema. No sale. Hasta los aliados estan en contra. Y no nos vamos a anotar una victoria política con esto. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año”, confesaron.

El período extraordinario augura positivo para el Poder Ejecutivo. Con los actores ordenados, Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli establece contacto con los gobernadores bajo el orden dispuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es seguido de cerca por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Todas las decisiones económicas son habilitadas por el ministro de Economía que desde hace algunas ediciones asiste de manera regular a las reuniones que incluyen además al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “La mesa está ordenada. El que meta la mano en otro lado lo mato”, ironizó ante este medio uno de sus miembros.

Con el inicio de extraordinarias próximo, el oficialismo busca optimizar los ajustados tiempos de febrero y tiene planes de intentar tratar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur la próxima semana en la Cámara de Diputados. Un legislador libertario garantizó ante este medio que de aprobarse entraría en vigencia, pese a las trabas del Parlamento Europeo, y sostuvo que tanto Brasil como Paraguay tienen planes de avanzar en su sanción.

La CGT ya definió su primera parada en su gira por el interior contra la sanción de la reforma laboral: el martes próximo, el triunvirato cegetista viajará a Córdoba para reunirse con el gobernador Martín Llaryora con el fin de que sus legisladores no voten el proyecto oficial.

La comitiva de la CGT estará integrada por su triunvirato, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes decidieron a comienzos de mes una agenda de viajes para tomar contacto directo con los mandatarios provinciales y comprometerlos a rechazar la reforma laboral del Gobierno, que el Senado tratará desde el 11 de febrero.

El itinerario tentativo de la CGT también incluía viajes a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, en una primera etapa, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora sólo se pudo definir el encuentro en Córdoba, cuyo gobernador, junto con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no avalan el recorte de los derechos laborales ni el capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos que reciben las provincias por el Impuesto a las Ganancias.

“Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad en materia de juicios privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores y menos en un momento tan difícil con cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, dijo Llaryora al comenzar el Festival de Cosquín.

No hay más contactos confirmados de la CGT, aunque sí un encuentro con el dirigente correntino Gustavo Valdés, de la UCR, cuyo hermano, el gobernador Juan Pablo Valdés, estuvo este viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli, para conversar sobre el mismo tema.

En la CGT se quejan de la actitud de tres gobernadores que se muestran renuentes a recibirla: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca): pese a la insistencia sindical en fijar una fecha de reunión, estos mandatarios “buscan excusas para no hacerlo o no contestan los llamados”.

Para la central obrera se trata de una pésima señal: crece la sensación de que la mayoría de los gobernadores acompañará al Gobierno votando en favor de la reforma laboral en el Congreso, aunque hay dirigentes que dudan porque el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su rechazo a introducir compensaciones a las provincias por la reducción del Impuesto a las Ganancias.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, descartó que los gobernadores avalen en forma unánime la iniciativa del Gobierno: “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley de reforma laboral”, afirmó en declaraciones radiales.

“Venimos generando conciencia con cada gobernador, con cada senador”, señaló el sindicalista y enseguida advirtió: “Apelamos a que no dejen sus convicciones en la puerta del Senado a la hora de votar”.

La raleada agenda de contactos cegetistas sólo tiene previsto hasta ahora, además de la audiencia con Llaryora, un encuentro con senadores nacionales de la UCR y de otros partidos no alineados con el Gobierno para sumarlos a su estrategia contra la reforma laboral.

Frente a la actitud reacia de algunos gobernadores a reunirse con la CGT, hay sindicalistas que están planeando la venganza: “Vamos a hacer todo lo posible para que en esas provincias aumente la conflictividad sindical”, advirtió a Infobae un jefe cegetista.

La CGT está jugando a varias puntas dentro del Gobierno para lograr su objetivo: atenuar la reforma laboral que está en el Senado y que, si se aprueba sin cambios, desatará una guerra total entre Javier Milei y el sindicalismo a partir de mediados de febrero.

En concreto, los líderes cegetistas mantienen contactos reservados en 3 frentes del oficialismo en forma simultánea: el asesor presidencial Santiago Caputo; los Menem (Martín y Lule), asociados con Santilli, y Patricia Bullrich desde el Senado, donde ya funciona una comisión técnica, presidida por la asesora bullrichista Josefina Tajes, que recibió a entidades empresariales que objetan la reforma laboral para analizar varios cambios.

Ya con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apartado de las negociaciones con la CGT y los empresarios, como fruto de la decisión política de los libertarios de llegar a un acuerdo con la central obrera, el Gobierno trata de mantener el núcleo básico del articulado de la reforma laboral “en todo lo que hace a la promoción del empleo”, como admitió Bullrich.

Aun así, en la CGT protestan en voz baja: dicen que el Gobierno muestra buena predisposición a aceptar los cambios que promueve en el proyecto oficial, pero “hasta ahora nadie bajó el martillo” para concretarlos.

Por eso los líderes cegetistas, en forma paralela, quieren influir en la postura de algunos gobernadores contra la reforma laboral y explicitan cuál es su primer objetivo en esta batalla política: lograr que el proyecto no se pueda tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso y deba pasar a debatirse en las sesiones ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que Milei afronte desde marzo varios frentes críticos por la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios.

Mientras, dirigentes sindicales del ala dura que critican la estrategia cegetista en curso y de las dos CTA acordaron este miércoles un plan de lucha contra la reforma laboral sin esperar una decisión orgánica de la CGT.

En una reunión realizada en la UOM, los referentes sindicales decidieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10 de febrero, además de la convocatoria a realizar paros y marchas callejeras el día en que el Congreso trate el proyecto de ley.

El encuentro fue encabezado por el anfitrión, Abel Furlán, líder de los metalúrgicos, y contó con la presencia de dirigentes de la la Federación de Aceiteros (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Uno de los referentes de este frente sindical es Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que declaró: “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina por desfinanciar y fundir a las provincias”.

A pocos días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria atraviesa cierto malestar por la falta de organización para enfrentar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Ante las quejas y reclamos de algunos legisladores y sectores gremiales, el presidente del bloque Germán Martínez convocó a una reunión para el próximo miércoles que tendrá como principal objetivo unificar posiciones.

En concreto, las tensiones trascendieron luego de que la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, presentara un proyecto propio de modernización laboral. La iniciativa contó con las firmas de algunos diputados que no reconocen la conducción política de Cristina Kirchner, como la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz o el massista Guillermo Michel, entre otros. Sin embargo, el proyecto luego sumó las adhesiones de importantes referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi o Hugo Yasky.

Ante este escenario, sectores del camporismo y el PJ reclamaron “orden” y respaldaron el proyecto que se trabajó en la Secretaría de Trabajo del Partido Justicialista, que preside la diputada y dirigente gremial Vanesa Siley. Además, desde ese sector aclararon que su propuesta fue consensuada con la CGT y con las dos CTA.

“El bloque no puede mostrar ningún tipo de fisura ante un tema tan importante. Se terminó generando un ruido político por una iniciativa individual. A veces por necesidades de exposición pública algunos se olvidan que son temas sensibles”, plantearon desde el camporismo.

En ese sentido, remarcan que presentar un proyecto propio durante sesiones extraordinarias no tiene ningún sentido más allá de buscar atención mediática porque solo pueden incluirse en el temario las propuestas que impulse el Poder Ejecutivo.

Lo que el peronismo sí puede hacer es firmar un dictamen en minoría propio con todas sus propuestas cuando el proyecto del Gobierno llegue a Diputados. En el Senado desde Unión por la Patria no presentaron ningún dictamen porque no participaron de la comisión de Trabajo en protesta por el reparto de lugares “no representativo” que hizo Patricia Bullrich. De esa forma, sólo hubo dictamen de mayoría (LLA y aliados).

El proyecto presentado por Kelly Olmos comparte muchos de los puntos enarbolados por el PJ, como fortalecer la negociación colectiva, reducir la jornada laboral y extender las licencias. Por eso desde el camporismo aclaran que el problema no es tanto el texto en sí sino no haber mostrado un frente unificado.

Ante la consulta de Infobae, la ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández minimizó las tensiones y señaló que lo más importante es “potenciar el debate sobre lo nocivo que es el proyecto de Milei, que quería un tratamiento exprés y sin debate público”.

“Las iniciativas legislativas se impulsan entre autores y coautores, los consensos se construyen al momento de redactar los despachos (de comisión)”, agregó.

En diciembre, desde el PJ habían difundido los principales puntos de la modernización laboral que llevarían al Congreso para contrastar con las propuestas de Milei. La idea era instalar otras discusiones para no limitarse a rechazar las iniciativas del Gobierno.

El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas.

Entre los puntos principales, el peronismo buscará plantear como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, apostarán a incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También propondrán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.

Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada.

“Lo que difundió el PJ en Diciembre fue un documento con Títulos y desarrollos breves conceptuales, nosotros presentamos un proyecto legislativo, nuestro proyecto otra cosa. Incluye esos títulos y otros de iniciativa propia”, retrucó Olmos a Infobae.