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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Por qué vuelve a hablar Adorni: el informe en Diputados que fue bisagra y la necesidad de reactivar la gestión

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Pasado el informe de gestión, que ofició como fecha determinante en el calendario libertario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra revitalizado y ultima detalles para su vuelta a las conferencias de prensa. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la fecha aprobada por el presidente Javier Milei para quebrar el silencio de casi dos meses es el lunes próximo. “Manuel (Adorni) cree que comunicar es importante, pero además quiere darle la bienvenida a los acreditados”, resumieron desde su entorno.

Como contó este medio, el funcionario tuvo en mente desde el estallido de la polémica, a principios de marzo, la necesidad de retomar las ruedas de prensa que iniciaron con regularidad diaria y se fueron espaciando con el correr de la gestión. Para eso, el selecto grupo designado por el mandatario para discutir la política fina de la administración debatía si hacerlo antes o después de la sesión del pasado miércoles. “El informe fue bisagra. La fecha prevista para volver a las conferencias era después del 29 de abril. Cumplimos”, argumentaron desde la Jefatura de Gabinete.

Poco menos de 24 horas después de su exposición ante la Cámara de Diputados, que duró seis horas y media, y contó con la presencia del mandatario y el Gabinete completo, el ministro coordinador se mostró conforme con su performance y se comprometió a reactivar la comunicación del Gobierno. Según anticipan en el oficialismo, la línea discursiva preparada para hacer frente a las inquietudes del periodismo será similar a la expuesta en el Congreso.

Lo cierto es que el hermetismo prevalece desde el 25 de marzo, cuando el funcionario brindó la última declaración a la prensa acreditada con asistencia comunicacional del asesor presidencial, Santiago Caputo, en la que ensayó un intento fallido de explicación respecto a su situación patrimonial. Luego de evitar dar detalles del tema, alegando la causa abierta, y de cruzarse con algunos periodistas, el exvocero eligió el camino del silencio.

“Fue una transición. Ahora debe retomar el curso natural de las cosas”, planteó un importante alfil del ecosistema violeta. “El Gobierno necesita un vocero. Nadie más que Manuel habla en on y, por ahora, nadie lo hace mejor”, argumentó un alfil libertario que recorre los pasillos de Balcarce 50.

En paralelo a la idea de retomar la dinámica de gestión, con una marcada recuperación de la actividad legislativa, en el oficialismo apuestan a aceitar la comunicación. Para eso, los expertos en la materia consideran que el exvocero, al que definen como “la cara de la gestión”, debe volver a escena y recuperar el perfil que lo llevó a ser el elegido por Javier y Karina Milei para competir por la composición de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, hay un detalle que complejiza la ecuación: la prensa acreditada, desde hace una semana, se ve impedida de ingresar a Casa Rosada por orden directa del Presidente. Con la fecha definida, desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari activaron el regreso del periodismo que volverá a la sala, ubicada en el primer piso, y en funcionamiento desde 1944.

En los planes originales del ministro coordinador, que se preparó para responder el centenar de preguntas de los bloques opositores y aliados, la conferencia tendría lugar el último día hábil de abril, pero sin periodistas, los planes debieron postergarse hasta la resolución del conflicto que parecería darse la próxima semana.

En su lugar, el pasado jueves participó de la Asamblea del directorio de YPF, en calidad de Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupa desde enero, y almorzó en el salón de los escudos del Ministerio del Interior con los mozos de la Jefatura de Gabinete con motivo del 1° de mayo, Día del Trabajador. Afuera, con algunos metros de distancia, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebraba un acto en Plaza de Mayo y rechazaba la política laboral del Ejecutivo.

Con la regularización de la dinámica, y pasada la defensa de la gestión en el Congreso, que dejó una sensación de conformidad en la plana gubernamental, en el oficialismo se muestran optimistas con la pronta resolución de la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes y la adquisición de propiedades. Incluso, los más optimistas, garantizan que el funcionario saldrá “fortalecido” de la situación.

Uno de los mayores defensores es el propio Milei, que no solo bajó la orden de escoltarlo en el Congreso, en lo que configuró el primer informe de gestión del exvocero, en un accionar inédito, sino que lo defiende a capa y espada ante cada pregunta de los medios de comunicación. “El caso está cerrado, chorros, corruptos”, respondió con visible enojo a la salida de la Cámara de Diputados.

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Guerra de denuncias entre el Gobierno y la oposición tras la exposición de Manuel Adorni en Diputados

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Manuel Adorni

El paso de Manuel Adorni por la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión se transformó en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. En esta oportunidad, la pelea escaló a niveles judiciales.

Mientras el Jefe de Gabinete exponía, la legisladora Marcela Pagano se presentaba en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional. La respuesta de LLA no se hizo esperar: la fuerza libertaria respondió con una denuncia penal contra la exaliada, a la que también acusan por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta.

Ante el juez Ariel Lijo, Pagano entregó una carpeta con documentación sobre la presunta existencia de una empresa offshore denominada IM Group S.A.S., radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandio. La diputada, además, declaró como testigo en la causa para afirmar que Grandio y Adorni son socios.

Según su hipótesis, los fondos recaudados por publicidad del programa televisivo Giros, emitido por la cadena estatal TV Pública, se derivaban hacia esa firma offshore y hacia la esposa de Grandio, con el objetivo de eludir el pago de impuestos en Argentina. Pagano aseguró que pudo constatar la existencia de la firma en el Registro de Personas Jurídicas de Montevideo y sumó otro dato que, estimó a Infobae, configura lo que denominó como “la ruta del dinero Adorni”.

“El principal auspiciante del programa ‘Giros’ era YPF, y por mis veinte años de experiencia en televisión, puedo dar fe de que generalmente YPF sponsorea programas que están en el top ten de IBOPE. No es el caso del programa de Grandio”, señaló. La diputada también detalló el motivo de su ausencia en la sesión informativa: “No quería ser parte de un espectáculo montado. Consideré utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil”.

En tanto, el contraataque libertario fue una denuncia contra Pagano radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, con la firma de los diputados María Celeste Ponce, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros. La presentación fue formalizada con patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane. Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza María Servini.

Al ser consultada sobre esta acusación, Pagano manifestó que está “tranquila” y cuestionó el alcance del escrito: “Habla de períodos fiscales en los que yo fui periodista, es decir, anteriores a mi labor como diputada. De hecho, es sorprendente porque hablan sobre la compra de un departamento que yo misma incluí en mi declaración jurada”, dijo a Infobae.

Adorni, a su vez, negó durante su exposición en el Congreso haber coordinado la aprobación de contratos a favor de terceros con vínculos previos y afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y Grandío.

En paralelo, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade hizo hincapié en los viajes al exterior de Adorni con fondos cuyo origen la oposición pone en duda, enumeró una serie de traslados —Bariloche, Río de Janeiro, Chapelco, Aruba— y apuntó que el total ascendía a 35 días de vacaciones en seis meses, “todos pagados en efectivo, incompatibles según su análisis con los ingresos declarados por el funcionario y los de su esposa, quien facturaba como monotributista categoría A. ¿Cómo generó el efectivo suficiente para hacer frente a todos estos gastos impresionantes?”, preguntó.

El legislador, además, expuso detalles sobre la supuesta rutina diaria de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, y mencionó el uso de agentes de la Policía Federal como custodia personal en actividades cotidianas.

La reacción del Gobierno fue inmediata. Adorni acusó al legislador de haberlo “espiado” a él y a su familia. “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia”, expresó. Y agregó: “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa”.

En esta línea, y según se informó, el Gobierno evalúa presentar una denuncia penal contra Tailhade por haber hecho pública información que “comprometió la seguridad” de la familia del jefe de Gabinete.

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Colegios privados: autorizan aumentos de hasta el 3,5% para mayo

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Nuevo cuadro tarifario para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. El mismo regirá a partir de este quinto mes del año en los establecimientos que reciben aportes estatales.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en Provincia el incremento avalado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5% a aplicar a partir del mes que comienza mañana.

Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $ 34.030, y aquella con el 40%, hasta $ 153.860. Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $ 37.520 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 199.920 si percibe el 40%.

Sobre el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos, Aiepa consignó que “a efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro de cada servicio educativo con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17”.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos. Estos años hemos tenido incrementos -incluso- en tasas municipales que impactan fuertemente sobre la actividad”.

Siempre de acuerdo con Zurita, “con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17,6% desde diciembre 2025. Sin embargo, el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13,5%. Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”.

Colegios privados: aumentos en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires también se autorizó un aumento de hasta un 5% para el mismo período. Según la disposición que emitió el Ministerio de Educación porteño, el nuevo esquema de valores de las cuotas se habilita luego de “analizar el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y que resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir mayo para el ciclo lectivo 2026”.

Fuente: Agencia DIB

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