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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Ley Malvinas: Bullrich pretende hacerle más cambios al texto y tensiona su vínculo con Santiago Caputo

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Ayer fue el Día de la Soberanía Nacional, pero Santiago Caputo, en lugar de hablar de soberanía, habló de elecciones. Fue un día difícil para el Gobierno: el riesgo país superó los mil puntos, su nivel más alto en más de un año, y el dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva hasta un récord nominal. Sin embargo, el sector de Karina Milei hizo varias alusiones al 20 de noviembre. Eso sí, sin mencionar las islas. La ley que lleva el sello de Caputo, la de Defensa de la Soberanía Nacional, atraviesa su peor semana: no logró quórum en Diputados y, además, empezó a recibir objeciones del sector de Patricia Bullrich, aún antes de llegar al Senado.

El proyecto tiene dictamen de mayoría desde hace casi un mes y, antes de la sesión, el oficialismo decía tener los votos para aprobarlo en general, aunque admitía que podía perder por completo el Título VII, que incorpora reformas electorales y nuevas figuras penales.

La sesión especial del miércoles pasado donde el Gobierno esperaba tratarlo fracasó por tres bancas. A las 12.31, Martín Menem dio por caída la convocatoria con 126 diputados sentados, cuando hacían falta 129. Los diputados de Provincias Unidas estuvieron en el recinto, pero no ocuparon sus lugares. Menem llegó a intercambiar audios con la presidenta de ese bloque, Gisela Scaglia, sin éxito.

Tras el fracaso, Caputo culpó “a la política” y apuntó contra los Menem. En su entorno leyeron la caída como un festejo para Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia, como tuiteó el “Gordo Dan”. Y Agustín Romo, uno de sus laderos, lanzó dardos en X contra los riojanos asesores de Karina Milei. Al día siguiente, Caputo planteó la teoría de un ataque de trolls con noticias falsas, que el Presidente refrendó.

El desmarque de Patricia

En ese clima, desde el entorno de Bullrich anticiparon a este medio que tienen planeado introducir modificaciones. A su alrededor no esconden su opinión sobre el texto. “Es un mamarracho esa ley. Es de un país bananero”, dicen en el bloque. El Gobierno ya introdujo muchos cambios. Pero las modificaciones que le interesan a Bullrich, según su entorno, son las que tocan a la economía. “Si agarrás cualquier empresa grande argentina, tiene terminales en Reino Unido. Es un absurdo”, deslizó una fuente de ese espacio, en referencia a las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas. Según esa lectura, hay compañías locales cuyos accionistas quedarían expuestos.

Las objeciones en ese sentido no son nuevas. Estados Unidos ya había planteado las suyas a fines de octubre, cuando el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, reconoció -en su visita a Buenos Aires- algo que habían adelantado los medios: que Washington miraba el proyecto “con interés” y que atendía los intereses de sus empresas.

El canciller Pablo Quirno respondió que la ley no apunta contra ninguna compañía en particular. Tras esas advertencias, el Gobierno debió ceder, y limitó el esquema de sanciones.

Alrededor de Bullrich agregan que ella “habla con todos los embajadores”.

El Gobierno ya introdujo una serie de cambios en los idas y vueltas del último tiempo. Esta semana, con vistas a que salga, La Libertad Avanza le entregó a los aliados un nuevo texto, que excluye al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional y acota las conductas penables por injerencia extranjera en procesos electorales.

En el primer debate en comisión, Caputo había quedado muy enojado porque se había incluido, en contra de sus expectativas, a Seguridad en el Consejo. Él pretendía otro esquema, que siguiera el modelo de Estados Unidos. Al final, con el nuevo texto, logró dar marcha atrás con aquel revés: Seguridad quedaría afuera como miembro permanente, salvo en ciertos momentos.

El PRO rechazó el capítulo de sanciones contra la prensa, un punto que ya había sido modificado para buscar consensos. Desde ese espacio sostienen que apoyaron el proyecto desde el primer momento y que durante semanas trabajaron para mejorar el texto. Aseguran haber logrado cuatro modificaciones al dictamen de mayoría: la creación de una Comisión Bicameral para que el Congreso controle y supervise las decisiones en materia de seguridad nacional; una mayor protección de las infraestructuras críticas, con respeto por las competencias de las provincias y de los organismos responsables; la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional, para mejorar la coordinación entre los organismos del Estado, un punto que el nuevo borrador revierte; y una definición más precisa del delito de injerencia extranjera, para combatirlo sin poner en riesgo la libertad de prensa, de expresión y la actividad académica. El objetivo declarado, afirman, fue sumar mejoras concretas a un proyecto que consideran fundamental para dotar al país de herramientas de defensa de su soberanía y sus recursos naturales, con reglas claras y mayores controles institucionales.

Una interna que se traduce

En la Casa Rosada leen el movimiento de Bullrich en clave de interna: Patricia contra Santiago. En el entorno de Caputo, además, hay quienes ven demasiada sintonía entre Bullrich y los Menem, por el punto en común de apuntarle, supuestamente, a la ley. En el Senado lo niegan. “No todo se tiene que leer en clave de interna”, repiten. Una fuente cercana a la senadora la describe así: “Pasa que él encontró esa veta para mantenerse en el candelero”. Esa misma fuente se refiere con ironía a Caputo como “este chico que se cree James Bond”.

La senadora, aseguran, piensa lo mismo ante cualquier situación de este tipo: no se puede sancionar una ley por una interna, hay que ser responsable. Dicen que nunca lo avalaría y que es una estadista, aunque haga política: “Hay cosas que no se fuma”. Quienes la conocen aclaran que no quiere perjudicar a Caputo ni avalar medidas que, a su criterio, van contra los intereses del país. De hecho, observan que tiene afinidad con el asesor y buen diálogo con Diego Santilli, a quien sin embargo critica por ser demasiado sumiso con Karina Milei. Y advierten: “Conociendo a Patricia, las alianzas son circunstanciales a un momento”.

Mientras tanto, se abrió otra grieta por la PASO: Bullrich está convencida de que los Menem querían perjudicarla en la discusión por la PASO para que se cayera el dictamen y echarle la culpa. Por eso, aseguraron, acordaron con Santilli para trabajar en tándem. Y terminó siendo un triunfo de ellos dos que los Menem apenas mencionaron. En el bullrichismo deslizaron que los vieron “heridos”.

Cerca de los Menem dijeron no saber nada de los dardos de Romo y explicaron la caída de la sesión de otra manera. Según su versión, Provincias Unidas no se sentó porque no se incluyó en el temario el proyecto de biocombustibles, porque falta de apoyos. Los votos de La Libertad Avanza están, pero los del PRO no, y el PRO no lo quiere.

A esto, admitieron por lo bajo, se sumaba la interna entre Provincias Unidas y el PRO por el Consejo de la Magistratura. “Obviamente, en ambos casos Martín se puso del lado del PRO, porque son nuestros aliados principales”, argumentaron cerca suyo. Eso fue lo que hizo que los diputados de Provincias Unidas, que estaban parados en el recinto, no se sentaran. “Es una idiotez lo que dicen, no hay que darles pelota. Martín trabajó para que salga y lo saben”, contrarrestaron los cuestionamientos en ese sector.

Bullrich, además, publicó un tuit de sesiones de música para anticipar otra novedad que trae. Genera expectativa y está atenta a la comunicación: en su entorno dicen que es así “desde siempre” pero en el oficialismo quienes le desconfían ven en cada gesto una nueva señal de sus planes electorales para el año que viene.

El Gobierno necesita ahora reordenar el mapa antes de volver a convocar a Diputados, con el Presupuesto 2027 previsto para el recinto el 25. Cada semana sin sesión alarga el trámite del proyecto y hace menos probable que llegue al Senado con tiempo. En el bloque libertario lo resumen sin vueltas: “Patricia va a hacer los cambios que haya que hacer, y va a ser sin ruido… si la dejan”.

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Máximo Kirchner asumirá al frente del Congreso del PJ en una reunión de baja intensidad para calmar la interna

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El peronismo de la provincia de Buenos Aires votará este sábado la designación de Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, como nuevo presidente del Congreso del Partido Justicialista bonaerense. Lejos de los viejos actos y congresos, esta vez el encuentro será híbrido, tanto presencial como virtual. Se les pidió a los congresales que asistan a las sedes de sus PJ en los municipios, que desde allí participen de lo que será el acto y voten desde su celular a través de la aplicación del Partido Justicialista bonaerense.

Kirchner estará presente en el edificio del PJ en la capital bonaerense. Quien no participará del encuentro es el gobernador, Axel Kicillof. El mandatario es el presidente del Consejo partidario y ningún integrante del consejo formará parte de la actividad del congreso. No habrá foto entre el gobernador y el líder de La Cámpora. Sin embargo, referentes políticos de Kicillof sí estarán presentes en calle 54 entre 6 y 7 de la capital bonaerense. Se trata de quienes son congresales, como por ejemplo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La realización del congreso partidario es una formalidad que debe hacer el partido al menos una vez al año. Cuando se acordó que Kicillof fuera el presidente del partido en el marco de la renovación de autoridades en lugar de Kirchner, también se definió que el diputado nacional quedase al mando del Congreso que hasta ese momento estaba bajo la tutela del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Espinoza es otro dirigente que no estará en La Plata. En la última reunión del consejo partidario se definió la fecha para el encuentro de este sábado.

Además de la proclamación de Kirchner, el Congreso también debe renovar 64 cargos durante la reunión virtual convocada para este sábado a las 10. El principal nombramiento será el de Máximo como presidente del órgano partidario, un acuerdo que las distintas vertientes del peronismo provincial ya habían sellado en las conversaciones previas.

La Mesa Directiva concentrará 22 de esas designaciones. Además de la presidencia, se elegirán cuatro vicepresidencias, ocho secretarías y prosecretarías —General, Administrativo, Actas y Acción Legislativa— y nueve vocalías.

También se definirá la integración de la Junta Electoral, que contará con 13 miembros titulares y seis suplentes. El entendimiento previo contempla la continuidad del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, al frente de ese organismo.

El temario incluye además la designación de ocho integrantes titulares y cuatro suplentes para el Tribunal de Disciplina, y la misma cantidad para la Comisión Fiscalizadora. El Congreso es la máxima instancia de decisión del PJ bonaerense y tiene entre sus atribuciones habilitar alianzas electorales, además de aprobar la plataforma y el programa de acción política del partido en la provincia.

Desde hace algunas semanas se buscó que el encuentro fuera de baja intensidad para no seguir propagando hacia afuera la discusión interna del peronismo. De eso se ocuparon hasta el viernes por la tarde-noche el Secretario General del Partido, Mariano Cascallares; la vicegobernadora, Verónica Magario —que es una de las vicepresidentas partidarias—; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín —otro de los vicepresidentes del PJ—; y el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, entre otros. Este último en representación de Máximo Kirchner.

Lo que sí se fue definiendo en los últimos días fue quiénes integrarán tanto la Junta Electoral como el consejo directivo. Allí, tanto del espacio de Kicillof como del cristinismo fueron pidiendo “nombres” a intendentes y demás dirigentes para ocupar los lugares vacantes, además de asegurarse de que votarán las propuestas que surjan.

La Junta Electoral cobra cierta relevancia ya que es el órgano de control de los procesos electorales internos del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Interviene tanto en las elecciones de autoridades partidarias como en la selección de candidatos a cargos públicos electivos. Su tarea comprende la dirección y el control de los comicios, la administración de los padrones, la organización de la votación, la resolución de protestas e impugnaciones, la fiscalización del escrutinio, la aprobación de las elecciones y la proclamación de candidatos.

Está integrada por 13 miembros titulares y seis suplentes, con mandatos de cuatro años. La Carta Orgánica dispone que su conformación debe respetar la paridad de género prevista en la Ley 27.412. Sus integrantes son designados por el Congreso Provincial, que es la máxima autoridad partidaria en el ámbito bonaerense.

El encuentro de este sábado llega luego de una semana en la que el peronismo volvió a mostrar sus matices con los actos por el Día de la Militancia, el pasado 17 de noviembre. El llamado Peronismo Federal con el Frente Renovador, montó un acto en San Fernando del que participaron los intendentes de La Liga Peronista y distintas figuras de La Cámpora. En el evento tomó centralidad la figura el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, quien estuvo escoltado por la diputada nacional, Natalia De la Sota, y el senador nacional, Gerardo Zamora, entre otros. No hubo presencia de Kicillof ni de nadie de su esquema político. La ausencia de este sector generó varias lecturas. El ministro de Gobierno provincial trató de bajarle el dramatismo. Si bien reconoció que Kicillof no fue invitado, relató en declaraciones a Infobae en Vivo: “Hace poquito hicimos un acto con 40.000 personas y, bueno, obviamente no estaban invitadas todas las tribus porque era un acto de nuestra fuerza política”, dijo. Bianco estará este sábado en La Plata

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Karina Milei retomó el vínculo con Macri, pero la interna del PRO no permite destrabar el acuerdo en CABA

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El acompañamiento del PRO a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a acercar posiciones con el Gobierno y dejó una muestra de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaron la buena sintonía después de semanas de tensiones, aunque ese entendimiento todavía no se tradujo en avances concretos para conformar una alianza de cara a las elecciones de 2027, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde las diferencias entre ambas fuerzas son más profundas.

Mientras La Libertad Avanza buscaba reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el Senado, el macrismo decidió acompañar públicamente la suspensión de las primarias y el resto de los puntos centrales del proyecto, una señal que fue leída por sectores de la Casa Rosada como un gesto de tregua.

En el oficialismo consideran que el ex presidente buscó demostrar que todavía tiene capacidad para ordenar respaldos legislativos, y valoraron que lo haya hecho aun cuando las conversaciones sobre el futuro electoral están paralizadas.

En la previa de la definición por las listas colectoras, el PRO evitó adoptar una postura institucional en contra de ese mecanismo, aunque dirigentes cercanos a Macri y referentes partidarios sí habían planteado reparos en público, por motivos políticos y constitucionales.

La conducción del espacio prefirió entonces no tensionar la discusión mientras el Poder Ejecutivo negociaba con los gobernadores y buscaba los apoyos necesarios para conseguir dictamen.

“El PRO priorizó la situación del país por encima de cualquier otro interés”, esgrimieron cerca del ex mandatario nacional, donde también recordaron que la principal discusión estaba centrada en la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que eran los puntos con los que sí había una coincidencia.

En ese sector remarcaron que el partido, de todas formas, “nunca iba a acompañar colectoras” y que varios de sus representantes ya lo habían anticipado públicamente, aunque lo cierto es que esa postura no había quedado plasmada en el primer comunicado que publicaron en las redes sociales.

“Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”, señaló el espacio cuando esa herramienta todavía era parte de las alternativas que analizaba la mesa política libertaria para contentar a los gobernadores.

En ese mismo mensaje, también reafirmaron su posición de que “es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia“ y con “la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur”.

El escenario cambió cuando el Gobierno decidió retirar las listas colectoras de la iniciativa, después de que varios mandatarios provinciales que inicialmente las reclamaban no lograran una posición común y optaran por pedir que se eliminara ese artículo, una decisión que facilitó la negociación en la Cámara alta y le permitió a la administración libertaria obtener el dictamen.

En ese momento, el PRO sí fijó una postura institucional y argumentó que siempre estuvo “en contra de las listas colectoras”, porque fue durante la administración de Macri que se eliminaron.

“Hoy volvimos a sostener esa misma posición en el marco del debate de la reforma electoral. Celebramos que el Senado haya decidido retirar este punto del proyecto y valoramos que se avance en la discusión de una reforma electoral a partir del diálogo y la búsqueda de consensos”, expresó la fuerza amarilla.

En el entorno de los Menem, que siguen de cerca el armado nacional, reconocieron que el PRO “se portó muy bien” durante las tratativas y en la votación, aunque deslizaron que el acompañamiento podría formar parte de una estrategia para exhibir que todavía conserva volumen parlamentario y capacidad de negociación.

En esa lectura, el partido podría intentar utilizar ese apoyo para reclamar que la Casa Rosada no le dispute el poder en la ciudad de Buenos Aires, donde la relación entre ambos sectores está lejos de estar resuelta y el futuro de Jorge Macri como eventual candidato a la reelección no genera consenso dentro del oficialismo nacional.

En este contexto, recientemente apareció sobre la mesa de negociación el nombre de Fernando de Andreis, secretario general del partido amarillo, cercano al ex presidente y uno de los dos enviados a las reuniones periódicas que se hacían con La Libertad Avanza en la Casa Rosada, para tratar de sellar un frente en la mayor parte del país de cara al año que viene.

Cerca de la secretaria general de la Presidencia sostienen que observan “desde afuera, como espectadores” los movimientos internos del macrismo porteño y que no tienen intención de anticipar una definición mientras el PRO no resuelva sus propias diferencias.

“A Fernando lo conocimos recién en la campaña del 2025, pero no podemos opinar porque no sabemos si va a ser su candidato. Creo que el tema de la ciudad de Buenos Aires aún no está en discusión, es un tema para más adelante”, remarcó una persona de extrema confianza de Karina Milei.

La postura en Balcarce 50 es que la discusión por la Ciudad llegará más adelante, cuando se acerquen los plazos electorales y se conozca con mayor claridad el mapa de candidaturas en otros distritos, aunque en el PRO consideran que la falta de definiciones también deja abierto el terreno para que los libertarios intenten presentar una alternativa propia, incluso si finalmente avanza una alianza a nivel nacional.

El respaldo parlamentario se da mientras la mesa de conversaciones entre las dos partes atraviesa un período de menor actividad. Los encuentros entre representantes de ambas fuerzas, que en un principio iban a realizarse cada 15 días, fueron suspendidos y hace varias semanas que no se convoca una nueva reunión formal.

De esas charlas participan, De Andreis y el diputado Cristian Ritondo, mientras que del lado oficialista intervienen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La situación se volvió más compleja porque la mesa que había sido pensada como un canal regular de intercambio quedó absorbida por la actividad parlamentaria, la discusión de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y las conversaciones del Gobierno con los gobernadores, de quienes depende buena parte de los votos que necesita el oficialismo en ambas Cámaras.

La dirigencia cercana a Macri mantiene la expectativa de que la buena sintonía recuperada con Karina Milei ayude a recomponer el vínculo político entre las dos fuerzas, que tuvo momentos de tensión por los desacuerdos legislativos, la distribución de cargos y la estrategia territorial, pero aclaran que el trato entre ambos no alcanza por sí solo para despejar las diferencias que persisten entre los armadores.

“De Andreis dijo lo que viene diciendo. No hay mucha novedad: quiere ser jefe de Gobierno, pero falta mucho para las definiciones”, señalaron en el entorno del ex presidente.

Sin embargo, en el círculo íntimo del actual jefe de Gobierno porteño interpretaron el movimiento como una señal anticipada para un plan más a largo plazo: “Fernando ya había manifestado su voluntad de ser candidato a jefe de Gobierno, pero recién en 2031. Incluso lo llegó a hablar con Jorge”, minimizan.

Según quienes hablan diariamente con el ex intendente de Vicente López, De Andreis en realidad se apuró porque “no quiere perder terreno o quedar atrás de algún otro candidato en la carrera, entonces primerea al levantar la mano y empieza por posicionarse desde ahora”.

Quienes defienden la posibilidad de que Jorge Macri busque la reelección consideran que la postulación del emisario de Mauricio no tiene, por ahora, sustento suficiente para convertirse en una candidatura competitiva.

“Lo de De Andreis es una jugada y le mandaron a decir que se quiere presentar. No mide, no tiene empatía y la gente no lo conoce. Es un globo de ensayo, pero en la realidad es imposible que sea candidato a algo. Dijo que decidió volver a dedicarse a full a la política recién ahora, es poco serio”, cuestionó una persona que trabaja para que el alcalde porteño tenga un nuevo período de mandato.

La visión es compartida por algunos dirigentes que conocen de cerca el esquema partidario y consideran que la decisión final seguirá en manos del ex presidente, quien no lo estaría considerando seriamente.

“A Fernando lo baja Mauricio Macri en un segundo. Le dice ‘quedate acá, nene’ y se terminó todo. Es un amague nada más lo de su candidatura, estoy convencido”, sostuvo un dirigente del PRO involucrado en el armado político.

Por ahora, el Gobierno evita adelantar si respaldaría a Jorge Macri, a De Andreis o a un candidato propio, mientras el PRO busca mantener la unidad interna y capitalizar su acompañamiento en el Congreso.

La próxima definición relevante será si se reanudan las reuniones en la Casa Rosada y si el entendimiento personal entre Karina Milei y Mauricio Macri consigue transformarse en una negociación concreta sobre los distritos donde ambos espacios todavía compiten por el liderazgo.

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