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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Bahía se suma al pañuelazo por el acceso al aborto legal y seguro

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Bahía Blanca se suma al pañuelazo por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro que se celebra cada 28 de septiembre. Habrá un encuentro desde las 17 en la Plaza Rivadavia.

“Vamos a estar vendiendo los pañuelos, entregando folletería y brindando asesoramiento. Siempre estos espacios terminan en reuniones muy productivas con compañeras de otros espacios. Son jornadas muy necesarias en estos momentos”, remarcó esta mañana en diálogo con Radio Altos Daniela Álvarez, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo rige en Argentina desde el 30 de diciembre de 2020.

Sobre cómo se viene aplicando la norma, especialmente en nuestra ciudad y la región, afirmó que de acuerdo a las estadísticas y a los relatos de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, la medicación está disponible y los procesos se están garantizando tanto en el Hospital Penna como en algunas salas médicas.

“Lo que notamos es un poco de resistencia en algunos espacios con algunos profesionales, pero siempre está garantizado el acceso a la interrupción del embarazo. Y respecto de la medicación, hoy las obras sociales sí la están abasteciendo, en eso no ha habido problemas”, insistió. Sí señaló que a nivel nacional hay inconvenientes con la entrega de la medicación y que está recayendo en las provincias.

Recordó que en el Hospital Penna los miércoles se brinda el servicio de consulta, acompañamiento y se realizan las intervenciones médicas.

Álvarez expuso que desde que Javier Milei asumió la presidencia, con su fuerte mensaje pro vida y vinculando la baja de la natalidad al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, aparecieron casos de profesionales que son amenazados o que los cuestionan por realizar las prácticas. “No se puede trabajar con la misma libertad que antes”, advirtió.

Y sumó que se está hablando mucho menos de aborto que hace algunos años y que cuesta mucho más llevar el tema a las escuelas o los barrios. “Antes estaba mucho más habilitado el diálogo, entonces se llegaba a muchas mujeres y a personas con capacidades de gestar; hoy está costando bastante más conseguir espacios donde poder hablar sobre la ley y lo que implica y sobre todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva de las mujeres”, aseveró.

Respecto de la baja de la natalidad rechazó las vinculaciones que hizo el propio presidente Milei con los abortos y enfatizó que se trata de un fenómeno a nivel mundial y que es multifactorial. Agregó que esa baja se viene registrando desde 2014, mucho antes de que entrara en vigencia la ley.

“Las mujeres que deciden no ser madres tiene mucho más que ver con el contexto social y económico; la pobreza y la precarización laboral a nosotras como mujeres nos atraviesa desde todos los espacios, hay muchos hogares monoparentales donde las mujeres somos las que llevamos adelante las familias, con hijos con discapacidad, con todo lo que implica sostener una familia y los roles de cuidado. Las mujeres hoy están decidiendo ser madres mucho más tarde o por directamente ya no tener hijos”, analizó.

Fuente: Frente al cano.

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Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias

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Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

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En los últimos tres años se redujo la cantidad de extranjeros radicados en nuestro país

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En los últimos tres años se redujo el número de extranjeros que eligieron nuestro país para radicarse y más de 100.000 extranjeros ya no viven en Argentina. Así surge del análisis que hizo Infobae de los datos abiertos del Gobierno nacional, sobre la base del RENAPER.

Ese descenso en la población de otras nacionalidades se registró en 21 de los 24 distritos del país.

En 2024, los extranjeros residentes eran 2.470.453; el año pasado 2.349.816; y este año 2.367.573, lo que implica 102.880 extranjeros menos que hace dos años.

De qué nacionalidad son

El 30% de esos no nativos que viven hoy en Argentina son ciudadanos nacidos en Paraguay (711.219). Le sigue un 23% oriundos de Bolivia (551.881); casi un 9% nacidos en Perú (207.399); 8% en Venezuela (197.692) y 7% en Chile (171.176); 4,5% de Uruguay (106.067); 3% de Brasil (67.239); 2,7% de Italia (64.161), y 2,4% de Colombia (57.769).

Género y edad

Con datos a junio de este año, informados por el RENAPER, más de la mitad de los residentes (53%) son mujeres y el resto, varones. Hay 51 extranjeros identificados como no binarios.

En cuanto a la edad, el 31% del total tiene entre 30 y 44 años de edad, y el 22% entre 45 y 59 años. Los jóvenes extranjeros menores de 20 años residentes en el país son solo el 6%, y los que tienen entre 20 y 30, el 13%.

Del total de no nativos residentes, el 70% vive en el AMBA (1.658.480) y el 30% en el resto del país (709.093).

La provincia con mayor cantidad de extranjeros en números absolutos es Buenos Aires con 1.169.721, el 7% de su población.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 596.763 no nativos residentes (el 19 %). A continuación, se ubican Córdoba con 77.129 (2%) y Mendoza con 76.578 extranjeros residentes (4% de la población del distrito).

Al analizar la variación de residentes nacidos en otros países por provincia, en 21 distritos hubo una baja en 2026 con relación a 2024. La excepción fue Neuquén, por el atractivo económico de Vaca Muerta, donde se radicaron 542 extranjeros, una suba del 1,17% respecto de dos años atrás.

Las otras dos provincias registraron un incremento, aunque muy leve, son Tucumán, con 30 extranjeros más (0,3%) y Catamarca, con 17 que eligieron esa provincia para vivir (0,8%).

Los distritos que más perdieron población residente extranjera en los últimos dos años en porcentaje son San Juan (-13%); CABA y La Rioja (-8%); Chaco (-7%), y Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego (todas -6%). Pero en números absolutos, lideran esa baja la Ciudad de Buenos Aires con 48.885 extranjeros menos viviendo en el distrito capital, y la provincia de Buenos Aires, con 36.056 (-3%).

Los que se van del país

Infobae consultó a Migraciones y a Cancillería para acceder al número de argentinos que se fueron del país, desde 2023, para radicarse en el exterior. En ambos organismos respondieron no tener esa información actualizada.

En el área de Migraciones dijeron que no registraban el motivo de salida del país.

Sin embargo, tras revisar los informes escritos de los jefes de Gabinete enviados al Congreso desde 2024, Infobae encontró que fue una pregunta que se repitió por parte de diputados y senadores.

Así, por ejemplo, en el Informe 139 del 15 de mayo de 2024, Nicolás Posse respondió que, de acuerdo a la definición de migrante que brinda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “debería considerarse emigrado aquél que ha egresado del país y no ha regresado en un período mínimo de un año, sin importar si ha establecido o no su residencia en otro país, puesto que en esta categoría se contabilizan tanto aquellos en situación migratoria regular como irregular”.

Pero advirtió que “para conocer entonces el número de emigrados desde organismos de Argentina sería necesario que la autoridad migratoria pudiera cruzar datos de egreso con datos de ingreso para cada persona y/o que el registro en la matrícula consular tenga carácter obligatorio. Ninguna de estas dos situaciones se verifica”.

No obstante, señaló que “a partir de la relación que los consulados tienen con las autoridades de los países donde tienen sede, se puede estimar cuántos argentinos se radicaron en un determinado país, pero no conocer cuántos se encuentran residiendo en situación migratoria irregular.” Si bien, aclaró que “éstas no dejan de ser estimaciones”.

También agregó que “por su parte, los consulados argentinos, a partir de diversos datos registrados en el marco de sus competencias específicas, realizan estimaciones anuales de, entre otros parámetros, ciudadanos argentinos residentes en la jurisdicción. Esta información, al nutrirse de distintas fuentes, tanto registrales como informales, es estimada”. Sin embargo, desde el área de Relaciones Exteriores actual, no brindaron esta información actualizada.

Al mismo tiempo, precisó que “la Cancillería trabaja con el padrón electoral de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyos datos son provistos por la Cámara Nacional Electoral”.

En su respuesta, la estimación de argentinos viviendo en el exterior ascendía a 967.000, con datos del 2023. El principal destino era España (510.000), seguido de Estados Unidos (240.000) e Italia (170.000).

En el Informe 141 del 27 de noviembre de 2024 que envió su sucesor Guillermo Francos, la estimación brindada por escrito, tras hacer las mismas observaciones respecto de la dificultad de tener un número preciso, ascendía a 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en 2023. En su respuesta, los veinte principales países con mayor cantidad de coterráneos residentes en el exterior eran: España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Israel, México, Alemania, Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.

En el Informe nro. 145 que Manuel Adorni envió al Congreso, el 29 de abril de este año como jefe de Gabinete, detalló que, de acuerdo al padrón electoral de ciudadanos residentes en el exterior elaborado por la Cámara Nacional Electoral, sumaban 490.726 los electores fuera del país. Aunque aclaró que ese número solo incluye a connacionales que tienen más de 16 años y que han registrado en sus respectivos DNI su domicilio en el exterior. “Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base de diversos datos originados en distintas fuentes, por ejemplo, registros consulares, los consulados argentinos estiman que residen en el exterior alrededor de 2.165.000 argentinos”.

Si se toma este número informado en 2026, y se confronta con los 1.803.000 informados en 2023, la diferencia es de 363.000 argentinos que se fueron para radicarse en el exterior.

No obstante, en el mismo informe, Adorni admitió que no tienen el dato preciso. Así surge de lo contestado en la pregunta 1097 referida “a cuántas personas argentinas emigraron fuera de la Argentina en los últimos años y cuántas personas han retornado?”. La respuesta de Adorni fue: “El Ministerio de Seguridad Nacional informa que la Dirección Nacional de Migraciones registra los datos de los egresos e ingresos de argentinos al país pero sin discriminar el motivo, por lo tanto, no es posible dar una cifra al respecto”.

Movimientos migratorios

De acuerdo a los datos oficiales correspondientes a 2024, los últimos disponibles brindados a Infobae, los movimientos migratorios – que incluyen entradas y salidas del territorio argentino, tanto por vía terrestre, aérea como marítima-, se redujeron ese año respecto de 2023. Pasaron de 73,6 millones a 69,5 millones en total en el año.

Si se analizan las entradas y salidas, en 2024 fueron casi las mismas: 34,8 millones las primeras y 34,6 millones las segundas. Estos movimientos pueden incluir más de una salida o entrada de una misma persona.

En 2023 se registraron 37,1 millones de entradas al país y 36,5 millones de salidas por los aeropuertos con destinos internacionales y los distintos pasos fronterizos.

El 74% de las salidas y entradas al país se producen por pasos terrestres; el 17% por aeropuertos como el de Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Rosario y Salta; y el 8% por vía marítima a través de 42 puertos del país.

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