Conecta con nosotros

Destacado

Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

Publicado

en

El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

Advertisement

Destacado

Ránking de la obra pública: Kicillof invirtió el 6,6% y Milei el 3%

Publicado

en

La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.

El dato aparece en un ranking que mide el peso de la inversión y la obra pública en los presupuestos provinciales. Lo lidera Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%.

Ese documento señala que, en promedio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron 9,5% de sus gastos a erogaciones de capital durante el año pasado. Buenos Aires quedó por debajo de ese umbral y, según el informe, en una situación en la que se priorizan en mayor medida los gastos corrientes y operativos. En el extremo superior del ranking aparece San Luis, con 28,8%, seguida por Santiago del Estero, con 19,8%, y Catamarca, con 19%.

Buenos Aires, entre lo que recibe y cómo lo distribuye

Los porcentuales forman parte de la discusión política entre Milei y Kicillof. Mientras el Presidente sostiene que las provincias deben revisar sus estructuras de gasto y reducir el peso del Estado, el gobernador bonaerense reclama al Ejecutivo nacional una recomposición de los recursos que recibe el distrito y cuestiona el recorte de las transferencias y de la inversión nacional.

El informe de Daletto reconoce la dimensión del reclamo bonaerense: señala que la Provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable. Sin embargo, el documento plantea que ese reclamo no exime a la administración provincial de revisar cómo distribuye sus recursos.

El ranking agrega otro dato que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar la gestión de Kicillof: aunque el gasto de capital bonaerense creció 10% en términos reales durante 2025, su participación sobre el gasto total siguió siendo baja. Además, el informe advierte que durante el primer trimestre de 2026 esa proporción cayó a 4,4%, por debajo del 6,6% registrado en el cierre del año pasado.

Armendáriz y Duhalde, máximos niveles de obra pública

El informe realiza una comparación histórica desde el retorno de la democracia. Indica que los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%).

En este último período, el impulso de la inversión pública -sostenido por la creación del Fondo del Conurbano- se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente. Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%.

El informe no se limita al diagnóstico y propone una salida que implica modificar la matriz presupuestaria provincial: plantea establecer por ley que el 20% del gasto bonaerense se destine a erogaciones de capital, con un sendero gradual que llevaría la inversión al 10% en 2027, 13% en 2028, 16% en 2029 y 20% en 2030.

Continue leyendo

Destacado

Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

Publicado

en

La aprobación del Gobierno se ubica en el 35% y acumula una caída de 20 puntos desde el comienzo de la gestión, según la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El dato fue presentado por el politólogo y director de la encuesta, Diego Reynoso, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Reynoso explicó que el oficialismo logró mantener durante su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%, pero comenzó a perder respaldo de manera sostenida desde fines de 2024.

Se mantiene la aprobación del Gobierno en 35 puntos. Si yo lo comparo desde que llegó el gobierno hasta ahora, perdió 20 puntos de respaldo. Los 55 que tenía son más o menos lo que sacó en el balotaje, el primer mes de gestión”, señaló.

El politólogo aclaró que la caída no se produjo de manera abrupta, sino que fue acumulándose a lo largo de los meses. “Si yo medía mes a mes, no había diferencia estadísticamente significativa, porque el margen de error es de 3,16. Pero en la tendencia general, finalmente se acumulan 20 puntos de erosión de la gestión”, explicó.

Según Reynoso, el deterioro estuvo vinculado a un cambio en las expectativas y a una sucesión de conflictos que fueron afectando al oficialismo. Mencionó, entre otros episodios, el caso Libra, las denuncias vinculadas a la ANDIS y los audios que involucraron al Gobierno.

Fue acumulándose, acumulándose, acumulándose. Ahí perdió mucho el Gobierno hasta la elección de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, el resultado electoral bonaerense también produjo un efecto de concentración del voto oficialista. Reynoso señaló que parte del electorado que evaluaba alternativas, particularmente en el espacio de Provincias Unidas, terminó regresando al Gobierno ante el temor de un avance de otros sectores.

La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones

Más allá de los escándalos políticos, Reynoso destacó un cambio en las principales preocupaciones de la sociedad. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar peso en las respuestas de los encuestados.

A partir de ahí, entre escándalos y demás, empieza a aumentar en la demanda ciudadana la preocupación por los bajos salarios y por el empleo. Hoy el empleo está ganando a la preocupación por los salarios. Es la economía”, afirmó.

El dato se combina con otro indicador relevante de la ESPOP: el 69% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha del país. Para Reynoso, ese malestar también se refleja en las palabras utilizadas por quienes desaprueban al Gobierno.

Esperanza siempre fue la palabra dominante entre el núcleo de respaldo de Milei. Pero se fue achicando y lo que empezó a crecer del otro lado era asco, vergüenza, rechazo. Pero dentro del otro lado fue decepción e incertidumbre, que corresponden a los que switchearon en el respaldo”, explicó.

Bullrich, Kicillof y Bregman, entre las figuras que mejoraron su imagen

La caída de la aprobación presidencial no significó, sin embargo, que una única figura opositora haya capitalizado automáticamente el desgaste. “En principio nadie capitaliza esos 20 puntos de caída del Gobierno. Pero hay algunas señales de tendencias claras”, planteó Reynoso.

Entre los dirigentes que mejoraron su imagen mencionó a Patricia Bullrich, que pasó del 28% al 37% de imagen positiva. También destacó a Axel Kicillof, cuya valoración creció desde aproximadamente el 25% hasta el 36% en los últimos diez meses.

Para el gobernador bonaerense, esa mejora representa además un desafío político. “Son cargos de gestión que estructuralmente te posicionan como candidato. Tu imagen crece y vos tenés que administrar la definición de tu candidatura y la gestión. Y eso te complica hacia adentro y hacia afuera”, analizó.

El tercer caso fue el de Myriam Bregman, quien experimentó un fuerte crecimiento después de los debates presidenciales y logró mantenerse por encima del 30% de imagen positiva.

La aprobación del Gobierno cayó al 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión, según la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés (Infobae en Vivo)

Reynoso, de todos modos, marcó una diferencia entre la valoración de un dirigente y su capacidad para convertirla en votos. “A la hora de votar hay una estructura muy fuerte de las identidades partidarias que derivan en voto”, explicó.

Cómo se perfila el escenario hacia 2027

En cuanto a la intención de voto, Reynoso describió un escenario relativamente estable y todavía abierto. Según las mediciones de los últimos meses, el peronismo concentra alrededor del 25% o 26% de las preferencias, mientras que el oficialismo reúne un porcentaje similar.

Otro cuarto del electorado todavía no sabe a quién votar o prefiere no responder, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas, como el PRO, el Frente de Izquierda, sectores radicales, Provincias Unidas y el voto en blanco.

Para Reynoso, ese electorado será determinante a medida que avance la campaña. Al mismo tiempo, descartó que el deterioro del Gobierno esté generando una ruptura generalizada con el sistema político. “No noto movimientos antisistémicos. No de desafección política final y total”, afirmó.

Según su análisis, los votantes que se alejaron del oficialismo todavía buscarán una alternativa dentro del sistema. “Ese 20% que se decepcionó a lo largo de este tiempo con Javier Milei va a tratar o se va a realinear con la opción que más le quede, dependiendo de su grado de antiperonismo”, sostuvo.

Con un Gobierno que conserva un núcleo de respaldo cercano a un tercio del electorado, una oposición que todavía no logra capitalizar todo el desgaste y un cuarto de los votantes sin una definición, el escenario hacia 2027 permanece abierto. La evolución de la economía y, particularmente, del empleo aparece como uno de los factores que pueden definir hacia dónde se moverá ese electorado.

Continue leyendo

Destacado

El freno de Karina Milei a Federico Sturzenegger y el giro hacia una agenda legislativa más controlada

Publicado

en

La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

Continue leyendo
Advertisement

Trending