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Política Nacional

Representantes gremiales respaldaron el proyecto que crea el sistema integral de cuidados

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Representantes gremiales y especialistas expusieron sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que propone la modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (Frente de Todos), reconoció que se trata de “un debate que venimos planteando como histórico, un derecho todavía no consagrado en términos masivos y una demanda del movimiento de trabajadores y trabajadoras y feminista”.

“Esta es la última reunión informativa y la idea es poder avanzar con las reuniones de diputados y diputadas para poder dictaminar”, adelantó Macha.

La titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), dijo que “hay un interés muy grande de esta Cámara de Diputados para que este tema sea tratado, hay un impulso desde la Comisión y hay un interés social para que las licencias sean un poco más igualitarias”.

Recordó además que existen 54 proyectos de ley que fueron presentados por todos los bloques parlamentarios y que persiguen el objetivo de “convertir al mundo laboral no solamente en un mundo más digno, sino también en un mundo más igualitario”.

A la hora de las exposiciones, María Orsenigo, Coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem, explicó que “el sistema de cuidados está relacionado con metas y desarrollos de la búsqueda de empleo genuino y el crecimiento y la inclusión de todas las trabajadoras dentro del sistema formal”.

“Llevamos mucho tiempo esperando que podamos incorporar monotributistas a esta discusión y felicito la búsqueda porque es muy importante saber con qué lo vamos a sostener”, añadió.
“Estamos en un país que no está generando empleo genuino y formal. Hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja las incorporaciones de días de licencia, sin estudiar esta transferencia de recursos directamente a los empleadores”, advirtió Orsenigo.

Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, también celebró la discusión del proyecto. “Hoy nos rige una ley que contemplaba la función social de la mujer como, básicamente, reproductora de la fuerza de trabajo. No podemos tolerar seguir manteniendo el régimen de licencias de la ley de Contrato de Trabajo”, dijo.

“No basta con un proyecto recortado: el punto de llegada debe ser necesariamente la corresponsabilidad”, reclamó. Benzion, asimismo, dijo que “las mujeres siempre, tanto en época de crecimiento económico como en las peores crisis, somos las que cargamos con el mayor peso de la tarea productiva y reproductiva”.

Yamile Socolovsky, Secretaria de Género de la CTA, manifestó que “la organización patriarcal de nuestra sociedad es determinante de un modo de inscripción de mujeres y diversidades en el mundo del trabajo que siempre nos coloca en los lugares de mayor desprotección y vulnerabilidad”.

En ese sentido, celebró que se está incluyendo “una noción basada en el reconocimiento de que recibir cuidados es un derecho, que cuidar es un trabajo y de que las licencias tienen que abordar una cantidad de situaciones donde las trabajadoras ´estamos cuidando´ y tenemos que disponer de tiempo y recursos para cuidar”.

“Este proyecto es un paso fundamental y no dudamos que tiene que inscribirse en una perspectiva política que profundice los debates y la toma de decisiones colectivas”, dijo Socolovsky.
Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), consideró a la iniciativa como “verdaderamente transformadora”.
“Inicia un recorrido para incorporar una dimensión de derecho al cuidado que promueve la igualdad entre personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo. Es un avance a la universalidad de cobertura que es indispensable en la consideración del cuidado desde un enfoque de DD.HH.”, sostuvo.

En tanto, Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP, advirtió que “para que podamos discutir una Argentina con justicia social e igualdad, tenemos que empezar a discutir las realidades que se viven”. “Nosotras, en la economía popular, existimos y sostenemos silenciosamente el entramado social”, expresó.

Juan Camisassa, Coordinador del Programa de Protección Social de CIPECC, brindó un informe comparando la situación en la región y explicó que, en Argentina, “las licencias por paternidad y maternidad son las más cortas de Sudamérica”.

“Proponemos de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore a personas que no están registradas, inactivas, desocupadas y de la economía popular. Y, al mismo tiempo, que se puedan equiparar las licencias entre personas gestantes y las no gestantes”, planteó en nombre del CIPECC.

Noelia Ruiz, Secretaria de Género de la CGT, aseguró que “la Confederación General del Trabajo apoya este proyecto porque realmente simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y que estamos dándonos cuenta de cuántas desigualdades tenemos que quitar”.

La Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Curtidores, Claudia Lazzaro, también manifestó que “cuando hablamos de cuidados, hablamos de que primero se reconozca como un trabajo”. “Los cuidados son el nudo crítico que tenemos en el desarrollo de nuestros trayectos laborales”, alegó.

Por último, Alejandra Angriman, presidenta del Comité de Trabajadoras de las Américas y Secretaria Gremial de la CTA Autónoma, denunció que “no hay voluntad del sector patronal de ponerse a discutir las condiciones de trabajo, porque lo único que quieren discutir son salarios y flexibilización laboral”.

“Lo que estamos discutiendo es el conflicto entre el capital y la vida. Esta Cámara tiene una responsabilidad central en avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras, porque las desigualdades son enormes en Argentina”, dijo.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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