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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Malvinas: medios británicos reflejaron los dichos de Villarruel sobre los isleños en medio de la creciente tensión diplomática

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La vicepresidenta de ArgentinaVictoria Villarruelles exigió a los habitantes de las Islas Malvinas que “vuelvan a Gran Bretaña” si “se sienten ingleses”, en una serie de publicaciones en X que los principales diarios británicos recogieron de inmediato. Las declaraciones llegaron en un momento de máxima tensión diplomática: días antes, la filtración de un memorándum interno del Pentágono había puesto sobre la mesa la posibilidad de que Washington retire su respaldo histórico a la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago.

“Hoy más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Villarruel en X. “La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre estados, por lo tanto el Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina el reclamo que mantenemos por razones legales, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; no son parte de la discusión“, añadió la vicepresidenta. En respuesta a un usuario que sostenía que “los isleños son argentinos”, Villarruel replicó: “Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país.”

El detonante inmediato de la escalada fue la filtración, publicada el viernes 25 de abril por la agencia Reuters, de un memorándum interno elaborado por Elbridge Colby, principal asesor de política del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El documento, que circuló en los niveles más altos del Pentágono, listaba opciones para castigar a los aliados de la OTAN que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán. Entre esas medidas figuraba la revisión del apoyo diplomático de Washington a lo que el texto denominó “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita.

La filtración sacudió a Londres. El portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer respondió con contundencia: “La posición del Reino Unido es clara y no va a cambiar. Es una postura histórica e invariable, y así permanecerá.” La canciller Yvette Cooper fue más directa: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía recae en el Reino Unido y la autodeterminación, en los isleños. No podríamos ser más claros”, declaró Cooper, citada por el Daily Mail. La tensión de fondo tiene raíces en la guerra de Irán: el gobierno de Starmer, que se negó a sumarse a los ataques ofensivos aunque autorizó el uso de bases británicas con fines defensivos, acumuló fricciones con la administración Trump desde el inicio del conflicto.

Fue en ese contexto donde el presidente argentino Javier Milei tomó la iniciativa. A fines de la semana pasada, el mandatario publicó en X que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El 43° aniversario de la guerra, el 2 de abril del año pasado, Milei había sido más explícito sobre su estrategia: “Cuando se trata de la soberanía sobre las Malvinas, el voto más importante es el que se hace con los pies, y esperamos que algún día los malvinenses decidan votar con los pies por nosotros. Por eso buscamos ser una potencia”, declaró entonces, según consignó el Daily Mail. Un año antes, el mandatario había admitido públicamente que las islas estaban “en manos del Reino Unido” y prometió recuperarlas por vías diplomáticas, reconociendo que no había “solución instantánea”.

The Telegraph reveló además una dimensión militar del conflicto diplomático que pasó casi inadvertida: Washington presionó al gobierno británico para que aceptara un acuerdo mediante el cual Estados Unidos armaría a Argentina con cazas F-16. Según tres fuentes citadas por el rotativo londinense, el Foreign Office recibió presiones en reuniones bilaterales. “Hubo reuniones en el Reino Unido y a Gran Bretaña se le dijo en términos inequívocos que así sería el trato”, relató una de las fuentes al diario. Argentina ya recibió una entrega de F-16 estadounidenses procedentes de Dinamarca a fines del año pasado, en lo que el Telegraph describió como “un ejemplo poco frecuente de aliados occidentales que arman a Buenos Aires“. El Reino Unido mantiene una prohibición estricta sobre la exportación de armas o componentes a Argentina debido a la disputa de soberanía.

El canciller argentino Pablo Quirno aprovechó la coyuntura para publicar en X que Argentina renueva “su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. El gobierno de las Islas Malvinas respondió con una declaración en la que afirmó tener “plena confianza en el compromiso del gobierno del Reino Unido de defender nuestro derecho a la autodeterminación”, y recordó que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, optó en el referéndum de 2013 por permanecer como territorio de ultramar británicoArgentina no reconoce la validez de ese plebiscito.

La oposición conservadora británica cerró filas con el gobierno. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, comparó la posición de la administración Trump con sus comentarios sobre la anexión de Groenlandia: “Es una absoluta tontería. Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía es soberanía británica”, declaró. Desde el partido Reform, su líder Nigel Farage tiene previsto viajar a Argentina en otoño para transmitirle a Milei en persona que mantener las Malvinas bajo bandera británica es “no negociable”, según informó el Daily Mail.

La guerra de las Malvinas de 1982 costó la vida a 255 militares británicos, tres isleños y 649 soldados argentinos, tras diez semanas de combates que concluyeron con la rendición de las fuerzas de Buenos Aires ante la fuerza de tareas enviada por Margaret Thatcher. En aquel conflicto, Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan respaldó a Gran Bretaña, un antecedente que hoy adquiere nueva relevancia ante la posibilidad de que la administración Trump revierta esa posición histórica.

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La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo, según el índice de la Universidad Di Tella

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La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo en abril de 2026, según el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. La contracción de 12,1% respecto de marzo es la más pronunciada de las cuatro caídas registradas en lo que va del año, y supera con amplitud los retrocesos de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%).

No obstante, el nivel de abril se sitúa por encima del valor que exhibió la gestión de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando el ICG marcó 1,44 puntos, lo que representa una diferencia de 40,9% a favor de la administración de Javier Milei. En tanto, el indicador quedó por debajo del registrado bajo la presidencia de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando el índice alcanzó 2,07 puntos, una diferencia de -2,1% respecto del valor actual.

En términos interanuales, el índice acumula una baja de 13,2% frente al mismo período de 2025. La caída acumulada desde diciembre de 2025 asciende a 17,9%, lo que ubica al promedio de la gestión de Milei en 2,42 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

La brecha de género se redujo respecto de marzo, aunque por razones que reflejan un deterioro generalizado. El ICG entre los hombres cayó 16,9%, hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres descendió 4,1%, hasta 1,85 puntos. La diferencia entre ambos segmentos pasó de 0,67 puntos en marzo a 0,31 puntos en abril.
En el plano etario, el segmento de 18 a 29 años recuperó el liderazgo que había cedido en marzo, con un valor de 2,27 puntos y una variación positiva de 2,3%. El grupo de mayores de 50 años descendió a 2,03 puntos (-11,4%), en tanto que el tramo de 30 a 49 años registró la contracción más pronunciada del mes, al caer 16,7% hasta 1,94 puntos.

En el análisis geográfico, todas las regiones presentaron caídas respecto de marzo. El interior del país mantuvo el nivel más elevado, con 2,22 puntos (-11,9%). Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicaron en 1,87 puntos (-11,8%), mientras que los del Gran Buenos Aires (GBA) registraron el valor más bajo del AMBA, con 1,67 puntos (-13,0%).

Por nivel educativo, quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios presentaron el ICG más alto del segmento, con 2,21 puntos (-7,9%). Le siguieron quienes completaron el secundario, con la caída más pronunciada entre los tres grupos: 1,83 puntos (-19,0%). El segmento con instrucción primaria se ubicó en 1,60 puntos (-4,2%).

La percepción sobre el futuro económico continúa siendo la variable con mayor poder de diferenciación dentro del índice. Quienes anticipan una mejora de la situación en el próximo año registraron un ICG de 4,03 puntos (-3,6%), mientras que los que esperan que se mantenga igual cayeron a 2,49 puntos (-13,5%). En el extremo opuesto, quienes prevén un deterioro económico presentaron el valor más bajo: 0,51 puntos, con una leve suba de 2,0% respecto de marzo.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026, sobre una muestra aleatoria de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país, entre personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error del ICG es de ±0,06 puntos, con un intervalo de confianza del 95% de entre 1,90 y 2,15 puntos.

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El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades nacionales a que garanticen las clases y se tomen medidas en medio de la semana de paro docente que establecieron los profesores universitarios. En tanto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cruzó al Ejecutivo y solicitó que se aplique la ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, elevó el pedido a las cabezas de las universidades y pidieron que “informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.

“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”, continúa el comunicado.

Y completa: “La situación descrita reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender“.

El comunicado del Ejecutivo tiene razón debido al paro docente que comenzó este lunes y al que se adhirieron los gremios de profesores universitarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes 2 de mayo y está en la previa de una nueva marcha federal universitaria en reclamo por la ley de financiamiento.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

En esa línea, el vicerrector de la UBAEmiliano Yacobitti, en respuesta al Gobierno, planteó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

Y añadió: “Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente“.

Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”, completó, y agregó un nuevo mensaje de cara a la manifestación de la que se espera una amplia convocatoria: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.

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