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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Séptimo paro en lo que va del año: el Suteba bahiense realizará este miércoles otra medida de fuerza

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La filial local del gremio docente Suteba realizará este miércoles un nuevo paro con movilización, por lo que otra vez los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

Los organizadores convocaron a los educadores para este 29 de abril, a partir de las 10, en la plaza Rivadavia, bajo las consignas: “Creación de todos los cargos necesarios en Educación Especial. Basta de ajuste. Repudio a la comunicación enviada a lxs docentes sobre la intervención en conflictos con arma de fuego. Inmediata solución a los problemas de calefacción en las aulas. Aumento y recomposición salarial urgente en la Provincia”, según detallaron en sus redes sociales.

La jornada de paro representará la séptima interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el sindicato liderado por Analía Lusarreta impulsó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril y 21 de abril.

En todos los casos se llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA, entre otros pedidos.

La cantidad de huelgas docentes en Bahía Blanca se encamina a los alarmantes niveles alcanzados el año pasado, cuando se registraron 17 paros en las escuelas públicas del distrito: a los 13 ceses de actividades convocados por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de la CTERA.

Fuente: La Nueva.

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Reconversión de empresas: advierten que “importar barato y vender caro es un negocio de corto plazo”

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El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas presentó un informe titulado “Menos industria y más lucro” en el que analizó el presente de distintas grandes empresas industriales de Argentina frente a la apertura importadora que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Analizaron los casos de Lumilagro, Adidas y Essen, entre otras firmas, que se reconvirtieron, cerraron líneas de producción y despidieron trabajadores, logrando de todos modos aumentar sus ganancias.

El economista e integrante del instituto, Gustavo García Zanotti, precisó esta mañana en diálogo con Radio Altos que con información aduanera evaluaron la situación de diversas compañías que en los últimos años avanzaron en una reconversión de su negocio.

“Si bien han cerrado alguna línea de producción y despedido personal, todas han incrementado su dinámica comercial a partir de la apertura importadora. Los mismos bienes que antes se producían en Argentina, pasaron a ser importados”, remarcó.

Según expuso, las importaciones crecieron en los últimos dos años a partir de la apreciación cambiaria y la reducción de aranceles, es decir, impuestos para proteger a la industria nacional: “Lo que está ocurriendo es que estas empresas están importando barato, a costo de países del sudeste asiático, muy barato a costo chino, y venden en nuestro país precio argentino”.

Allí se genera, indicó, una diferencia entre el costo unitario de importación y el valor de venta final de los bienes que le generan una ganancia bruta, en algunos casos importante, a las empresas.

Señaló que importar a bajo costo no se traduce en que las y los argentinos podrán comprar esos productos a precios más baratos que si se fabrican en nuestro país.

Como ejemplo, mencionó que el termo que Lumilagro trae de China tiene un costo unitario de importación de 5,8 dólares, alrededor de $8000, y en la tienda oficial la empresa lo vende a $44.000 sin impuestos. “Esa diferencia es la ganancia bruta unitaria: trae el producto a costo chino y lo vende a precio argentino”.

García Zanotti alertó sobre un problema que se está generando respecto a que esas ganancias que están obteniendo son a corto plazo. “Hay que ver hasta qué punto es sustentable en el tiempo porque si en el medio se despiden trabajadores, disminuirá el empleo a nivel agregado y por ende caerán los ingresos de todos los trabajadores golpeando a la demanda local en su conjunto”, subrayó.

Y agregó: “en un futuro cuando ese consumidor ya no tenga más trabajo, no tenga más ingresos, no podrá comprar y las empresas importadoras no podrán seguir vendiendo lo mismo”.

En ese punto, insistió en que se trata de un negocio a corto plazo, pero que en el futuro para el conjunto de los argentinos será un problema.

Sumado, dijo, a que Argentina perderá capacidades tecnológicas productivas que acumuló durante décadas. “La línea de producción que cerró o la olla que fue un emblema para la industria nacional y se empezó a importar, es irremplazable, son capacidades tecnológicas que se fueron acumulando durante un montón de décadas y que hubo incluso muchas veces transferencias tecnológicas por parte de agencias estatales como puede ser el CONICET o el INTI. Detrás hay tecnología y hay trabajo argentino que se destruyen porque hay un negocio de corto plazo de importar barato y vender más caro”, concluyó.

Fuente: Frente al cano.

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El intendente presentó el programa Bahía Limpia con eje en los basurales a cielo abierto

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Esta mañana en el Parque de Mayo el intendente Federico Susbielles junto a parte de su gabinete presentó el programa Bahía Limpia.

Se trata de una iniciativa integral que incluye la incorporación de camiones, mayores controles y eliminación de los basurales a cielo abierto.

“Estamos dando un paso más para tener una ciudad más limpia, ordenada y cuidada. Invertimos para mejorar el servicio y avanzamos en algo clave: orden y responsabilidad. Porque no da lo mismo cuidar que ensuciar”, enfatizó el jefe comunal.

Detalló que ya fueron adquiridos 10 camiones nuevos y que la Municipalidad inició el proceso de compra de 10 bateas y 2 camiones roll off.

Uno de los ejes del programa es la erradicación de basurales a cielo abierto.

A través del WhatsApp 2914325325 las y los vecinos podrán reportar esos sectores donde se acumula basura, además, de sacar turno para el retiro de residuos de grandes volúmenes y para conocer las rutas de recolección de residuos secos.

“Una ciudad limpia es aquella que menos se ensucia y eso es una tarea compartida”, recalcó el jefe comunal.

Sanciones

Susbielles destacó que el Municipio ha logrado reducir el 50% de los basurales a cielo abierto que estaban en la ciudad al inicio de su gestión y adelantó que trabajarán junto al Tribunal de Faltas, por un lado, para hacer cumplir la normativa vigente, por otro, junto al Concejo Deliberante para que las sanciones sean más duras para quienes estén “sacando en lugares y en momentos o en disposiciones inadecuadas la basura”.

El juez de Faltas Carlos Salgado recordó que está vigente la Ordenanza 19.374 vinculada al tratamiento de residuos sólidos urbanos. “Cada vez que se detecte alguna situación que vaya en contra de esta normativa, ahí vamos a estar para aplicar las sanciones correspondientes”, remarcó.

Fuente: Frente al cano.

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