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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

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Nadie, ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores, discute en estas horas los temas gravitantes de la reforma laboral. El proyecto llegaría al recinto del Senado en apenas cinco días, el miércoles, según la cita impulsada por oficialistas, socios y dialoguistas. Eso mismo supone un acuerdo sobre buena parte del texto -con cambios poco difundidos- y la advertencia, al mismo tiempo, sobre la tensión final en torno del artículo tributario, es decir, el que proyecta una caída de fondos para las provincias. Resultado: una mezcla de confianza por la sanción en general e incertidumbre puntual, alimentada por la mala racha de la recaudación, que lleva seis meses y complica, bastante, los números nacionales y de cada distrito. De las cuestiones de fondo se habla poco y nada.

El cruce de especulaciones y suspicacias sobre la propuesta de rebaja en Ganancias para empresas es tal que van de la mano las alternativas -que las hay en conversaciones entre gobernadores y con operadores violetas- y la posibilidad de una caída de este tema. La ley es un objetivo de máxima para Olivos: la aprobación sería un mensaje fuerte por su sentido político antes que por los efectos prácticos, a medir en el tiempo. El interrogante es hasta qué punto podría llegar esa necesidad. ¿Soportaría Javier Milei un final que pueda ser interpretado como una cesión a los jefes provinciales?

El ejemplo más cercano es la sanción del Presupuesto 2026. El Gobierno celebró públicamente como un éxito el trámite de aprobación sobre el final de diciembre, en pleno vértigo de las Fiestas. Pero hacia adentro, lamentó dejar en el camino el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en el área de discapacidad y de financiamiento universitario. Ahora, hay quienes sostienen que Milei no aceptaría ceder con la baja de Ganancias para empresas incorporada al proyecto de reforma laboral.

Visto desde ese punto de vista, se trataría de una lectura sobre el mensaje político antes que tributario al mundo de las empresas. Entre los gobernadores, y en algunos contactos con Diego Santilli -dicen que también con Santiago Caputo-, se plantearon diversas salidas: postergar la aplicación de la baja de Ganancias, escalonarla o sujetarla a una mejora de ingresos que, según el Gobierno, provocaría la misma ley. Después, creció la sospecha de que tal vez Economía preferiría que directamente se caiga ese renglón del proyecto. Parece ilógico, pero para quienes siguen de cerca los números no lo sería.

La recaudación viene cayendo de manera significativa y sostenida desde hace seis meses, por diversos factores, entre ellos el retroceso o el freno del consumo, según el rubro y cada mes. El declive en términos reales arrancó en agosto, con un registro negativo de más de 2 puntos porcentuales, y superó en enero los 7 puntos. Eso impacta directamente en la relación con las provincias. Las transferencias generales disminuyeron sensiblemente en el primer mes de este año y medida sólo la coparticipación, osciló en los 8 puntos.
Los números, incuestionables hasta para la Oficina de Respuesta Oficial, exponen sobre qué tablero se mueve este aspecto de la reforma laboral. Y, según jefes provinciales de buen diálogo con el Gobierno, podría generar una especie de doble señal oficialista: por un lado, la necesidad de sostener el discurso de no admitir cambios sustanciales para coronar su iniciativa en el Senado; y por el otro, una realidad que deja márgenes reducidos para sacrificar recaudación.

A eso se añade un ingrediente político, sobre todo de manejo comunicacional. La decisión de avanzar con la iniciativa sin mucho debate dejó fuera de la agenda pública los puntos de la reforma que hacen a los cambios laborales. Y los avances con otros espacios en ese terreno terminaron de consagrar como tema fundamental el artículo tributario, es decir, los tironeos con las provincias. La resolución de este renglón podría opacar la lectura sobre los puntos centrales de la ley y, en caso de ceder, hasta dejaría un regusto amargo para Olivos.

El texto original incluyó algunos planteos polémicos o de previsible reclamo judicial de los jefes sindicales. Se verá en el recinto si los cambios acordados por el oficialismo en las tratativas con la oposición dialoguista -con Patricia Bullrich negociando aspectos no monetarios del dictamen de comisión- moderaron o no algunos de aspectos más cuestionables.

Según trascendió, habría algunas pinceladas para diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas. Un caso sería el del fondo para indemnizaciones que, de hecho, recortaría aportes patronales destinados al sistema previsional para derivarlos al FAL. Existen otros puntos que los jefes sindicales cuestionan y que, según advirtieron, podrían terminar con presentaciones judiciales. La señal política, medida en términos de nivel de consenso, también terminaría siendo un mensaje, en la perspectiva de demandas que podrían abrir el camino a la Corte Suprema.

El oficialismo apuntó, con sentido común, a las necesidades de asimilar en la ley los cambios producidos en el mundo del trabajo. También, manejó el discurso que pega sobre el desprestigio gremial -ganado con creces por buena parte de la dirigencia- aunque, en rigor, no se hable seriamente de una nueva ley sindical que es la que podría contribuir a modificar ese cuadro.

Como sea, en el recinto del Senado terminarán de conocerse los alcances de los artículos que exponen los trazos centrales de la reforma: convenios, banco de horas, vacaciones, servicios esenciales, entre otros títulos. Por el momento, está dicho, todo eclipsado por la pulseada de fondos con las provincias.

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Las delicadas negociaciones en el Congreso reavivaron luchas de poder que el Gobierno busca aplacar

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El gobierno nacional, ante la ausencia de adversarios externos, parece buscar conflictos puertas adentro. Las tensiones que atraviesan el ala sur y el ala norte de la Casa Rosada se replican en otros despachos oficiales, y el triángulo de hierro a menudo muestra fisuras.

En los últimos días resurgió una nueva etapa de desconfianza. Una interna palaciega vinculada tanto al futuro como al pasado, más que al presente.

Durante el reciente encuentro de la mesa política del Gobierno, realizado el miércoles pasado en la Casa Rosada, comenzó a evidenciarse una situación que se gestaba en el interior y ya había sido tema central en conversaciones privadas. La relación entre los principales referentes del oficialismo en el Congreso de la Nación, el diputado y presidente de la Cámara Baja Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, figura destacada de la Cámara Alta, atraviesa un momento tenso.

Menem mantiene un alineamiento con la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, mientras que Bullrich cuenta con un fuerte respaldo del Presidente Milei, aunque desarrolla su propio espacio. Esta última situación reaviva las tensiones.

“Cuando Patricia hablaba, Martín hacía gestos y no ocultaba su malestar”, señaló una fuente que participó del encuentro y que observó sorprendido esos movimientos. “El mundo de Karina no le tiene toda la confianza a Patricia porque tiene juego propio”, agregó en referencia a la hermana del Presidente. “Con la reforma, ella —por la ex ministra— se anota un gol importante y la idea es que vuele, pero no tan alto”, explicó la misma fuente.

Cercanos a la senadora reconocen la existencia de esos recelos, vinculados a su autonomía, aunque minimizan el conflicto asegurando que Bullrich mantiene un buen trato con la Secretaría General de la Presidencia. Sostienen que esa interna es alimentada por antiguos aliados del PRO.

“Con Karina te diría que hay menos problemas que con Santiago y él es más cercano a los amarillos, es el que tiene mejor diálogo ahí”, dijo a Infobae la misma fuente bullrichista.

Y agregó: “Hay muchos que quedaron dolidos porque Patricia no solo se fue del PRO y se afilió a La Libertad Avanza, sino que se llevó legisladores de los bloques amarillos a los violetas, entonces en el macrismo persiste el recelo”.

En un clima de desconfianza, ayer algunos diputados manifestaron su malestar por los cambios que Bullrich afirma que se introducirán en el proyecto y que permanecen “bajo cuatro llaves”. Algunos legisladores expresaron preocupación por no saber con qué se encontrarán ni si tendrán posibilidades en la Cámara Baja. “Ese secretismo complica todo”.

Desde el despacho del presidente de Diputados también relativizaron el conflicto y aseguraron que “no hay problemas, se trabaja muy bien”. Además, subrayaron que la directiva de la Casa Rosada es “evitar” cualquier tipo de internas palaciegas.

En los pasillos del poder sorprende la cantidad de disputas internas que enfrenta hoy el Gobierno, atribuidas a la falta de confrontación externa —la oposición— y a la propia dinámica de búsqueda de poder de cada sector. En público hay fotos conjuntas, sonrisas y abrazos, pero en la intimidad de los despachos esas muestras de cordialidad desaparecen.

Quizás tenga razón un hombre de confianza de Patricia Bullrich quien, frente a esta nueva interna, señaló: “No entienden nada, vamos a meter un golazo ahora, en febrero, y todo pasa. En abril estamos todos durmiendo la siesta y no pasa nada en el Congreso”.

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Con miras a 2027, Karina Milei quiere ordenar la interna de LLA en San Luis: quién podría quedar al frente

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Luego de la fuerte interna del año pasado que generó un conflicto institucional y derivó en la intervención del partido, Karina Milei está tratando de ordenar a La Libertad Avanza en San Luis con el objetivo de convocar a elecciones y definir a las nuevas autoridades locales, con varios dirigentes de peso ya anotados.

Esta provincia fue la última en la que el oficialismo nacional consiguió el reconocimiento legal como fuerza política por parte de la Justicia, a principios de febrero del 2025, pero desde entonces sufrió varios percances.

Es que, en este primer momento, quien quedó a cargo del sello en el distrito fue el diputado Carlos D´Alessandro, quien todavía integraba el bloque violeta y se mostraba leal a la Casa Rosada.

Sin embargo, los roces comenzaron durante el armado para las elecciones legislativas puntanas del pasado 11 de mayo, cuando el dirigente no quiso aceptar a los candidatos que pedía el armador Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

Al mismo tiempo, también buscó competir en los comicios Rodolfo Negri, un empresario de la salud con buena relación con el gobernador Claudio Poggi y que además es prosecretario de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.

Ante los enfrentamientos públicos y sin haber podido llegar a un acuerdo, Negri se adelantó e inscribió un frente con el nombre del partido, pero esta decisión no contó nunca con el respaldo de Balcarce 50.

Por su parte, D´Alessandro intentó hacer una jugada similar y denominar a su boleta como “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene como principal referente al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Finalmente, el primero de ellos debió competir con una lista llamada “Viva La Libertad, Carajo”, mientras que el segundo lo hizo con la marca “Tercera Posición”, que ya existía.

Sin embargo, ningulo de los dos contó con el apoyo de la hermana del Presidente y terminaron quedando muy por detrás, consiguiendo menos del 10 por ciento de los votos en los municipios que se pusieron en juego.

La ruptura terminó de concretarse a mediados de agosto último, cuando el apoderado del espacio a nivel nacional, Santiago Viola, viajó a la provincia para intervenir el sello, que ya no respondía a las órdenes de Casa Rosada.

Casi en simultáneo, D´Alessandro anunciaba que se retiraba del bloque para crear uno nuevo junto a Marcela PaganoGerardo González y Lourdes Arrieta, odos enemistados con los Menem.

Frente a esta situación, y ahora con el escenario más claro, en su carácter de presidenta del partido, Karina Milei ordenó que se reinicie el proceso para recuperar el control de La Libertad Avanza en San Luis.

“Se abrió la afiliación, que es lo que se está haciendo en este momento para sumar afiliados, ordenar todo y, en un plazo lógico, llamar a elecciones y poner nuevas autoridades”, explicó a Infobae una fuente cercana a la funcionaria.

En este sentido, ya hay varios dirigentes con peso en Buenos Aires que aparecen como posíbles autoridades de la provincia: los principales son los senadores Bartolomé Abdala Ivanna Arrascaeta, esposa de Negri.

Los dos tienen intenciones de competir y ya disputaron poder a lo largo del 2025, cuando no pudieron consensuar una lista para presentarla ante la cúpula libertaria, aunque ahora podría haber bandera blanca.

“Entiendo que esta vez pueden ir juntos, sobran los motivos para que eso suceda. Quién irá primero o segundo lo decidirá Karina”, remarcó a este medio una persona cercana a los protagonistas.

En un plano más abajo aparece la flamante diputada Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano de la administración de Poggi y que accedió a una banca en los comicios de octubre por LLA.

Tras haber ganado las legislativas de mayo, el mandatario local optó por no presentar una boleta propia para las nacionales y, en cambio, manifestó públicamente su apoyo a su ex funcionaria.

“No lo digo como gobernador ni como referente de un espacio provincial importante, lo digo como Claudio Poggi, como ciudadano y vecino de San Luis”, remarcó días antes de las elecciones.

De todas formas, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia todavía no empoderaron a ninguno de ellos y optan por la competencia, al menos por el momento: “Seguramente se hará la votación interna y veremos quién gana. A menos que haya unidad y vayan con una sola lista”, señalan.

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