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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Foro en la UNS: la UIBB expuso sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica

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Una exposición sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica llevó a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca. Fue durante el debate acerca del presente y futuro del Polo Petroquímico realizado ayer en el Aula Magna de la UNS.

El panel estuvo a cargo del coordinador-jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Martín Goslino, quien complementó sus conceptos con experiencias formuladas por líderes de tres Pymes locales.

Se trató, en su conjunto, del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico” -organizado por el Instituto Petroquímico Argentino-, que reunió a referentes del sector productivo, académico y gubernamental para debatir sobre los desafíos y oportunidades de una de las principales actividades económicas del país.

“Nosotros, desde la UIBB, nos hicimos cargo de un panel relacionado con la cadena de valor de la actividad petroquímica, que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante vemos cómo se le va agregando valor o riqueza a los productos. Hacia atrás, hay que hablar de los proveedores. Enfocamos entonces la charla ‘hacia atrás’, concretamente al desarrollo de los proveedores”, explicó Goslino.

“Todo esto porque pensamos en los proveedores no como unos meros prestadores de servicio que hoy los tenés, mañana ya no y se reemplazan por otros, sino pensarlos como aliados estratégicos de mediano-largo plazo. No como un prestador de servicio de corta duración”, señaló.

El economista invitó a tres empresarios Pymes para que cuenten sus experiencias y opiniones en base a una serie de preguntas sobre qué instancias se podrían llevar a cabo para mejorar la cantidad y calidad de los proveedores para que las empresas puedan calificar. Y qué pueden hacer éstas para fomentar dicha relación.

Se trató de Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales; Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales; y Ariel Rodríguez, titular de Francisco Lonas SRL.

“Los tres son proveedores de empresas del Polo Petroquímico local e, incluso, algunos de otros lugares como Vaca Muerta. Ariel Rodríguez, por ejemplo, tiene unos cuantos años en el rubro. Valeria Alonqueo, la particularidad de pertenecer a la segunda generación de una empresa proveedora, siendo su papá y su tío los fundadores; y en el caso de Santiago Martínez, lidera una empresa relativamente nueva que hace trabajos y mantenimiento en altura a través de cuerdas.

“Cada uno de ellos fue dándonos ideas de cómo se puede mejorar esta relación entre las grandes empresas y los proveedores. Les preguntamos cómo se han tenido que adaptar a cada requerimiento, en qué cosas se sintieron más acompañados. Qué transformaciones tuvieron que hacer las empresas, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos de documentación y certificaciones. Un trabajo codo a codo con los integrantes de las empresas para ver qué solución le encontraban a cada problema. Una situación que mencionaron como muy interesante es que una vez que se encontraron adentro de la empresa, empezaron a detectar otras oportunidades donde se pueden prestar soluciones. Eso, obviamente, te fortalece, te hace muy fuerte”, relató.

El cierre derivó, en la voz de Goslino, en la carencia de un programa integral de desarrollo de proveedores.

“Más bien detectamos la existencia de acciones aisladas, incluso dentro de nuestra propia institución. Con la mejor de las intenciones a veces éramos más reactivos que proactivos o llevábamos a cabo una actividad que después no era sometida a un seguimiento. Entonces nos propusimos lanzar para el año que viene un programa integral de desarrollo de proveedores no sólo de las empresas del Polo Petroquímico, sino de todas las grandes empresas, incluso las que están viniendo por las grandes inversiones o las que ya están acá como las firmas cerealeras”, señaló.

El programa, manifestó Goslino, tiende a acompañar a las Pymes en su crecimiento como proveedores.

“Que haya certificaciones, capacitaciones y formación. Y que nosotros seamos la entidad que articule todo ese contexto. Lo tomamos como un desafío en virtud de lo que fue la jornada petroquímica, pero en realidad apuntamos a vincular a todas las Pymes de Bahía y la Región con las grandes empresas”, cerró el economista de la UIBB.

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Advierten que renovar los colectivos no alcanza si las calles están en mal estado: “Todo está relacionado”

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Después de varios años de demoras, el proyecto para reorganizar el transporte público de Bahía Blanca comenzó a transitar su camino institucional. Para Cecilia Metlicich, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, la presentación representa un paso esperado desde hace tiempo, aunque advirtió que todavía falta conocer uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el diseño de los nuevos recorridos.

“Es algo que está demorado desde 2018. Se fue prorrogando por distintas razones y, finalmente, llegó el día”, señaló, en diálogo con Panorama, por LU2.

La principal expectativa está puesta en la modificación de las trazas. Según explicó, el esquema actual presenta superposiciones entre distintas líneas, mientras que otros sectores de la ciudad carecen de cobertura o tienen que caminar entre 10 y 15 cuadras para acceder a un colectivo.

“Un solo pasajero no puede subir a dos o tres líneas al mismo tiempo. Esa superposición hace que se pierda kilometraje, mientras hay barrios que directamente no tienen servicio“, analizó.

Metlicich anticipó que la Comisión espera ser convocada para estudiar el expediente y participar de las discusiones. También consideró fundamental incorporar la opinión de los vecinos, ya que cualquier modificación de recorridos puede generar tanto beneficios como dificultades para los usuarios.

“Cuando se mueven las trazas, algunos sectores pueden quedar mejor conectados, pero otros quizás pierdan el colectivo que les pasaba a una o dos cuadras y tengan que caminar un poco más. Habrá que evaluar cómo se desarrolla esta nueva etapa”, sostuvo.

Las frecuencias, una deuda que dejó la pandemia

Más allá de los recorridos, la frecuencia de los colectivos aparece entre los problemas que la nueva concesión deberá atender. Metlicich señaló que el servicio nunca recuperó los niveles anteriores a la pandemia, especialmente durante la noche y los fines de semana.

“Perdimos el servicio nocturno. No lo prestaban todas las líneas, pero algunas circulaban y hoy eso ya no ocurre. Los fines de semana también tenemos esperas muy prolongadas”, indicó.

En ese contexto, valoró el funcionamiento del boleto combinado, una herramienta que la propia Comisión había impulsado años atrás y que permite realizar conexiones entre líneas. Sin embargo, advirtió que su utilidad queda condicionada por los tiempos de espera.

“Nosotros habíamos presentado un proyecto entre 2012 y 2013 y finalmente se hizo realidad hace un par de años. Funciona muy bien, pero si una persona tarda en esperar el primer colectivo y después tiene que esperar otro, el viaje se hace eterno, sobre todo los fines de semana”, explicó.

Por eso, consideró que una redistribución de las líneas podría mejorar las conexiones y reducir los tiempos de traslado.

Barrios nuevos y recorridos condicionados por las calles

La expansión urbana también plantea un desafío para el transporte. De acuerdo con Metlicich, numerosos barrios nuevos no tienen colectivos cerca y sus habitantes deben trasladarse hasta las rutas o avenidas principales para acceder al servicio.

Como ejemplo, mencionó la línea 521, que llega hasta el Conicet, pero no ingresa en los barrios ubicados a los costados de su recorrido. “Va por una traza principal, pero los barrios de alrededor quedan afuera. Los vecinos tienen que llegar hasta la ruta para poder tomar el colectivo”, describió.

A esa dificultad se suman las condiciones de algunas calles por las que circulan las unidades. La Comisión realiza relevamientos periódicos de los recorridos y presentó su último informe durante el año pasado.

En esas recorridas detectaron sectores donde fue necesario modificar las trazas para evitar arterias que no estaban en condiciones. Uno de los casos señalados es el de la línea 506: “Se me viene a la cabeza la esquina de Corrientes y Brandsen. Actualmente, la línea circula por Darwin”.

“Es una calle chiquita, que no está preparada para semejante tráfico… Tuvimos que observar situaciones en las que los recorridos debían alejarse o acercarse para esquivar alguna calle”, explicó.

Para la referente, la renovación de las unidades tampoco puede analizarse por separado del estado de la infraestructura vial. “Por más que el colectivo sea nuevo, si en su recorrido encuentra dos o tres pozos seguidos y eso se repite durante todo el trayecto, no va a durar mucho tiempo en buenas condiciones. Todo está relacionado”, advirtió.

El precio del boleto y los costos del sistema

Otro de los puntos que planteó la representante de los usuarios es el esquema de financiamiento del transporte. Desde la Comisión consideran que los subsidios distorsionaron el valor real del pasaje y que una distribución más eficiente de los kilómetros recorridos podría contribuir a aliviar los costos del sistema.

“Todo lo que no paga el usuario lo termina pagando el resto. Por eso también es importante que el kilometraje esté bien distribuido y que los colectivos puedan levantar pasajeros a lo largo de todo el recorrido”, concluyó Metlicich.

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El Gobierno aumentó un 2,2% las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso un incremento del 2,2% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las prestaciones, sin distinción por tipo de servicio, y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

La medida fue establecida por una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se enmarca en el sistema creado por la Ley 24.901, que regula las prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad.

La actualización se aplica sobre los valores que habían sido aprobados mediante la Resolución 1/2026, del 14 de octubre, cuando se había dispuesto un aumento del 1,9% para ese mes, también en función de la evolución de la inflación.

Por otra parte, la normativa ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Los nuevos valores fueron incorporados en un anexo de la resolución y comprenden al conjunto de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El nomenclador incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única.

Discapacidad: cuáles son los valores actualizados

El anexo de la resolución detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades. Entre los principales valores vigentes desde noviembre figuran:

  • Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92.
  • Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84.
  • Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71.
  • Estimulación temprana: $439.719,68.
  • Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.
  • Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
  • Transporte: $953,22 por kilómetro.
  • Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40. En tanto, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en esa categoría. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.

Fuente: Agencia DIB

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