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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El impacto del Mundial en la gestión y los desafíos del Gobierno para retomar la agenda la próxima semana

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“Toda la semana está perdida. Lo que hiciéramos, lo perderíamos”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política en la previa a la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. La frase resume el diagnóstico que hoy predomina en las filas libertarias: mientras la Copa del Mundo concentre la atención pública, cualquier iniciativa política corre el riesgo de pasar inadvertida.

En Casa Rosada hay consenso sobre el impacto del megaevento deportivo que se disputa desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En los distintos despachos sostienen que alteró la dinámica política cotidiana y, en particular, la actividad legislativa, uno de los principales frentes que el Gobierno buscaba reactivar tras la polémica del caso Adorni.

Sin embargo, no todo es negativo: algunas voces hablan de un período temporal que le permite al Gobierno sostener una agenda reducida sin que la inacción tenga costos políticos. “La existencia del Mundial nos da oxígeno para no hacer nada”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial.

En ese contexto, el pasado martes la nueva mesa política volvió a reunirse en las oficinas de lo que supo ser el Ministerio del Interior, en un encuentro en el que se tomaron escasas definiciones, más allá del trazado de algunos plazos amplios y el repaso de la agenda legislativa.

Como contó este medio, quienes llevan el control de las mediciones en la imagen del presidente Javier Milei precisan que la Copa del Mundo, cuya final se disputará este domingo, configuró uno de los factores que hizo posible el repunte en los números. “Hubo una leve recuperación producto de la baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeró una fuente en tema.

A partir de ese diagnóstico conviven dos lecturas dentro del oficialismo: por un lado, los que creen que el final de un evento catalizador de expectativas siempre es negativo y, por el otro, los que descartan que tenga impacto en la dinámica política.

Siempre el Mundial conviene a quien sea que esté en el Gobierno y cuánto más dure, mejor. Argentina aseguró que se queda hasta los últimos días, pase lo que pase, y eso el Gobierno, en términos políticos, lo celebra”, plantearon desde una de las tribus violetas. “Esa es una lógica vieja. No va a cambiar nada cuando termine”, discreparon desde la otra.

Por estas horas, el mandatario se encuentra en la quinta de Olivos, desde donde seguirá la disputa contra Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien estila mirar los partidos. En cambio, el asesor presidencial, Santiago Caputo, verá el partido desde sus oficinas ubicadas en el Salón Martín Fierro. También estuvieron en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Fanático de Messi y defensor de Lionel Scaloni, Milei anticipó que, si Argentina avanza y logra el bicampeonato, abrirá la Casa Rosada para los festejos y la pondrá a disposición del plantel y el cuerpo técnico. Incluso, en Balcarce 50 no descartan habilitar un asueto si se diera el triunfo.

Por ahora, se trata de una mera especulación. Lo concreto es que, a partir de la próxima semana, el Poder Ejecutivo deberá empezar a ordenar la hoja de ruta para dar inicio al tratamiento de reformas, pasado el receso invernal del Congreso. Este jueves, el día después del partido clave, el oficialismo se esperanza con conseguir el cuórum necesario para habilitar el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De avanzar en su sanción, la administración libertaria podría tachar una de las cuatro prioridades que fijó el mandatario ante los legisladores de La Libertad Avanza. En la columna de pendientes quedarán la reforma electoral, las modificaciones en el régimen de Zonas Frías, los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal y la reescritura de la Carta Orgánica del Banco Central en la que trabaja el equipo económico.

En Casa Rosada son optimistas respecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En cambio, ven más complejo el panorama para Zonas Frías y, especialmente, para la reforma electoral, una de las principales ambiciones del mandatario.

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El Senado sesiona para aprobar la ley de propiedad privada: más cambios de último momento y dudas por los votos

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Tras semanas de mala praxis desde el bloque libertario del Senado, que conduce la porteña Patricia Bullrich, el oficialismo intentará sesionar desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada y que ya fue desplumado por la oposición: el dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores extra y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara al recinto.

La realidad es que, de lograr el quorum -37- y activar el cónclave, la mayoría de las bancadas buscarán sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada. Siempre y cuando el diablo no meta la cola al momento de informar cambios en una eventual votación en particular del texto.

A esta altura y, con el recinto caído la última vez, ya nada sorprendería. Todo esto se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado.

Para evitar otras tropelías, libertarios y aliados se reunirían a las 10, dos horas antes de la sesión, para cerrar grifos de incertidumbre y decidir si se baja o no al recinto. Hasta el inicio de la corriente semana, no se percibió buen clima. Entre lunes y martes, las chances crecieron. Ayer se sostenía el encuentro, aunque el festín de borradores y un potencial inconveniente con dos legisladores misioneros volvió a sembrar un manto de dudas.

El desafío no es menor para Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El proyecto en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzeneggermodifica cuestiones centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, ley de manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador plantea: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. El último caso servirá también para zona de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminaría lo enunciado sobre el “silencio administrativo”, otro inconveniente comentado ayer por Infobae.

Lupa

Mientras Bullrich junta número -hasta las 13.30 de ayer ni apareció por el Senado, y luego casi todos se fueron del Palacio por el partido entre la Argentina e Inglaterra-, dos semi aliados volvieron a quedar en el centro de atención. No suele ser para bien. De hecho, el ex vicegobernador Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut se hicieron conocidos por haber dicho en “on” que iban a votar Ficha Limpia para hacer, después, todo lo contrario. Voltearon el proyecto.

La culpa no sería de ellos en esta ocasión, sino de su -hasta ahora- controlador y mandamás provincial, el ex mandatario Carlos Rovira; y del actual gobernador, Hugo Passalacqua. Están enfrentados, la guerra no es menor y ambos legisladores cambiaron el nombre de su bancada.

En las últimas horas se conoció un comunicado de una red de mujeres relacionada con la prima del primero y esposa del segundo, la funcionaria misionera Viviana Rovira, en el que se pone un fuerte énfasis en no aprobar la ley de propiedad privada. ¿Sabe de esto Bullrich? La porteña sí trataba de masajear a los supuestos ex kirchneristas de Convicción Federal –Carolina MoisésGuillermo Andrada y Sandra Mendoza– para ayudar, aunque sea, con el quorum.

Para la sesión de este jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral. Si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar. También aparecen en bandeja ascensos diplomáticos que llevan larga siesta y poco consternaron al Canciller, Pablo Quirno.

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Axel Kicillof busca el voto sub 30 y envía referentes juveniles para tener presencia en las provincias

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Semanas atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con quienes integran la línea juvenil del Movimiento Derecho al Futuro. El MDF Juventudes iba a tener su acto de lanzamiento el 6 de junio último, pero producto del fallecimiento del Indio Solari, la actividad se pospuso. Luego, el mandatario recibió en la gobernación a las principales referencias del sector. En la reunión, se habló de distintos temas que atraviesan a jóvenes, sobre todo sociales y económicos. También le dijeron a Kicillof que están en contacto con otras provincias y que la idea es nacionalizar el MDF Juventudes.

El plan es hacer pie en otras provincias a la par de lo que vienen haciendo distintas ramas del MDF. El objetivo final es dotar de estructura propia para lo que será la negociación del peronismo de cara a las elecciones del año que viene. Quienes están dentro del MDF están confiados de que Kicillof estará al frente de la campaña y será el candidato por el peronismo.

Es en este marco que, lentamente, se empiezan a diseñar y estudiar distintos escenarios. El voto joven es uno de ellos. En las elecciones del 2023, La Libertad Avanza logró capitalizar buena parte del descreimiento político en jóvenes y buscará profundizarlo. Por caso, semanas atrás, el diputado provincial de LLA, Pablo Morillo, presentó un proyecto de ley para bajar la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses: la propuesta es bajar de 25 a 18 años. Como dio cuenta Infobae, desde el partido pretenden aumentar la presencia de militantes de la juventud libertaria en las listas. Señalan que, si la iniciativa avanza en la legislatura bonaerense, podría haber candidatos menores de 25 años liderando listas en distintos distritos. Esta medida también apunta a captar el “voto joven” para el próximo año y a fortalecer la militancia, que el partido impulsa mediante diversas agrupaciones en los municipios de la provincia.

El sector de Kicillof también busca sumar presencia juvenil. En la provincia de Buenos Aires, el MDF Juventudes está constituido y ya funciona como un dispositivo propio. Entre las referencias aparecen directoras de distintos ministerios, concejales; además, presencia de militancia universitaria y de ramas juveniles de sindicatos. La directora de Juventudes, Ayelén López, es una de las que está a cargo del despliegue más allá del territorio bonaerense, al igual que la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, del ministerio de Trabajo bonaerense, Macarena Kunkel. Como contó este medio, las caras visibles del MDF Juventud también aparecen en la estructura del PJ bonaerense que preside Kicillof. Aylén Katopodis y Constanza Schumkler figuran como titulares. Katopodis, activa en San Martín, lidera la secretaría de Juventud del PJ en la Primera sección electoral. Es abogada y, además, hija de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial. Por su parte, Schumkler se desempeña como consejera escolar en Vicente López por el peronismo, integra el PJ encabezado por Kicillof y participa en la agrupación Descamisados. La concejala de La Plata, Sol Malundez, es otra figura que participa activamente.

Las referentes de Juventud se reunieron con Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y con la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Allí le trasladaron la idea de expandir la rama del MDF a otras provincias. El gobernador dio el visto bueno.

Desde ese momento a la actualidad, empezaron a aceitar contactos con Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, Corrientes. Lo hacen a través de las ramas juveniles de la CTA de los Trabajadores y la CGT. Con la CGT la articulación se hace a través del gremio de UPCN. A nivel provincial, tanto la CGT como la CTA están trabajando para la construcción política de Kicillof y se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro, a través de distintos dirigentes. También hay otros gremios como ATSA, Camioneros, UOCRA, Las 62 organizaciones y varias más.

Según cifras oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el padrón electoral nacional para las elecciones legislativas de 2025 incluyó 35.987.634 electores habilitados. De ese total, 1.139.315 correspondían a jóvenes de 16 y 17 años, según los datos publicados por el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior (Elecciones Legislativas 2025: el proceso electoral, en números).

En cuanto a la franja de 18 a 30 años -que es donde está mirando el MDF Juventud- la Cámara Nacional Electoral indicó a través de informes y estadísticas que este grupo representa aproximadamente uno de cada cuatro electores habilitados, es decir, cerca del 25% del padrón nacional. Aplicando ese porcentaje sobre el padrón total, el número estimado de electores de 18 a 30 años asciende a unos 9 millones. Sumando los 1.139.315 de 16 y 17 años, el total de electores menores de 30 años se aproxima a 10 millones de personas.

“La idea es empezar a componer un ámbito de referencias nacionales”, remarcaron desde la línea de Juventud del MDF a este medio. “Nuestro objetivo es organizarnos este año porque quedan 5 meses de 2026 y el año que viene vamos a tener una campaña a nivel nacional y el sector juventud es muy importante en la cantidad de pibes sub 30 que votan”, agregaron. Anhelan que el candidato sea el gobernador bonaerense. En la discusión interna, La Cámporanacida hace 20 años como organización juvenil, sigue promoviendo a Cristina Kirchner a la par de la campaña que viene desplegando por la libertad de la expresidenta.

Tras el encuentro con los referentes del MDF Juventud, Kicillof había planteado que “para entender las problemáticas actuales de los pibes y las pibas necesitamos conocer cuáles son sus ideas y propuestas: no alcanza solo con acercar herramientas y políticas desde el Estado, tenemos que ofrecerles respuestas a sus inquietudes en un mundo de cambios muy veloces”.

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