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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Máximo Kirchner criticó la presentación de los F-16: “Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones”

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El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, participó este sábado de un debate sobre Derechos Humanos que giró en torno al reclamo por “Cristina libre”, aunque al ser el mismo día que el Gobierno nacional presentara seis aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, el líder de La Cámpora aprovechó la agenda para criticar la decisión.

Según su perspectiva se trata de aviones “que se compran con la plata de prestamistas” y cuestionó que “esos dólares que nos prestan” no se utilicen para “hacer planes de vivienda federales, o para hacer un Procrear, o para generarle mayor competitividad a nuestros sectores productivos, al mundo del trabajo, a las Pymes” sino que “son para comprar aviones que seguramente ya les sobran”.

“Nosotros también tenemos que saber explicar los modelos económicos porque los modelos económicos modelan sociedades”, reflexionó Kirchner y recordó que durante el gobierno de Juan Domingo Perón el país fabricaba sus propios aviones de reacción, en referencia a la serie El Pulqui 1 y 2.

“Yo quiero una Argentina que crezca, que produzca conocimiento, que pueda llegar un día a aquello que incluso el mismo Perón allá por el 73 decía que le había faltado, que era producir fierros pesados en Argentina para no tener que importar tanto”, recordó.

Kirchner participó de la mesa “Con proscripción no hay Derechos ni Democracia” que pide por la libertad de Cristina Kirchner en el marco del Encuentro de Derechos Humanos llevado a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El referente de La Cámpora estuvo en el cierre del evento junto a al diputado nacional electo y ex secretario de DDHH Horacio Pietragalla, el militante de HIJOS Charly PisoniSergio Maldonado y la periodista Irina Hauser.

Kirchner cuestionó las restricciones recientemente impuestas a CFK después de que se reuniera con ocho economistas que fueron a San José 1111 -donde cumple prisión domiciliaria- a llevarle un documento de 500 páginas con propuestas para un futuro gobierno peronista.

“La verdad es que las restricciones sobre la figura de Cristina no fueron por estar cantando a dúo con el Indio Solari en el balcón del departamento. Tampoco yendo con el changuito al supermercado como los genocidas, fue recibiendo a economistas”, se quejó.

“Creo que en esta situación, donde muchas veces sentimos agobio por la realidad económica que se atraviesa, entendemos que necesitamos a Cristina libre, no para que pueda disfrutar con sus nietos, sino para que nos ayude, para que camine, para que invite a la gente a soñar”, dijo Máximo y concluyó: “Podrá tener más o menos votos, pero lo que es Cristina caminando, es un llamador a la discusión, al debate y a la participación. Y también a la rebeldía y a la irreverencia, y a no callarse jamás, hasta aún cuando algunos sectores muchas veces le terminan reclamando que afloje y no que siga”.

Kirchner aclaró que no considera “tontos” al sector de “la derecha” y destacó que “saben lo que hacen, siempre supieron lo que hicieron, por eso mataron, por eso torturaron, por eso desaparecieron, por eso persiguieron, por eso endeudaron”.

Saben, piensan, diagraman, planifican, y si tienen poder, abusan. Y después saben de haber cometido todo ese tipo de abusos que si hay algo que no pueden perder es el poder”, siguió.

Por eso el diputado nacional propuso que desde el peronismo sean “los primeros que tenemos que encargarnos, todos los días, de contar a la gente que nosotros queremos un país grande, con grandes empresarios, pero con Derechos Humanos. Que queremos un país con mucha seguridad para los que trabajan, y salen todos los días a la calle, pero con Derechos Humanos”.

En ese sentido le pidió a la militancia presente que “no les regalemos un centímetro, porque cuando les regalamos un centímetro, en nuestros argumentos y en las explicaciones nos avanzan 10 kilómetros para dentro de los lugares que realmente debemos proteger y proveer”.

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Senado: el kirchnerismo apuesta a blindar sus 28 votos, en medio de fuertes reclamos sobre “un nuevo orden”

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El Gobierno libertario se prepara para las sesiones extraordinarias, ante un kirchnerismo senatorial que apuesta a blindar sus 28 votos -de 72, lo que significa más de un tercio del pleno-, en medio de fuertes reclamos para que haya “un nuevo orden” en el interbloque del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans. El embrollo mayor es conocido: un puñado de legisladores se hastió de cumplir las órdenes que Cristina Kirchner emite, sin ninguna posibilidad de objeción, desde su prisión domiciliaria.

Venimos de perder tres elecciones bajo el lema ‘todos juntos’. Parece algo agotado, más allá de mantener un caudal de votos que nunca debe ser desconsiderado. Entonces, si el regreso de ‘volver mejores’ ya lo destruyó Alberto -en referencia al expresidente Alberto Fernández– y las quejas se amontonan, ¿por qué no con otro orden?”, sentenció un integrante del espacio kirchnerista.

Al acercar la lupa, aparecen bifurcaciones. Esto depende mucho del sitial desde donde se analice el panorama. Algunos son más cautos y aclararon a este medio que “un nivel son los acuerdos como cúpula PJ; otro, el de los gobernadores con la Casa Rosada; y un tercero, la convivencia interna”. Parece ser que, al quitarle la espuma a la ola generada con las recientes elecciones de octubre pasado, el último ítem se convierte, por ahora, en el más importante.

Yo no creo que haya tanto problema para rechazar, por ejemplo, la reforma laboral. Sobre todo, si el Gobierno pretende sacarla rápido. Podría cometer un gran error. Lo que ya no es agradable es entrar a una reunión de bloque y que dos o tres compañeros -en referencia a Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti- acaparen la centralidad en todo. No hay respeto hacia exgobernadores que no pierden en sus provincias, ni espacios para ganadores en comisiones importantes. Al Consejo de la Magistratura van siempre los mismos. Para la AGN -Auditoría General de la Nación- quisieron traficar a un postulante que ni siquiera tenía el aval de todos nosotros. Siempre en exceso”, manifestaron con desazón desde el Frente de Todos.

Desde otro despacho, un senador que responde a un mandatario provincial fue tajante: “Nadie quiere ser el primero en romper. Ahora, si la semana que viene sigue la misma situación, no sé cuánto va a aguantar. Ya no es más ‘hacé esto’ o ‘apoyen lo otro’. Y pensar que hay peronistas distanciados hace mucho del kirchnerismo que sondearon los últimos días para ver si hay agua y generar algo distinto. Somos un sinfín de ocasiones mal pensadas y ejecutadas de la peor manera”.

En el Frente de Todos surge otro temor: Patricia Bullrich. No tanto por el trato en el día a día, sino por su posición de interlocutora única del Gobierno con la Cámara alta. El pedido de auxilio llegó a los oídos de la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que mantiene excelentes vínculos con varios legisladores cristinistas y fue recibida con afecto por Gildo Insfrán en Formosa.

“Básicamente, le dijimos que no le regale el manejo de la Cámara a Bullrich. Pero como ya le cuesta con sus cuestiones, no pongo mucha esperanza. Mientras no quieran arrasarnos, sobreviviremos”, reflexionó un soldado peronista sorprendido por el reciente acto que promocionó esta semana Villarruel, junto a libertarios hoy enemigos acérrimos de Karina Milei, para criticar -por su extensión y consecuencias- la cuarentena kirchnerista durante la pandemia Covid. “Una estrategia muy atinada de su parte. Ya sé a quién no pedirle un consejo”, opinó, con risas, una senadora.

Con la confirmación del santiagueño Gerardo Zamora y su participación con el Frente Cívico -en principio- dentro del interbloque peronista, las miradas pasan ahora a Convicción Federal, que diferenció tiempo atrás, sin romper con Cristina Kirchner. Son cuatro. Las idas y vueltas con constantes. “No hay apuro. Vamos a ver qué pasa y cómo corre el agua la semana que viene”, aseguró uno de éstos a Infobae.

De reojo también observa todo el justicialista Daniel Bensusán. Dos semanas atrás, este medio contó que si bien no tiene intenciones de sacar los pies del plato y aguardará la decantación kirchnerista, sí es cierto que, ante imposiciones delirantes, armaría su propio bloque: PJ La Pampa, en línea directa -uno de los pocos- con su gobernador, Sergio Ziliotto. En caso de cumplirse, reeditaría la butaca con la que hizo magia años atrás Carlos Verna, uno de los últimos “lúcidos” -reconocido por sus pares- que tuvo el Senado. Y ya parte otro, el salteño Juan Carlos Romero.

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El Gobierno analiza insistir con la reforma electoral: financiamiento partidario, BUP y el futuro de las PASO

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Con la mente puesta en la reelección en 2027, el Gobierno estudia la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la ya existente reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024. Una importante fuente confesó a Infobae que la idea de sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026, año en el que no habrá elecciones, madura en varios despachos de la Casa Rosada, lo que daría pie a modificaciones en el sistema que están pendientes.

Como contó este medio, en un sector de la administración libertaria circula la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como las provinciales. “No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente“, argumentó un libertario a este medio.

Al momento, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con sus particularidades, ya hacen uso de la BUP, lo que esperanza a la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, a implementarla en el resto del territorio. Asimismo, también se baraja la chance de añadir un nuevo casillero a la papeleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar descuidos u olvidos en la elección por categorías. En Casa Rosada saben de antemano que las modificaciones serán resistidas por los gobiernos locales, por lo que apuntan a dar las discusiones de cara a la sociedad.

Otro de los cambios en mente gira en torno al mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur, que actualmente combina un sistema mixto. De introducir las modificaciones, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto. De esta forma, los legisladores decidirán de acuerdo a la representación de cada espacio. Para eso, deberán modificar la Ley 27.120, eliminar el sistema actual, derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.

El cuarto punto estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las obsesiones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos durante su paso por la gestión, con el objetivo de “mejorar la calidad institucional”, lo que supondrá una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido”.

El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, cuyo tratamiento legislativo no prosperó, contemplaba el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El futuro de las PASO

“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, supo definir Manuel Adorni en traje de vocero presidencial cuando anunció en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley que se vio frustrado.

Por estas fechas, la administración libertaria debate internamente la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo al 2027.

Si bien a principios de marzo logró la suspensión de las mismas para el proceso electoral de este 2025, luego de que se aprobara la ley en Diputados y Senadores, aún hay dudas sobre la eliminación. “Es necesario revisar el tema de las PASO. Son innecesarias y suponen un alto costo para el Estado. Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron en una de las tribus libertarias.

Otras voces sostienen que pese al gasto, las PASO “indefectiblemente ordenan la política” por lo que la resolución a la multiplicidad argumental quedará para el próximo año.

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