El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.
En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.
A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.
El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.
La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.
Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.
En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.
La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.
Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito
Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.
Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.
La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de la polémica por las criticas opositoras y de organizaciones ambientalistas, por la limitación que realizó el oficialismo sobre la cantidad de oradores que podrán exponer en esas dos jornadas.
Con más de 100 mil inscriptos hasta el viernes, La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial, virtual, donde pondrán exponer entre 200 y 300 oradores, y el resto lo tendrá que hacer a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
Al cierre de esta nota, esas audiencias se realizarán ya que la justicia rechazó una de las cautelares presentada por particulares para suspender esa reuniones públicas, pero queda otra presentada por organizaciones ambientalistas, sin resolución hasta el mediodía de este lunes.
De todos modos, no será el único conflicto que existe ya que el oficialismo, además de restringir la cantidad de oradores, estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
Audiencias
El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.
Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.
“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados.
Y se aclaró: “Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.
Un grupo de particulares presentó una demanda que cayo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó esa medida solicitada para suspender las audiencias publicas que fue presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Regueira sostuvo: “No alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.
Esa decisión fue festejada por Mayoraza través de una publicación en la red social X. “¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana”, indicó.
Ambientalistas
También pidieron una medida cautelar organizaciones ambientalistas para suspender las audiencias a fin de garantizar que puedan exponer los casi 100 mil inscriptos, que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas, y Greenpeace, pidieron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.__IP__
“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.
También pide que “el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cercana al 3%, de acuerdo a los informes preliminares de consultoras privadas.
Incluso no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.
“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1.4%) y Verdulería (-0.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3.5%”, señaló la consultora Econviews.
Cabe aclarar que en el promedio de las últimas cuatro semanas, para esta consultora, alcanza un alza de 1% en la última de febrero.
Por su parte, para EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.
La firma sostuvo que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”.
En tanto, para LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.
Así la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es de 2,4%.__IP__
En las últimas horas el presidente, Javier Milei, modificó su discurso y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato.
En medio de la conciliación obligatoria que dictó la Provincia en el conflicto por el cierre de FATE, trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense para buscar que se avance con una ley de “ocupación temporal” de la planta que cerró hace un mes.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que el jueves pasado llegó hasta La Plata, buscará reunirse nuevamente con legisladores para ver la posibilidad cierta de que el cuerpo trate la ley de ocupación temporánea del establecimiento, a fin de impedir su desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga.
La ley en cuestión declara como “utilidad pública” la fábrica, por la que los trabajadores pretenden preservar la producción de neumáticos para camiones y colectivos, evitando el cierre de la única empresa del país que produce cubiertas estratégicas.
“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”, dijo en diálogo con Agencia DIB el titular de Sutna, Alejandro Crespo.
La semana pasada los delegados se reunieron con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica. No fueron de la partida los representantes de La Libertad Avanza. Los diputados prometieron analizar el proyecto y recibirlos nuevamente en el miércoles 25. Asimismo, la idea del gremio es juntarse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.
El inicio del conflicto de FATE
El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los operarios se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas.
En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta.
Más allá del reclamo por los 920 despidos, se estima que más de la mitad de ellos ya cerraron alguna clase de acuerdo de desvinculación de la que hasta mediados de febrero pasado era la única fabricante nacional de neumáticos.
