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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El Senado reabrirá un viejo debate sin saldar sobre la coparticipación federal de impuestos

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Mientras espera a que la Casa Rosada destrabe las leyes más pesadas -sin acuerdo aún en varios frentes- y aguarda la definición si se sesiona o no esta semana, el Senado abrirá el juego de un eterno debate sin saldar y sobre el que nadie quiere ceder: la coparticipación federal de impuestos. Ocurrirá esta tarde, desde las 16, en la comisión homónima que comanda el jefe del radicalismo en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).

Durante la reunión informativa, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expondrán el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.

El cuerpo en cuestión no suele mantener un ritmo voluminoso en comparación con los que más trabajo consumen en la Cámara alta, por eso llama la atención el convite de las próximas horas, por más que sea de carácter informativo. No obstante, este tipo de movimiento suele quedar, más tarde, en una expresión de deseo. Lo que sí aparecen todos los meses son los documentos relacionados con lo tributario y los respectivos fondeos hacia los distritos.

Sobre estos textos “muy bien preparados” se refirió Vischi en mayo pasado, cuando asumió la presidencia de la comisión. En ese sentido, agregó: “Podemos iniciar un gran debate, que está con una vigencia muy requerida en este momento para el país. Fundamentalmente, abrir el debate sobre los impuestos: cómo se coparticipan, cuáles son los impuestos que verdaderamente merecen la pena y cómo nos vamos a organizar para hacer que el Estado brinde una verdadera respuesta a la sociedad. Me parece que es importante”.

En dicho cónclave también fue electa la vice, la senadora del peronismo disidente Flavia Royón (Salta). La secretaria de Energía del Gobierno anterior planteó la necesidad de “tener una discusión seria sobre las obligaciones” y, también, sobre “los recursos que hoy tienen las provincias”, con “situaciones que cada vez están afrontando más”. Habló de una “discusión que tenemos que dar a fondo”.

El legislador continuó: “Formosa podría representar el 4% del área agrícola nacional pero un gobernador -en referencia al inoxidable Gildo Insfrán-, que se apropió del cargo de gobernador durante tantos años, impide el desarrollo. Y ese desarrollo es el empleo que no tenemos en Formosa, son los impuestos que no se tributan de IVA y de Ganancias que, a su vez, son coparticipables para el resto de la Nación. Entonces, ahí hay una gran falla. Lo que debería haber sido un gran beneficio para el desarrollo provincial se terminó convirtiendo en una celda que tiene a 600.000 formoseños de rehenes”.

En tanto, para la jornada de mañana ya fueron convocadas otras comisiones, como el plenario de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, que analizará proyectos sobre la creación de un registro de personas deudoras alimentarias en mora. Una de las iniciativas es empujada por el senador del peronismo pampeano Pablo Bensusán.

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Los movimientos populares organizarán un encuentro previo a la llegada del papa León XIV

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El Capítulo Argentina del Encuentro Mundial de Movimientos Populares se realizará a fines de octubre, días antes del viaje del papa León XIV al país, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. El evento contará con la presencia de obispos argentinos, la participación especial de la prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Alessandra Smerilli y dirigentes de los espacios sociales, como la Unión Trabajadores de la economía Popular (UTEP) y de la economía informal.

La actividad se suma al cronograma de preparativos para la visita papal, que atraviesa un momento de expectativa tras la operación a la que fue sometido el Pontífice el 13 de octubre en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde le extirparon un nódulo pulmonar diagnosticado como un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La organización del Encuentro Mundial de Movimientos Populares antes de una visita papal tiene un antecedente concreto. En enero de 2018, una delegación de 500 trabajadores argentinos viajó a Chile para participar de instancias vinculadas al viaje apostólico de Francisco, que recorrió Santiago, Temuco e Iquique entre el 15 y el 18 de ese mes.

El 18 de enero, al cierre de ese encuentro, los movimientos populares reunidos en Temuco difundieron un comunicado con sus conclusiones. Horas antes, durante la misa por el progreso de los pueblos celebrada en el Aeródromo Maquehue ante alrededor de 200.000 fieles, el papa Francisco había pronunciado una de las frases que marcó aquella gira: “Señor, haznos artesanos de unidad”, en una homilía donde advirtió que “una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros”.

La continuidad del vínculo entre León XIV y los movimientos populares

El encuentro de fines de octubre se inscribe en la continuidad de un vínculo que León XIV ratificó en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, su primera reunión mundial con esas organizaciones tras la muerte de Francisco. Ante más de 150 representantes de los cinco continentes, el Pontífice afirmó: “Haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy digo, tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan, que me escuchen decir, ¡estoy con ustedes! ¡Estoy con ustedes!”.

En la declaración final de ese encuentro, titulada “Organizar la esperanza con una alianza frente a la exclusión”, los movimientos populares agradecieron esas palabras y las definieron como “un apoyo de enorme valor para caminar juntos, Iglesia universal y local”, en la construcción de respuestas frente a la exclusión.

En Argentina, esa cercanía ya había generado gestiones concretas. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores enviaron en agosto una carta al cardenal Michael Czerny, entonces prefecto del dicasterio vaticano, con copia a Smerilli, para proponerle a León XIV un encuentro con trabajadores de la economía popular durante su estadía en el país. La nota planteaba tres escenarios posibles: una asamblea sindical, la visita a un centro de reciclado o el recorrido por un barrio popular del conurbano bonaerense. Finalmente, la propuesta no fue tenida en cuenta ya que está previsto la visita de Su Santidad al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

La modalidad será un encuentro intimo y a puertas cerradas con los residentes, trabajadores, familiares y personas con discapacidad del Cottolengo.

El rol de Alessandra Smerilli en la antesala del viaje

La participación de Smerilli en el capítulo argentino confirma el peso que ocupa en la relación entre el Vaticano y los movimientos sociales latinoamericanos. La religiosa asumió la prefectura del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral el 1 de septiembre, en sucesión de Czerny, y ya había sido mencionada como interlocutora directa de las organizaciones argentinas en los meses previos a la gira papal.

Semanas atrás, Smerilli había difundido un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Salud Mental en el que llamó a la Iglesia a “comprometerse de manera significativa” en el cuidado de quienes sufren trastornos psíquicos, un eje que también atravesó la agenda personal de León XIV ese mismo mes. El Pontífice dedicó su intención de oración de octubre a la pastoral de la salud mental y, en el videomensaje difundido por la Red Mundial de Oración del Papa, pidió: “Haz que tu Iglesia sea casa abierta, espacio seguro donde todos tengan lugar, comunidad que acompaña y no descarta, que escucha sin juzgar y se acerca sin miedo”.

La incertidumbre por la salud del Papa no modificó los preparativos

La visita a la Argentina se prepara en medio de una expectativa creciente sobre la concreción del viaje papal, que había quedado en suspenso tras el anuncio de la operación quirúrgica. León XIV fue intervenido el 13 de octubre y recibió el alta el sábado 17, luego de cuatro días de internación en el Gemelli.

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó que no existen impedimentos clínicos para que el Pontífice, de 71 años, afronte la gira sudamericana y estimó que podría estar “plenamente recuperado” en unos diez días, según informó Vatican News.

Pese a la incertidumbre médica, ninguno de los preparativos para la visita fue suspendido o modificado. La Santa Sede mantuvo el programa de actividades para Uruguay, Argentina y Perú y, el 16 de octubre, confirmó la nómina de periodistas que acompañarán a León XIV en el avión papal.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya había designado una comisión nacional encabezada por monseñor Marcelo Colombo para organizar la recepción, con una estructura operativa que incluye a los obispos Raúl Pizarro, Jorge García Cuerva, Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino.

Según el cronograma vigente, León XIV llegaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, para un homenaje al general José de San Martín y una ceremonia en la Casa Rosada. El lunes 9 visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

El Capítulo Argentina del Encuentro Mundial de Movimientos Populares se ubicará en ese tramo final de preparativos, como una de las instancias que antecederán el contacto directo entre el Papa y los sectores sociales que durante el papado de Francisco mantuvieron un vínculo estrecho con la Santa Sede a través de los sucesivos encuentros mundiales de movimientos populares.

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Kicillof abrió las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata y lanzó críticas a Milei

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se llevan a cabo en la ciudad de Mar del Plata. El evento, que se desarrollará entre el 19 y 23 de octubre, contará con la presencia de más de 30.000 deportistas en diferentes disciplinas.

Con críticas por la falta de inversión en el deporte, el mandatario provincial participó del inicio de las actividades junto a gran parte de su gabinete e, incluso, la convocatoria del intendente local, Guillermo Montenegro.

En la 35° edición del certamen, la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo récord con más de 504.000 inscriptos, un 12% por encima de la cifra registrada en 2025. En ese sentido, Kicillof expresó: “Estamos muy felices de ver la alegría de los pibes y pibas que llegaron de toda la provincia para participar de esta etapa final de los Juegos Bonaerenses: este año alcanzamos un nuevo récord, con 504 mil inscriptos, un 12% más que el año pasado”. Además, el gobernador señaló que el resultado es producto de “un enorme esfuerzo de la Provincia y de los municipios, con una inversión muy importante para sostener y ampliar una política pública que promueve el deporte y la cultura”.

La competencia demandó una inversión de $21.000 millones por parte del gobierno bonaerense, cifra que contrasta con lo que, según el mandatario, ocurre a nivel nacional. Kicillof apuntó contra la administración de Javier Milei al sostener que “el Gobierno nacional abandona el deporte, recorta un 70% los recursos destinados al sector y prácticamente hace desaparecer los Juegos Evita”. En esa línea, el gobernador remarcó: “Nosotros seguimos invirtiendo para que cada vez más chicos y chicas puedan participar de estas actividades”.

El funcionario también hizo referencia al complejo panorama económico que atraviesan las familias bonaerenses y al papel que, a su entender, debe cumplir el Estado en ese contexto. “A muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales”, advirtió, y agregó que “es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades”. De esta manera, el mandatario buscó posicionar a los Juegos Bonaerenses como una herramienta de inclusión social frente a un escenario de restricción presupuestaria a nivel federal.

Las finales de esta edición contemplan más de 100 disciplinas deportivas y culturales, con categorías destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y adultos mayores. Los participantes provienen de 135 municipios de toda la provincia, lo que convierte al certamen en uno de los encuentros multideportivos más amplios del territorio bonaerense. La sede elegida, Mar del Plata, recibirá a las delegaciones hasta el próximo 23 de octubre.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó la dimensión del evento al calificarlo como “la fiesta deportiva más grande del país que comparten personas con discapacidad, trasplantadas, jóvenes y adultos mayores de distintos puntos de la Provincia”. El funcionario también subrayó el impacto económico que genera la competencia en la ciudad anfitriona: “En este contexto económico tan complejo, este evento es además un impulso para el turismo, el comercio y la economía de la ciudad de Mar del Plata”, afirmó.

Los Juegos Bonaerenses constituyen la política pública deportiva de mayor continuidad en el país, con 35 ediciones ininterrumpidas dedicadas a promover el acceso a la actividad física y la expresión cultural. A lo largo de su historia, más de 20 millones de bonaerenses participaron del certamen, que también busca fomentar la identidad local y provincial entre sus competidores.

Hacia el cierre del acto, Kicillof volvió a tomar la palabra para referirse al valor que representan los juegos para la juventud: “Se habla mucho de los problemas de la juventud, pero acá vemos lo que pasa cuando hay inversión, organización y alternativas reales: miles de pibes y pibas que están felices, compitiendo y haciendo lo que más les gusta”. El gobernador concluyó: “Para nosotros es fundamental defender y fortalecer esta política pública: los Juegos Bonaerenses representan para miles de jóvenes una experiencia que los acompaña toda la vida”.

Del acto también participaron la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el senador bonaerense Jorge Paredi; el concejal de General Pueyrredón Gustavo Pulti; y diversos intendentes e intendentas de la provincia.

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