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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Fracasó otra reunión para mejorar el salario mínimo de los docentes y podría haber más medidas de fuerza

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Los sindicatos educativos quedaron más cerca de otra medida de fuerza luego de otro fracaso de la reunión de la paritaria nacional docente convocada este jueves por el Gobierno, en el que mantuvo su propuesta de elevar el salario mínimo del sector a $650 mil en marzo y ahora ofreció llevarlo a $700 mil en abril, aunque fue considerado insuficiente por las organizaciones gremiales, tal como sucedió la semana pasada.

El anuncio del rechazo de la oferta salarial lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, tras el encuentro realizado la Secretaría de Trabajo de la Nación. “La propuesta se rechazó durante la reunión”, señaló el dirigente, quien además precisó que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de abril, cuando se retomarán las negociaciones en medio de un clima tenso.

Romero, que es secretario de Políticas Educativas de la CGT, argumentó ante que el piso salarial requerido para superar el umbral de pobreza ronda hoy los 1.300.000 pesos y advirtió: “No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”.

La reunión de la paritaria nacional docente, coordinada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, incluyó la presencia de representantes de los principales sindicatos docentes, tanto en modalidad presencial como virtual.

Entre las organizaciones participantes estuvo la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presidida por Sonia Alesso, que confirmó que la propuesta salarial fue “rechazada de manera unánime por todas las organizaciones sindicales docentes por considerarla insuficiente y alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación”.

CTERA señaló que también planteó “la necesidad de establecer un salario acorde a la canasta familiar, reclamó la restitución del FONID, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos para infraestructura y construcción de escuelas”.

“Resulta inadmisible que la paritaria nacional docente haya estado prácticamente paralizada durante casi un año, en un contexto de fuerte deterioro salarial y de desfinanciamiento de la educación pública”, agregó.

El jueves anterior, el Gobierno había elevado su primer ofrecimiento de $500 mil a $650 mil, pero los sindicatos no aceptaron la oferta y advirtieron sobre la posibilidad de reanudar el plan de lucha si no se alcanzaba una recomposición real del salario docente.

Después del fracaso de esta nueva reunión, toma fuerza la posibilidad de que haya nuevas medidas de fuerza que afecten la normalidad de las clases en todo el país. Los sindicatos ya hicieron un paro el lunes 2 de marzo pasado, que tuvo acatamiento dispar pero que alteró el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias.

La semana pasada, Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), uno de los sindicatos que participa de la paritaria nacional docente, ratificó que exigen “un salario mínimo acorde a la canasta familiar” y rechazó enfáticamente la propuesta del gobierno nacional de subir el mínimo del sector a 650 mil pesos ya que “hoy debería ser de 1 millón de pesos”. “Es una propuesta insuficiente, no acorde a la canasta familiar”, destacó.

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Sergio Massa descarta competir por la sucesión de Kicillof y busca instalar a un intendente propio

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El último candidato a presidente por el peronismo y ex ministro de Economía, Sergio Massa, empezará a trabajar en la construcción de un gran frente que busque ser oferta electoral en 2027 para enfrentar a Javier Milei. El líder del Frente Renovador le informó a los suyos en las últimas semanas que, hoy por hoy, no tiene intenciones de disputar una candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como se repitió en distintos espacios al calor de los diversos nombres que empezaron a correr y a mostrarse como opción electoral para la sucesión de Axel Kicillof. Sin embargo, la consideración cambia cuando se le consulta por una postulación nacional.

Quienes mantienen trato con el tigrense reconocen que está activo y todos los días recibe dirigentes en sus oficinas de Libertador en el barrio porteño de Recoleta. Por allí, en las últimas semanas, han pasado gobernadores peronistas, intendentes del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales y demás dirigentes. Habla tanto con Cristina Kirchner como con Axel KicillofSu teléfono sigue activo. Cuando fue la negociación por el PJ bonaerense, que terminó con Kicillof como presidente partidario, ambas terminales -MDF y kirchnerismo- lo consultaron. Salomónico, cuentan quienes estuvieron al tanto de esas conversaciones, se limitaba a responder que él era del Frente Renovador.

En el FR, los intendentes que tiene en la provincia de Buenos Aires lo instalaron como un posible candidato a la gobernación en 2027. Massa optó, por el momento, por correrse de esa conversación que hoy tiene interesados a algunos jefes comunales y funcionarios provinciales. Los nombres ya son de público conocimiento: la intendenta Mariel Fernández (Moreno); y sus pares Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Alak (La Plata); la diputada provincial e intendente en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza o los ministros provinciales Gabriel Katopodis (Infraestructura), Carlos Bianco (Gobierno) o incluso Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

La intención del Frente Renovador es ser parte de esa conversación y aunque hoy Massa delegue temas bonaerenses en Alexis Guerrera, Malena y Sebastián Galmarini, Rubén Eslaiman o Javier Osuna; sí piensa en una figura propia para sumar a ese pelotón de posibles candidatos. Se trata del intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

El jefe comunal del distrito del norte del conurbano gobierna su municipio desde 2019. Sin embargo, proviene de la misma gestión municipal, ya que desde 2011 acompañaba a su padre, Luis Andreotti, quien era jefe comunal de San Fernando. Massa ve en Juan Andreotti una figura joven, de gestión y capaz que disputar electoralmente en 2027.

A la par, el líder del FR piensa en un esquema nacional. A quienes lo visitan les repite que primero hay que generar un instrumento, antes que una herramienta electoral. Traducido: acomodar y acordar qué hacer con distintos temas. Sobre todo en lo que respecta al programa económico luego del punto de inflexión en todos sus aspectos que significó la llegada de Javier Milei a Casa Rosada.

Es parte de la discusión que empezó a abordar el peronismo. Massa ya les dijo a algunos dirigentes que hay que desapegarse de la nostalgia y entender “que la gente vota para adelante”. Además de que hay que darse cuenta de que actualmente el movimiento político más grande de la Argentina no es el peronismo, sino el antiperonismo.

Al igual que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, advierte que hay que analizar la estrategia que aplicó el Partido de los Trabajadores (PT) para que Lula derrotara a Jair Bolsonaro en 2022 y volviera a la presidencia de Brasil. En el Frente Renovador dicen que ese concepto se lo transmitió Massa hace algunas semanas y que el diputado rionegrino lo repite. En el medio, se dio el encuentro entre la expresidenta y el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Más allá de lo que pueda gestar el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y su intención de ser candidato en 2027, las distintas terminales del peronismo se están moviendo subterráneamente.

Algunos dirigentes no descartan a Massa como opción para 2027. El último candidato presidencial del peronismo tampoco se ve fuera de esa discusión, aunque a sus allegados les confió que si no es el año que viene, podría ser en 2031.

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La intimidad del Gobierno tras otra semana de turbulencias: dardos a la oposición y defensa del rumbo

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Al cierra de una nueva semana, el gobierno nacional trabaja para finalmente poder dejar atrás los episodios traumáticos de los últimos días, marcados por las diferencias que atraviesa al Triángulo de Hierro; la polémica por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y las novedades en la causa $Libra. Pese al ensayado abroquelamiento interno y la aparición pública del presidente Javier Milei que se mostró con el funcionario en cuanta actividad protagonizó, por los pasillos de Casa Rosada admiten que transitaron lo que definieron como una semana regular que tuvo sus complejidades.

“No fue una linda semana, la verdad”, se sinceró un funcionario con acceso al despacho presidencial. Pese a que algunos aseguran que los tiempos más complejos los transitaron en septiembre de 2025, cuando afrontaban los resabios de la derrota electoral bonaerense mientras emergía la causa Andis, los días que sucedieron a la Argentina Week afectaron el normal desarrollo de la gestión.

Pasado el fin de semana, las planas de los principales medios de comunicación fueron ocupadas por los argumentos y contraargumentos oficialistas para justificar los movimientos en la investigación que intenta develar la promoción de la criptomenda en la redes del mandatario que se desplomó provocando millonarias pérdidas. En paralelo, el libertario se esforzaba en dar sobrados gestos para reafirmar al funcionario de su riñón que cosecha el cuestionamiento de la oposición.

Otro dirigente resumió ante Infobae que se trató de “una semana promedio con algunos golpecitos”, y optó por dividirla en dos partes: por un lado, identificó la agenda de actividades que encarnó Milei que incluyó visitas a las provincias de Córdoba y Tucumán, a las que convocó además a su ministro coordinador como gesto de apoyo, y por el otro, lo que atribuyó al accionar de la oposición para esmerilar al Gobierno a través de la difusión de las imágenes de la supuesta casa que Adorni habría adquirido en un barrio privado.

“El tema había desaparecido, pero la oposión lo volvió a instalar porque quiere afectar al Gobierno. Ayer fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana puede ser cualquiera”, explicó una voz del Gabinete.

Luego de intentar reconducir la gestión, y cuando parecía ordenado el conflicto que involucra al ex vocero, la escena mediática giró en torno a los movimientos en la causa $Libra con el peritaje realizado por expertos del Ministerio Público Fiscal que habría revelado una extensa comunicación entre las primeras líneas del Gobierno y el lobista argentino, Mauricio Novelli.

Ante este panorama, en el ecosistema negaron que el impacto mediático del tema representa una complicación a la hora de gobernar y como contraposición reafirmaron el rumbo económico“Ahora no hay ningún riesgo real de gobernabilidad, la macro está sólida. Es una crisis mediática. No hay ningún riesgo institucional ni de gobernabilidad, ni macroeconómico”, se escudaba un alfil violeta ante este medio.

Lo cierto es que en Balcarce 50 aseguran que la estrategia para retomar el control de la agenda es insistir en la proactividad y confiar en el paso de los días. El fin de semana XL del 24 de marzo colaborará en la maniobra que parece más sólida, luego de que las terminales internas se alineara el martes en la mesa política que se celebró en la planta baja de Casa Rosada.

En medio de señalamientos internos y versiones de “fuego amigo”, el propio Adorni volcó en su cuenta de X que el Ejecutivo avanzará en la implemetanción de cambios en el Código Penal, ya anunciado desde diciembre, y enviará un paquete de proyectos en defensa de la propiedad privada cuyo contenido es difuso incluso para los miembros del equipo reducido. Aún con cuestiones por definir, la reforma política fue postergada para las próximas semanas.

El pasado miércoles el mandatario volvió a intentar equilibrar las diferencias entre sus las voces que lo rodean y elogió al asesor presidencial, Santiago Caputo, ante la atenta mirada de Karina Milei que evitó aplaudir la mención. “Karina da señales, pero tiene un compartamiento correcto. No habrá nuevos movimientos”, la definieron desde su entorno, luego de aclarar que cuando el libertario reiteró la frase que le atribuye al consultor la funcionaria concedió un acotado aplauso.

En la previa a su paso exprés por Tucumán del pasado jueves, que continuó con un maratónico viaje a Hungria, Milei se encargó de echar por tierra los nuevos rumores de salida del jefe de Gabinete con un retrato en la Quinta de Olivos y un mensaje lapidario contra la prensa. “Fueron evidentes las ganas de dañar. Esperabamos estos movimientos de la oposición para septiembre – octubre, pero se adelantaron”, definieron.

A la situación interna que impacta a la plana de la administración se suma al complejo indicador del INDEC, que arrojó que la tasa de desempleo creció 0,9 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado respecto al anterior, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas. Pese a los números, las balas parecen no impactar dado que en las filas libertarias hablan de “un proceso natural de la economía”. “Lo que refleja es más gente buscando empleo, no quiere decir destrucción neta de empleo. De hecho, hay generación positiva neta”, argumentaron ante este medio.

En otro desacierto de la numerología, los encargados de revisar la proyección del mandatario rumbo a 2027 admiten, aunque con timidez, cierto movimiento en la medición de la imágen negativa que le atribuyen a una desfasaje de la realidad con la percepeción de la sociedad. “Si bien la suba del Riego País, la caída de las tasas y los pequeños ruidos en la economía marcaron, algo que cambió y quedó atrás, la percepción de tarda en llegar”, se escudaron desde el entorno de Milei al tiempo que remarcan que la población condena la “quietud” de la gestión.

“La gente nos pide que avancemos en los cambios. Nos castigan cuando nos quedamos quietos. En la medida de que hagamos reforma, desregulemos, y nos vean activos. Vamos a estar bien. Es lo que la sociedad reclama”, plantearon a Infobae desde uno de los despachos de Balcarce 50.

Tras una nueva salida al exterior del mandatario, la administración libertaria espera poder “surfear” la ola para retomar la gestión e impulsar la actividad legislativa prevista para un año que prometieron será “el más reformista de la historia”, pero que inició con sorpresivas complicaciones.

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