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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El Gobierno y la sombra de Adorni: un plan reduccionista para tratar de cambiar de tema

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La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y la definición de un núcleo de prioridades legislativas son presentadas por el Gobierno como la base de su reacción, lenta, para tratar de cerrar la historia corrosiva de Manuel Adorni. La estrategia es elemental, atada al juego de poder. Y parece limitada por diferentes factores, entre los que sobresalen al menos dos: suponer que toda la “culpa” del deterioro de imagen recae en el ex funcionario y, por consiguiente, apostar a cambiar el foco de la agenda política, como si eso solo fuera suficiente para moldear el temario de interés social o, si se prefiere, la conversación pública.

El caso de Adorni provocó sin dudas el daño mayor para Olivos. Marcó la pendiente pronunciada en la valoración de la imagen presidencial y de la gestión de Gobierno, según la coincidencia abrumadora de las encuestas, el impacto mediático, el oleaje en las redes sociales y el sentido común. Pero el tema es que no se habría tratado de la causa excluyente. Tuvo -tiene-, efecto propio y a la vez, habría funcionado como catalizador de otros malhumores, que ya se insinuaban de manera parcial.

La lectura de encuestas que mes a mes exponen evaluaciones de imagen y tablas de preocupaciones sociales indican, en líneas generales, que ya en febrero y en marzo, cuando recién arrancaba la serie de Adorni, aparecían datos negativos para el Gobierno. Y algún trabajo que circula en medios reducidos, con muy circunstancial difusión en los medios, anotaba un primer registro de ese tipo en diciembre. Ahora, sondeos de junio -previos al final del entonces jefe de Gabinete- indican cierta “estabilización” de la imagen presidencial o al menos desaceleración, después de las alarmantes anotaciones de mayo y aún en escalones altamente negativos, bastante por encima de los 50 puntos.

En el recuento de la primera mitad del año surgen otros datos de interés. Por un lado que, en términos estrictamente políticos, el oficialismo venía de un verano exitoso en el Congreso, con aprobación de leyes en rápido trámite. Un par de ejemplos: el Presupuesto, a fines de diciembre, y la reforma laboral, en los últimos días de febrero. En ese clima, sin embargo, comenzaban a surgir indicios de cierto declive del impulso poselectoral, mientras los temas de raíz económica -precios, ingresos, empleo- aparecían en conjunto por encima de rubros como la inseguridad o la corrupción.

En medios libertarios, quizás lo que más se le reprochó a Adorni fue “aferrarse” al cargo y no lo que expone la investigación sobre su patrimonio. Eso alimentaba el malestar doméstico porque, en tal visión, el caso “opacaba” la difusión e impacto de resultados económicos. Menos cerrada, una lectura más completa sobre la realidad económica muestra de mínima datos contrapuestos. Lo exhibe regularmente el Estimador Mensual de Actividad Económica, más allá de que el promedio alimente celebraciones o disgustos en el circuito oficialista. Por lo general, se cruzan datos positivos en algunos rubros (minería, finanzas, casi siempre el agro) y caída como tendencia sostenida en industria y comercio. De un lado, entusiasmo por el superávit y la baja de la inflación, y por el otro, los datos de empleo, ingresos y consumo.

No está en auge una discusión sobre el tipo de país que se imagina. En el universo violeta asoma de algún modo el reconocimiento de una realidad con diferentes dimensiones, traducida como necesidad -con proyección al plano electoral- de “trasladar los datos de la macro a la micro”. En otras palabras: atender al bolsillo de la gente. Como sea, asoma en esa mirada que Adorni fue un problema mayúsculo, sin vueltas, pero no único.

Por supuesto, el final del tercer jefe de Gabinete de Milei produce un respiro, que el Gobierno necesita explotar de inmediato. Eso mismo convive con la inquietud que genera la marcha de la causa, a cargo del fiscal Gerardo Policitta en el juzgado de Ariel Lijo. El ritmo alimentará especulaciones sobre el efecto o las limitaciones de operaciones políticas.

En lo inmediato, el Gobierno le puso títulos legislativos a su movida para tratar de marcar la agenda. En rigor, y es un dato político potente, fue la instrucción expuesta por Karina Milei en la reunión con diputados y senadores de LLA. Aunque parezca contradictorio en la superficie, la secretaria General reafirmó y extiende su poder en el tablero post Adorni, que era su pieza operativa en la gestión. Suma juego en el Congreso, donde ya manejaba Diputados con Martín Menem y agrega juego en el Senado, parte de la tensión con Patricia Bullrich. Tiene línea con gobernadores. También afirma su peso en Justicia. Todo, en precario equilibrio con Santiago Caputo.

En ese cuadro, que además de trazos gruesos tiene pinceladas menos visibles, debe moverse Santilli. Y hacerse cargo como prueba propia de la suerte de los proyectos destacados por Olivos para recuperar manejo en el Congreso. Por supuesto, el tema de mayor gravitación política es la reforma electoral, que puede sumar puntos al texto original en función del objetivo máximo, que es el plan reeleccionista.

Por ahora, no parece una cuestión de interés público aunque, como apunta un consultor experto, podría jugarle a favor el foco en el intento de anular las PASO. Las encuestas que incluyen el tema, no sólo en esta etapa, registran en general un fuerte cuestionamiento al sistema de primarias. De todos modos, no se está abriendo una discusión sobre el modo de garantizar la mayor transparencia posible en el proceso de selección de los candidatos. Al revés, lo que busca negociar el oficialismo es su anulación a cambio de una especie de sistema de colectoras -un enganche de listas locales a candidatos presidenciales- para sumar apoyo de gobernadores. No proyecta nada muy saludable o superador en términos políticos.

El punto para Olivos sería conseguir un doble resultado con la mirada ya repuesta en el 2027. Por un lado, anular las primarias, un mecanismo que podría ser útil para dirimir espacios en un armado opositor. Y por el otro, garantizar o facilitar la confluencia de intereses nacionales de los libertarios y apuestas de los jefes provinciales en sus distritos. Algo así como reelección para todos los que puedan.

En cualquier caso, se trata de una negociación renovada. Las cuentas previas no garantizaban los votos necesarios y eso mismo alentaba otras opciones, como la no obligatoriedad de las primarias. Las tratativas son con los bloques dialoguistas -PRO, UCR, algunos provinciales- y sobre todo con los gobernadores. Y allí se mezclan planes violetas y necesidades financieras de los distritos.

Lo concreto, en estas horas, es una nueva declinación de la coparticipación federal. Junio terminó con una baja de más de 4 puntos porcentuales, según cifras que circulan entre gobernadores, además de recortes en giros discrecionales. Es el reflejo de la recaudación nacional, que registró una caída de más del 7 por ciento y frenó la expectativa después del repunte acotado de mayo. Esos números también pesan en la mesa de conversaciones.

En el Congreso, parece difícil acelerar a fondo antes de las virtuales vacaciones de invierno, hacia fines de mes. Pero los tiempos dependen de las tratativas y de la decisión política. En definitiva, la breve lista de prioridades legislativas de Olivos incluye dos proyectos a destrabar -reforma electoral y recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías- y otros dos anunciados pero aún no escritos: nuevo capítulo de inocencia fiscal y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su impacto en la sociedad es otra cosa. Un interrogante para el Gobierno, sobre todo por el lugar asignado en la movida que pretende olvidar el caso Adorni.

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El reordenamiento del Gobierno impacta en el Congreso: Karina Milei ordenó no impulsar leyes sin aval del Ejecutivo

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La reconfiguración del Ejecutivo nacional que significó el cambio del jefe de Gabinete no solo se acotó al modelo de trabajo —que incluye la eliminación del Ministerio del Interior y la creación de dos subjefes de Gabinete—, sino que también impactará en el Congreso de la Nación, donde aparece con fuerza una de las figuras centrales del mundo libertario.

En los últimos días se conoció que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sumó a los grupos de WhatsApp tanto del bloque libertario en Diputados como en el Senado —donde se creó uno nuevo—, lo que en la práctica significa un control más directo de la hermana del Presidente sobre la actividad y la estrategia parlamentaria libertaria.

Pero ese no fue el único cambio que se gestó en Balcarce 50 respecto del accionar de los 116 legisladores que tiene el oficialismo repartidos en ambas cámaras del Palacio Legislativo.

Tras el encuentro en Casa Rosada de todos los legisladores con Javier y Karina Milei, desde la oficina de la secretaria general se bajó un mensaje claro: nadie presenta ningún proyecto de ley que no sea autorizado por el Ejecutivo.

“La orden que se bajó a los diputados es que no pueden presentar directamente proyectos —mucho menos de ley— que antes no sean analizados por la secretaría parlamentaria del bloque y, en un segundo paso, por el vicejefe de gabinete Ignacio Devitt, el hombre de Karina Milei en la Jefatura de Gabinete”, explicó a Infobae una fuente del bloque libertario en la Cámara Baja.

La intención de la Casa Rosada es no generar ningún tipo de ruido en la conversación parlamentaria con proyectos —sean de resolución o de ley— que deriven en un debate indeseado.

Como dijo alguna vez el diputado karinista Sebastián Pareja: “A nosotros no nos importa el currículum de nuestros candidatos, nos importa que sean soldados y levanten la mano, nada más”. nos importa que sean soldados y levanten la mano, nada más”.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo bajan la línea de que los diputados no están para presentar proyectos sino para aprobar los que envía el Gobierno. Cuando se inició el proceso que culminó con la reforma laboral, reunieron a los diputados en Balcarce 50 y se les explicó que su función era acompañar. Eso ocurrió como consecuencia de un proyecto presentado por la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez, que iba en la misma línea pero planteaba diferencias. La situación generó que la conversación pública mezclara la intención oficial con la letra del proyecto de la santafesina, lo que complicó el inicio del debate.

Uno de los que siguió a rajatabla la orden de la hermana presidencial fue el ahora vocero presidencial, Adrián Ravier. El economista que asumió como diputado nacional el 10 de diciembre solo presentó dos proyectos de declaración —uno de repudio por el atentado contra Donald Trump en Washington y otro por las pintadas en fachadas públicas y privadas atribuidas al diputado Juan Grabois— y tres de resolución: un homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento, un repudio a la agresión física sufrida por el diputado Federico Pelli en Tucumán y una modificación del artículo 128 del Reglamento de la Cámara para acotar las cuestiones de privilegio.

En esa línea se enmarcan los dichos de este viernes del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien señaló en una radio porteña que “si la política no jode, la economía va a mejorar”.

Los libertarios en general lo vienen cumpliendo, y las estadísticas así lo confirman. A pesar de ser el bloque más numeroso en Diputados —95 legisladores—, es el que menos proyectos presentó. Además, desde enero hasta finales de junio solo se aprobaron iniciativas redactadas y enviadas por el Ejecutivo: la ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Reforma Laboral, Régimen Penal Juvenil —que implicó la baja de la edad de imputabilidad—, la modificación de la Ley de Glaciares, la llamada ley Hojarasca y cambios en la ley de Zonas Frías.

La intención de la administración de Javier y Karina Milei es relanzar la gestión una vez que se conozca el dato de inflación que, aseguran, romperá el piso del 2%. Y, como les dejó en claro Javier Milei esta semana, se trabajará sobre cambios económicos y los legisladores tienen que “acompañar y militar porque para que eso suceda —los cambios económicos— hace falta la reelección”.

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Kicillof se blinda frente a la interna con los Kirchner: el silencio como protección y la cautela como sello

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“Están hablando solos. Y eso es lo que van a seguir haciendo”. Corto y filoso. Ese fue el mensaje que surgió del corazón del esquema político que conduce Axel Kicillof. Los destinatarios son, a esta altura de los acontecimientos, más que evidentes: La Cámpora y el universo cristinista. Los que están del otro lado de la grieta kirchnerista.

Sin respuestas, no hay interna que pueda crecer en volumen. El gobernador bonaerense buscará en el silencio su aliado protector para los ataques de sus rivales internos. En las últimas semanas el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, fue el único que dio alguna respuesta vinculada a la interna. Poco y nada para el tenor de la batalla.

El resto de la tropa no se refirió al tema. El ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fustigó a Kicillof en los últimos días. Aseguró que el mandatario provincial “no quiere representar al peronismo”, que busca armar “un peronismo sin Cristina” y que decidió construir un “frente de izquierda progresista y albertista”. Nadie le respondió.

El Gobernador quiere neutralizar la interna bloqueando al camporismo con el silencio. En esa decisión de evitar las respuestas se origina lo que algunos kicillofistas creen que es la disociación entre lo que representa el cristinismo y lo que están construyendo ellos. “La línea divisoria es entre los que queremos ganar y los que no se sabe”, sentenció un funcionario de alto rango en el gabinete bonaerense.

En el kicillofismo consideran que los ataques del sector de CFK es pura ganancia para ellos. Porque las voces del cristinismo quedan como provocadoras y porque exponen, en un mensaje que puede ser decodificado con exactitud en el micromundo de la política, que Kicillof no se somete a los designios de los Kirchner. Además, creen que cada vez que suman un cuestionamiento, quedan más disociados de la realidad de la gente. Percepciones de La Plata.

En definitiva, en el sector del Gobernador buscan encapsular las críticas del cristinismo y exponerlas como parte de un plan de acción que tiene más que ver con una lucha de poder interna que con el armado de una alternativa seria para enfrentar a Javier Milei. Kicillof pide orden y cautela. Hacer un equilibrio entre la audacia y la prudencia.

En la última reunión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que hubo en La Plata, Kicillof pidió no contestar chicanas y esquivar los ataques. Cree en esta táctica de defensa para mantener su construcción política indemne a los chispazos de la interna con los Kirchner. Y, mientras tanto, insistió en la necesidad de seguir adelante, construyendo un esquema político y buscando tender puentes con nuevos aliados. Con cierta ironía un dirigente que convive a diario con el economista largó un dardo hacia el camporismo: “Mientras ellos más se alejan, más se acercan otros espacios”.

Se trata de pescar votos por fuera del peronismo. Ahí está una parte importante de la tarea que ven por delante. Sino serán siempre los mismos, pero divididos en distintas expresiones. Porque en el kicillofismo asumen que CFK va a poner algún candidato en cancha, ya que no lo va a apoyar al Gobernador. La unidad es una utopía, las PASO son una opción y la interna partidaria es un camino lleno de curvas. La incertidumbre sobre el futuro es absoluta. Por eso los distintos sectores del peronismo ponen el pie firme en el presente.

Las elecciones Primarias podrían ser la clave para el ordenar el espacio político. Aunque el paso del tiempo y la degradación del vínculo personal y político entre los Kirchner y Kicillof, siembre un interrogante enorme sobre la posibilidad de convivir en un eventual gobierno. Por eso las PASO pueden ser una solución a medias. Porque permitiría legitimar un candidato ganador, pero dejaría un tendal de heridos y una enorme cantidad de dudas sobre un futuro compartido. La ruptura interna es muy profunda y no hay tiempo de sellarla con un perdón basado en el pragmatismo.

Un outsider para ganarle a un outsider y el movimiento federal

Una de las novedades que se metió en la conversación peronista de esta semana es la posible candidatura de Jorge Brito (H). El empresario, que tuvo un paso exitoso por River y es dueño de uno de los bancos más importantes de la Argentina, se metió en la agenda política. Fue a través de dos nombres propios que trabajan para convencerlo de que puede ser el represente de una opción de centro dentro del universo peronista: Nicolás Massot y Diego Bossio.

Massot, que trabaja en tándem con Emilio Monzó, se refirió a la posibilidad de que Brito salte a la cancha de la política electoral. “Es uno de los empresarios más importantes del país y de los que más empleo genera. Tiene participación pública, tiene inquietud y tiene ideas. Quiere contribuir a generar una alternativa a largo plazo y desarrollo económico”, sostuvo el diputado durante una entrevista en el canal de streaming LACA.

Massot señaló también que Brito “está dispuesto a dedicarle tiempo y energía”, y a “arremangarse para tratar de ayudar a construir algo que nos saque de este juego de suma cero permanente”. El legislador planteó que el empresario “es un outsider para la política electoral”, pero que está empapado de la realidad económica del país. “Entiende muy bien de que estamos hablando”, aseguró.

El otro dirigente político que empujó su nombre a la cancha electoral fue Bossio. El ex titular de la ANSES dijo que Brito “tiene una vocación y un compromiso por las cuestiones públicas”, que si juega el año que viene “puede ser una alternativa completamente distinta” y que su presencia “le daría frescura a la política argentina”. Además, repasó su paso exitoso por River y los avances en insfrastructura y gestión institucional que tuvo en el club de Núñez.

El nombre de Brito empezó a sonar hace un tiempo dentro de las terminales del peronismo como una opción por fuera de la lógica política. La segunda parte del año será clave para que el empresario sepa dónde está parado respecto a la percepción del electorado sobre una figura de su estilo. También para ver cuál es el acompañamiento dirigencial que tiene dentro de un universo tan heterógeneo como el del peronismo. Faltan las señales de su voz para que el proyecto tenga un salto cualitativo.

En paralelo, los representantes del peronismo federal avanzan en la construcción de una colectora que los lleve a la mesa de definiciones de la fuerza política. Sergio Uñac empezó a caminar solo esta semana. Estuvo en Misiones y Corrientes mostrando su voluntad de ser candidato y juntando apoyos, de abajo hacia arriba, para ser una opción en el 2027. Es uno de los pocos nombres del peronismo que están caminando con decisión.

Por su parte, el grupo de Olmos, Michel, Tolosa Paz y Achával empezó a armar un nuevo acto en el norte argentino, tal como contó Infobae esta semana. Ese sector está edificando una propuesta y abriendo las puertas para la dirigencia del interior que no tiene un techo más amplio donde resguardarse. Apuestan a tomar volumen con representación en los próximos meses y llegar al próximo año con el nombre de un candidato que sea representativo de esa identidad.

Falta un año entero para la elección presidencial. Tiempo suficiente para que surjan nuevos candidatos, para que algunos de los que están en pie tengan más consenso o para que la interna bonaerense haga volar todo por los aires. La responsabilidad y las ambiciones de la dirigencia política en los próximos meses empezará a construir ese futuro que en la actualidad es imposible dimensionar.

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