El peronismo bonaerense se encamina a un acuerdo entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro para garantizar la unidad en vistas a la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense el próximo 15 de marzo. En las últimas horas se aceleraron algunas conversaciones para evitar una interna a nivel provincial, cuyo desenlace podría ser imprevisible. Distinta es la situación en algunos distritos, sobre todo donde no gobierna el peronismo. Allí sí puede darse una compulsa interna.

“La unidad está garantizada”, se animaban a vaticinar este martes por la tarde algunas voces que siguen de cerca las conversaciones entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Quién será la persona que presida el PJ a partir del 15 de marzo todavía no está definido. Sin embargo, los caminos conducen —en principio— a la figura de un intendente.

El pronunciamiento de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de este lunes funcionó como una muestra de cómo las conversaciones vienen dándose. La legisladora nacional, de una relación apática con el kirchnerismo, aseguró que “hoy en la provincia de Buenos Aires estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”. Tolosa Paz vertió estas declaraciones en AM 530 Somos Radio.

También planteó que un intendente podría ser la figura y que debía tener “capacidad de diálogo”. Hay algunos nombres en danza. El MDF quiere garantizarse tener presencia en todos los cargos decisorios del PJ. Por eso apuesta a la vicegobernadora, Verónica Magario. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, es otro de las alternativas que se repiten. Una posibilidad es que haya una conducción rotativa, como sucedió en el período anterior a Kirchner y como funciona con la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense. Solo que quien tercia en ese ámbito es el Frente Renovador de Sergio Massa.

Desde el kirchnerismo habían confiado a este medio semanas atrás que buscarían una lista de consenso. O en conjunto. Nadie se anima a asegurar que primará la unidad de manera tal; más bien una convivencia y acuerdo.

El antecedente a mano fue el armado de la lista para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En ese momento, la interna llegó a un punto que parecía de no retorno cuando desde el MDF empezaron a armar listas para las ocho secciones electorales. Luego se terminó acordando que Kicillof encabece las listas en la Primera y Tercera sección con Gabriel Katopodis y Verónica Magario, respectivamente, y luego haya una representación ecuménica que incluyera también el Frente Renovador para el resto de las secciones y los lugares a completar.

Ahora la situación se asemeja. “No debería ser complejo de avanzar. En el cierre del 7 de septiembre y el 26 de octubre, al igual que en la discusión de presupuesto y endeudamiento, cuando primó la razón y se corrió la fantasía, la cosa fluyó”. Algunos intendentes y referentes del PJ estuvieron yendo a la gobernación este martes por la tarde. En horas de la mañana, el gobernador bonaerense compartió un acto con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los más dispuestos a confrontar con el kirchnerismo en pos de la construcción de la figura de Kicillof.

Mientras, el MDF activó las reuniones seccionales. La primera fue el fin de semana en Castelli. Como contó Infobae, allí se ratificó lo planteado por el gobernador semanas atrás en un encuentro con intendentes propios y ministros: que quien conduzca el PJ bonaerense de mínima debe responder a los intereses políticos de la gestión de Kicillof y de máxima ser alguien del MDF.

Este martes fue el turno de la Segunda sección electoral. Hubo una cumbre de similares características a la de Castelli. Esta vez el distrito elegido fue Exaltación de la Cruz. Se enfatizó con la idea de “ir por el PJ”. Anfitrionó el encuentro, el diputado provincial del peronismo e intendente en uso de licencia de ese distrito, Diego Nanni. En representación del gobierno provincial estuvieron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y la jefa de asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez.

El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas para disputar la conducción del PJ. Sin embargo, hay coincidencia desde ambos sectores en que la interna se resolverá mediante un consenso que garantice a todos los sectores representación tanto en las consejerías como en los apoderados e integración de la junta electoral del partido.

El gobierno nacional confirmó este lunes que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se sumará al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por menores lleva décadas, el año pasado el oficialismo había avanzado considerablemente y hasta llegó a firmar un dictamen de mayoría en comisión. El texto había quedado listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, pero la falta de consensos y otras urgencias políticas hicieron que quedara relegado.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza dejaron trascender que están dispuestos a respetar la mayoría de los cambios que se consensuaron el año pasado para lograr el dictamen de mayoría.

El texto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un despacho de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

La propuesta original de los libertarios era fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del umbral actual de 16 años. Según el Gobierno, esta modificación buscaba “alinear” la legislación argentina con la de la mayoría de los países de la región, como Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad comienza a los 14 años, y otros como Brasil y México, donde se ubica en 12 años.

Finalmente, por presión de aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó fijada en 14 años. Por otro lado, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permitía penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

El régimen penal juvenil de Milei también ponía especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Este punto fue uno de los que generó algunas controversias con los gobernadores, que reclamaron que Nación envíe partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Entre las penas alternativas a la prisión se establecían la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas estaba prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitaba la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluían programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas debía ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contemplaba intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

El proyecto disponía que los procesos fueran reservados y prohibía la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa de este derecho. Además, exigía la intervención de la asesoría tutelar y la comunicación a los padres o responsables desde el inicio del proceso. El juez podía disponer medidas protectoras adicionales para salvaguardar la integridad del adolescente.

El dictamen de mayoría también establecía un capítulo específico para la atención de inimputables, con pautas para la intervención de equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos, y prevé la responsabilidad civil de los progenitores por los hechos cometidos por sus hijos.

Por su parte, las víctimas cantarían con derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

La mesa política del Gobierno decidió incorporar el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias este lunes, en medio de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El adolescente de 15 años recibió más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años.

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo anoche un encuentro virtual y dejó en limpio las solicitudes de cambios al dictamen de reforma laboral que demandará esta tarde a la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, en una cumbre que se realizará desde las 15 en la oficina central que el centenario partido tiene en el Palacio Legislativo. El convite contará también con la presencia del PRO y de silvestres provinciales que necesita sumar la Casa Rosada de cara a la sesión extraordinaria que pretende, aunque resta confirmar, entre el 11 y 12 de febrero próximo.

La mayoría de los radicales, que en el Senado son comandados por el correntino Eduardo Vischi, prefirió esperar al “cara a cara” con Bullrich y no anunciar una postura a través de los medios. “Si nos jugó bien y con respeto en diciembre, no hay apuro alguno y mejor hablarlo mañana”, sostuvo un legislador a Infobae.

Más allá de la cautela, desde un despacho deslizaron a este medio, a modo general, que la bancada está de acuerdo “en un 80-85%” con la iniciativa y que “los temas a observar son conocidos”. Es decir que, tanto la UCR como otros senadores reclamarán modificaciones en ítems relacionados con lo “federal” -la eventual quita de coparticipación-, algunos “beneficios” -a favor de grandes empresas, algo que varios solicitan revisar-, y cuestiones más específicas como, por ejemplo, la cuota solidaria sindical. Es que, para los bloques, no se puede convivir más con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) luego frenados en la justicia. “Lo mejor es hacer algo prolijo, por ley y acabar de una vez por todas con cosas no saldadas hace años”, opinó un experimentado dialoguista.

“Acotamos al máximo posible lo que se requerirá. Pero hay puntos en los que no hay mucho margen para ceder. Se verá cuánto aporta la Casa Rosada para arribar a destino. Queremos que salga lo mejor”, aseguraron desde otro despacho de la oposición “acuerdista”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO -tres adhesiones para nada menores, que maneja el misionero Martín Goerling- y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Desde el interior del país se aguardan para las 15 de hoy, entre otros, a Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas); y a Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), terminales en la Cámara alta de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa, respectivamente. El último intenta recuperar identidad y levantar el perfil tras la durísima derrota frente a La Libertad Avanza de octubre pasado.

Un artículo del despacho firmado en diciembre pasado y que preocupa a varios bloques es el 212, que señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó anteayer de esta manera: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Otro proyecto con dictamen listo para el recinto es el relacionado con los cambios en glaciares. Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se entiende, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un despacho de peso. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo” a muchos.