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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El Gobierno, resignado ante el caso Adorni, apuesta todo al Mundial para cambiar el clima político

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Más allá de Javier y Karina Milei, reina una sensación de abatimiento total en el Gobierno por la férrea defensa oficial de Manuel Adorni. Mientras la dupla presidencial sostiene contra viento y marea a su cuestionado amigo y jefe de Gabinete, los ministros y asesores nacionales, impávidos y acallados, se sienten meros testigos de cómo se escurre la opinión pública favorable que supo tener el Presidente al inicio de la gestión, y sólo ven una luz al final del túnel en el Mundial.

Hasta ahora, todos los otros temas que el oficialismo lanzó al candelero por distintas vías -económicos, de seguridad, etc- fallaron en el afán principal de persistir en el centro de la agenda. Y por lo bajo, sin que se entere Milei, sus asesores admiten que no son -sólo- los medios los que sostienen el tema, sino que el foco Adorni late fuerte de manera espontánea en las charlas en los cafés y en las filas del cine, además de las redes sociales.

A diario, con cada revelación sobre el patrimonio de Adorni, se convencen de que el campeonato de fútbol es lo único que podría servir para cambiar el eje de la conversación. Y hay quienes se aferran a la lejana posibilidad de que Milei aproveche la euforia mundialista para despedirlo. En Balcarce 50, laderos del ex vocero ríen y dicen, directamente, que es imposible: “Hay un 100 por ciento de apoyo”.

El ministro pasó del abatimiento y la preocupación al alivio en cuestión de minutos durante la tarde del viernes, cuando el Presidente le expresó su respaldo en persona frente a todos los ministros, en la última reunión de Gabinete. El discurso de media hora a través del cual el primer mandatario dijo que no lo echará aunque le cueste la elección fue la frutilla del postre para Adorni, que se terminó de convencer de que el apoyo de los tuits y retuits presidenciales -la mayoría con insultos a periodistas- y la entrevistas telefónica con la señal LN+ eran reales. Anteayer, ese respaldo se hizo carne en el ámbito institucional, en un salón de la Casa Rosada, con todos los principales funcionarios vestidos de traje y blazer.

El problema de fondo es el 2027. “Las Mabeles van a votarnos porque le tienen miedo a Kicillof. El problema son los enanos en el balotaje”, graficó un alfil mileista que desde hace meses se siente -cada vez más- urgido por buscarse la vida por fuera de la política. En el Gobierno dan por descontada la fidelidad de los ex votantes de PRO, pero le temen a la atomización de la competencia. Y están convencidos de que el peronismo massista financiará figuras de derecha y centro derecha para licuar el poder violeta en la primera vuelta.

En definitiva, los preocupa la posibilidad de obtener nuevamente esos votos en un mano a mano con el gobernador bonaerense. “No es fácil recuperar de un plumazo veinte puntos si ya no tenés tus banderas disponibles para recuperar a tus desencantados”, dijo un importante colaborador nacional.

Se refería a los estandartes de la Honestidad y Anticasta, difíciles de izar tras el caso Adorni, el mote del “3 por ciento” que recaló sobre Karina Milei; y los affaires en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y en torno al renunciado José Luis Espert. Sólo les queda Inflación, que para mal de males acaba de sufrir un retroceso.

El viernes, Patricia Bullrich dijo algo similar en la reunión de Gabinete. “Tenemos un problema con la ciudadanía por la corrupción y la economía”, lanzó ante el reducido y silencioso auditorio. Ella hubiera deseado que el Presidente la escuchara en persona, pero no tuvo oportunidad: en ese momento, el jefe de Estado, enardecido, ya había dejado el salón sin escuchar a sus interlocutores.

Algunos ministros se sorprendieron por la vehemencia con la que el Presidente defendió a Adorni el cónclave. Dicen que habló con la voz alta, y que luego se fue sin esperar a escuchar réplicas. Adorni estaba más que conforme, y en Gobierno percibieron de su parte ciertos aires revanchistas. Sobre todo, frente a “Pato”, como la había llamado el jefe de Gabinete en la entrevista con el streaming Neura el jueves por la noche.

Hasta cierto punto, en el oficialismo algunos se ilusionan con las últimas revelaciones sobre las SIRA, que podrían involucrar a miembros de la oposición justicialista y balancear la indignación ciudadana. Pero se decepcionan rápido: también vislumbran nuevas instancias de novedades negativas en torno a los bienes de Adorni.

Tiemblan al pensar en el momento en que se conozcan más detalles de las conversaciones que figuran en el celular del contratista Matías Tabar. O en el día en que Adorni, finalmente, presente la famosa Declaración Jurada que Patricia Bullrich lo instó a publicar “de inmediato”. “Van a seguir apareciendo cosas, de una forma u otra, nuevas o coletazos de las que ya conocemos. No hay salida”, suspiró un integrante de la tropa mileista.

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Las diferencias entre La Libertad Avanza en el Senado y la Casa Rosada liman los acuerdos con los aliados

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A pesar del incipiente “consenso” -aún no sellado en su totalidad- para modificar la ley que blinda el derecho a la propiedad privada, el sendero de la “buena voluntad” en el Senado comenzó a presentar espinas en las últimas semanas, tras negativas de la Casa Rosada a la hora de convalidar acuerdos entre libertarios y la oposición dialoguista. Esto pone en riesgo diálogos sobre varios proyectos y, en medio de reminiscencias del “por todo y contra todos”, genera un mal clima de cara a la eventual sesión que se piensa en la Cámara alta para el jueves 14, aún sin confirmación oficial.

El detonante ocurrió el miércoles pasado, cuando el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), anunció -vía red social X- que diversas iniciativas relacionadas con Ficha Limpia comenzarán a ser analizadas en los próximos días. Es decir, por fuera de la amplia reforma electoral que envió el Ejecutivo para dinamitar las PASO. De hecho, llamó la atención el cabildeo de diputados “karinistas” para forzar todo en el mismo paquete. Más curioso fue que éstos se enteraron tarde que, en el Congreso, corre un “deadline” hasta finales de mayo para avalar un pacto del Estado con dos holdouts. Prioridades.

De nuevo en la Cámara alta, lo cierto es que, hasta el término de la corriente semana, aún no se llamó a comisión para Ficha Limpia. Y la jugada de Goerling pone en la plana principal algo básico: demostrar si en Balcarce 50 la quieren de verdad. Votos hay en el Senado, como contó este medio durante el último período estival. Sí avanzaría propiedad privada que, de hecho, tuvo otro inconveniente: el oficialismo intentó apurar un dictamen exprés sin siquiera convocar de nuevo al plenario, que había pasado a un cuarto intermedio. Algo parecido a lo que se hizo en la ley Bases, en 2024. De mínima, desprolijo. Al final, no ocurrió.

La ley en cuestión tuvo la novedad -ya adelantada- de la eliminación, por completo, del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Todo sea por el déficit fiscal cero, el alma del plan económico.

También es cierto que, de esta manera, sobrevive un sistema de regularización de barrios populares promocionado en la era Cambiemos por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votado con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores privilegiados suelen vanagloriarlo con un exceso -para nada- sugestivo.

A los proyectos mencionados se le deben sumar los cambios a le ley de salud mental -hay cerca de 60 invitados y el martes próximo habrá plenario-, la eterna siesta en la norma sobre discapacidad -sin respetar desde el Ejecutivo la insistida con dos tercios por ambas Cámaras-, y otras delicias que marcan el pulso del Senado. Un ejemplo claro es que dialoguistas dejaron en stand by los pliegos judiciales ya analizados en la comisión de Acuerdos. No hay un solo dictamen de mayoría. Y para la potencial sesión del 14, donde hay ascensos diplomáticos en fila, ya son muchos los que piden que aparezca antes la lista de 2026.

“Hasta que no vengan los del interior, estaremos sin novedades. Ya le dimos casi todo desde diciembre a los libertarios. El problema no es con -la jefa oficialista, Patricia- Bullrich, que es una mujer de palabra. Pero sospechamos que el Gobierno nos quiera extorsionar con los jueces que nos interesan para que votemos más leyes. Se agotó esa avivada”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.

Otro movimiento que hicieron los aliados en la Cámara alta -Bullrich incluida- y que no pasó desapercibido el miércoles último fue, tras un encuentro en la bancada radical, la cumbre informal -no fue Labor Parlamentaria- que mantuvieron con la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. “No nos metemos en sus internas. Pero ser parte de esta desconexión que quiere imponer el Ejecutivo es un delirio y no podemos intoxicar más el clima acá”, reflexionó una senadora dialoguista ante este medio.

Premios

Como se informó semanas atrás, la otrora kirchnerista Carolina Moisés (Convicción Federal) no sólo se quedó con el premio de la vicepresidencia de la Cámara: sumó un lugar en la siempre juguetona bicameral que controla los organismos de inteligencia, conocida por tener presupuesto reservado. Es lo único así en el Congreso. Al cristinismo le dejaron un solo lugar por el Senado y estallará de furia. Esto se activaría en 48 horas.

Moisés se colgó otra medalla: también aparece en la estratégica bicameral de Trámite Legislativo, que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde otros bloques ya hacen apuestas sobre “cuándo” se “volverá a dar vuelta”. Algo similar, en la Mixta Revisora de Cuentas, para su colega y siempre pícaro catamarqueño Guillermo Andrada, cuya botonera es direccionada sin chistar por el gobernador, Raúl Jalil. Apuestas de altísimo riesgo.

Mientras los ex kirchneristas obtienen cositas -la jujeña criticó la prisión de la ex presidenta cuando, en paralelo, ésta le destrozaba el PJ local, a favor de La Cámpora-, dialoguistas que no se movieron del cerco aliado esperan, por citar un caso, que el Ministerio de Economía confirme si los adelantos de coparticipación podrán ser devueltos no en cuatro meses, sino en ocho. Fue planteado por el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes) ante el propio Luis Caputo. Bajo esta rutina se convive en el Senado.

Lo que parece estar claro, sobre todo por Bullrich y lo del miércoles de Goerling Lara -fue astuto al hacerlo por X, el corazón de los mileístas-, más otros aliados que asoman la cabeza, es que la Cámara alta es hoy uno de los pocos terrenos donde se volvió a hacer política. Algo que olvidó hace muchísimo tiempo el kirchnerismo, que se autoproclama experto y no encuentra dos gotas de agua para cargar una discreta “pelopincho”. Ahora, la pelota pasa hacia la Casa Rosada. El resto mira desde muy lejos.

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LLA quiere sesionar en Diputados y superar la parálisis que provocó el caso Adorni: la agenda en carpeta

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El oficialismo busca mostrarse activo en la Cámara de Diputados para contrarrestar los movimientos de la oposición, que por estos días intenta conseguir los votos para avanzar con una interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mientras que la oposición ya convocó a una sesión el próximo jueves 14 de mayo, que será apenas un primer paso dado que deberá emplazar a las comisiones que controlan los libertarios para obligarlos a tratar los proyectos de interpelación, el oficialismo planea hacer lo propio el miércoles 20 con un temario que incluirá la adhesión Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) -en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos-, la denominada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios por zonas frías.

Durante el último mes la actividad parlamentaria estuvo casi paralizada por el escándalo de Adorni. El jefe de Gabinete brindó su informe de gestión el miércoles pasado y allí aseguró que puede explicar su patrimonio y adelantó que brindará todos los detalles necesarios a la Justicia.

Los libertarios esperaban que su presentación en Diputados pusiera punto final a la discusión pero las recientes revelaciones de la Justicia, por ejemplo las refacciones por USD 245 mil que habría hecho en su casa del country Indio Cuá, le suministraron a la oposición el combustible necesario para mantener el tema en el centro de la agenda.

Hasta el momento sólo el proyecto de ley Hojarasca tiene dictamen de mayoría y está listo para ir al recinto. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

Para llegar a un consenso, los libertarios decidieron dejar afuera del proyecto los puntos más resistidos por la oposición como la derogación de exenciones fiscales para cooperativas, la eliminación de la credencial de libre circulación para legisladores nacionales y los recortes del aporte estatal para la Federación Argentina de Municipios.

Por otro lado, fuentes oficiales adelantaron a Infobae que este martes intentarán llevarse el dictamen del Tratado de Patentes para dejar el proyecto listo para el recinto. Funcionarios del Ministerio de Desregulación irán a evacuar dudas de los aliados al plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General.

El Gobierno había intentado avanzar hace un mes con el Tratado de Patentes pero terminó suspendiendo una reunión de comisión por presión de los laboratorios. Este sector, con fuerte poder de lobby, reclamaba que se deje “en reserva” el capítulo 2 del tratado porque significa que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Actualmente, producir medicamentos genéricos o biosimilares permite reducir drásticamente los costos. Por otro lado, los laboratorios extranjeros plantean que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar.

La diagonal para destrabar la negociación será efectivamente dejar en reserva el capítulo 2 pero este cambio extenderá el trámite legislativo, ya que el texto tendrá que volver a pasar por el Senado.

Por último, el Gobierno envió a Diputados un proyecto para modificar el régimen de zonas frías para reducir los subsidios al gas. A partir de la nueva iniciativa sólo mantendría la bonificación del 50% los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En cambio, quedarán excluidas las zonas que se sumaron en 2022. Este cambio impactará en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán. En estas localidades sólo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores -se toma por medidor- que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.

El oficialismo deberá encarar una negociación complicada con aliados eventuales, como los gobernadores de Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que aprobarán aumentos de tarifas en sus territorios. La medida es especialmente antipática dado que está comenzando el invierno.

Si logra avanzar con la sesión del 20, el oficialismo no solo podrá retomar la iniciativa sino también mostrar a la oposición que tiene los votos para bloquear una eventual interpelación de Adorni.

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