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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Kicillof asume el rol de líder en las recorridas de verano y saca ventaja en el PJ como candidato del 2027

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Axel Kicillof está en movimiento. Permanente. Tiene un objetivo claro: llevar adelante la gestión bonaerense por dos años más y, en paralelo, construir su candidatura presidencial para el 2027. Por eso no para, por eso está activo, sin prisa, sin pausa, pero con una fuerte convicción de edificar un liderazgo en el complejo mundo peronista.
El Gobernador inició el fin de semana una recorrida por los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Los primeros fueron en la costa Atlántica, pero también viajará a otras ciudades que reciben gente durante el verano. Ayer inauguró la apertura formal del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, en General Alvarado.
“Sin la presencia tan fuerte de las distintas políticas públicas provinciales para apuntalar el turismo y la actividad sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el mandatario durante el acto formal que encabezó. Un mensaje claro para diferenciarse de Javier Milei y su apología por destruir el Estado, al que considera ineficiente e innecesario.
Esta temporada de verano tiene un condimento nuevo para Kicillof y su esquema político. Sus movimientos son en clave electoral. Está haciendo lo que hace cada enero, pero esta vez la lectura política de sus pasos es otra. Sobre todo desde el 22 de diciembre, día en que lanzó su candidatura en forma encubierta y habilitó, en términos formales, a sus dirigentes para que construyan el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.
El mandatario bonaerense es el único nombre propio del peronismo que, a un año y medio de las elecciones presidenciales, se está moviendo con el objetivo de ser candidato entre ceja y ceja. Pero, sobre todo, avanza en el diseño de un bloque anti Milei que se rompa las fronteras de la provincia y empiece a ver la luz o, en el mejor de los casos, a anudarse con otros sectores de la oposición, en distintos lugares del interior.
No hay ningún otro nombre dentro del peronismo con tanta actividad en su agenda política como el economista. Ni ninguno que, a esta altura del calendario, haya dado indicios contundentes de querer ser quien represente a la oposición en el 2027, cuando Milei juegue todas sus fichas a una renovación de su mandato.

Los otros dos nombres que sonaron fuerte en Fuerza Patria durante el final de año pasado fueron los de los ex gobernadores Sergio Uñac y Gerardo Zamora, ambos convertidos en senadores nacionales. De los dos, el único que le hizo un guiño a la discusión que se aproxima en el peronismo fue el ex mandatario de San Juan.

Primero, durante una entrevista con Infobae, aseguró que va a “recorrer el país” y que apuesta a dar “un paso más” en el 2027. Además, en una señal clara de su objetivo a corto plazo, sostuvo que “la próxima fórmula presidencial el PJ debería tener un componente del interior”.
De fondo, hay una idea que es compartida con muchos dirigentes de las provincias, que reclaman un quiebre en la construcción electoral ambacentrista, y piden que, ahora sin Cristina Kirchner al mando de la estrategia, el peronismo nacional pose sus ojos sobre las agendas y los perfiles del interior del país.

Uñac se reunió el 11 de diciembre con el gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, en lo que buscó ser una actividad para levantar el perfil y escribir una gestualidad que pueda ser leída en el interior del peronismo antes del comienzo del nuevo año. El problema para el sanjuanino es que corre de atrás respecto a la presencia permanente que tiene Kicillof en la agenda política y mediática.

En los próximos días, Uñac comenzará a armar su plan de acción para empezar a moverse, con más determinación, con la intención de construir un liderazgo más voluminoso y fuerte dentro del peronismo. Haciendo base en el interior del país y en su perfil de peronista clásico, de buena relación con el kirchnerismo, pero con otras formas de entender cómo se construye poder y cómo se gestiona.

El santiagueño Zamora entra en las cuentas especulativas de todo el peronismo. En el final del año pasado se sintió utilizado por un sector del cristinismo porque cree que levantó su nombre con el fin de ponerle un freno al crecimiento de Kicillof. El actual senador le tiene un gran respeto a Cristina Kirchner, pero no comulga con muchas formas que tiene enquistado el cristinismo en su accionar.
“Son las circunstancias y el hombre. El momento y el contexto”, le dijo el ex gobernador a un colega senador con el que comparte el bloque y con el que habló sobre los rumores que lo ubican en la línea de largada de la candidatura presidencial. No se baja ni se sube. Camina con el libro de la lógica bajo el brazo.

Kicillof es la contracara de los dos dirigentes del interior. Acelera a fondo, tiene la posibilidad de pararse sobre su gestión en Buenos Aires para mostrarse activo y ser uno de los nombres más visibles de la oposición a Milei. Es el que más pone en juego, aunque en su entorno hace tiempo que advierten sobre la posibilidad de que deje pasar la oportunidad si el contexto no es el indicado.

Además de ellos tres no hay otros nombres que se perfilen para forjar una candidatura nacional. Pero falta mucho tiempo. Demasiado para la compleja vida interna que tiene el peronismo y sus integrantes.

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Reforma laboral: la quita de coparticipación podría condicionar la negociación del Gobierno con sus aliados

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La disputa sobre la reforma laboral sumó, en las últimas 96 horas, la desesperación de varias provincias ante la segura caída en la coparticipación si avanza el dictamen que consiguió firmar La Libertad Avanza en diciembre pasado en el Senado, luego frenado por tropelías de la Casa Rosada en el tratamiento del hoy sancionado y vigente Presupuesto 2026. La situación, que generaría un costo político al Gobierno libertario -siempre y cuando logre dicho objetivo-, comenzó a sembrar advertencias de potenciales aliados del oficialismo no sólo por el proyecto en sí mismo, sino por el inevitable condicionamiento para el período ordinario, que comenzará el 1 de marzo.
“¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó un legislador opositor ante Infobae. Desde otro despacho con intenciones de ayudar deslizaron a este medio: “Supongamos que estamos ‘mejor’ en la macro, aunque la salida formal de la recesión no la veo aún. Decime cómo hace un gobernador si en unas semanas te sacan el equivalente al pago de uno o dos meses de sueldos en una planta pública que ya recortaste. Ni con ATN -en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional- te lo cubrirían. Y en el Senado representamos a las provincias. No se entiende”.
El oficialismo le bajó el tono en las últimas horas. “No parece ser tan grave, aunque cada provincia es distinta. No es lo mismo una en la que pocos pagan Ganancias y recibe coparticipación generosa, que otra con mucha más espalda a la que le llega menos, en comparación general por habitante”, aseguró un libertario. En tanto, otro sugirió: “No hay que armar grandes dramas por esto si no hay votos para algún artículo. Ya pasó en ley Bases y el paquete fiscal y el país siguió adelante con Milei”.
La última definición fue compartida por un soldado peronista. El mismo dijo: “Mi apuesta es que lo van a usar de moneda de cambio cuando se acerque la sesión. Estará en manos del Presidente, junto a los ministerios de Economía, y del Interior. Han demostrado ser más pragmáticos en las sesiones extraordinarias de diciembre. Estimo continuarán por la misma vía si convocan en febrero”.
Del otro lado, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció en reiteradas ocasiones la reanudación de reuniones y peloteos con empresarios, gremios y la oposición de cara a los próximos días, aunque los dueños de los votos clave ya bajaron la ansiedad por el destino del texto.
Por caso, durante el último fin de semana, desde una fuerza dialoguista en el Senado manifestaron a Infobae: “El oficialismo creció desde el 10 de diciembre y está muy bien que maneje la agenda. Es lo que hay que hacer. Sin embargo, con lo que siempre hay que tener mucho cuidado es con el costo político de querer acelerar sin parar. Me refiero al Ejecutivo. Se lo avisamos a Bullrich y por eso se dejó la reforma laboral para febrero. Pero tampoco se deben exceder en poner plazos que después no se cumplan. Nos desgasta como aliados”.

Ayer, este medio contó que un senador advirtió: “Si esto avanza con muchos cambios extra, la votación en particular será densa y delicada. Y del otro lado estará el kirchnerismo. Años atrás, cuando el cristinismo abrió en el recinto la reforma judicial -después se trabó en Diputados-, fue un papelón. El inconveniente es que el Gobierno pretende pocas modificaciones; nosotros, algunas más”.

Junto a las leyes laboral y de glaciares -también tiene despacho firmado en la Cámara alta-, otro dictamen que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. Se encuentra en Diputados, aunque no preocupa a los bloques. Uno que sí generaría rispideces es el Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó, ni siquiera, en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad.

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Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”

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En medio de las recientes denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió por primera vez al caso y afirmó: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada”.
El dirigente enfrenta acusaciones judiciales surgidas desde finales de 2025, que señalan presuntas maniobras financieras y desvíos de dinero hacia sociedades vinculadas a personas cercanas a él y a otras autoridades de la AFA. Tapia, sin embargo, aseguró que vive estos días “tranquilo” y diferenció la percepción pública de la cobertura mediática: “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, expresó.
A lo largo de su estadía en Mar del Plata, Tapia sostuvo que la respuesta de la gente ha sido positiva. “A donde voy es igual”, declaró en diálogo con La Nación. El presidente de la AFA remarcó que las muestras de afecto se multiplicaron tras el campeonato mundial de fútbol obtenido en Qatar 2022, y valoró la cercanía con el público, señalando que “esta es la verdad”, en referencia a la reacción popular frente a las denuncias.
Tapia explicó que, aunque permanece atento a la exposición mediática y judicial por los contratos de la AFA, en su vida cotidiana no recibe reproches al respecto. “Con lo otro (las denuncias y acusaciones) no pasa nada”, afirmó, y agregó que su principal preocupación siempre fue su familia, pero consideró que “los pibes ya están grandes” y saben cómo afrontar la situación. Durante su permanencia en el balneario Punta Mogotes, Tapia compartió almuerzos con amigos y allegados, y recibió visitas de funcionarios como Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, y Santiago Pérez Teruel, asesor general bonaerense. Acorde a lo reconstruido por Infobae, fue el propio titular de la AFA quien solicitó tomarse una fotografía junto a los dos funcionarios, quienes accedieron al pedido.
Esta aproximación al entorno de Axel Kicillof no constituye un episodio aislado para Tapia. Días antes, mantuvo reuniones con otros dirigentes del peronismo, incluyendo a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), con quienes mantiene una relación consolidada. El grupo de confianza se completa con Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). Mantegazza, además, preside el Club Estrella del Sur de Alejandro Korn, San Vicente, institución que, por primera vez en su historia, competirá este año en la división C y cuyo estadio lleva el nombre de “Chiqui Tapia”.
La investigación por el manejo de fondos en la AFA
El análisis de registros bancarios confidenciales y documentos judiciales, difundidos tras un discovery ordenado en Estados Unidos, reveló una estructura sofisticada para gestionar los fondos internacionales generados por la Selección argentina de fútbol. Estos documentos demuestran que, bajo la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, se canalizaron partidas millonarias a una empresa privada radicada en Florida, TourProdEnter LLC, evitando así el circuito formal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los controles institucionales habituales. Este esquema permitió financiar tanto operaciones asociadas al fútbol, como otros destinos privados y poco transparentes, ampliando el monto investigado desde 260 millones de dólares y abriendo la puerta a posibles nuevas revelaciones.

Uno de los elementos más contundentes, según la documentación obtenida, radica en que las operaciones con TourProdEnter actuaron como una “caja central”. A partir de esa empresa, los fondos provenientes de patrocinadores internacionales y derechos comerciales de la Selección no solo se utilizaron para cubrir gastos habituales o inversiones deportivas, sino también para transferencias hacia sociedades offshore, intermediarios financieros y personas vinculadas personalmente a dirigentes, sin divisiones entre fondos destinados al fútbol y los usados con otros fines.

La investigación judicial, iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni tras reclamos contractuales por la organización de partidos amistosos, destapó así un entramado de ingresos y egresos que funcionaba con regularidad y altos volúmenes especialmente entre 2023 y 2024. Las planillas bancarias demuestran que TourProdEnter LLC, controlada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, manejó transferencias sistemáticas. El 14 de septiembre de 2023, se registró una transferencia de USD 4.200.000 a una cuenta de esta firma en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. Un ingreso adicional de USD 6.100.000 se documentó en noviembre del mismo año, canalizado a través del Bank of America bajo el concepto sponsorship payment. Estos pagos nunca pasaron por cuentas de la AFA, sino que se consolidaron en las arcas de la empresa privada.

Durante el proceso judicial en Miami, salieron a la luz mecanismos en los que la empresa TourProdEnter no solo servía para concentrar ingresos, sino también como punto de partida de transferencias millonarias a empresas “fantasma”. Al menos cuatro sociedades radicadas en Bariloche, con titulares de dudosa solvencia, fueron receptoras de aproximadamente 42 millones de dólares cuyo destino permanece sin esclarecerse.
La documentación revela casos donde los fondos alimentaron gastos personales o ajenos a la administración deportiva. El hijo de José Almaraz, identificado como guía espiritual y cercano al presidente Tapia, recibió giros desde las cuentas de TourProdEnter por un monto total de USD 340.000. Estos movimientos carecen de justificación contractual o vínculo comprobado con tareas institucionales. La naturaleza opaca de tales egresos repite el mismo patrón: la “caja” de la Selección se utilizó con amplia discrecionalidad.

El esquema incluyó operaciones complejas como la adquisición del club italiano Perugia Calcio. El 18 de diciembre de 2023, TourProdEnter dispuso dos transferencias de USD 150.000 cada una hacia Sports NextGen Ltd, otra sociedad ligada a Faroni. En marzo de 2024, se repitió el método con dos envíos de USD 412.500. Las fuentes judiciales, consultadas por Infobae, indican que esos fondos se trasladaron a Europa para concretar la compra.

Otra ruta significativa se detectó en el envío de USD 109 millones a un broker financiero con sede en Montevideo. De acuerdo con los registros, TourProdEnter giró dicho monto por cuenta y orden de la administración pública de los fondos internacionales de la AFA. Portavoces de ese intermediario uruguayo aseguraron que “todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y contaron con la debida documentación respaldatoria” y que “en todos los casos los fondos provinieron de bancos norteamericanos y eran transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en bancos del sistema financiero local, de forma consistente con el contrato existente entre ambas empresas, que es de público conocimiento”.

El análisis de los extractos bancarios expone también pagos suntuarios que no guardan relación con el fútbol. El 22 de noviembre de 2023, TourProdEnter abonó USD 38.500 a un proveedor de aviación privada, y el 15 de enero de 2024, se efectuó una transferencia de USD 27.000 a una empresa vinculada a embarcaciones. Montos de entre USD 10.000 y USD 80.000 resultaron frecuentes para servicios de charter, aviación y actividades náuticas, siempre financiados con los ingresos de la Selección y sin justificación asociada a actividades deportivas.

La arquitectura financiera organizada por la gestión de Tapia permitió la fragmentación del dinero, dificultando su trazabilidad. Los fondos, cobrados y administrados en el exterior, ingresaban a cuentas locales apenas tras pasar múltiples intermediarios, lo que complicó la labor de los técnicos y auditores argentinos. La revelación del circuito se facilitó mediante la intervención judicial en Estados Unidos, donde tanto la Justicia como el FinCEN —homólogo estadounidense de la UIF argentina— avanzaron en la obtención de pruebas y documentación clave.

El contraste entre lo declarado en los balances oficiales de la AFA y el rastro documentado en los registros bancarios constituye la principal revelación de la investigación: los caminos del dinero generado por la Selección argentina resultaron ser mucho más complejos y ajenos al control institucional que lo que reflejaba la información pública de la dirigencia.

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