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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Paro en Bahía Blanca: la izquierda corta la Ruta 3 y marchará en la Plaza Rivadavia

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En el marco del paro nacional de 24 horas convocado por las centrales sindicales para este jueves, sectores de izquierda en Bahía Blanca llevan adelante un corte en uno de los principales accesos a la ciudad y anunciaron una movilización en el centro.

Daniela Rodríguez, referente local de la izquierda y secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, llamó a “todxs lxs trabajadores a sumarse y construir un paro activo”.

A través de un comunicado, el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad convocó “a todas y todos los trabajadores al paro nacional de 24 horas convocado por las centrales gremiales en rechazo a todo el proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Milei y las grandes patronales y los bancos”.

En el texto, el espacio cuestionó la iniciativa oficial al señalar que “como han dicho los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño esta ley está hecha a medida de los grandes empresarios del país que quieren explotar aún más a los trabajadores aumentando la jornada laboral, fraccionando vacaciones, facilitando el despido, entre otros ataques”.

Además, afirmaron que “este ataque no creará nuevos puestos de trabajo sino que facilitará el cierre de empresas producto de la política económica del gobierno y los empresarios que, luego de ganar millones, ahora quieren descargar su crisis sobre las familias trabajadoras de nuestro país”. Como ejemplo, mencionaron “el caso de la empresa FATE del multimillonario Madanes Quintanilla que deja a cerca de 1000 familias en la calle”.

En relación con la convocatoria nacional, el comunicado sostuvo que “la medida convocada por la CGT llega sin una convocatoria a movilizarse. A pesar de los límites de esta constituirá una medida de fuerza”. Por ese motivo, desde el PTS llamaron “a todos los trabajadores de Bahía Blanca a usar la legítima herramienta del derecho a huelga y construir un paro activo”.

En el plano local, junto a las secretarías de Derechos Humanos y Promoción Social y Turismo de SUTEBA y las secretarías de Derechos Humanos, Cultura y Pro-Biblioteca del Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, un grupo de alrededor de 30 personas llevan adelante un corte en la rotonda de la intersección de la Ruta N° 3 y calle Colón desde las 7 de la mañana.

Asimismo, indicaron que “desde las 10 seremos parte de la movilización convocada por el SUTEBA y ADUNS junto a la Asamblea Abierta, el Frente de Izquierda, la Multisectorial de Jubilados, ATE, y las CTA en la Plaza Rivadavia (Moreno y Estomba)”.

“Abajo la reforma laboral esclavista de Milei” y “abajo los despidos en FATE”, concluyeron en el comunicado.

Fuente: La Nueva.

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Paro en Bahía Blanca: la Cooperativa Obrera abrirá sucursales según el personal disponible

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En el marco del paro nacional de 24 horas convocado por las centrales sindicales para este jueves, la Cooperativa Obrera informó que, “en la medida de lo posible”, mantendrá abiertas todas sus sucursales.

A través de un comunicado, la entidad señaló que respeta “tanto el derecho a trabajar como el derecho de adhesión a la huelga”, por lo que cada punto de venta adaptará su operatoria a la cantidad de personal que concurra. En ese sentido, la prestación del servicio a los asociados quedará sujeta a la disponibilidad de trabajadores en cada sede.

La decisión se da en un contexto de fuerte impacto en distintos sectores de la ciudad. En Bahía Blanca no habrá servicio de colectivos: la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor confirmó que las líneas urbanas y la 319 no circularán hasta la medianoche.

En el caso de los taxis, desde las cámaras del sector indicaron que, si bien algunos choferes adherirán a la medida, otros prestarán servicio, por lo que se recomienda solicitar vehículos con anticipación ante posibles demoras.

En materia aérea, los vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron suspendidos. No obstante, la Aeroestación Civil Comandante Espora permanecerá abierta para la operatoria comercial. Tampoco se desarrollarán actividades en el puerto local.

En el ámbito municipal, desde el edificio de Alsina 65 se informó que habrá modificaciones en algunos servicios. La recolección de residuos se retomará el jueves a partir de las 22. En el Hospital Municipal funcionarán los consultorios de guardia clínica y pediátrica entre las 8 y las 19, mientras que el servicio de emergencias estará disponible durante las 24 horas.

El cementerio permanecerá sin atención y no habrá actividad en las colonias municipales.

En cuanto al estacionamiento medido y pago, continuará vigente, aunque no se prevé presencia de inspectores en la vía pública. Se recordó, sin embargo, que rige la prohibición de estacionar en lugares no permitidos y en carriles exclusivos.

Fuente: La Nueva.

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Régimen Penal Juvenil: libertarios buscan dictamen en el Senado y dialoguistas miran la letra chica

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La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.

Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron a Infobae desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

Guiño a embajador político

La comisión de Acuerdos del Senado analizará -desde las 11- el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea. En caso de luz verde -se esperan dardos de todo tipo desde el kirchnerismo-, también quedará listo para la semana próxima. La presidencia de este Cuerpo iría para el mileísta Juan Carlos Pagotto, quien ya comanda la de Justicia. Esto representa un inconveniente reglamentario.

Con la sesión preparatoria del martes 24 de febrero, los estrategas de la Cámara alta ya prevén dos convites más para el recinto: el jueves, con Iglesias, Régimen Penal Juvenil y -quizá- la ley de glaciares. La agenda en cuestión fue consensuada entre oficialismo y dialoguistas durante la mañana de ayer, en una reunión virtual.

En tanto, para el viernes quedaría la reforma laboral, siempre y cuando Diputados la modifique entre hoy y la madrugada de mañana y regrese, en segunda revisión, antes de un plenario ya convocado para las 10 de este viernes en el Senado. Esto agita el siempre denostado vicio del “rodillo parlamentario” con el que el kirchnerismo, en sus diversos gobiernos, se cansó de romper récords. No obstante, es el peor camino a imitar y será, de mínima, desprolijo. El otro tema será el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.

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