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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Cómo será el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, luego de haber obtenido la media sanción en Diputados

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El Gobierno nacional anotó una nueva victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la reforma laboral durante la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, el oficialismo logró que el proyecto de ley continúe en pie. La oposición se reflejó en 115 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

La semana pasada, la Ley de Modernización Laboral había sido aprobada por el Senado, pero su camino legislativo no está terminado. A raíz de las modificaciones que se realizaron, para evitar que la iniciativa perdiera el apoyo de los bloques aliados, la norma deberá regresar a la cámara de origen.

Luego de que los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales fueran criticados por los espacios afines a La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

Según trascendió, desde Balcarce 50 consideraron que era vital priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado. Sobre todo, desde que expresaron que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

De esta forma, la eliminación del artículo 44 del texto de la reforma laboral dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad.

De acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección. En el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%.

En línea con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro.

Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que la iniciativa vuelva a ser tratada por la Cámara Alta el viernes de la semana siguiente, cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado victorioso. Sobre todo, porque el Senado había expresado 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja. No obstante, para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobadas.

Además, entró en la agenda un nuevo marco legal propuesto por el Poder Ejecutivo para realizar cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue evaluada, luego de que un fallo judicial obligara al Gobierno a aplicar la norma que fue aprobada a mediados de 2024. Sin embargo, el objetivo será evitar que su aplicación afectara a la meta de mantener el equilibrio fiscal.

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El Gobierno prepara la hoja de ruta de las reformas para el 2026 y podría anunciar algunas en la Apertura de Sesiones del Congreso

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La reforma laboral es el primero de varios peldaños legislativos que el Gobierno quiere subir en su aspiración de hacer del 2026 un año propositivo en el Congreso. En el entorno del presidente Javier Milei marcan que la coordinación de la mesa política ha proporcionado un mejor diálogo con los aliados circunstanciales, que a su vez están más definidos. “Se forjó un ida y vuelta de mayor confianza con ellos y eso ayuda a conseguir los votos cuando precisamos”.

En la Casa Rosada consideran que el proyecto de Modernización Laboral era de los más controvertidos que se podían tratar a lo largo de todo el año.

Su temprano tratamiento tuvo que ver con las prioridades estructurales del Gobierno -Milei cree que el mercado laboral debe reorganizarse para que luego posibilite otros proyectos transformadores-, pero buscó seguir aprovechando la colaboración que están dispuestos a dar ciertos aliados circunstanciales: es probable que a fin de año algunos de ellos no estén más, ya que La Libertad Avanza apuntará a quitarle la gobernación a algunos de ellos.

El Poder Ejecutivo envió diferentes iniciativas al Congreso a lo largo de las sesiones extraordinarias. Es muy probable que priorice terminar de tratarlas todas antes de impulsar otras agendas. Pero en el entorno de operadores políticos del Presidente ya están pensando en una hoja de ruta para establecer nuevos proyectos en los próximos meses.

Una altísima fuente oficial comentó a Infobae que están esperando a que Javier Milei vuelva de Washington este viernes para poder empezar a dialogar sobre esa cuestión.

En el Gobierno están diseñando un esquema distintos para definir qué secuencilidad de reformas presentar este año. “En el pasado lo que sucedía es que cada uno de los ministerios definía su hoja de ruta y después se comunicaba automáticamente”, marca un funcionario a este medio. La idea que piensan ahora es centralizar aún más las tareas políticas: “Ahora son las carteras las que tienen que decir qué hitos quieren realizar este año y es a través de la Jefatura de Gabinete que se diseña el esquema de cómo se hará”.

Es muy posible que en la próxima semana pueda darse una reunión que sirva para determinar algunos ejes que contribuyan al discurso de Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el cual se dará el 1 de marzo a la noche.

Allegados al Presidente lo han escuchado decir que cada uno de los ministerios nacionales tiene más de 10 paquete de proyectos de ley. “Es claramente menos, pero quiso decir que hay una intención fuerte de pegarle fuerte y al medio con los proyectos. Es ahora o nunca”, marcan en su entorno.

El oficialismo reconoce internamente que el margen de maniobra para aprobar iniciativas relevantes se irá reduciendo en los próximos meses, a medida que se aproxime el ciclo electoral y disminuyan las posibilidades de acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

Para la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza reconoció que consiguió apoyos de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, apuntan desde el oficialismo. Un motivo más para la urgencia de las reformas.

Se espera que a lo largo de 2026 lleguen al Congreso diversas iniciativas. Hay algunas de importante peso como la reforma del Código Penal, la impositiva y electoral que tienen altísima prioridad y que serán enviadas con la mayor proximidad posible.

En Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

La reducción de impuestos y el alivio sobre empresas y personas son objetivos centrales de la administración libertaria. Se discuten alternativas como la reducción en el impuesto a las Ganancias y estímulos para mercados, junto a la eventual implementación de un “IVA dividido”, una idea dada a conocer por el ministro Caputo. La discusión gira en torno a cómo equilibrar esos incentivos con la preservación de la estabilidad fiscal.

Uno de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años.

 

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La CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90% y advirtió: “Recién empieza el plan de acción”

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La CGT consideró que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y afirmó que la reforma laboral “retrocede 100 años en derechos colectivos”, por lo cual advirtió: “Recién empieza el plan de acción”.

En una conferencia de prensa, realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista aseguró que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”.

En el encuentro sólo hablaron los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes agradecieron a los trabajadores que adhirieron a la huelga y fueron particularmente críticos no sólo del gobierno de Javier Milei sino también de los gobernadores y los legisladores que apoyaron la reforma laboral.

El discurso más duro estuvo a cargo de Jerónimo, que señaló: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”. Y agregó: “No estamos dispuestos, porque así lo marca nuestra tradición y nuestra historia, a entregarnos ni a cerrar la puerta de las organizaciones sindicales”.

Tras destacar que “el plan de acción de la CGT se viene cumpliendo al pie de la letra y seguramente la política se va a poner nerviosa”, sostuvo: “Seguramente hay gobernadores inescrupulosos que quieren echarle (la culpa) de lo que hacen mal ellos a los trabajadores. Primero que miren cómo están sus provincias. Son cómplices de esta traición dándole el voto de este proyecto de reforma laboral regresivo que tanto daño le va a hacer a los trabajadores y al mundo del trabajo, y después le piden explicaciones a la CGT”.

“Llegó la hora, de una vez por todas, de exponer a todos aquellos que llegan a los distintos cargos de importancia, tanto en las provincias como en lugares legislativos, y a la hora de que tienen que tomar la decisión de defender los intereses del pueblo, le terminan dando la espalda –planteó-. No lo podemos permitir más”.

Jerónimo, además, opinó que “el peronismo va a construir una alternativa para volver a conducir los destinos de la Argentina” y que “el movimiento obrero va a ser protagonista de esa construcción”. “Vamos a volver a construir un país que le vuelva a dar oportunidad a los 47 millones de argentinos”, enfatizó.

En otro tramo de su intervención, el líder de los empleados del vidrio dijo: “Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de poder escuchar el mensaje que le dio el pueblo argentino hoy, que no se pongan caprichosos ni en una encerrona, porque acá no existe ninguna extorsión. Nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina y ser parte de ese proceso virtuoso. Queremos empresas abiertas, discutir paritarias, pero con empresas activas que puedan producir y vender. Hoy la economía está en una recesión profunda y es crítica la situación de los trabajadores de la Argentina”.

“Todos los días nos dicen que este proyecto es para generar previsibilidad para para que vengan las inversiones de afuera -indicó-. Lo único que estamos viendo todos los días es que las empresas extranjeras se van todos los días de la Argentina, hay cero inversiones y lo único que se beneficia es a la especulación”.

El primer orador fue Sola, quien resaltó que el paro general tuvo “un enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y dijo que los diputados que votarán la reforma laboral “merecen mirarse a sí mismos y a quienes representan”.

Detalló que la CGT llevó adelante “12 movilizaciones y 4 paros” en el gobierno de Milei, y destacó: “Hemos sido consecuentes y responsables, no solamente en mantener la paz social ante la protesta, ante la negación al diálogo, ante la negación al reclamo que hemos hecho, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida de las prestaciones de salud, sino por el rompimiento del tejido social y productivo que se está llevando adelante”.

Al criticar la reforma laboral, Sola dijo: “Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido. Y este proyecto de ley retrocede 100 años. Cien años en derechos individuales, en derechos colectivos y en una búsqueda que tiene como corazón la transferencia de recursos económicos de los trabajadores hacia el sector empleador”.

Salió al cruce enseguida de los cálculos sobre cuánto pierde el país por un día de paro general y propuso “contrastar que en este proyecto de ley pretenden bajar los aportes y contribuciones patronales que implican 3000 millones de dólares y también sacar del sistema de previsión jubilatorio de la Argentina otros 3000 millones de dólares”, por lo cual puntualizó: “Seis mil millones anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores hacia el sector financiero. Es ahí donde tendrían que detenerse, quizás, quienes hoy están mirando cuánto se pierde (por el paro)”.

Por su parte, Argüello, el último en hablar, hizo una fuerte advertencia a los diputados que “van a votar en un poco tiempo” la reforma laboral: “Fíjense lo que van a hacer. No traicionen más su pueblo. Llegaron por el voto de los trabajadores, por el voto del pueblo, no lo traicionen, porque el pueblo tiene memoria y nos vamos a acordar de cada una de las cosas que hacen”.

El dirigente de Camioneros manifestó que “este movimiento obrero no está dispuesto a abandonar ningún tipo de lucha y ningún tipo de pelea” y aseguró que el objetivo es “llevar la dignidad a nuestra patria y la defensa de nuestros valores y de nuestros recursos naturales”. “No vamos a permitir que se los vengan a robar, como este gobierno lo quiere entregar a los grandes poderes económicos y, sobre todo, a su mandante, que es Estados Unidos”, concluyó.

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