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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Kicillof prepara un acto nacional con el que buscará mostrar su perfil federal de cara a 2027

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Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suba al escenario del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), pronunciará un discurso opositor al gobierno de Javier Milei, en clave nacional. También empezará a dar algunas pistas sobre qué hacer a futuro. De hecho, la jornada se bautizó con el eslogan “Construir la Esperanza”. El encuentro, que será el próximo 19 de septiembre en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Wilde, municipio de Avellaneda, servirá para mostrar qué construyó políticamente el gobernador hasta el momento y sobre qué está parado, en vistas a las elecciones del año que viene.

El encuentro será también el cierre de los plenarios seccionales que vienen dándose en el interior bonaerense todos los sábados. Sin embargo, los organizadores ya buscan darle contenido federal para que, efectivamente, el mandatario provincial se suba a la contienda electoral. La logística y organización pasan por el círculo político de Kicillof. Semanas atrás hubo una reunión en el despacho del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para organizar la dinámica del encuentro y empezar a trabajar en la convocatoria. Aunque participaron intendentes, ministros y dirigentes del peronismo provincial, se buscará presencia no solo de figuras bonaerenses. Habrá sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano que pondrán su estructura al servicio del encuentro. Sin embargo, también esperan que haya legisladores nacionales, intendentes del interior del país y demás referentes por fuera de los márgenes de PBA.

El encuentro comenzará a las 11 de la mañana. Habrá diez carpas en las que se debatirán distintas agendas: Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat y Cultura y Deportes. Cada mesa tendrá disertantes y será en modalidad de debate. Se espera un documento final del MDF y el cierre a cargo de Kicillof en un escenario unificado. Aunque los organizadores dicen que “no está pensado como un acto masivo”, las dimensiones del predio permiten que la reunión sea multitudinaria.

La semana pasada, Kicillof volvió a levantar el perfil en pos de su construcción nacional. Con parte de sus ministros, viajó a Chaco escoltado por Héctor Daer de la CGT y participó de la asunción de las nuevas autoridades cegetistas en la provincia del nordeste del país. Fue recibido por el senador nacional y exgobernador, Jorge Capitanich. También mantuvo un almuerzo con intendentes y dirigentes del peronismo chaqueño, presentó su libro y firmó convenios con la Universidad Nacional del Nordeste. En su paso por esa provincia invitó a participar del acto que encabezará el 19 de septiembre en Avellaneda.

La locación elegida tiene un antecedente en la dinámica interna del peronismo. En ese mismo lugar, en marzo de 2023, se llevó adelante el acto “Luche y Vuelve”, en donde el kirchnerismo pedía por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, en un operativo de presión hacia el entonces presidente Alberto Fernández. Lo particular es que en ese momento el escenario mostró una postal que hoy es inimaginable con Máximo Kirchner y Axel Kicillof compartiendo espacio. Sin embargo, allí, empezaron los matices. El acto tenía un componente de efeméride. Se cumplían 50 años del regreso de Juan Perón al país, tras 18 años de proscripción.

“Algunos, en esos 18 años de persecución, pensaron que podían hacer un Peronismo sin Perón, pero no se podía, como hoy no puede haber Peronismo sin Cristina”, decía el gobernador. Antes había pedido que la dirigencia “bajase al territorio”, para conocer de primera mano el termómetro social. En ese ámbito se escuchó, acaso por primera vez en público, una contundente crítica del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner hacia el gobernador. Kirchner fue el último orador de ese plenario. “No hay que bajar al territorio, compañero gobernador, hay que subir a los militantes a los lugares de una buena vez por todas y ahí vamos a ver cómo se negocia”. El resto de la historia es conocida hasta estos días.

Hoy, de quienes completaron ese escenario, hay dos sectores bien diferenciados. El gobernador armó su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, mientras que el kirchnerismo siguió en su posición. Sin embargo, en vista de las elecciones del año que viene, tanto La Cámpora/cristinismo como el MDF, el resto de los gobernadores peronistas o el Frente Renovador de Sergio Massa coinciden en un punto: que hay que sostener las elecciones primarias (PASO) en el Congreso para ordenar una interna que con el paso del tiempo asoma irresoluble en el marco de un acuerdo superestructural. De eso se habló en la cumbre que mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador en el barrio porteño de Retiro. Un primer acercamiento.

Es probable, como viene sucediendo en los actos políticos en los que participa, que quienes asistan al encuentro del MDF en Avellaneda vuelvan a pedir la candidatura presidencial de Kicillof. El gobernador no lo dice en público. Quienes tienen diálogo diario con el mandatario bonaerense avisan que “cuando Axel esté en campaña se van a dar cuenta”. Por el momento, los movimientos que viene dando se parecen bastante a los de un candidato. Avellaneda será otra parada en su construcción política.

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La oposición convocó a una sesión en Diputados para debatir morosidad y emergencia en discapacidad

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Luego de haber mostrado en el recinto de la Cámara de Diputados que contaba con una mayoría suficiente para impulsar una sesión especial, la oposición formalizó este jueves la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre para tratar dos temas incómodos para el gobierno de Milei: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

En la última sesión, en la que el oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición intentó incluir en el temario proyectos sobre estas cuestiones. En realidad, no fue más que una maniobra para poder determinar la voluntad real de algunos bloques dialoguistas de confrontar con la Casa Rosada, ya que para abrir la orden del día de una sesión se necesita una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible dado que los libertarios controlan más de un tercio del recinto.

Sin embargo, cuando el tablero mostró que 133 votos positivos (cuatro más del mínimo para llegar al quórum) quedó en claro que era posible construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión especial.

Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, explicó el diputado Germán Martínez en la conferencia de prensa que realizaron en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras en el recinto continuaba la sesión.

El presidente del bloque de Unión por la Patria se refería así a la imposibilidad de la oposición de tratar ningún proyecto el mismo 9 de septiembre, ya que no hay textos que cuenten con dictamen de comisión, un requisito casi ineludible para poder debatir un tema en el recinto.

Ante este escenario, la oposición deberá conformarse con emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégicas Presupuesto Finanzas, para ponerles un plazo máximo en el que tendrán que dictaminar los proyectos de la oposición. Para esto sólo se necesitan 129 votos positivos.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal – el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID Independencia (Tucumán). Si bien en las filas de la oposición reconocen que por presión del Gobierno es probable que algunos diputados pierdan el entusiasmo, confían en que podrán sostener la mayoría. Por ejemplo, destacan que incluso hubo cuatro ausentes que jugarán a su favor: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.

Las decenas de propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Durante las próximas dos semanas, cada bloque se comprometió a unificar criterios a su interior para luego intentar llegar a un texto de consenso que pueda ser aprobado en el recinto.

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“Milei alcanzó un récord histórico”: el Gobierno celebró la aprobación de otros 67 pliegos judiciales en el Senado

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La Oficina del Presidente celebró este jueves un récord histórico en materia de designaciones judiciales tras la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta. Así se precisió a través de un comunicado oficial en el que se remarcó que la administración del presidente Javier Milei se convirtió así en la gestión que mayor cantidad de jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

“La Oficina del Presidente celebra la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta”, comenzó el comunicado compartido a través de las redes sociales.

Con esta aprobación, el Gobierno del Presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales, convirtiéndose en la administración que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994”, destacaron en el mismo mensaje en base al registro que logró el Gobierno.

El comunicado que compartió la Oficina del Presidente

La sesión se realizó este jueves a partir de las 11 y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien retomó la conducción del recinto luego de tres semanas de inactividad de la Cámara Alta. La jornada, de baja intensidad política, incluyó además el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales girados a comisión y la aprobación de cinco convenios internacionales.

El comunicado de la Oficina del Presidente subrayó de manera particular la labor de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, a quien atribuyó la construcción de los consensos con todos los espacios políticos que hicieron posible la aprobación.

También destacó la gestión del ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques, por el trabajo realizado para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales. Mahiques asumió la titularidad de la cartera en marzo de 2026, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, y desde entonces motorizó el envío de candidatos a la Cámara Alta con el objetivo de reducir el alto porcentaje de vacantes en juzgados, defensorías y fiscalías del fuero federal y nacional.

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