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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Tras la polémica, avanza el proyecto para regular las apuestas online en PBA

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La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados bonaerense emitió dictámenes sobre el proyecto de leyque busca regular las apuestas online, restringir la publicidad y establecer nuevos controles sobre las plataformas. Lo hizo tras la fuerte polémica entre el Gobierno de Axel Kicillof y legisladores de La Cámpora.

La iniciativa, además, logró avanzar luego de que la semana pasada una reunión fracasara por falta de quórum y ahora deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y Legislación General, con la intención de llegar al recinto la próxima semana.

La propuesta contempla medidas para impedir que los menores accedan a las apuestas, acompañar a los adultos que atraviesan situaciones de ludopatía y combatir el juego ilegal. También establece la creación de fondos destinados a políticas de salud mental y asistencia, y al desarrollo de clubes y entidades deportivas, financiados con aportes de las empresas operadoras.

Tras la reunión, la titular de la comisión, Micaela Olivetto, destacó que se consiguió el quórum y el dictamen para continuar el tratamiento. El proyecto que ella impulsa fue aprobado en general con modificaciones, sigue habiendo discusión respecto de los fondos, pero en un gesto al Gobierno se incluyó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis).

Según explicó, las principales diferencias planteadas durante el debate estuvieron vinculadas con el financiamiento y el abordaje de las apuestas ilegales, aunque aseguró que existe acuerdo sobre las medidas de prevención, las restricciones publicitarias y la protección de menores.

Polémica por las apuestas online

El avance legislativo se produjo en medio de diferencias dentro del oficialismo. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había cuestionado que el proyecto impulsado por La Cámpora no fuera consultado previamente con el Ejecutivo y reclamó que la discusión sobre los aportes de las empresas se incorporara al debate del Presupuesto 2027.

En ese sentido, el diputado Facundo Tignanelli respondió que el texto había sido conversado con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y que también recibió aportes del Ministerio de Salud. Además, defendió el esquema de financiamiento de la iniciativa al sostener que busca que las operadoras aporten recursos de sus propias ganancias, en lugar de trasladar el costo a los apostadores, como ocurre con el gravamen del 2% sobre los slots online que impulsa la Provincia.

Asimismo, Tignanelli dijo que lo que aún se sigue discutiendo son aspectos vinculados a los fondos que crea la ley, como determinar si lo pagan las plataformas o los usuarios. También se debatirá en las próximas horas cuánto es lo que tienen que pagar, cómo debe ser la distribución de los fondos y si tienen un fin específico, y finalmente si se cobrará una multa anticipada a la publicidad.

Con tres dictámenes emitidos, el proyecto continuará su recorrido en las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Sus impulsores esperan completar ese trámite en los próximos días para habilitar su tratamiento en el recinto de Diputados, pese a que no quedan muchas sesiones para el resto del año.

Fuente: Agencia DIB

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ARBA: más de 91 mil familias y empresas regularizaron sus deudas

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires finalizó la primera etapa de su plan especial de pagos con 91.678 consolidaciones de deuda de familias, comercios y empresasbonaerenses, que aprovecharon las condiciones extraordinarias para regularizar obligaciones tributarias antes de fin de año.

El resultado superó ampliamente las previsiones iniciales, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Al finalizar el primer tramo, el programa alcanzó la meta establecida, mostrando una fuerte respuesta de quienes tenían obligaciones pendientes y encontraron en el régimen una herramienta para ponerse al día.

La elección de las modalidades también reflejó esa voluntad de cumplimiento. Un total de 62.619 consolidaciones, el 68,3% del total, se realizaron al contado. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres pagos. Sólo durante los dos últimos días de la primera etapa se concretaron más de 21 mil regularizaciones.

Cómo es la segunda etapa del plan de ARBA

ARBA había lanzado el régimen justamente para abrir una instancia excepcional antes de fin de año. El objetivo es que quienes acumularon obligaciones pendientes puedan regularizar su situación y llegar a 2027 sin deuda, condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos tributarios previstos para el próximo año.

“Estamos viendo deudas relativamente nuevas, que se acumularon en un período en el que muchas familias y empresas tuvieron mayores dificultades para cumplir. El programa económico del gobierno de Javier Milei golpeó el consumo, la actividad y los ingresos, y eso también impactó sobre la capacidad de pago”, afirmó director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Concluido el primer tramo, la segunda etapa del plan ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Durante este período, quienes cancelen su deuda al contado accederán a una bonificación del 35%; quienes opten por tres cuotas, del 15%; y quienes elijan seis pagos, del 10%.

El esquema continuará luego con una tercera etapa, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, con descuentos del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado.

El régimen alcanza deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Pueden incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos. La adhesión se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio oficial de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

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Las universidades profundizan su lucha: ya hubo unos 45 días de paro

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Los gremios universitarios llevan adelante estos días una serie de protestas que se profundizarán la semana que viene con un paro y movilización al Congreso en principio para el miércoles 25, día en que diputados comenzarán a debatir el Presupuesto 2027.

El plan de lucha, que en el año lleva unas 45 jornadas sin actividad, es para reclamar mejores salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento. Pero además, los sindicatos rechazan el proyecto presupuestario del Ejecutivo, que contempla una partida de 7,3 billones de pesos para las universidades públicas. El monto queda muy lejos de los 11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para sostener el funcionamiento del sistema durante el próximo año.

En ese contexto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizaron una huelga el lunes que impacto en muchas casas de estudios del país, entre las que está la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“El del Presupuesto es un proyecto que si se aprueba nos pondrá en dificultades graves. La pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo. A muchos les cuesta comprar alimentos y pagar alquiler”, sostuvo Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu.

En tanto, la federación Conadu Histórica (que responde a la CTA) mantiene una huelga hasta el miércoles 18. A esa medida también se sumó AGD-UBA, que tiene injerencia en la Universidad de Buenos Aires, mientras que los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) iniciaron una medida de fuerza que se extenderá hasta el sábado.

Fuente: Agencia DIB

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