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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Susbielles sale de licencia y asume Álvaro Díaz como intendente interino

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Por primera vez desde su asunción en diciembre de 2023, el intendente Federico Susbielles se tomará licencia de su cargo. La solicitud fue aprobada el mes pasado por el Concejo Deliberante y comenzará a regir mañana jueves, con una duración de 7 días.

En su lugar asumirá como jefe comunal interino el primer concejal de la lista por la cual ganó la intendencia. En este caso, se trata del jefe de bloque de ediles oficialistas, Álvaro Díaz.

Cuando la máxima autoridad municipal se ausenta por más de 5 días hábiles debe pedir autorización al Concejo, paso administrativo que se cumplió en la última sesión ordinaria del cuerpo deliberativo.

No se informó cuál será el destino de Susbielles, pero se espera que retome funciones a fines de la semana próxima.

Díaz es un abogado de 36 años, fue director del Pami local y trabaja junto a Susbielles desde hace más de 15 años. De hecho, forma parte de su mesa chica política.

Como concejal, conduce la bancada peronista y a pesar de ser minoría logró que salieran adelante diversos proyectos clave del Ejecutivo durante estos años. Entre ellos, la modificación de cálculo de las tasas municipales o la aprobación de un aporte diferencial de las grandes industrias locales para obras hidráulicas.

Fuente: La Nueva.

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Nuevo Código de Ordenamiento Urbano: se reduce 30% la zona a construir y se limitan las excepciones

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Ayer fue presentado el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que se encuentra en análisis en La Plata, y esta mañana en diálogo con Radio Altos el arquitecto José Zingoni brindó algunas precisiones sobre los cambios que se plantean a la actual normativa que rige desde 1991.

En primer lugar, el secretario de Planeamiento Urbano indicó que el nuevo código introduce normativa dura específica respecto de la densidad, que ahora será clave en la definición de qué es lo que se podrá construir en cada parcela. El objetivo es no saturar zonas y moderar “áreas de mayor empuje”. Así algunos sectores tendrán mayor capacidad de construcción que otros.

“En el código hoy lo primero que mirás es cuántos metros cuadrados podés construir; el nuevo código te va a decir cuántas personas pueden habitar en la parcela. Entonces la moderación es totalmente distinta”, precisó.

En segundo lugar, como cambio importante, mencionó la cuestión vinculada a las alturas para asegurar mayor cantidad de luz en la calle y en el centro libre de manzana. “Si el edificio crece, que crezca para el medio del lote, pero no sobre la calle generando no solamente un cono de sombra, sino una relación entre el que camina y una pared muy alta que no es lo más adecuado. Sobre la línea municipal el edificio no crece más que el ancho de la calle”, señaló.

En tercer lugar se refirió a la extensión que registró la ciudad en los últimos años y confirmó que el nuevo código “achica” la zona a construir en un 30%.

Además, expuso como tema fundamental que se asegurará, sobretodo en la periferia y la zona norte, la capacidad absorbente del suelo. “Hoy podés asfaltar todo el terreno, en el centro o en la periferia; eso ya no va a pasar porque hay un factor de impermeabilización del suelo que te condicionará”, recalcó y agregó que se busca asegurar que en las zonas altas el 50% de suelo sea totalmente permeable.

“Si vos comprás un terreno hoy en la periferia podés construir hasta el 60% del suelo, pero nadie te dice nada respecto del otro 40%, si lo querés embaldosar, lo embaldosás. Hoy eso no va a pasar, esa superficie a construir en planta baja va a reducirse, va a crecer en todo caso la altura; es un cambio de morfología que tiende a preservar entre el 50% y el 60% del suelo para que sea permeable, y claramente tiene que ver con la inundación”, especificó.

También habrá cambios respecto a las calles que hoy cuentan con una única tipología (cordón cuneta con el centro abovedado). Se sumarán tipologías distintas, con la intención, entre otras cuestiones, de que sean funcionales para el manejo del agua. Mencionó, como ejemplos, acequias, calle zigzag, calles con pavimento permeable.

Zingoni destacó que por primera vez se definen zonas de prioridad del hábitat social y dijo que se pone énfasis en la revalorización de centros históricos, de barrios y localidades como Ingeniero White, General Daniel Cerri, Villa Mitre y Cabildo.

Un punto clave es el de las excepciones. El funcionario comunal afirmó que la intención es ponerles un fin y hasta erradicar del vocabulario “el sin permiso” o “las excepciones”. “La consecuencia es un mercado inmobiliario más tranquilo, menos especulativo porque hoy parece un supermercado, la gente te pide “necesito un piso más”, y eso no le hace bien a la ciudad porque cada vez que se da una excepción se alimenta el potencial valor que puede tener la parcela de al lado”, enfatizó.

Planteó, de todos modos, que “no puede ser nunca drástico” y que por eso están trabajando con el nuevo código en “acomodar cosas de a poco; la forma es hacerlo de manera integral”.

Ahora, indicó, se abre un espacio de participación para que colegios profesionales y representantes de distintas instituciones, entre ellas sociedades de fomento, puedan hacer sus aportes, más allá de lo que se incorpore tras la discusión del proyecto en el Concejo Deliberante.

Lo que buscamos es pensar a la ciudad de otra manera. El código que tenemos no solamente es de hace 35 años, sino que se hizo mirando el plan del 86 que fue la reformulación del 70. Nosotros hoy tenemos que presentar plan y código que van juntos. El código es la expresión normativa del plan, y en el plan es donde tenés el diagnóstico de lo que le pasa a la ciudad, las propuestas que vas a hacer y justamente ahí el contrato social que es el código. Jubilamos el plan del 91, le agradecemos los servicios, pero esto tiene una mirada diferente”, concluyó.

Fuente: Frente al cano.

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En el Concejo tampoco tienen información sobre la licitación del relleno sanitario

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A dos meses y medio de la apertura de sobres en la que se conocieron las ofertas económicas, nada se ha informado sobre cómo avanza la licitación la licitación pública para la gestión y operación del sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario local.

La única comunicación que dio a conocer el gobierno de Federico Susbielles fue el 27 de abril cuando informó que eran cuatro los oferentes interesados en la prestación del servicio: EVA S.A; la UTE conformada por Canandes S.A. – Selfix S.R.L. – Construarte S.A; la actual prestadora Ingeniería y Arquitectura; y Estrans S.A.

En ese comunicado, además, se adelantaba que el 20 de mayo se procedería a la apertura de las ofertas económicas y que en esa instancia se conocerían los costos propuestos por cada una de las firmas que hayan superado la etapa técnica.

Hasta el momento nada se ha precisado sobre esa instancia del proceso licitatorio. 

Al ser consultada sobre el tema, la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, respondió que desde el Ejecutivo no hubo ningún tipo de invitación ni se involucró al cuerpo institucionalmente en la licitación.

“Algunos concejales han presentado pedidos de informes respecto del relleno sanitario, de la licitación, de una supuesta comisión y no hemos recibido respuestas”, aseguró.

Aclaró que no es el único tema en que hay nulo diálogo con el Municipio: “es uno de los niveles más altos de conflictividad que tenemos hoy entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo, hay muchas cosas en las que ponemos voluntad, que trabajamos en conjunto, van y caminan, pero hay otros temas que realmente están bastante estancados y generan enojo en los concejales con razón”.

Remarcó que la Comisión Asesora Medioambiental, desde que inició sus reuniones, viene presentando solicitudes de informes respecto de la licitación y del plan de gestión de residuos sólidos urbanos, sin embargo, hasta el momento no recibieron ninguna respuesta del Ejecutivo.

Este Municipio es complejo en términos de datos y de abrir información; es bastante particular”, resumió.

Fuente: Frente al cano.

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