Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias a punto de asomarse -se inicia mañana, hasta fines del corriente mes-, el Gobierno libertario sostiene como sea la idea de sesionar antes del 13 de febrero -11 o 12- para aprobar la reforma laboral en el Senado y girarla a Diputados. El final de este sendero se consumará tras una primera dilación, en diciembre pasado -donde se obtuvo un dictamen de mayoría-, y una reunión clave entre dialoguistas y la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con varias solicitudes de modificaciones en manos del Ministerio de Economía, es decir, Luis Caputo.

Mientras se aguarda la cumbre entre la ex ministra de Seguridad y los potenciales aliados -no siempre acompañan-, la Casa Rosada busca pulir su estrategia política de cara a semanas trascendentales en el Palacio Legislativo. Lo que está en juego, por fuera del articulado en sí, es la posibilidad de un aterrizaje triunfal de Javier Milei el 1 de marzo próximo, cuando el primer mandatario inaugure el período ordinario de sesiones.

Lo que también quedará demostrado, con el destino final, es si de verdad influyó el leve viraje -sin tocar las “bases” y, sobre todo, las feroces formas- de la estrategia política de Balcarce 50 en relación con el Congreso, luego de tediosos meses -entre 2024 y 2025- en ambas Cámaras, con una oposición que casi toma el control absoluto de la agenda, si de votos se hablase. En especial, en la alta, donde haber ganado tiempo ante oleadas kirchneristas fue algo nunca reconocido por el Ejecutivo. Por un puñado de aventureros poco profesionales que miraron hacia otros objetivos, muchos más cayeron en la volteada. Más que injusto.

Tras varias semanas de una repetida y gastada calesita de “novedades” sobre la reforma laboral, los puntos aún no congeniados entre oficialismo y dialoguistas ya son trillados. En el Senado, La Libertad Avanza tiene más que claro que acordar con gobernadores con terminales en legisladores cerraría la luz verde del proyecto. Con algunos, ya lo hicieron. No obstante, no puede apostar sólo a ello y debe pegotear a revoltosos silvestres provinciales que no responden a una gestión local. El diablo suele acercarse a éstos, que aprovechan el minuto de gloria y se convierten en máquinas de exigir, a veces, barbaridades.

El panorama descripto siempre presenta inconvenientes a la hora de mover piezas en el tablero político. Por un lado, el Gobierno quiso “cerrar” algunos asuntos en diciembre último. Fueron convites discretos. Esto se comprobará en los próximos días y se sabrá hasta dónde “aflojaron” los eventuales ayudantes. Las especulaciones empiezan a picar cerca y nadie quiere, como es lógico, abrir la boca.

Con el foco en mandatarios provinciales, la resistencia principal apunta a la inevitable caída en la coparticipación. Los distritos olvidan recordar que quien más perderá, en este sentido, será la Nación. También es cierto que, al tener los resortes del Estado, dicho hueco sería cubierto de manera ágil. No es lo mismo en el caso del interior. Ya no se trata sólo de pagar sueldos. Por caso, la obra pública ingresó en una fase delicada.

Un ingeniero top, con emprendimientos de todo tipo realizados en al menos un tercio del país, lo definió de esta manera a Infobae el año pasado y reiteró idéntico comentario días atrás: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”. Se habla de reclamos concretos a Bullrich y un ruego a Caputo para reactivar un área dañada y de difícil resolución. Pretender solucionar todo en dos años, a esta altura, es más que primitivo, aunque hay prioridades a repensar.

En caso de destrabar la coparticipación, que implicaría revisar beneficios sobre Ganancias a grandes empresas -dialoguistas prefieren otra clasificación y no dejar al resto afuera-, los aliados quieren plazos más precisos en la potestad laxa que el artículo 212 del dictamen le otorga al Ministerio de Economía para reglamentar, una vez sancionada la ley, varios sistemas incluidos en el proyecto, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, que fue observado) y otras jugadas tributarias. Según confiaron a este medio desde dos despachos, “eso ya se sacó”.

Las situaciones puntuales del mundo laboral parecen encontrarse en segundo o tercer plano. El kirchnerismo casi no reapareció en la Cámara alta, lo cual llamó demasiado la atención. En comparación a debates de los últimos 15-20 años, los movimientos cristinistas fueron mínimos y en modo tortuga. Por eso la atención está puesta en cómo negociará Balcarce 50 y hasta dónde cederá. Si se frenara el texto, sería un “strike dos”, con perfume a tres y “out”. Desde las 15 del martes próximo, en la oficina central de la bancada radical del Senado -comanda el correntino Eduardo Vischi-, habrá novedades. Llega la hora de mostrar las cartas.

En las vísperas del inicio de sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional debate el accionar de los alfiles negociadores para la sanción del temario enviado, con especial centralidad en la Reforma Laboral. Luego de varios idas y vueltas, tres integrantes de la mesa política designada por el presidente Javier Milei admitieron que el reducido círculo está dispuesto a aplicar cambios en el proyecto aunque se muestran reticentes a filtrar los artículos están dispuestos a ceder.

En Balcarce 50 aseguran tener mayoría en ambas Cámaras para hacer pasar el grueso del articulado al tiempo que confiensan que la reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente la recaudación provincial, complejiza los planes por la reticencia de los gobernadores, incluso los aliados. “Santilli está viendo si encuentra la forma, pero está difíci. Es ilógico, estamos hablando de bajar impuestos, pero ellos priorizan el Estado que a las empresas”, contó a este medio una importante fuente libertaria.

Cada semana los actores que componen la mesa política intercambian pareceres para definir alternativas que conformen a los aliados y les permita aprobar la reforma y mantener las modificaciones tributarias ideadas por el ministro del Economía, Luis Caputo. De mantenerse firmes en la posición, el rechazo que acumula la reducción del tributo podría poner en riesgo la sanción de la ley.

“Realmente necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, admitió otra una voz involucarada en la negociación.

En el esquema negociador critican a los mandatarios oficiales a los que acusan de “pedir y pedir”, pero “no ayudan a achicar” el Estado, y a su vez detectan que los gobernadores desconfían de las promesas del Ejecutivo. “No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó un integrante del oficialismo.

La postura no es unánime. Algunos interlocutores se muestran más reacios a la hora de evaluar la posibilidad de ceder ante la presión de las provincias. Pese a eso, la garantía de cambios -siempre y cuando no afecete el espíritu de la norma- durante el tratamiento en el recinto que iniciará en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero es un secreto a voces.

Otro punto que oficia de parteaguas es el futuro de las disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial que estaban contempladas en el capítulo XI que quedó excluido de la sanción del Presupuesto 2026.

El ala más dura que rodea al Presidente está dispuesta a buscar la manera de insistir en el tratamiento de cada punto, mientras que el sector de los moderados, integrado por los alfiles que se encargan de protagonizar la negociación en primera persona, anticipan que no cuentan con los votos y piden evitar ciertos temas que generan polémica. “Es imposible avanzar con ese tema. No sale. Hasta los aliados estan en contra. Y no nos vamos a anotar una victoria política con esto. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año”, confesaron.

El período extraordinario augura positivo para el Poder Ejecutivo. Con los actores ordenados, Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli establece contacto con los gobernadores bajo el orden dispuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es seguido de cerca por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Todas las decisiones económicas son habilitadas por el ministro de Economía que desde hace algunas ediciones asiste de manera regular a las reuniones que incluyen además al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “La mesa está ordenada. El que meta la mano en otro lado lo mato”, ironizó ante este medio uno de sus miembros.

Con el inicio de extraordinarias próximo, el oficialismo busca optimizar los ajustados tiempos de febrero y tiene planes de intentar tratar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur la próxima semana en la Cámara de Diputados. Un legislador libertario garantizó ante este medio que de aprobarse entraría en vigencia, pese a las trabas del Parlamento Europeo, y sostuvo que tanto Brasil como Paraguay tienen planes de avanzar en su sanción.

La CGT ya definió su primera parada en su gira por el interior contra la sanción de la reforma laboral: el martes próximo, el triunvirato cegetista viajará a Córdoba para reunirse con el gobernador Martín Llaryora con el fin de que sus legisladores no voten el proyecto oficial.

La comitiva de la CGT estará integrada por su triunvirato, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes decidieron a comienzos de mes una agenda de viajes para tomar contacto directo con los mandatarios provinciales y comprometerlos a rechazar la reforma laboral del Gobierno, que el Senado tratará desde el 11 de febrero.

El itinerario tentativo de la CGT también incluía viajes a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, en una primera etapa, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora sólo se pudo definir el encuentro en Córdoba, cuyo gobernador, junto con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no avalan el recorte de los derechos laborales ni el capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos que reciben las provincias por el Impuesto a las Ganancias.

“Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad en materia de juicios privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores y menos en un momento tan difícil con cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, dijo Llaryora al comenzar el Festival de Cosquín.

No hay más contactos confirmados de la CGT, aunque sí un encuentro con el dirigente correntino Gustavo Valdés, de la UCR, cuyo hermano, el gobernador Juan Pablo Valdés, estuvo este viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli, para conversar sobre el mismo tema.

En la CGT se quejan de la actitud de tres gobernadores que se muestran renuentes a recibirla: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca): pese a la insistencia sindical en fijar una fecha de reunión, estos mandatarios “buscan excusas para no hacerlo o no contestan los llamados”.

Para la central obrera se trata de una pésima señal: crece la sensación de que la mayoría de los gobernadores acompañará al Gobierno votando en favor de la reforma laboral en el Congreso, aunque hay dirigentes que dudan porque el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su rechazo a introducir compensaciones a las provincias por la reducción del Impuesto a las Ganancias.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, descartó que los gobernadores avalen en forma unánime la iniciativa del Gobierno: “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley de reforma laboral”, afirmó en declaraciones radiales.

“Venimos generando conciencia con cada gobernador, con cada senador”, señaló el sindicalista y enseguida advirtió: “Apelamos a que no dejen sus convicciones en la puerta del Senado a la hora de votar”.

La raleada agenda de contactos cegetistas sólo tiene previsto hasta ahora, además de la audiencia con Llaryora, un encuentro con senadores nacionales de la UCR y de otros partidos no alineados con el Gobierno para sumarlos a su estrategia contra la reforma laboral.

Frente a la actitud reacia de algunos gobernadores a reunirse con la CGT, hay sindicalistas que están planeando la venganza: “Vamos a hacer todo lo posible para que en esas provincias aumente la conflictividad sindical”, advirtió a Infobae un jefe cegetista.

La CGT está jugando a varias puntas dentro del Gobierno para lograr su objetivo: atenuar la reforma laboral que está en el Senado y que, si se aprueba sin cambios, desatará una guerra total entre Javier Milei y el sindicalismo a partir de mediados de febrero.

En concreto, los líderes cegetistas mantienen contactos reservados en 3 frentes del oficialismo en forma simultánea: el asesor presidencial Santiago Caputo; los Menem (Martín y Lule), asociados con Santilli, y Patricia Bullrich desde el Senado, donde ya funciona una comisión técnica, presidida por la asesora bullrichista Josefina Tajes, que recibió a entidades empresariales que objetan la reforma laboral para analizar varios cambios.

Ya con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apartado de las negociaciones con la CGT y los empresarios, como fruto de la decisión política de los libertarios de llegar a un acuerdo con la central obrera, el Gobierno trata de mantener el núcleo básico del articulado de la reforma laboral “en todo lo que hace a la promoción del empleo”, como admitió Bullrich.

Aun así, en la CGT protestan en voz baja: dicen que el Gobierno muestra buena predisposición a aceptar los cambios que promueve en el proyecto oficial, pero “hasta ahora nadie bajó el martillo” para concretarlos.

Por eso los líderes cegetistas, en forma paralela, quieren influir en la postura de algunos gobernadores contra la reforma laboral y explicitan cuál es su primer objetivo en esta batalla política: lograr que el proyecto no se pueda tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso y deba pasar a debatirse en las sesiones ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que Milei afronte desde marzo varios frentes críticos por la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios.

Mientras, dirigentes sindicales del ala dura que critican la estrategia cegetista en curso y de las dos CTA acordaron este miércoles un plan de lucha contra la reforma laboral sin esperar una decisión orgánica de la CGT.

En una reunión realizada en la UOM, los referentes sindicales decidieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10 de febrero, además de la convocatoria a realizar paros y marchas callejeras el día en que el Congreso trate el proyecto de ley.

El encuentro fue encabezado por el anfitrión, Abel Furlán, líder de los metalúrgicos, y contó con la presencia de dirigentes de la la Federación de Aceiteros (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Uno de los referentes de este frente sindical es Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que declaró: “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina por desfinanciar y fundir a las provincias”.