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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigor provisionalmente el 1 de mayo

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Javier Milei

La Unión Europea anunció que en poco tiempo comenzará a regir, de manera provisional, el acuerdo entre el bloque económico y el Mercosur. Así lo anunció el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, quien señaló que la aplicación será a partir del próximo 1 de mayo de 2026. Así lo comunicó hoy la UE a los países del Mercado Común del Sur, mediante una “nota verbal” a Paraguay, depositario jurídico de los tratados del Mercosur, de esta manera la Comisión Europea ha cumplido el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la Decisión del Consejo del 9 de enero.

Esto comenzará a aplicarse entre los 27 países de la UE y tres de los cuatro países del Mercosur. Por lo menos hasta ahora porque ArgentinaBrasil y Uruguay ya lo han ratificado y han enviado la comunicación al bloque del Viejo Continente y solo falta que Paraguay, que ha ratificado recientemente el acuerdo, envíe su notificación. Una vez que lo haga se aplicará también el acuerdo.

El comunicado fue publicado en la red social X en la cuenta del canciller Pablo Quirno quien señaló que “la Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo”. Luego hizo referencia a que la “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”; y que esto configura un “paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”. El Canciller firma su posteo con TMAP (todo marcha de acuerdo al plan) y la bandera de la Argentina.

En referencia al comunicado, los europeos hacen referencia a que la aplicación provisional del entendimiento significa la “eliminación de los aranceles sobre determinados productos desde el primer día”, señalando que las “empresas, los consumidores y los productos agropecuarios de la UE podrán comenzar a beneficiarse inmediatamente del acuerdo, mientras que los sectores sensibles de la economía europea quedan plenamente resguardados por salvaguardias sólidas”.

“Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial de primer orden. La prioridad ahora es convertir este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, brindando a los exportadores europeos la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo. La aplicación provisional nos permitirá empezar a cumplir esa promesa. Confío en ver a este acuerdo desplegar todo su potencial, fortaleciendo nuestra economía y reforzando nuestra posición en el comercio global, mientras completamos todos los procedimientos democráticos”, dijo Sefcovic.

A pesar del anuncio de la aplicación, el proceso institucional en Europa continúa en paralelo y todavía requiere varios permisos para la adopción definitiva del acuerdo. Según detalló Europa Press, el pacto comercial —junto con el acuerdo de asociación y el componente político— solo entrará en vigencia plena una vez cumpla el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, este punto permanece en situación de indefinición, ya que la Eurocámara ha optado por impugnar la base jurídica del acuerdo presentando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que imposibilita que los eurodiputados voten sobre el tema hasta que el alto tribunal publique su dictamen.

Por el lado de la Argentina, y con el proceso de aprobación ya cumplido, legisladores proponen la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo. El senador nacional Gerardo Zamora presentó un proyecto para la creación de la Comisión Especial de Seguimiento, Monitoreo y Coordinación Federal del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en el ámbito del Senado de la Nación y en el marco de la Ley 27.800. La iniciativa apunta a dotar al Congreso de una herramienta específica para acompañar política y técnicamente la implementación del entendimiento, en particular sobre su impacto en las economías provinciales, las PyMEs y los sectores productivos regionales. En este sentido, el proyecto propone una comisión de 17 senadores con representación de todas las regiones con atribuciones que le permitan el monitoreo de los subcomités de comercio que se vayan habilitando, la convocatoria a audiencias públicas en todo el país y la facultad de requerir informes periódicos al Ejecutivo.

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El PJ Federal presentará el armado político anti Milei en Entre Ríos y suma adhesiones a la iniciativa para el 2027

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Los legisladores y gobernadores que están empujando el armado anti Milei desde el peronismo del interior del país, tienen estipulado presentar en el mes de abril, probablemente en la primera quincena, el esquema político y un documento que detalle los primeros lineamientos del programa económico del espacio. El encuentro será en la provincia de Entre Ríos. La localidad apuntada es Concepción del Uruguay.

En esa construcción están trabajando hace tiempo los legisladores Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Adán Bahl, Gustavo Bordet, Ernesto “Pipi” Alí, Emir Félix, Martín Pérez, Kelly Olmos, Sergio Dolce, Hilda “Beba” Soria y Gabriela Pedrali, entre otros, que se presentarán en el acto y dejarán a la luz su participación en esa iniciativa con base en el interior del país.

En esa propuesta trabajan también Miguel Pichetto, Diego Bossio y Juan Manuel Olmos. Tres nombres propios que articulan, en diferentes ámbitos, la edificación de un proyecto político que tiene como objetivo, a mediano plazo, confluir en una gran PASO el año que viene, donde la oposición pueda contener a diversos sectores que están en la vereda de enfrente de Javier Milei.

En una primera instancia, la intención es que los que aparezcan en escena sean todos los diputados y dirigentes que pertenecen al peronismo. Después se incluirían nombres propios como Emilio Monzó o Nicolás Massot, que viene haciendo su aporte en la edificación de la propuesta política y electoral.

La semana pasada, por ejemplo, Monzó se reunió, junto a Pichetto, con un grupo de legisladores que se distanciaron del bloque de La Libertad Avanza, y que tienen como figura de mayor renombre a Carlos Kikuchi, uno de los primeros armadores del proyecto de Milei, que antes del desembarco en la Casa Rosada se divorció del Presidente y su hermana.

El gobernador del PJ que está más inmiscuido en esa construcción es el riojano Ricardo Quintela, que la semana pasada se reunión con un grupo de legisladores del interior en las oficinas de Tolosa Paz y que, un día después, le abrió las puertas de la provincia norteña a Eduardo “Wado” de Pedro, en una forma de hacer equilibrio entre las tribus y tratar, en simultáneo, de jugar un rol de articulador de voluntades entre tantas mini internas que afectan la identidad del proyecto justicialista nacional.

En paralelo, el grupo de legisladores tiene en agenda tratar de empezar a acercar posiciones con el santiagueño Gerardo Zamora, actual senador nacional pero, al mismo tiempo, jefe político del Frente Cívico por Santiago del Estero, que hoy gobierna la provincia de la mano de Elías Suárez.

El acto y el documento que están diseñando tendrán una mirada de fuerte autocrítica sobre la última gestión peronista, más allá de las marcadas diferencias con los modelos políticos y económicos de Mauricio Macri y Javier Milei, que aportaron su cuota a la situación actual del sistema productivo, uno de los temas centrales de la agenda que tiene ese espacio.

Este esquema tiene, como parte de la crítica sobre el pasado y el reconocimiento del presente, la intención de marcar que el equilibrio fiscal es innegociable a esta altura de la historia, pero que no comparten el camino que tomó Milei para intentar alcanzarlo. Será uno de los principales ejes del documento que se publicará el día del acto, texto que buscará empezar a moldear la identidad de una de las vertientes que tiene el peronismo.

“Tenemos que construir algo distinto al 2019. Empezar por la base del proyecto. Por los acuerdos centrales sobre el déficit fiscal, la construcción de viviendas, las tarifas subsidiadas, los salarios y las dificultades que afrontan las economías regionales. No podemos agruparnos sin un sentido o solo por ganarle a Milei”, precisó a Infobae uno de los principales armadores del armado anti Milei.

El grupo de legisladores trabaja en base a una discusión horizontal, ya que no hay candidatos a presidente marcados, como sí existe en el peronismo bonaerense, donde Axel Kicillof es claramente el principal nombre para pelear por la presidencia de la Nación. El PJ Federal visualiza una gran PASO en la que puedan poner un candidato que compita con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un perfil con arraigo en el interior del país que contraste con la figura del economista.

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El Gobierno define la agenda legislativa: la Ley de Glaciares será prioridad y evalúa insistir con Hojarasca

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Con intención de dar curso al año legislativo, el Gobierno Nacional revisa el proyecto de Código Penal, anunciado en diciembre como una de las claves del período, y el paquete en defensa de la propiedad privada, que girarán al Congreso en el primer envío del período ordinario. Según supo Infobae, el oficialismo analiza insistir también con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones.

Luego de la reunión de mesa política del pasado martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo insitirá con la modificación del Código Penal, en el que trabajó el saliente tándem de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con intención de implementar algunos cambios, y el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A los anunciados proyectos, podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes, y que fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024, cuyo tratamiento no prosperó. El funcionario argumentó que la normativa “busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones”.

Con tan solo tres días hábiles en la semana, luego del fin de semana XLL por el 24 de marzo, que conmemora el 50° aniversario del último golpe cívico militar de 1976, el reducido equipo que coordina Adorni, bajo supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a verse las caras la próxima semana. Sin embargo, este miércoles accederán al detalle de las normativas anunciadas a ser enviadas en la primera tanda, que hasta entonces permanecen en las oficinas de un puñado de funcionarios.

Asimismo, en el oficialismo destacan la Ley de Glaciares, prevista para ser tratada durante las extraordinarias, pero finalmente postergada para ordinarias, como una de las prioridades de la Casa Rosada. El cronograma legislativo incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con un cupo de solo 200 expositores.

Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week, y configura una cuenta pendiente que quedó del temario de la prórroga veraniega.

Por estas horas, hay quienes sostienen que podría discutirse en el recinto el próximo 8 de abril, y si bien estaba previsto que ingresara por la Cámara de Senadores, aún no hay garantías de que eso ocurra. Es que, según expuso un integrante de la mesa política a este medio, varios legisladores cuestionan la determinación al sostener que “(Patricia) Bullrich quiere absorver todo y llevarse los laureles”.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir en Balcarce 50. En este grupo figuran las modificaciones en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad que prometieron impulsar para contener la bronca de los sectores involucrados, pero también la reforma política que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discruso de la apertura de sesiones ordinarias.

Los cambios en el sistema democrático actual también son materia de debate interno. Como contó este medio, el oficialismo resolvió postergar para “más adelante” el envío al Congreso con intención de tantear los respaldos con los que cuenta antes de su tratamiento. Varias voces del ecosistema libertario promente que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, luego de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las posturas, delimitadas en función de la composición del Congreso, son diversas. “Nosotros queremos la eliminación porque es un gasto inmenso para el contribuyente”, argumenta un habil negociador violeta. Sin embargo, la realidad parece empañar los deseos del mandatario y limitar su alcance: algunos piensan en repetir la suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025, y otros en eliminar su caracter obligatorio. Con el correr de los días, y feriados mediante, deberán ajustar la línea antes de enviar los proyectos.

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