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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Paso Urbano: después de los reclamos de Susbielles, los libertarios “se acordaron” del Cholo

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Durante meses la obra del Paso Urbano de Bahía Blanca, en la zona de El Cholo, fue una postal del abandono. Pavimento destruido, desvíos peligrosos y una infraestructura clave para la logística portuaria paralizada. Nación miraba para otro lado. Hasta que el intendente Federico Susbielles decidió poner el tema arriba de la mesa.

La secuencia política es bastante clara.

Primero, a mediados de febrero, el Municipio y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca salieron a pedir formalmente a Nación que les permitiera intervenir para arreglar el tramo más deteriorado de la ruta en la zona de El Cholo.

El mensaje era directo: si el gobierno nacional no iba a terminar la obra ni a mantenerla, al menos debía autorizar a la ciudad a hacerlo.

Ese movimiento no fue menor. Significaba que el gobierno local estaba dispuesto a buscar soluciones propias para una obra nacional paralizada, incluso explorando esquemas alternativos para garantizar la transitabilidad en uno de los accesos más importantes de la ciudad.

El reclamo fue creciendo. Desde el municipio se insistió en que el estado del paso urbano no solo afectaba la logística portuaria, sino también la seguridad vial de miles de vehículos que circulan todos los días por ese sector.

Y entonces pasó lo que suele pasar en política: cuando alguien empuja fuerte el tablero, los demás reaccionan.

Días después del planteo de Susbielles, desde el ámbito libertario comenzaron a aparecer anuncios y gestiones para realizar reparaciones en el tramo deteriorado del Paso Urbano. De golpe, la obra que llevaba meses congelada volvió a tener movimiento.

La explicación oficial habla de trabajos de mantenimiento y recuperación del pavimento. Pero en Bahía muchos leen otra cosa: el fuerte reclamo del intendente peronista apuró a los libertarios, que salieron a mostrar gestión sobre un problema que hasta ese momento parecía no estar en la agenda nacional.

En política las casualidades existen, pero no tantas.

La cronología muestra que primero vino el reclamo de Susbielles, después la presión pública del municipio y el Puerto, y recién entonces aparecieron las reparaciones.

Dicho de otra manera: cuando el intendente empezó a mover fichas para resolver el problema, algunos en Nación se acordaron de que el Paso Urbano existía.

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La tensión con la industria y las internas copan la agenda frente al descanso del Congreso

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El Congreso parece haberse tomado un respiro después de un mes a paso forzado, impuesto en febrero por el oficialismo para avanzar con sus principales proyectos en sesiones extraordinarias. Ese descanso legislativo coincide con una escalada en el frente industrial después de sucesivas cargas presidenciales y, también, potencia el efecto de la renovada interna violeta. La ofensiva de Javier Milei sobre empresas acaba de generar respuesta orgánica del sector, un dato político fuerte, hasta impensable no hace mucho. Y la pelea doméstica con Victoria Villarruel escribe un capítulo grave -con sospechas cruzadas-, mientras el recambio en el ministerio de Justicia expone un pico de tensión en la línea más próxima a Olivos.

El ruido político y mediático de estas horas no tiene los protagonistas centrales que seguramente imaginaba el Gobierno al elaborar el discurso y la actuación que marcaron la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, hace apenas cuatro días. Los pasajes más resonantes de Milei ante la Asamblea Legislativa tuvieron como eje las cargas sobre el kirchnerismo. Sin embargo, en buena medida por la crisis del peronismo/K y la fatiga del tema, el efecto más notable es la consagración de una franja empresarial como “enemigo” para la “batalla cultural”. Era previsible, después de algunos mensajes previos, y quedó ratificado en la cadena nacional.

No lo dicen las respuestas formales, pero resulta evidente que este giro del oficialismo se produce frente a algunos elementos de la economía preocupantes. Lo exponen registros diferentes, incluso algunos, como el último informe del EMAE, que muestran avances en algunos rubros y retrocesos en otros. Esos renglones de retroceso incluyen a la industria y el comercio interno, en la misma línea que estimaciones privadas. Y en paralelo con relevamientos sobre consumo (niveles y modificaciones de hábitos por cuestiones de ingresos) y empleo.

Milei había dedicado mensajes con descalificaciones a Paolo Rocca y, después, a Javier Madanes Quintanilla. Esa andanada sobre Techint y Fate/Aluar había generado malestar, contenido hasta ahora. El discurso presidencial en el Congreso terminó por precipitar una reacción medida, pero fuerte, más que por los términos por el hecho en si mismo de la respuesta, a cargo de la UIA y de AEA. Reclamaron “respeto” y “diálogo”, una manera también de contraponer mensajes. Se verá si abre una discusión de fondo sobre algunos trazos gruesos de la gestión económica.

Por lo pronto, en dos días seguidos, la UIA difundió el referido comunicado y el último informe de su Monitor de Desempeño Industrial, que anota otra vez una caída generalizada de la actividad. Resulta probable que dispare una confrontación de datos desde la vereda violeta, al estilo de las redes sociales, antes que una discusión sobre visión económica y desarrollo. Pero en términos prácticos, se trata de un dato también político.

Aunque tenga sentido paradójico, el discurso de Milei terminó corriendo el foco del Congreso -protagonista casi exclusivo de febrero- y a la vez dejó abierta una expectativa sobre el anuncio de decenas de reformas, sin precisiones y, por lo tanto, un interrogante sobre la actividad legislativa que realmente impulsará el Ejecutivo. En lo inmediato, viene más lento el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, que aprobó el Senado y recién empieza a moverse en Diputados. Habrá audiencias públicas y el desenlace quedaría para abril.

La tensión del oficialismo aparece ahora concentrada en la interna. El más repetido enfrentamiento -entre Olivos y la vicepresidente- agregó entregas y, sobre todo, añadió ingredientes mas fuertes: sospechas de operaciones y acusaciones graves. Los cruces más visibles acaban de sumar a Patricia Bullrich y registraron fragilidad de límites en el intercambio de Villarruel y Luis Petri. La vicepresidente pegó en tono de denuncia sobre la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión del ex ministro de Defensa. Y el ahora diputado la acusó de golpista.

Ese cruce y el arrastre del estado de no retorno con Karina Milei -recreado en la Asamblea Legislativa del domingo pasado- pusieron otra ves en primera línea las especulaciones sobre movimientos en el Senado. Es curioso, porque Bullrich retomó la exposición pública de la disputa con Villarruel, pero más allá de lo que se busca imponer como versión de distensión, está lejos de una buena relación con la hermana del Presidente. En ese clima, la vicepresidente dijo que van por su caída del cargo, algo que pareció anticipar capítulos más oscuros de esta pelea.

En el centro del Gobierno, la interna repuso titulares sobre las disputas de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. La designación de nuevas autoridades en el ministerio de Justicia no agota la historia, sino que provoca interrogantes sobre su proyección hacia otras áreas sensibles de Gobierno, la justicia federal y hasta la Corte.

Como se sabe, Mariano Cúneo Libarona actuó durante meses como pieza para evitar un conflicto grave en el tablero del poder. Había difundido su decisión de renunciar en los días amargos para el oficialismo por la derrota en la elección bonaerense y siguió en el cargo, en parte porque el cuadro se alivió con la celebración de octubre. En rigor, su salida venía escrita desde antes. Y la permanencia se estiró hasta ahora; termina con la designación de Juan Bautista Mahiques. La jugada incluye a Santiago Viola en el segundo escalón ministerial, desplazando a Sebastián Amerio.

La movida expresa un éxito de Karina Milei en detrimento de Santiago Caputo. El punto ahora es si este avance se extiende hacia cargos de peso que responden al asesor: ARCA y SIDE. Por lo pronto, los primeros pasos del designado ministro fueron claros. Visitó la jefatura de Gabinete y allí estuvo reunido con Karina Milei -a quien había agradecido su designación de manera especial y públicamente- y con Santiago Viola.

Este jueves, Milei tomará juramento a los nuevos funcionarios. Presencias, ausencias y gestos presidenciales también tendrán lectura en clave de interna.

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Tras las 90 reformas que anunció Milei, el peronismo quiere evitar que LLA se adueñe de la agenda del Congreso

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En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó claro que el Gobierno buscará ejercer un control total de la agenda legislativa con una andanada de proyecto de “reformas estructurales” que se sucederán hasta fin de año. En cambio, en las filas del peronismo oscilan entre cierta resignación y los planes para imponer una “agenda propia”.

Según explicó Milei, cada ministerio ya tiene en carpeta al menos 10 paquetes legislativos que enviarán al Congreso escalonadamente para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

Entre los principales anuncios se destacaron la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia; la reforma del Régimen Tributario y del Código Aduanero; la ratificación del Acuerdo con EEUU y suscripción de nuevos acuerdos internacionales; la eliminación de barreras ambientales; la reforma del Régimen Electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; una reforma judicial y del Código Penal; una reforma en los tres niveles educativos; una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

Ante una propuesta tan ambiciosa, de las filas del peronismo surgen análisis dispares. Por un lado, algunos reconocen que el Gobierno “tiene los fierros” para mantener el control de la agenda parlamentaria, por lo menos en el corto plazo.

No solo se refieren sólo al apoyo de los gobernadores y de los bloques aliados, como el PRO y la UCR, sino al control del trámite legislativo. Cabe recordar que antes de llegar al recinto, cada proyecto de ley debe pasar por las comisiones correspondientes según los temas que abarque. Es por eso que el control de las presidencias de las comisiones cobra gran importancia.

Gracias al acuerdo de sus aliados, los libertarios se quedaron con las presidencias de todas las comisiones que se conformaron durante las sesiones extraordinarias. Esta son: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Justicia (Álvaro Martínez), Trabajo (Lisandro Almirón), Juventud y Niñez (Maria Gabriela Flores), Recursos Naturales (José Peluc), Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), Mercosur (Damián Arabia). Y todo parece indicar que la oposición quedará completamente relegada de las comisiones importantes.

“La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.

“Además, los libertarios han aprendido rápido todas las malas técnicas y por más que te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean”, sintetizaron.

Ante este escenario, la única herramienta disponible serían los emplazamientos, un mecanismo que obliga a las comisiones a tratar los proyectos sin importar quién detenta la presidencia. Sin embargo, esta instancia, que fue utilizada muchas veces el año pasado, requiere de una mayoría en el recinto, algo que la oposición por el momento está lejos de alcanzar. “Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado”, explicaron.

En cambio, sí existe un consenso entre los peronistas: el apoyo de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y eso eventualmente dejará al oficialismo sin mayoría propia. La pregunta es cuándo ocurrirá. “Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios”, advirtieron.

Otros creen que la dinámica económica podría “dar vuelta” la situación mucho antes: “Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento, ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025”.

En esa línea, un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner analizó que la imagen de Milei se está deteriorando y que el tono agresivo y polarizante al que recurrió el domingo pasado es una consecuencia directa del deterioro de las expectativas. “Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen”, señaló.

Por otro lado, sectores del peronismo insisten en que deben plantear una agenda propositiva que contraste directamente con el oficialismo, y si no se puede avanzar en el Congreso, tendrán que buscar visibilidad mediática y en las calles. “Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante”.

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