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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Javier Milei fue invitado a participar de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

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Javier Milei

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en el mes de octubre para participar en una conferencia que se llevará a cabo en Washington por el Mes de la Herencia Hispana. El mandatario argentino fue invitado por parte de la organización y así sumará su cuarto viaje al país norteamericano.

El evento es organizado por una plataforma que se dedica a la educación financiera en español y que tiene su sede en Puerto Rico. De acuerdo con lo que describió la publicación que anunció la participación del mandatario argentino, se espera que en el evento participen “líderes del sector público y privado, inversionistas, representantes diplomáticos y figuras influyentes comprometidas con el fortalecimiento del liderazgo y la prosperidad de la comunidad hispana”.

“Concebido como un foro de diálogo estratégico de alto nivel, este encuentro impulsará conversaciones que trascienden fronteras, fortalecerá relaciones institucionales y promoverá alianzas entre quienes hoy contribuyen a definir el futuro económico, empresarial y cívico de las Américas”, añadieron en la descripción del evento que tiene fecha para el 14 de octubre, después del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que se celebra en la Argentina, o “Día de la Hispanidad”, que se celebra en España.

En ese marco, antes del evento en cuestión, se espera que en el mes de septiembre Milei viaje a los Estados Unidos para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas. Se dará en medio de la Semana de Alto Nivel que tiene la organización y que se llevará a cabo en Nueva York del 22 al 28 del mencionado mes. Acá se espera la participación de los jefes de Estado de los 193 países que integran la ONU.

Mientras tanto, la agenda internacional de Javier Milei iniciará este fin de semana cuando viaje a San Pablo, Brasil, para apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro y actual senador del Partido Liberal. La comitiva estará integrada por la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
En la ciudad brasileña, Milei será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes, recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal en el Mercado Livre Arena Pacaembú.

La semana siguiente viajará a Bogotá para la asunción de Abelardo de la Espriella, el dirigente de derecha que venció en el balotaje al oficialista Iván Cepeda, prevista para el 7 de agosto. Antes de Bogotá, realizará una escala en Lima para la asunción de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Los viajes a Estados Unidos son una constante en la agenda internacional del mandatario desde que asumió. Una de las primeras veces que viajó de forma oficial fue en febrero de 2024, cuando participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde tomó contacto con referentes del conservadurismo estadounidense y comenzó a tejer vínculos con el entorno de Donald Trump. En abril de ese año viajó a Austin y Miami, donde se reunió con Elon Musk, y en mayo concurrió al Instituto Milken en Los Ángeles y luego a San Francisco, donde mantuvo encuentros con Sam AltmanTim CookSundar Pichai y Mark Zuckerberg, entre otros.

En julio de 2024 participó de la conferencia de inversores de Allen & Company en Sun Valley, Idaho. En septiembre de ese año estuvo en Nueva York para la apertura de la Bolsa de Nueva York y para disertar ante la Asamblea General de la ONU, y en noviembre asistió a la CPAC organizada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, donde se fotografiaron juntos por primera vez como mandatarios.

En 2025, durante el mes de enero estuvo en Washington para la investidura de Trump, en febrero regresó para la CPAC, en abril viajó a Palm Beach, en septiembre participó nuevamente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en octubre mantuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense. Mientras que en noviembre disertó en el America Business Forum en Miami, evento en el que también participaron Trump, Lionel MessiRafael Nadal y Jeff Bezos.

En 2026, Milei viajó en marzo a Miami y Nueva York para participar de la cumbre “Shield of the Americas” y del evento Argentina Week 2026, y en mayo concurrió nuevamente al Instituto Milken en Los Ángeles.

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El Gobierno terminó de conformar la estructura del organismo que fiscalizará a los hospitales nacionales

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A un año de la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el Gobierno formalizó mediante un decreto la estructura organizativa de primer nivel operativo de dicho organismo, el cual unifica la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales bajo una conducción común.

La ANES se conoció por el decreto 459/2025 publicado el 10 de julio del año pasado, mediante el cual se dispuso la fusión de cinco organismos descentralizados que hasta entonces funcionaban de forma independiente en la órbita del Ministerio de Salud.

El objetivo declarado fue reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión sanitaria, sin suprimir ninguno de los establecimientos ni alterar su especialización médica. Se trata del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.

A partir de la reciente publicación del decreto 652/2026 en el Boletín Oficial, se avanzó en la implementación concreta de la unificación que incluye el organigrama del organismo y las responsabilidades primarias de cada área. Al mismo tiempo, el texto actualizó el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El decreto también fijó los límites de la estructura de segundo nivel operativo, cuya aprobación quedó delegada en el Administrador Nacional de la ANES. La misma deberá contemplar un máximo de 15 Direcciones, 19 Coordinaciones, 2 Auditorías Adjuntas y 8 Supervisiones de Auditoría bajo el régimen del SINEP, más 5 Direcciones Asistentes y 46 Jefaturas de Departamento y/o Coordinaciones encuadradas en el Convenio Colectivo del personal profesional de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.

Otro de los cambios puntuales que estableció el decreto es la supresión de siete cargos extraescalafonarios que asistían al Director Nacional Ejecutivo del Hospital Posadas, una figura que existía desde 2015.

Entre los que se derogan -los cuales existían antes de la fusión- y los que se incorporan, se encuentran las direcciones de administración que cada hospital manejaba de forma independiente: la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Sommer, la Dirección Técnica Administrativa del Hospital Ramón Carrillo, la Dirección de Administración del INAREPS y la homónima del Hospital Bonaparte, todas de nivel III o II según el establecimiento.

En su lugar, se incorporan a nivel central del organismo una Dirección General de Coordinación Institucional y una Dirección General de Gestión Estratégica y Recursos Hospitalarios. Dentro de la Dirección Ejecutiva de Coordinación Legal y Administrativa se crean una Dirección de Sumarios, una Dirección de Gestión Documental, seis Direcciones Generales que concentran las áreas de Compras y Contrataciones, Infraestructura y MantenimientoAdministración, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de la Información y Recursos Humanos, y una Dirección de Enlace por cada uno de los cinco hospitales. Respecto a cada establecimiento, el Hospital Posadas suma una Dirección de Redes y una Dirección de Gestión de la Atención Sanitaria, entre otras incorporaciones.

El 10 de julio pasado, el Poder Ejecutivo designó al doctor Diego Pablo Masaragian como Administrador Nacional de la ANES, con rango y jerarquía de secretario. Masaragian quedó a cargo de conducir el proceso de fusión y de dirigir el funcionamiento de los cinco establecimientos que integran el nuevo organismo.

El mismo decreto nombró a los directores ejecutivos de cada hospital. El doctor Germán Lizziero asumió la conducción del Sommer; el doctor Gustavo Antonio Marrone quedó al frente del Ramón Carrillo; el doctor Luis Quintas tomó la dirección del Posadas; Nicolás Alejandro Marini fue designado para el INAREPS; y el doctor Osvaldo Bruno Panzuto asumió la dirección del Bonaparte. Todos ejercen sus funciones con rango y jerarquía de subsecretario.

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La ley que más le importa a Karina Milei sigue demorada, pero el Gobierno se endurece frente a un reclamo

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La ley de reforma electoral, la que más le importa a Karina Milei, sigue “verde”, admiten en el oficialismo, pero el Gobierno, por ahora, se pone duro frente a los gobernadores que piden adelantar el proyecto definitivo.

En la Casa Rosada reconocen que hay una cuota de desconfianza porque no está disponible el texto con modificaciones (básicamente, pasar del plan de máxima, que es eliminar las PASO, a suspenderlas). Pero aún así, en Balcarce 50 quieren guardarse los detalles de lo que están dispuestos a ceder hasta el filo del debate en el recinto. “Como saben que van a haber cambios, todo el mundo quiere ver la letra final ya plasmada. No va a pasar”, deslizaron en Balcarce 50.

Conviven con una latente preocupación por la falta de adhesiones, a pesar de que Diego Santilli hace meses que intenta seducirlos. Pero no tanto como para acelerar a cualquier costo. “No vamos a apurar. No está cerrada la discusión”, sostuvo un funcionario. Tampoco prevén viajes por ahora de Karina Milei o de Santilli ni del propio Milei para ir personalmente a convencer a nadie.

La idea original de Karina Milei era votar en agosto, pero hoy en Gobierno reconocen que el tratamiento en el recinto podría postergarse para septiembre.

Ya descartaron prácticamente la hipótesis de las colectoras, que prácticamente dejó de mencionarse. Y la negociación real pasa hoy por otras herramientas más “tradicionales”: obras, fondos y lo que en Gobierno definen como “fair play electoral”. En las provincias del norte se trabaja para instalar esa idea: en algunos casos no hubo avances, en otros ya hay un acuerdo de palabra.

“No es que no haya posibilidad” de que prospere, deslizó, cauto, un armador.

Apenas hay un mea culpa por el atraso en las negociaciones por la reforma electoral, que todavía no pasó por ninguna comisión (hasta ahora solo hubo una instancia informativa, con la visita de la directora nacional electoral, Luz Landívar). En la Casa Rosada, para no ofender a Milei y a Caputo y el plan de defensa a rajatabla de cero déficit fiscal, reconocen sólo por lo bajo que se trata de un problema económico. Pero deslizan que los gobernadores “no tienen incentivos” para respaldar al Gobierno sin el mecanismo de giro de fondos.

En general, se vuelcan por hacer un diagnóstico estrictamente político y aseguran que las dificultades responden a “una dinámica más general del Congreso”. Básicamente, vuelven a culpar a Adorni.

Por 70 días el recinto fue, según la definición de un funcionario nacional, “un hervidero”, y eso retrasó la agenda legislativa. Ponen como ejemplos otras iniciativas que -por ahora- no prosperaron: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —con el límite y el porcentaje de tierras en discusión—, cuyo debate terminó caído por falta de adhesiones; “Hojarasca”, que quedó sin sanción definitiva, y Zonas frías.

El proyecto, de todas formas, no está apagado y sigue en danza. “Pase lo que pase, no van a haber PASO el año que viene”, estatuyó un importante asesor nacional.

Pero el Gobierno cuenta con los “alineados de siempre”, como Raúl Jalil (Catamarca), que ya manifestó su voluntad de acompañar. Y, si bien por ahora solo escucharon rechazos, confían en una adhesión, en las próximas semanas de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y posiblemente de Hugo Passalacqua (Misione). También en el Norte justicialista, sobre Gustavo Sáenz (Salta), deslizan que “va y viene”, porque pone reparos, pero creen que a la postre los respaldará.

El problema no se limita a la reticencia de los mandatarios, sino también a que un número acotado -pero significativo- de diputados provinciales no responden políticamente a sus gobernadores y no “obedecen” órdenes. Esos referentes locales que muchas veces lideran espacios políticos disidentes, que apuestan a las PASO para ganar espacios de poder en sus partidos y no están dispuestos a resignar la herramienta de las primarias.

El mapa provincial que tiene el Gobierno cuenta a favor a San Juan y a Catamarca, al igual que Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego. Juan Pablo Valdés (Corrientes) está a bordo, dicen, al igual que Ignacio “Nacho” Torres (Chubut).

Las dudas principales en el grupo de los distritos “aliados” ex Juntos por el Cambio giran en torno a Jujuy, con Carlos Sadir, que todavía no se expidió, pero aparece como “seducible”. También mencionan a la Santa Cruz de Claudio Vidal, que no tiene una posición definida.

Y dan prácticamente por perdido el caso de La Pampa, donde Sergio Zilliotto se opone más que por una cuestión loca, por su vínculo cercano con el PJ Nacional.

Mientras juegan con los tiempos, en el oficialismo están convencidos de que muchos gobernadores “juegan al distraído” y definirán sobre la hora. Por eso la decisión de guardarse las cartas, también, hasta el límite del debate.

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