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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Gira presidencial: Milei se encontraría con Trump durante una sesión del Escudo de las Américas en la ONU

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(Enviado especial a Nueva York, Estados Unidos) Es probable que Javier Milei y Donald Trump se encuentren hoy en la sede de las Naciones Unidas durante una sesión extraordinaria de la iniciativa Escudo de las Américas, que fue creada por la administración republicana para enfrentar a los carteles regionales de la droga asociados a Irán y China.

La reunión está prevista para las 14.30 (una hora más en Argentina), y hasta ayer a la tarde, en lugar de Milei y Trump se había anunciado la participación del canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, asumiendo la importancia geopolítica que se asigna al Escudo de las Américas, tanto Trump como Milei decidieron participar de esta sesión extraordinaria en la ONU.

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Discapacidad: nuevo desafío para el oficialismo en Diputados y más sospechas en un área sensible

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El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

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En un clima de convulsión interna, el Gobierno se reúne hoy para resolver las tensiones por el Presupuesto 2027

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión de bajarse del viaje a los Estados Unidos y quedarse en Buenos Aires para, entre otras cuestiones, encabezar la habitual reunión de la mesa política que en esta oportunidad se dará en medio de un clima de tensión interna por las críticas de Patricia Bullrich ante la falta de coordinación alrededor del Presupuesto 2027 y la posterior renuncia del secretario de Discapacidad, el área que generó toda la polémica.

A partir de las 13:00, la cúpula libertaria volverá a encontrarse para limar asperezas y analizar qué fue lo que sucedió con el envío al Congreso del proyecto que tenía modificaciones que no conocían los propios referentes parlamentarios del oficialismo.

No solo la jefa del bloque en el Senado, sino que también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es quien recibió el texto la noche del 15 de septiembre, reconocieron que no estaban informados sobre los cambios.

“Bueno, técnicamente no es un recorte. Es un recorte solo si se lo compara con las expectativas que había, o con un dictamen que se está negociando”, argumentaron ante Infobae en uno de los despachos que intervinieron en la redacción de la norma.

Puntualmente, lo que desató el conflicto fue el capítulo VI, conformado por los artículos 36 a 41, que entre otros puntos deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, acusó Bullrich.

Luego de dar claras señales de malestar al interior del Gobierno, la senadora también le respondió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había intentado justificar la descoordinación asegurando que la ex ministra de Seguridad no se enteró de la medida porque se tuvo que retirar prematuramente de la última reunión de la mesa política, la semana pasada.

Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, contestó la actual legisladora nacional.

En esta misma línea, durante una entrevista televisiva, Bullrich anticipó con tono jocoso que esta vez “va a llegar antes” al encuentro y que se va a “quedar hasta el final”. Hasta ese momento, tenía dudas de si asistir o no a la convocatoria.

En el entorno de la secretaria general, sin embargo, continuaban minimizando la situación y negaban que haya una interna, sino que lo calificaban como “una diferencia de opiniones”.

Tampoco había un enojo con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a la que le reconocen una personalidad fuerte que se caracteriza por no disimular los enojos.

Aunque, como ocurre siempre, a los miembros del grupo no se les adelantó el temario de la jornada, varios ya daban por descontado de que esta interna iba a ser parte de la charla: “¿Te parece poco el dato de que haya renunciado el director de la ANDIS?”, resumió uno de los funcionarios que participarán de la mesa política.

La referencia era a Alejandro Vilches, quien dejó su cargo este lunes al mediodía mediante una carta en la que alegó motivos personales, y todavía no tiene reemplazante.

Mientras la cúpula decide quién será su sucesor, el área quedó en manos de Esteban Giler, actual subsecretario de Políticas de Accesos y Apoyos del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.

“Todavía no nos dijeron nada, pero asumo que el tema va a salir en el transcurso de la conversación“, reconoció otro de los miembros de la cúpula libertaria.

Antes de eso, Santilli tendrá la difícil tarea de recibir en su oficina al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que organizó la cita antes de que estallara el conflicto en la Casa Rosada.

“El Colo” buscará que el mandatario provincial le dé su apoyo, justamente, para aprobar el Presupuesto 2027, que estiman que se comience a debatir a principios de octubre.

Vilches había asumido al frente del organismo, como interventor, luego de la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que derivaron en una causa por presunta corrupción en las compras de medicamentos y servicios.

A la vez, mantenía funciones como secretario de Gestión Sanitaria y había tenido exposición pública en los últimos meses por la organización de la nueva evaluación para aspirantes a residencias médicas.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendoefectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi desición razones estrictamente personales, agradeciendomis designaciones y la confianza que usted me depositara”, expresó el ahora ex funcionario en una carta dirigida a Lugones.

El Gobierno estaba trabajando desde hacía tiempo en un nuevo proyecto ”superador” para reemplazar la ley de emergencia en este sector y dejar conforme a los otros bloques en el Congreso.

El oficialismo pretende que los acuerdos que alcance con sus aliados queden reflejados en el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones, con el objetivo de conseguir un dictamen favorable y evitar que el capítulo de discapacidad derive en una nueva derrota parlamentaria.

Además de Karina Milei, Santilli, Bullrich y Martín Menem, la mesa política está integrada por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Quién no podrá estar esta vez será el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo -principal acusado por la senadora de no avisar de los cambios en el texto-, ya que se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei a la asamblea general de la ONU.

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