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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El Gobierno confirmó la hora en la que Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso

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A días de que cierre el período de extraordinarias, el Gobierno nacional confirmó que la apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación se celebrará el próximo domingo 1 de marzo a las 21:00 horas. Como todos los años, el presidente Javier Milei dará un discurso ante las autoridades nacionales, provinciales y los legisladores.

Los detalles del acto fueron oficializados esta madrugada, luego de que publicaran el Decreto 107/2026 en el Boletín Oficial. Se espera que, esa noche, el jefe de Estado llegue al Palacio Legislativo, con varios triunfos parlamentario, si es que el oficialismo puede lograr esta semana los objetivos que se plantearon para las sesiones extraordinarias: el avance en la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. La primera victoria de este período fue la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei.

Aún resta conocer cuál será el resultado de las votaciones previstas para esta semana, pero el trabajo realizado este último tiempo consolidó un giro significativo a la dinámica parlamentaria. Pese a haber ampliado su participación en el Congreso, no ostenta la mayoría automática, y así logró conformar un núcleo de 95 diputados y 21 senadores propios.

No obstante, a este grupo también se suman aliados decisivos, como los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), junto con los bloques del PRO y las áreas clave de la Unión Cívica Radical (UCR).

Esta coalición permitió aprobar todas las leyes propuestas por el oficialismo. La cifra de 34 diputados y 16 senadores que separan al Gobierno de la mayoría propia se compensa con el debilitamiento sostenido del veto opositor, debido a que el denominado peronismo duro —en especial el kirchnerista— perdió la capacidad de impedir iniciativas centrales.

En el Senado, el bloque peronista se redujo a 25 si se concreta tras la fractura de Convicción Federal. La noticia terminó por confirmarse el lunes con un comunicado del flamente bloque, conformado por la tucumana Sandra Mariela Mendoza, quien responde a Osvaldo Jaldo; la jujeña Carolina Moisés, quien será la presidenta del nuevo bloque, al salteño Gustavo Sáenz, y el catamarqueño Guillermo Andrada, a Raúl Jalil.

Entre sus argumentos alegaron que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acto de apertura de sesiones estará atravesado por la proyección de reformas. En este contexto, Milei solicitó al menos diez propuestas de cada ministerio y de la Jefatura de Gabinete como insumos para el discurso del domingo.

El propósito trasciende el recinto: la “batalla cultural” seguirá vertebrando su mensaje, consolidando la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”. Bajo el acrónimo TMAP (Todo Marcha Acorde Al Plan) diseñado por Santiago Caputo, el oficialismo pretende exhibir capacidad de cumplir con su programa de reformas.

Entre las reformas que pasarían a primer plano, se mencionó a la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que tendría por objetivo exigir a los legisladores especificar y justificar el origen de los fondos que serían utilizados para financiar futuras propuestas legislativas.

En la lista de reformas a implementar, señalaron la posibilidad de crear una Ley de Libertad Educativa, que instalaría el sistema de vouchers educativos; una nueva ley de boleta única; y revisar la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue sancionada en 2009 y permanece sin modificaciones hasta el día de la fecha.

Otro de los ejes centrales será el sistema político, debido a que el oficialismo buscaría eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de forma definitiva. Además, estaría bajo revisión la idea de crear una iniciativa que propondría poner en marcha políticas públicas “en función de la moral”.

Por otro lado, fuentes cercanas confiaron a este medio que, al finalizar la sesión, la Quinta de Olivos será el escenario de un encuentro reservado para diputados, senadores y funcionarios de La Libertad Avanza. La asistencia también se extendió a ministros y miembros del equipo de Gobierno.

Entre las novedades de este año figura la confirmación de que la vicepresidenta no participará en el evento, replicando su ausencia de anteriores reuniones. Su relación con el Presidente continúa deteriorada, especialmente tras haber criticado la apertura de importaciones y mostrarse junto a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y uno de los opositores más visibles al jefe de Estado.

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Piqueteros y gremios volverán a marchar el viernes al Congreso: el megaoperativo que prepara el Gobierno

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Una movilización que se prevé masiva y un fuerte operativo policial ante la inminente sanción de la reforma laboral configuran el escenario para el viernes 27 de febrero, cuando el Senado trate el proyecto de Reforma Laboral que probablemente se convierta en ley. La pregunta que circula entre organizadores y sectores políticos es si, durante el debate en el recinto, afuera los manifestantes protestarán de manera pacífica o se repetirán los incidentes graves de las dos convocatorias anteriores.

Marcha y tensión

El Congreso volverá a ser epicentro de una protesta heterogénea compuesta por sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda y sectores ultras. Las columnas comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del palacio legislativo desde el mediodía para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El foco de la movilización será la Plaza Congreso, donde se desplegará un dispositivo de seguridad especial y se aplicará el protocolo antipiquete.

La convocatoria es encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Unidad Sindical, entre otros. Además, se suman sindicatos como Seguro, Vidrio, UPCN, Sanidad, Bancaria, Aceiteros y SIPREBA, así como agrupaciones de jubilados y universitarios. Los organizadores esperan superar la asistencia de las movilizaciones previas, que no alcanzaron la masividad deseada.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, reforzará el vallado en la zona del Congreso y Plaza de Mayo y replicará el operativo implementado la semana pasada, cuando se registraron enfrentamientos graves entre fuerzas federales y manifestantes encapuchados. Se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes.

Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reconoció: “Ahora estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilización que hay. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”.

La reforma laboral —uno de los proyectos centrales del Gobierno— recibió la semana pasada media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos afirmativos y 115 negativos, tras un extenso debate. El oficialismo accedió a retirar el polémico artículo 44, vinculado al régimen de licencias médicas, para facilitar la aprobación. La oposición intentó modificar otros capítulos, pero el diputado Lisandro Almirón, miembro informante, bloqueó cada uno de los cambios propuestos durante la votación nominal de los 26 capítulos de la norma. Ahora el texto vuelve al Senado, que podría transformarlo en ley el viernes.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, publicó: “La semana que viene, todas las centrales sindicales, movimientos populares, movimientos estudiantiles, organizaciones políticas y el pueblo en su conjunto, a copar el Congreso y todas las calles del país”.

En la convocatoria oficial, la organización sostuvo: “Este viernes inundaremos las calles en el Congreso y en todo el país para repudiar la reforma laboral regresiva del gobierno de Milei. Hablan de modernización pero nos llevan al medioevo laboral. Hablan de formalización pero son una fábrica ininterrumpida de pobreza y desocupación. No habrá paz social mientras no haya Justicia Social en Argentina”.

El debate sobre la cantidad y la fuerza de las movilizaciones atraviesa a todo el campo popular. Referentes sociales atribuyen la caída en la masividad tanto a la crisis económica como al endurecimiento de los controles y la represión estatal. Caropresi detalló a Infobae: “El gobierno hace alarde de haber frenado la movilización de las organizaciones, lo cual ya de por sí es una mentira. Las movilizaciones han seguido, los movimientos sociales han seguido de manera activa confrontando contra este gobierno. Sí es cierto que hay un nivel de violencia frente a esa protesta, que hace difícil mantener algunos cortes o algunos reclamos en pie si no es respetando algunas de las cuestiones del protocolo, y a veces ni siquiera respetando el protocolo, porque nos ha pasado que muchas veces ni siquiera han dejado reclamar frente a edificios públicos“.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, señaló: “El plan de Javier Milei es descarado. Su objetivo es destruir la industria, la ciencia, la tecnología y todo lo que implique un desarrollo soberano del país. El nivel de crueldad lo demostró con todos los que necesitaban ayuda, los discapacitados, los jubilados y la gente que necesita un plato de comida. El retroceso que significa desconocer la jornada laboral de ocho horas, no pagar horas extras, muestra que es vergonzoso su accionar y que tenga el consenso para avanzar en ese sentido”.

Sobre la falta de masividad en las últimas marchas, Saravia agregó: “Mucha gente está tratando de sobrevivir y el nivel de inestabilidad y la crisis que estamos viviendo hace que no sea tan sencillo organizarse y faltar al trabajo, o dejar pasar una changa. Si faltás, no cobrás, y en el caso del trabajo registrado te descuentan el día. También vemos que hay intimidación. Eso no es de ahora, se viene haciendo desde que asumió Milei. Denuncias truchas, allanamientos muy violentos, y movilizarse desde la provincia a Ciudad se hace difícil, porque en las estaciones de tren hay retenes de la policía revisando, pidiendo identificación. Hay un proceso de intimidación importante”.

La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de caída del empleo formal y cierre de empresas, como FATE. El Gobierno destaca la baja de la inflación y sostiene que la reforma apunta a reducir la informalidad y promover el empleo registrado, aunque las centrales sindicales y organizaciones sociales advierten sobre un retroceso de derechos y la “falsedad de esos argumentos”.

La jornada de protesta coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la antesala de la apertura del periodo ordinario del Congreso. El domingo 1° de marzo, a las 21, el presidente Javier Milei volverá a pararse ante los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel para inaugurar el período ordinario de sesiones. Será su tercera apertura. El contexto es favorable para La Libertad Avanza. Si durante esta semana no ocurre ningún vendaval político ni un imprevisto de último momento, Milei llegará al recinto después de cumplir los tres objetivos trazados para las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero. Consiguió la aprobación del Presupuesto, algo que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, y entre jueves y viernes el Gobierno se encamina a sancionar la baja de la edad de imputabilidad —nuevo régimen penal juvenil— y la reforma laboral. Dos reformas que durante años fueron rechazadas de plano por el peronismo y que hoy avanzan en el gobierno libertario.

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UNS: últimos días para la inscripción a becas 2026

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La Universidad Nacional del Sur informa que las inscripciones para las cuatro opciones de becas que presenta la casa de altos estudios estará disponible hasta el venidero 28 de febrero.

La institución otorga diferentes tipos de subsidios y becas para quienes acrediten situación socioeconómica comprometida y tengan intención de estudiar en la universidad:

  • Económica: consiste en una ayuda mensual depositada en la cuenta del estudiante.
  • Residencia Estudiantil: asignación de plazas en departamentos equipados para estudiantes cuya localidad de origen se encuentre a más de 40 km de Bahía Blanca.
  • Comedor Universitario: acceso gratuito a almuerzo y cena de lunes a viernes.
  • Transporte: equivalente a dos pasajes diarios de colectivo para quienes vivan en Bahía Blanca a más de 2 km de la universidad (aplicable solo a estudiantes residentes en el partido de Coronel Rosales). En los demás casos, se puede gestionar el boleto estudiantil gratuito a través del sistema Guaraní.
  • Bicicleta: alternativa sustentable y ecológica al subsidio de transporte, otorgada por única vez.

Para más información se encuentra disponible el folleto informativo que puede descargarse aquí. Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a info.bienestar@uns.edu.ar o por WhatsApp al 291-5079460.

Fuente: La Nueva.

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