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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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El Gobierno amplió el secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea

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El Gobierno declaró este martes secreto militar sobre la exportación de material vinculado al sistema de armas adquirido por la Fuerza Aérea Argentina (FAA), y de esta manera, amplió el alcance de los elementos clasificados a los que solo puede acceder el personal autorizado.

La restricción incluye partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento, asociados al sistema incorporado, bajo el argumento de que se trata de material sensible que requiere resguardo de su información. La exportación que se haga se llevará a cabo con el propósito de realizar tareas de mantenimiento y actualización, entre otras actividades, según indicaron.

El decreto 735/2026, publicado durante esta madrugada en Boletín Oficial, se sumó a la lista de normativas que regulan la categoría de secreto militar en el país extendiendo una cadena de restricciones que se inició en 2024 con la adquisición del propio sistema de armas.

Mediante etapas sucesivas, se amplió a la construcción de obras de infraestructura, la importación de material relacionado y la adquisición de equipos y capacidades complementarias.

En abril de 2024, el Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto 370/2024 donde declaró secreto militar la operación contractual de la adquisición original. En septiembre del mismo año el texto oficial 807/2024 extendió esa clasificación a la contratación de obras de infraestructura y a la importación del material relacionado, vinculados a la llegada de los F-16 a la Argentina.

La medida ejecutada por el entonces ministro de Defensa Luis Petri alcanzó las instalaciones de la VI Brigada Aérea Tandil y el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

Antes de que finalizara el año, el Decreto 1073/2024 actuó sobre los contratos adicionales para la incorporación de equipos y capacidades complementarias al sistema.

En aquel momento, se ejecutó para las operaciones contractuales vinculadas a la adquisición de los 24 aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, e incorporó bajo esa clasificación los contratos adicionales suscritos con Estados Unidos mediante el programa Foreign Military Sales y con la Armada estadounidense.

La compra incluyó cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos garantizados por cinco años. El acuerdo contempló también la capacitación de pilotos y mecánicos, y fue posible tras gestiones extraoficiales de Washington ante el Reino Unido.

Entre los argumentos detallados en Boletín Oficial, destacaron que “habiendo dado inicio el día 30 de marzo de 2026 a las actividades de vuelo en el Área Material Río IV del sistema de armas incorporado, resulta necesario dictar las medidas para oportunamente llevar a cabo la exportación del material, con el objeto de efectuar tareas de mantenimiento y actualización”.

El Ejecutivo consideró necesario establecer regulaciones específicas con el debido resguardo por tratarse de “material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento”.

La implementación práctica de la medida queda a cargo de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, que deberá instrumentar los actos conducentes para efectivizar la exportación con arreglo a la clasificación de secreto. El Ejecutivo la autorizó expresamente a desarrollar todas las acciones necesarias para ese fin.

La decisión lleva la firma del presidente Javier Milei y el teniente general Carlos Alberto Presti, titular del Ministerio de Defensa, y dejó asentado en su primer párrafo: “Declárase Secreto Militar, en los términos del Decreto N° 9390/63, a la exportación del material relacionado con el sistema de armas, cuya adquisición tramitara bajo el Expediente N° EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA y los contratos adicionales para la incorporación de Equipos y Capacidades Complementarias”.

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El Gobierno vuelve a reunirse para analizar la estrategia legislativa y mira con cautela la actitud del PRO

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En el primer día hábil de la semana tras el feriado del lunes, los referentes del oficialismo se vuelven a reunir en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia legislativa con la que buscarán aprobar las próximas reformas, ya con la particularidad de que el Gobierno inició una etapa de acercamiento con los aliados del PRO que podría trasladarse al plano parlamentario.

La mesa política tiene previsto mantener un nuevo encuentro este martes, a partir de las 13:00, en la antesala de una sesión en la que La Libertad Avanza intentará dar el primer paso con dos iniciativas que en el Poder Ejecutivo consideran claves, como son la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva ley de Inocencia Fiscal.

Como siempre, el diálogo estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la líder del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule“ Menem.

Por pedido de la hermana del mandatario nacional, algunos de ellos recibieron días atrás a los principales representantes del macrismo, con la intención de fortalecer el vínculo entre los partidos en todos los niveles.

La idea es, a la par de negociar los acuerdos electorales en las distintas partes del país, también conversar en ese mismo ámbito sobre los proyectos que el Poder Ejecutivo quiere sancionar en el Congreso.

La convocatoria la hicieron Santilli y los primos Menem y los invitados fueron Fernando de Andreis, que en la previa aparecía como uno de los integrantes del PRO más críticos la gestion libertaria, y Cristian Ritondo, que siempre se mostró muy cerca de Balcarce 50.

Además, los dos son diputados y el segundo de ellos incluso es el jefe del bloque amarillo, por lo que son también los interlocutores que tiene el oficialismo con su mayor aliado parlamentario.

Sin embargo, en el entorno de la secretaria general se mostraron cautelosos respecto del impacto que podría tener en la relación legislativa este gesto de Karina Milei hacia Mauricio Macri.

“Es relativo lo que ganamos, porque con las 12 bancas que tienen ellos tampoco nos alcanza para llegar a la mayoría, así que seguimos teniendo que negociar con el resto de los espacios para todos los proyectos”, se lamentó un miembro de la mesa política.

En el último encuentro del grupo. Martín Menem ratificó que tiene al 26 de agosto como fecha tentativa para tratar la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Inocencia Fiscal, aunque también se incluirían otras iniciativas.

El titular de la Cámara analiza sumar al temario tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Asimismo, evalúa aceptar algunos pedidos de otras fuerzas y, principalmente, de los gobernadores, como la reducción del IVA sobre la fécula y la harina de mandioca.

Esto habría generado algún cruce con Bullrich, que le aconsejó al riojano concentrarse en determinadas medidas y no pretender abarcar varios asuntos en una misma sesión.

La senadora tiene su propia hoja de ruta y, básicamente, planea convocar a votación al día siguiente que Diputados, para los pliegos de los jueces que ya consiguieron dictamen en la comisión de Acuerdos.

No creo que cambie mucho la forma en la que nos llevamos con el PRO por estas reuniones que están teniendo ahora en Casa Rosada”, opinó ante Infobae un legislador libertario.

Aunque no llegó a quitarle nunca del todo su respaldo al Gobierno, el partido fundado por Macri sí venía expresando sus diferencias tanto adentro como afuera del Congreso.

Además del caso Manuel Adorni, que fue el que mayor tensión generó entre los dos espacios, también forzaron al oficialismo -junto con otros aliados- a dar marcha atrás en algunas cuestiones, como la ley de tierras o la inclusión de funcionarios en los beneficios previstos en Inocencia Fiscal.

En carpeta, el Ejecutivo también tiene el envío del Presupuesto 2027, que podría ser presentado una vez más por el propio presidente Milei antes del 15 de septiembre, fecha límite para cumplir con este trámite.

Además, La Libertad Avanza mantiene abierta la negociación con los otros bloques por la reforma política, que tiene a la eliminación (o suspensión) de las PASO como uno de los puntos centrales y que podrían cambiar el panorama electoral de cara al año que viene.

El lunes, en el acto para conmemorar el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, Milei volvió a abrazar afectuosamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un gesto que se da cuando el futuro de la Ciudad de Buenos Aires está siendo uno de los asuntos a debatir entre el PRO y los libertarios.

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Kicillof busca reforzar su perfil federal con un acto en Chaco y actividades en Uruguay

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Axel Kicillof desplegará esta semana una agenda en Chaco, en la provincia de Buenos Aires y en Montevideo (Uruguay) para fortalecer su proyección nacional en medio de la disputa de liderazgos del peronismo hacia 2027. El itinerario combina actos políticos, actividades partidarias y la participación junto a dirigentes progresistas de la región.

La semana inicia para Kicillof en el distrito de Vicente López. Allí, encabezará el lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC). Se trata de un espacio que tiene al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente. El acto es organizado por el dirigente del distrito del conurbano norte. El objetivo es articular a diferentes sectores de la economía del conocimiento y, en última instancia, acercarlos a la figura de Kicillof y su proyección política electoral. Sujarchuk ya ocupó ese rol a nivel nacional durante la conducción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. En el mes de mayo, el jefe comunal coordinó una reunión entre Kicillof y el empresario Eduardo Constantini, encuentro que llevó adelante en su distrito. De momento, Sujarchuk no aparece en la tira de posibles sucesores a la gobernación dentro del peronismo.

En Chaco, Kicillof, encabezará distintas actividades junto al senador nacional y ex gobernador, Jorge Milton Capitanich. Entre ellas, participará en la asunción de autoridades de la CGT local. También presentará su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste. Este despliegue responde a la intención de fortalecer lazos en el interior del país y proyectar una imagen de alcance federal, en tiempos de disputa interna y en la antesala de una posible competencia presidencial dentro del peronismo. Pese a que diga que no es año de candidaturas, los movimientos que viene dando el gobernador se parecen a los de un candidato.

En el medio, la carrera PBA

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), impulsado por Kicillof, realiza plenarios seccionales en la provincia de Buenos Aires. El más reciente tuvo lugar en Ramallo, en la Segunda sección electoral. Ocurrió el sábado pasado y hasta el distrito del norte provincial llegaron ministros, intendentes y entre ellos algunos posibles candidatos a la sucesión bonaerense, como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente de La Plata, Julio Alak y su par de La Matanza, Fernando Espinoza. Los tres, junto a Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis, son quienes el mandatario bonaerense habilitó a recorrer la provincia, pensando en 2027, cuando él no podrá ir por una reelección. La semana pasada, Ferraresi realizó distintas charlas en la Quinta sección electoral: Tandil y Necochea. Estuvo escoltado por el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

En su entorno, explican que Kicillof “dejará correr” a todos los posibles candidatos a la gobernación. No solo a los propios, sino también a quienes no se encuadran dentro del MDF. La llamada Liga de Intendentes tiene sus nombres —Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Otermín (Lomas de Zamora)—; el Frente Renovador apostaría al intendente de San Fernando, Luis Andreotti, mientras que el kirchnerismo guarda sigilo, aunque hubo ciertos movimientos de la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, que fueron en ese sentido.

Actos propios

El sábado 22 finalmente se concretará el lanzamiento del MDF Juventudes. El acto iba a realizarse el 6 de junio, pero fue pospuesto por el fallecimiento del Indio Solari. El gobernador también les había pedido a los referentes de juventud que articulen con otras provincias. Por eso, se espera que el acto del próximo sábado tenga carácter federal.

Las actividades del gobernador bonaerense se dan en un contexto de negociaciones y tensiones dentro del peronismo. La reciente cumbre entre Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner abrió un período de diálogo, pero persisten las incógnitas sobre el armado de una alternativa competitiva para 2027.

Por su parte, la CGT organiza un acto para el 17 de octubre, buscando ganar peso en la mesa política del peronismo y presionar para ser tenida en cuenta en la definición de candidaturas y alianzas; situación que no ocurrió en la cumbre que gobernadores del PJ encabezaron días atrás. Sin embargo, Kicillof prepara un evento propio para esa fecha, en línea con su intención de mostrarse autónomo. Será el sábado 17 en el municipio de La Matanza.

El viernes, Kicillof dejará la gobernación y participará del Tercer Congreso Panamericano en Montevideo, Uruguay. El evento reunirá a cerca de un centenar de referentes progresistas de la región. Entre los invitados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, el expresidente colombiano Ernesto Samper y parlamentarios del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Kicillof formará parte de la delegación argentina junto al diputado nacional y excanciller Jorge Taiana y el representante argentino en el Parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks. El congreso abordará temas como integración económica, reindustrialización, soberanía digital, seguridad, multilateralismo y políticas de bienestar, bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.

El contexto regional, marcado por el avance de gobiernos de derecha, pone en alerta a los sectores progresistas. El evento en Montevideo, se inscribe en ese intento de construir una agenda común ante los desafíos políticos y económicos de la región. Kicillof buscará repetir fotos con líderes regionales. Será, además, en la antesala de la elección de Brasil en la que Lula Da Silva irá por la reelección en un escenario polarizado con el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro; una dinámica que el peronismo sigue de cerca.

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