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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Lunes feriado: así operarán los servicios

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El próximo lunes 8, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, los distintos servicios en la ciudad funcionarán del siguiente modo:

Colectivos:
Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos:
El servicio se brindará en forma normal.

Sistema de estacionamiento medido y pago:
Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal:
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:
Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).

Oficinas municipales:
Sin atención al público.

Fuente: Frente al Cano.

 

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MERCADO DEL PUERTO

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SÁBADO Y DOMINGO
De 10:30 a 18.30h estará funcionando en el Galpón C, con una gran propuesta gastronómica de productos frescos y secos a precios accesibles. Al ser parte del programa #MercadosBonaerenses, podrán acceder al 40% de reintegro en todos nuestros stands con Cuenta DNI.

PASEO PORTUARIO

SABADO
A las 17.30h vení a disfrutar de la exhibición de Wushu en el Paseo Portuario. El Club Longli de Wushu se dedica a la enseñanza de las artes marciales chinas (wushu) y a la difusión de danzas tradicionales como la danza del león y la danza del dragón en Bahía Blanca.

Podrán disfrutar de una exhibición de danza del dragón, una presentación llena de energía y trabajo en equipo que representa fuerza, prosperidad y buena fortuna.

️ JUEGO BARCO
Tenemos un espacio mágico en el sector aledaño al edificio del Consorcio de Gestión del Puerto. El Juego Barco está disponible para que niños y niñas de hasta 12 años vengan a divertirse

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ATE convocó a un paro nacional para el martes y una marcha al Congreso contra la reforma laboral

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En la antesala a la presentación del proyecto de reforma laboral, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la convocatoria a un paro nacional para el martes 9 de diciembre, acompañado de una movilización al Congreso de la Nación.

La medida responde al rechazo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la exigencia de reapertura de paritarias con recomposición salarial de emergencia en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para ajustar 10% del personal en organismos públicos.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, admitió que los cambios que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo son “pro mercado”, y que “la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló el gremialista en su mensaje en X.

Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata. Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal”, sostuvo Aguiar.

El dirigente remarcó también que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el período con mayor creación de empleo registrado en Argentina se produjo entre 2002 y 2011/12, cuando estaba vigente la doble indemnización.

En la convocatoria oficial a la huelga, el gremio advirtió que sobre el contexto de “fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleosubempleo multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas)”, y que pese a esos retrocesos el Gobierno “avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

El texto señala como reivindicaciones los siguientes puntos:

• Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

• Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

• No al desguace del Estado.

• Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

• Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

• Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

• Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

• Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

• Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El pliego lleva las firmas del propio Aguiar, junto con los directivos de ATE Eduardo Gustavo Cuentres, secretario gremial, Mirta Inés Matheos, secretaría Administrativa, Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta.

En noviembre, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática,

Dentro de los organismos públicos señalados para una eventual reducción de personal, aparecen la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom, entre otros.

El 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo mantuvo una reunión virtual con los gremios estatales, aunque la misma finalizó sin ofrecer ninguna mejora salarial concreta.

El sindicato ATE es uno de los pocos gremios que, por el momento, definió medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada. La CGT expresó abiertamente su rechazo a algunos de los detalles que trascendieron del proyecto, que cuenta con el apoyo de sectores empresarios, entre ellos, la flexibilización de condiciones de trabajo como el régimen indemnizatorio, las vacaciones, la extensión de la jornada laboral a partir de un banco de horas, entre otros puntos.

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