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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El Consulado General de Italia reinauguró su histórica sede tras la reconstrucción por la inundación

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La histórica sede del Consulado General de Italia en Bahía Blanca, ubicada en Avenida Alem 309, fue reinaugurada oficialmente este jueves luego de un profundo proceso de reconstrucción estructural, modernización y puesta en valor, impulsado tras los graves daños ocasionados por la inundación del 7 de marzo de 2025.

El acto reunió a autoridades municipales, representantes institucionales, miembros de la comunidad ítalo-argentina y vecinos, en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo para Bahía.

La sede consular, considerada una de las construcciones emblemáticas de Avenida Alem, logró recuperar su valor arquitectónico original incorporando al mismo tiempo nuevas soluciones tecnológicas, criterios de resiliencia y espacios modernizados para la atención pública y el trabajo cotidiano.

Durante el acto, el cónsul general Nicola Bazzani recordó con emoción las horas posteriores al desastre climático.

“La voz seguramente se me va a quebrar un poco por la emoción. Estoy acostumbrado a hablar en público, pero este momento realmente me cuesta”, expresó Bazzani, quien recordó que pasó toda la jornada de la inundación dentro del edificio y destacó el significado simbólico de la reconstrucción.

“No se trataba solamente de reconstruir como era antes, sino de perfeccionar. Toda obra humana puede perfeccionarse”, señaló.

 

En ese sentido, explicó que decidieron conservar una de las históricas puertas dañadas por el agua como recordatorio permanente de la tragedia.

“La dejamos como un ‘memento’, un recuerdo de nuestra fragilidad y de lo que puede suceder”, afirmó.

El diplomático detalló además algunas de las obras realizadas en el subsuelo, donde anteriormente funcionaban oficinas y el archivo consular, uno de los sectores más afectados por el agua.

Hoy el espacio cuenta con estanterías móviles elevadas, sistemas de extracción de agua, materiales resistentes a futuras contingencias y la digitalización completa de los expedientes dañados.

“Somos personas que miran hacia el futuro para mejorar siempre las situaciones”, sostuvo.

 

Un lugar emblemático

Por su parte, el intendente Federico Susbielles vinculó la recuperación del edificio con el proceso de reconstrucción que atraviesa la ciudad tras la catástrofe climática.

“Cada vez que vemos imágenes del 7 de marzo todavía sentimos un nudo en el pecho”, expresó el jefe comunal, quien valoró especialmente el acompañamiento del consulado durante la emergencia y elogió el trabajo realizado en el edificio.

“Este lugar hoy está mejor de lo que estaba antes de la inundación”, afirmó, a la vez que destacó el valor patrimonial de la casona y la importancia de recuperar edificios históricos de cara al bicentenario de la ciudad.

“Cada espacio que logramos recuperar tiene un enorme valor simbólico. Y este lugar hoy es emblemático porque representa no solamente una recuperación, sino también una esperanza para la ciudad”, sostuvo.

 

Además, remarcó el rol histórico de la comunidad italiana en el desarrollo bahiense.

“La comunidad italiana ha sido fundamental desde la propia fundación de Bahía Blanca y en cada una de sus etapas de crecimiento”, señaló.

Finalmente, Susbielles aseguró que la ciudad atraviesa una etapa de reconstrucción y proyección hacia el futuro.

“Bahía Blanca no solamente está nuevamente de pie, sino que está construyendo el camino hacia el bicentenario y hacia el futuro de brillo y desarrollo que todos merecemos”, aseguró.

 

Una obra maestra

La arquitecta responsable del proyecto, Melissa Ramírez Beltrán, destacó que la intervención tuvo desde el inicio dos objetivos centrales, como es recuperar el edificio después de la inundación y refuncionalizar los espacios de acuerdo con las necesidades actuales del personal y del servicio consular.

“Un consulado es mucho más que un edificio dentro de una ciudad. Es un lugar donde se renueva el sentido de pertenencia y donde se cuidan los lazos entre Italia y Argentina”, expresó Melissa.

La profesional explicó que el proyecto no se limitó a reparar daños, sino que buscó transformar integralmente los espacios.

“No se trataba solamente de reparar, sino de refuncionalizar, de darle a cada metro cuadrado un propósito claro y que ese propósito también hablara de identidad italiana”, señaló.

Las tareas incluyeron el saneamiento completo de muros afectados por humedad, renovación de instalaciones, incorporación de oficinas tipo coworking, una nueva sala audiovisual y espacios de descanso para el personal.

“Porque la arquitectura también es un acto de cuidado”, remarcó.

La ceremonia incluyó además la bendición de las instalaciones a cargo del arzobispo de Bahía Blanca, Carlos Azpiroz Costa, quien acompañó el acto junto a las autoridades presentes.

También participó el coro juvenil de la Municipalidad de Bahía Blanca, que interpretó el Himno Italiano, fragmentos de La Traviata, el Himno Nacional Argentino y el Himno a Bahía Blanca, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

 

Entre las autoridades presentes se encontraban el senador de la República Italiana por la circunscripción exterior y representante de Bolzano, Mario Borghese; el presidente actual de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos bahiense, Juan Carlos Montú; la presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Gisela Caputo; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, integrantes de la comunidad italiana de Bahía Blanca y funcionarios municipales y autoridades institucionales locales, entre otros.

 

La sede consular, propiedad del Estado italiano, fue construida originalmente en 1955 como vivienda familiar y constituye uno de los edificios de mayor valor arquitectónico sobre Avenida Alem.

 

Su recuperación no solo representa una mejora institucional, sino también la preservación de un símbolo urbano profundamente ligado a la identidad bahiense y a la histórica presencia de la comunidad italiana en la ciudad.

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Sin aportes de Nación, el Puerto avanza con obras de infraestructura vial

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El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca presentó su Plan Quinquenal Portuario 2025-2029con una fuerte impronta en inversión en infraestructura portuaria y también vial.

“El plan es una revisión de la visión que el puerto tiene a 2040; se plantearon primero algunos ejes de desarrollo que nosotros vemos que el puerto tiene por delante y en ese marco, en un trabajo conjunto con todos los actores del puerto, establecimos consolidar al sector agroexportador, aumentar la movilización de carga de contenedores y consolidarnos como el puerto que ingresa los insumos para Vaca Muerta y para la salida de los productos”, resumió el presidente del CGPBB Santiago Mandolesi Burgos.

Esta mañana en diálogo con Radio Altos precisó que están ejecutando obras de infraestructura portuaria por un monto que ronda los 44 millones de dólares y obras de infraestructura vial por 9 millones de dólares.

Recordó que el Puerto avanzó en la firma de convenios con Vialidad Nacional ante el retiro del Gobierno de Javier Milei en materia de obra pública, y en particular, ante el recorte a cero de inversiones en infraestructura. En ese sentido, expuso que si el puerto bahiense quiere seguir creciendo, debe involucrarse en el mejoramiento de los ingresos a la terminal portuaria.

Detalló que el año pasado batieron el récord de volúmenes de exportación, alcanzando las 35.7 millones de toneladas y para este 2026 proyectar superar esa cifra. Sumó que este año batieron, también, el récord de ingreso de camiones: en enero fueron 41.000 camiones.

Respecto del involucramiento del Puerto junto al Municipio en materia de infraestructura ante el retiro del Estado nacional, destacó que el año pasado finalizaron la obra del paso a nivel de Grünbein, en la denominada bajada de Espora.

Actualmente, indicó, se está ejecutando la obra de repavimentación de la ruta 252 desde El Triángulo hasta el Puente La Niña en Ingeniero White.

Y en los próximos días, adelantó, comenzará la obra de reacondicionamiento del Camino a Galván. “Ya se licitó, se adjudicó y en estos días está comenzando la obra que va desde la rotonda de Vélez Sarsfield, pasando por el ingreso a las plantas y el acceso a Galván, hasta Loma Paraguaya. La inversión es de 6.000 millones de pesos”, subrayó.

Aclaró que no se trata de un bacheo, sino de una tarea más profunda con retiro de las placas de hormigón para una reparación completa.

Y por último, anunció, que Vialidad Nacional les entregó los planos visados de la obra de reencarpetado de la ruta 3 desde el Guanaco hasta la rotonda de Av. Colón. Señaló que incluye una nueva rotonda de ingreso a Ingeniero White por Av. Dasso, con una ampliación.

“Es de público conocimiento que el Estado Nacional no está invirtiendo en infraestructura. Si queríamos seguir creciendo, el Puerto necesitaba involucrarse en lo que tiene que ver con los accesos portuarios”, insistió y enfatizó que no hay país en el mundo que se desarrolle sin infraestructura. 

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Medidores comunitarios: se aprobó el convenio para que el Municipio regularice la situación con EDES

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El Concejo Deliberante le dio el visto bueno a la firma de un convenio para que el Municipio regularice la situación con EDES por los medidores comunitarios emplazados en barrios vulnerables.

La moción fue el último tema en tratarse en la sesión de hoy y salió por mayoría con el apoyo de Fabiana Úngaro, y el bloque compuesto por Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte. Por la negativa votó el bloque de La Libertad Avanza, y Somos Bahía de Salaberry y Borelli.

Carlos Alonso no asistió por cuestiones de salud pero tampoco apoyó su secretario Sebastián Nieto. Vale la pena mencionar que no estuvo presente Vanina Linzuain, del bloque de LLA, aunque en este caso no fue el suplente.

Cómo anticipábamos esta mañana, la comuna deberá abonarle a la prestataria un monto superior a 2.300 millones de pesos, en un plazo de 15 días pero con la posibilidad de hacerlo en tres cuotas seguidas y de igual monto.

La situación surge tras una intimación que hizo EDES al Ejecutivo local en 2025, luego de que la Secretaría de Economía decidiera dejar de abonar los consumos de energía de los medidores comunitarios en junio de 2024, aduciendo que le corresponde a la Provincia de Buenos Aires ya que así lo hacía en el AMBA.

Ya se había conformado una mesa de trabajo, según el proyecto, “comprometiéndose a realizar todos los esfuerzos posibles para continuar prestando el servicio a los barrios que posean dichos medidores, regularizar progresivamente el acceso a la red eléctrica y alcanzar acuerdos plausibles y económicamente viables a tales fines“.

Fuentes del bloque oficialista consultadas señalaron a Frente a Cano que conceptualmente no se trata de una deuda. “Los medidores se pagan desde 2017 sin un marco normativo, y ahora se acordó este convenio para ordenar primero una situación jurídica”.

“Además se trabaja con las áreas correspondientes, las familias y EDES para regularizar cada caso”, informó.

El único edil que anticipó su postura y se refirió al tema fue Martín Salaberry, quien cuestionó “¿por qué el vecino debe pagar y hacerse cargo de la ausencia e ineficiencia del Estado, la falta de políticas de acceso al suelo?”.

Preguntó cuántos programas con acceso a lotes con servicios hay y él mismo respondió que ninguno desde la época del ex intendente Cristian Breitenstein. “De ahí en adelante no existieron porque se gasta la plata del presupuesto en lo que no se debe, en sobredimensionamiento del Estado, en el gasto corriente que son empleados y funcionarios”, lanzó.

Por último criticó que en la ciudad “hay ocupaciones por todos lados y el vecino que paga mes a mes tienen que financiar la negligencia del Municipio, que no supo realizar loteos en los últimos 15 o 20 años”. Y cerró: “Esta ciudad está absolutamente abandonada, la plata de la gente tiene que volver en obras”.

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