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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Gremios universitarios anunciaron un paro docente para la semana que viene

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El Plenario de Secretarías Generales de la CONADU HISTÓRICA decidió esta tarde el paro total de actividades docentes en las Universidades Nacionales durante toda la semana que viene (desde el 26 al 30 de mayo). 

Según se informó, la perspectiva es que se profundicen las medidas de fuerza si el Gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario 

Por otro lado, se indicó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación envió este miércoles el instructivo de liquidación de salarios docentes y nodocentes de las UUNN y, como hace 22 meses ininterrumpidamente, esgrimieron que se “impone un aumento unilateral, inconsulto e insuficiente de 1,5% de incremento + una suma fija máxima de $ 40 mil por cargo y proporcional a las horas trabajadas”. 

“A las cachetadas se les responde con un plan de lucha hasta que Milei cumpla la Ley”, afirmaron.

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El Gobierno negó un ajuste en salud y cuestionó la marcha convocada por asociaciones médicas

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El Gobierno negó que haya un ajuste en el área de Salud y criticó la marcha que hicieron sindicatos y trabajadores del sector, en reclamo de más fondos para el sector: “Tiene un tinte político”.

Saúl Flores, Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio liderado por Mario Lugones, dijo que “de ninguna manera” hay reducción de fondos para salud y habló de “tinte netamente político” de los organizadores de la movilización.

Flores destacó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El funcionario de Salud dijo en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso del Hospital Garrahan hubo una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

Flores habló además de “las transferencias en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente, los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso».

El Secretario de Gestión Sanitaria de Salud destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Flores advirtió además que en el caso de los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), de financiamiento compartido entre Nación y Provincia, el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia esos centros de salud.

Las claves de la marcha de sindicatos y trabajadores de la salud para pedir más fondos para el sector

  • Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública en rechazo a lo que advierten que es un ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, con denuncias de deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.
  • La movilización central fue en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 13.00 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.
  • Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por un recorte presupuestario, caída de programas nacionales, falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos, hablan de la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

Fuente: TN

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Por el frío, subió la demanda de gas y volvieron a aplicar restricciones a estaciones de GNC e industrias

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Las bajas temperaturas volvieron a presionar sobre el sistema de gas. Con el consumo en aumento, que ya se ubica 20% por encima del promedio del año anterior, se retomaron las restricciones a industrias y estaciones de GNC en varios puntos del país.

Desde inicio de semana y “por tiempo indeterminado”, se registran cortes o límites de consumo a firmas con contratos interrumpibles -que pagan más barato el suministro, pero son las primeras que pueden tener las restricciones-. La intención es garantizar que no falte gas para los hogares, escuelas y hospitales (usuarios prioritarios).

La demanda de gas se ubica por estos días cerca de 150 m3 totales, con un consumo de hogares en torno a 70 m3. Y las previsiones apuntan a que en las próximas semanas siga en aumento por la época invernal.

Por eso, tanto desde el Gobierno como desde el sector energético monitorean de manera permanente los posibles pico de consumo.

Desde el sector de las distribuidoras aseguraron que las restricciones a expendedores de GNC e industrias interrumpibles son medidas habituales en los inviernos para garantizar que no haya faltantes de gas.

En esta oportunidad, la medida -que las distribuidoras aplican en varios puntos del país- comenzó a principios de semana y se mantendrá “hasta nuevo aviso”, según confirmaron a TN fuentes del sector.

En concreto, implica limitar el expendio de GNC en aquellas bocas de carga que no cuentan con contratos en firme, es decir, sin garantía de suministro continuo. En CABA, la mayoría de las estaciones de servicio tiene contratos firmes, por lo que desde el sector explicaban que no se sentirá especialmente.

En paralelo, también se aplicaron restricciones a consumos industriales bajo la misma modalidad interrumpible.

El consumo de gas entró en alta temporada

De acuerdo con los registros de Enargas, la demanda prioritaria, que incluye hogares, hospitales, escuelas y otras instituciones esenciales, se ubicaba en torno a 67 millones de metros cúbicos diarios, bien por encima del nivel de la misma semana del año anterior, cuando ascendía a 54,3 millones de metros cúbicos diarios. En comparación, la temperatura media también es menor en este mayo: 12,5° contra 13,6° de 2025.

Cerca de 30% de esa demanda corresponde al AMBA, la zona de mayor concentración de usuarios residenciales. De todos modos, las cifras están lejos de las que se ven en pleno invierno, cuando los usuarios residenciales puede llegar a demandar 100 millones de metros cúbicos por día.

Quejas y advertencias de la industria por el costo del gas importado

En paralelo, en lo que va de mayo llegaron dos barcos con GNL para regasificar en el buque de Escobar. Se estiman que inyectarán 10,6 m3 al sistema en las próximas jornadas.

Además, Enarsa -que quedó a cargo otro año del negocio del GNL luego de que el Gobierno desistió de privatizar la importación por los altos precios globales- licitó 9 buques para junio para reforzar la oferta en temporada invernal.

La semana pasada, la empresa estatal vendió a industrias y distribuidoras esos cargamentos. La operatoria generó quejas entre industrias por el “sobrecosto” de ese gas importado.

Es que el valor que le puso Enarsa fue superior a la ofertas que habían hecho los privados en la licitación de la que el Gobierno desistió.

Los agroexportadores, nucleados en Ciara-CEC, reclamaron a las autoriddes explicaciones por esa diferencia, que implica mayores costos para las industrias.

El secretario coordinador de Energía, Daniel González, buscó este miércoles llevar tranquilidad: “Nos vamos a asegurar de que cuando tomemos el invierno completo, el costo total no sea mayor al que hubiéramos tenido con el sector privado”.

Fuente: TN

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