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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Giro de Bullrich en su interna con los Milei: cerró filas para criticar a Villarruel

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Después de los cambios en el Gabinete, Patricia Bullrich dejó a un lado las discusiones internas, dio un giro y se puso espalda con espalda con los Milei. Eligió un enemigo en común, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que terminó de ubicarse como opositora. Y en la Casa Rosada, conformes con el repliegue, le devolvieron el gesto.

Los chats de ayer de la (autodenominada) “socia” de PRO contra Victoria Villarruel y el mensaje nocturno responsabilizando a la vice por la postergación del debate sobre el polémico proyecto de propiedad privada en el Senado fueron muestras de la estrategia de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta de volver a sintonizar con la dupla presidencial.

En el entorno de Bullrich, lejos de hacer un mea culpa por la forzada dilación, dijeron que el oficialismo fracasó por un combo de razones, entre las cuales descartaron cualquier error de cálculo propio y apuntaron principalmente a Villarruel. Según dijeron, por sus “fuertes operaciones” para que no hubiera quórum (cosa que finalmente se consiguió, y por eso se pudieron votar los pliegos de jueces).

Karina Milei acaba de empoderar a Diego Santilli, que se transformó en el principal interlocutor con los aliados amarillos, además de Cristian Ritondo en Diputados. Y dio varias señales de que planea intervenir de manera personal o por medio de alfileres propios en el Congreso, como se vio con las convocatorias de los diputados y senadores violetas en Balcarce 50 o la visita de la hermana presidencial a la Cámara baja, fotos mediante.

Bullrich, apuntan en el planeta libertario, corre riesgo de quedarse sin lugar en el oficialismo mientras juega a plantarse frente a los Milei y analiza pros y contras de sus posibles destinos políticos. Uno de ellos es ser candidata a vice en la búsqueda de la reelección, pero si los Milei ya no confían en ella, puede llegar a costarle que le aseguren ese puesto. Un lugar por el cual hay otros competidores como, dicen aunque ellos lo nieguen, Martín Menem o Sandra Pettovello.

La caída de la sesión no sólo fue un fracaso para el Gobierno sino que se festejó como un triunfo en el kirchnerismo y el PJ, que salieron a apropiarse de la derrota oficialista. Y los festejos en el campamento enemigo generaron una oleada de ira en el oficialismo. Aún así, en la Casa Rosada evitaron cualquier tipo de cuestionamiento en contra de Bullrich. “Podría haber sido peor”, se limitó a decir un funcionario anoche, sobre la sesión. En el karinismo se cuidaron de criticarla, pero no la defendieron. Mientras que en el sector de Santiago Caputo se comprometieron un poco más: dijeron que “por supuesto” no la culpaban, sino a Villarruel.

Por la noche, en la Bolsa de Comercio, Milei habló del traspié senatorial por encima y sin referencias puntuales: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”, dijo vagamente, en aparente referencia a la oposición.

No es extraño ni nuevo que elijan cuidarla. En la etapa de los cruces por Adorni, Karina se dejó cuestionar por Bullrich sin tomar represalias, en una actitud muy ajena a sus tajantes costumbres políticas. A pesar del malestar con sus desmarques, como es ya box populi, los Milei sostienen el vínculo con Bullrich cueste lo que cueste mientras necesitan de su respaldo como líder del sector “republicano” de los votantes, en especial, y seguir para sumar adhesiones en las próximas elecciones.

Usar a Villarruel como chivo expiatorio de los traspiés en el Senado es un clásico de La Libertad Avanza. De hecho, así lo hicieron en cada tropiezo: desde el financiamiento a las universidades hasta los pliegos de jueces hasta los vetos presidenciales fueron colocados en los hombros de la vice. Que, sin dudas, terminó de transformarse en un miembro más de la oposición.

Cerca de Bullrich también se defendieron con otros argumentos: la escasez de senadores propios y el faltazo de dos soldados de LLA. “Se prefirió pasarlo para estar más tranquilos”, dijeron en el bloque violeta, para bajarle el dramatismo a la derrota.

Y pasaron una cuota de la factura a uno de los principales autores del proyecto de reforma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Tendremos más tiempo para seguir analizando las dudas. Es real también que había dividendos de Sturzenegger con algún tema”, deslizaron.

Cerca de Villarruel se defendieron y aseguraron que Bullrich filtró el diálogo sobre la postergación de la deuda para “quedar bien con la Rosada” porque, según aseguraron, perdió manejo sobre el bloque. “Le tienen controlado el bloque desde el Ejecutivo, si hasta van los funcionarios a la sesión”, dijeron. Se referían a la presencia de Ignacio Devitt en los palcos del recinto, ayer, mientras los senadores debatían los pliegos de los jueces.

Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, dijo la Vicepresidenta en X ayer por la tarde. Pero no negó el contenido de la conversación que circuló durante la jornada.

De fondo está la discusión sobre el futuro de Bullrich. En la Casa Rosada le prometen la vicepresidencia, pero ella no está segura de querer ese lugar. Tampoco se decide por la Ciudad, mientras Karina Milei sopesa la posibilidad de generar un acuerdo, o no, con Jorge Macri.

Por lo pronto, la secretaria general gestó un encuentro con legisladores porteños propios en la Casa Rosada para hablar de la agenda de CABA, donde deslizó fuertes críticas contra la gestión. Bullrich no fue de la partida.

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Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

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A principios de año, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Si bien los libertarios estuvieron muy lejos de tratar los “90 paquetes de reformas estructurales” que prometió el Presidente, el oficialismo cerró un primer semestre positivo en la arena legislativa, con grandes victorias, como la reforma laboral, y bloqueado casi todos los intentos opositores de controlar la agenda.

La principal victoria política de La Libertad Avanza fue la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada el 27 de febrero tras una sesión maratónica en el Senado y ratificada luego en Diputados. Esta norma, eje central del programa de gobierno, modificó de manera sustancial las reglas del mercado de trabajo.

La nueva normativa abarató los despidos, introdujo el banco de horas y alivió las cargas empresariales a través de la reducción de aportes y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por los empleadores. Además, la ley eliminó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa y permitiendo que los convenios sectoriales dejen de tener vigencia si no se renuevan. Otra novedad fue la creación de la figura del trabajador independiente fuera de la ley de contrato laboral, habilitando formas de contratación basadas en servicios puntuales.

Uno de los cambios más debatidos fue la restricción al derecho de huelga en servicios esenciales como salud, educación, transporte, energía y agua, donde ahora debe garantizarse un servicio mínimo del 75%. Para sectores considerados trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el piso es del 50%.

Por otro lado, el Gobierno logró avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras un debate de casi dos décadas. También aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a sacar “los dólares del colchón”, elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Asimismo modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuyó de 5 años a 3 años. Esta es la normativa que el Gobierno buscará reformar nuevamente en la segunda mitad del año para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.

En los últimos dos meses acumuló una seguidilla de victorias con la rectificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; de el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y de la Ley Hojarasca.

Además, tras la sesión del último jueves, el gobierno de Milei acumula más de cien nombramientos judiciales para resolver el profundo problema de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes. Según trascendió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques tiene listos otros 300 pliegos que buscarán aprobación del Senado antes de fin de año.

Sin embargo, a pesar de su exitoso primer semestre, el oficialismo acumula una batería de proyectos de gran impacto político y económico para la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, el de mayor importancia para el Poder Ejecutivo será la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). Paso que los libertarios consideran fundamental para asegurar la reelección del Presidente.

Esta iniciativa no termina de juntar masa críticas entre gobernadores afines y bloques aliados, algo similar a lo que ocurre que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones. Su tratamiento se postergó por cuarta vez y el oficialismo ya trabaja en el borrador número 16.

Después de las vacaciones también llegarán al Congreso una batería de iniciativas anunciadas por Milei para garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria. A la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal se sumarán una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia -prohibir el financiamiento del Tesoro- y un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.

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Inminente publicación del pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas

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Al interior del Gobierno afirman que “falta muy poco” para la publicación de los pliegos para la privatización del Belgrano Cargas y Logística, una de las compañías públicas que había sido dispuesta para su venta en la sanción de la Ley Bases. Tres fuentes de diferentes sectores del Poder Ejecutivo afirman que, a diferencia de instancias anteriores, debería ser cuestión de días para que las condiciones de privatización de la empresa salgan en el Boletín Oficial.

“Debería estar pronto”, confirmó una fuente inobjetable a Infobae, que agrega que el timing de la publicación sigue estando en la revisión en manos de las plumas legales del Ministerio de Economía. Desde esta última área se limitaron a decir que “todas las medidas que se toman se anuncian oficialmente”.

La Casa Rosada quería comenzar a mostrar avances en las privatizaciones dispuestas en la Ley Bases a comienzos de año, pero el inicio de ese proceso para el Belgrano Cargas tuvo una serie de revisiones cruzadas entre diferentes áreas del Gobierno que forzó a demorarlo más.

Y es que se trata de una de las concesiones más importantes que se pueden poner en juego en la Argentina debido tanto al impacto que supone a nivel de infraestructura y en la matriz productiva como por los 50 años que se estipula en el pliego licitatorio. Se espera que haya un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y que para fin de año o comienzos del próximo se determinen las adjudicatarias.

El proceso abarcará las líneas BelgranoSan Martín y Urquiza, que hoy integran Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde las economías regionales hacia puertos y centros de consumo. La compañía también administra la infraestructura ferroviaria, el material rodante y los talleres del sistema.

La licitación cambiará el formato de las concesiones ferroviarias de los años 90, porque el negocio se dividirá en tres procesos independientes: la administración de las vías, los talleres y el material rodante. Ese diseño permitirá que una empresa compita por una operación integrada o que distintos actores se repartan cada unidad de negocio.

La novedad que se conoció por estos días es que se habilitará la opción que una empresa o grupo pueda presentarse para todas las unidades en simultáneo.

Es algo que interesa de particular manera a la compañía Ferromex (Grupo México), el principal postulado extranjero para operar de manera integral la red ferroviaria del Belgrano Cargas en Argentina. La compañía impulsa un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares para modernizar las líneas estatales.

Pero también figuran otros actores de relevancia en la compulsa, aunque no están precisamente interesados en todas las ramas del negocio. El principal competidor es el consorcio de cerealeras integrado por Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC). También aparecen empresas argentinas ligadas a la infraestructura ferroviaria, como Grupo Roggio.

Para incentivar las presentación de compañías, el Gobierno publicó meses atrás el decreto 282/2026, el cual oficializó la decisión de vender el material rodante -como vagones y locomotoras- y que el monto que ingrese a las arcas estatales sea direccionado directamente para financiar y pagar obras sobre las vías que buscan ser concesionadas.

La transferencia de la operación de la principal red ferroviaria de cargas del país a capitales privados busca, a su vez, forzar un ciclo de inversiones para revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura. La búsqueda ideal de todo el proceso es incrementar el volumen de capacidad de los transportes para mejorar costos operativos y de rentabilidad del servicio.

Se estima que el plan de obras ferroviarias propiciadas por el Estado sean cercanas a los 800 millones de dólares y que la venta del material rodante cubra algo más de la mitad de este monto.

Otro de los atractivos que colocó el Gobierno para los inversores será que los montos destinados a la concesión por parte de los privados se encuadrarán en los beneficios del RIGI.

Asimismo, el nuevo esquema aplicará plenamente el sistema de acceso abierto previsto en la Ley 27.132 de 2015 para los servicios ferroviarios de cargas. Esa modalidad permite que cualquier operador transporte mercaderías entre distintos puntos de la red, sin depender de la titularidad de las instalaciones de carga o destino, mediante el pago de un canon. El modelo habilita a que una compañía pueda utilizar locomotoras y vagones propios o contrate a un operador privado y pague un peaje por usar las vías.

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