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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año, tras el revés judicial que le mantuvo el uso de la tobillera electrónica

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En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.

El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.

“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.

En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.

Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.

El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.

Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.

La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.

“Evitar privilegios indebidos”

CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.

En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.

“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.

Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.

“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.

Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.

En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.

También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.

La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.

En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta”.

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Senado post ley laboral: los libertarios ya se mueven dentro del sistema, mientras un peronismo sin líderes se desangra

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La sesión del miércoles y jueves en el Senado, donde el oficialismo logró la aprobación de la ley de reforma laboral, marcó el bautismo libertario en el “sistema” que tanto criticó para llegar al poder, tras un sinfín de concesiones en la iniciativa que se debatió.

Además, el escenario de la nueva Cámara alta mostró a un peronismo roto y ya no sólo sin un “campeón” o “pajarito llamador”: ni siquiera tiene un prospecto a considerar y sus soldados juegan libres, sin necesidad de ruptura, y la única apuesta que le queda al principal partido opositor es que el Gobierno falle, en el corto y mediano plazo, en mostrar resultados que viraron de la baja de inflación hacia bolsillos que no compensan lo nominal versus lo real. Veamos.

El primer punto fue descripto desde un experimentado despacho opositor durante la madrugada del jueves, mientras se desarrollaba la sesión: “Acá hay un arco que se corrió de blanco a negro, o viceversa, si uno compara lo que sucedió entre la Ley Bases y la reforma laboral que se está votando. A comienzos de 2024, ese proyecto venía con el mote de ‘destino manifiesto’, del ‘elegido’, y terminó en lo que ya conocemos. Ahora, el antisistema fue más sistema que ninguno, con herramientas del sistema, con una mujer/máquina de las pocas que quedan -en referencia a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich y concesiones sin dudar a sindicatos, gobernadores y senadores. Por mucho menos que esto se retiró la Ley Bases en su momento. Acá se privilegió la victoria política y, si no chocan, tendrán el camino liberado en 2027″.

Del convite reciente en el recinto también quedó pincelado que, al oficialismo libertario, la acusación de “rodillo parlamentario” que siempre se le cuestionó al cristinismo en sus épocas más feroces y oscuras es casi tan importante como una leve picadura de mosquito. El ejemplo concreto fue la incorporación del traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad: no se amplió el temario de extraordinarias para esto, tampoco se le dio ingreso formal por sesión al acuerdo -para que tomara estado parlamentario-, no pasó por comisión ni se dictaminó. Quedó como un anexo de la reforma laboral que, también es cierto, hacía mención en dos artículos sobre el tema. Lo que vale entre los dos es lo primero.

Al consultar sobre ítems más delicados del texto, cuando los legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista indagaban a caminadores de pasillos trasladados desde Casa Rosada hacia la Cámara alta, la respuesta fue idéntica: “La orden es del Presidente”. Bajo esa premisa también se movió Bullrich, quien sorprendió a propios y extraños por haberse tirado encima de todas las granadas posibles de la agenda de extraordinarias, sin garantía de victoria. Los condujo a un triunfo que, si Diputados confirma, será histórico, con sus respectivas consecuencias. Ni tuiteros ni desde el cielo. El sistema.

Quienes mejor decodifican los movimientos y convivencia de Balcarce 50 direccionaron la lupa hacia la parafernalia que armó la ex ministra de Seguridad horas después de la votación, con un video en redes que incluyó una divertida melodía de after office. Fue furor. Sobre ello, un histórico asesor sugirió: “Levantó demasiado la cabeza y temo que le llegue la factura. Muchos libertarios no entienden que Javier y Karina Milei son los únicos dueños del 100%. El resto son amistades”. Si hay algo que los hechos ya comprobaron es el desprecio por personas que hicieron demasiado para que el jefe de Estado llegue y se mantenga en el poder. Ni hablar de quienes osaron advertir algún potencial inconveniente. En el corazón de la administración central no existen, ni siquiera, los accionistas. Muchos siguen sin comprenderlo.

Post sesión, la sensación que quedó en varios senadores es que el Gobierno, en medio de su estrategia para aprobar la ley, intentó cuidar a los integrantes del pleno, en el sentido de reconocer que la agenda nacional no es la misma que en las provincias. Esto fue clave -aunque deberán ajustarse varias tuercas-, porque le dio margen a un ramillete de legisladores para no quedar muy expuestos, de forma innecesaria, en sus distritos. La diferencia fue abismal en comparación con lo sucedido en la Ley Bases.

Mientras tanto, el peronismo se desangra. Hay referentes del kirchnerismo que, durante la reunión el recinto, se rieron en varias ocasiones. Después, se preguntan por qué pierden elecciones. La situación ya delirante de “cristinistas obsecuentes” o “traidores”, es insostenible. No obstante, la discusión del Presupuesto 2026 de diciembre pasado ya dejó una marca -por un puñado de acompañamientos selectivos- que no volvió a repetirse en la reforma laboral -nadie del interbloque iba a pisar ese infantil palito-, pero sí en el armado de comisiones que los más duros no quieren integrar: las ramas del interbloque ya se manejan libres, sin necesidad de fractura.

“En el Presupuesto 2026 votaron algunos y no pasó nada. Ahora, dos de Convicción Federal se metieron en dos comisiones -en referencia a la tucumana Sandra Mendoza, en la de Acuerdos; y el catamarqueño Guillermo Andrada, en la de Relaciones Exteriores- y acá estamos. Lo mismo ocurrirá con lo del Mercosur, que beneficia a varias provincias. ¿Pensás que no van a acompañar? Además, no hay beneficio en irse. No tenemos más a un campeón. Ni siquiera vemos que aparezca un retador o pajarito llamador que vaya a la televisión a decir algo interesante. Nada de nada. Entonces, el PJ no tiene la capacidad de echar a nadie. ¿Cómo te van a echar de una casa donde lo único que tienen para ofrecerte es un plato de sopa fría y techos con goteras a la hora de dormir? Eso sí, no olvidemos el pin de ‘Cristina libre’ para llevarlo al recinto”, reflexionaron desde un despacho justicialista.

Con la derrota aún fresca, un senador kirchnerista opinó ante Infobae: “El Gobierno tiene la responsabilidad de mostrar resultados. No hay más palos en la rueda. Nosotros perdimos en la sesión, pero ellos pueden llegar a perder su discurso en el corto plazo”. La cita apunta ya no tanto sobre si la inflación bajó o no en estos dos años -algo insólito, a esta altura-, aunque coincide con la mirada de un grupo no menor de dialoguistas, por fuera de la trifulca de días atrás relacionada con el INDEC: la realidad nominal de los bolsillos no podrá quedar detrás de la real.

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Mariano Recalde criticó la reforma laboral, dijo que la industria del juicio “no existe” y advirtió: “Votar contra los trabajadores te saca del peronismo”

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El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei reinstaló en el centro del debate argentino el alcance de los derechos laborales, el rol del Estado en la regulación del empleo y la posición que ocupa el peronismo como principal fuerza opositora ante el nuevo modelo económico.

En ese contexto, el senador nacional Mariano Recalde, referente de La Cámpora e integrante del bloque justicialista, cuestionó con dureza el proyecto oficial, desestimó el argumento de la “industria del juicio”, advirtió sobre el impacto concreto en la vida cotidiana de los trabajadores y lanzó una definición política hacia su espacio: “Votar en contra de los trabajadores te saca del peronismo”.

Recalde presentó en una extensa entrevista en los estudios de Infobae análisis técnico, perspectiva histórica y posicionamiento partidario. Desde la reducción de licencias por enfermedad hasta el traspaso del fuero laboral, pasando por la informalidad y el rol de los medios de comunicación, el senador delineó una crítica integral al rumbo económico y político del Gobierno, a la luz de este proyecto, que actualiza las relaciones laborales como no ocurrió nunca desde 1983.

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