Con el fin de abaratar las importaciones y evitar abusos, el Gobierno modificará el sistema antidumping que rige en la Argentina.

El objetivo, según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, es “evitar abusos que redundan en mayores precios” en los productos locales.

“La medida que será publicada en el Boletín Oficial va a reducir los plazos de duración de las futuras medidas antidumping”, explicó Caputo.

Adelantó que se pasará del modelo actual en el que rige una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas, “a una de 3, con una única posibilidad de extensión por 2 años más”.

“Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales”, explicó Caputo.

El funcionario señaló que en la Argentina “estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria”.

El titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Jorge Otharán, renunció a su cargo tras el desplazamiento de María Teresa Gonard (La Libertad Avanza) como presidente del Concejo Deliberante y el cambio de autoridades realizado ayer en el legislativo local.

Su reemplazante, que debería ser designada en las próximas horas, sería Morena Roselló, quien hasta ayer se desempeñaba como prosecretaria en Sarmiento 12.

La carta de renuncia fue enviada esta mañana al nuevo presidente del Concejo, Mauro Reyes (La Libertad Avanza).

Otharán había asumido en el cargo a fines de febrero pasado tras el nombramiento realizado por la expresidente.

En su asunción afirmó que “realizaremos una auditoria para tener conocimiento de todo el personal y del Presupuesto con el que contamos. Queremos trabajar en lo que haya que mejorar para para que todos los ciudadanos puedan tener un mejor servicio y más información”.

En su dimisión se puso a disposición de las nuevas autoridades “para colaborar en una transición ordenada”, asegurando que su salida no interfiera en las actividades de la dependencia.

Tras un año de ajuste total, el gobierno de la provincia de Buenos Aires logró avanzar con un fondo fundamental para el transporte público de pasajerosbonaerense. La firma del acuerdo se hizo el 30 de diciembre y este miércoles fue oficializada con el Decreto 1/25 publicado en el Boletín Oficial.

¿Se termina el conflicto?

Sería un buen momento porque las cámaras empresarias que nuclean a las líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron ayer que a partir de mañana (jueves 16) “las líneas provinciales y comunales no podrán seguir circulando”. En un comunicado explicaron que esto se debe a la falta de los recursos necesarios para pagar los salarios de su personal.