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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: nuevas señales de apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

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En el marco de su determinación por priorizar el plano internacional, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana, en la previa a las elecciones de medio término de ese país, que se llevarán adelante el próximo 3 de noviembre. Si bien la agenda aún está en construcción, y no está prevista una reunión con Donald Trump, el mandatario enviará nuevas señales de apoyo a su par republicano, cuya imagen cayó en las últimas encuestas.

Se trata del viaje número 19 a Estados Unidos en lo que va de la gestión libertaria. La idea de la delegación presidencial es aterrizar en Washington por la mañana del miércoles 14 de octubre, fecha en la que se celebrará la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por el Latino Wall Street y La Derecha Diario. Las entradas para el evento van desde USD 3000 hasta USD 10.000, según el sitio de la Gala Hispánica.

El medio que dirige Javier Negre, luego de que el exsocio Fernando Cerimedo se desvinculara, informó que el libertario asistirá como “invitado de honor” y tiene previsto disertar el mismo 14 en el Andrew W. Mellon Auditorium. Su presencia ya es promocionada en las redes sociales junto a la de líderes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y otras figuras influyentes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

En el marco de la gala, el mandatario coincidirá con el exdiputado Eduardo Bolsonaro, el hermano del candidato presidencial de Brasil el senador Flávio Bolsonaro, quien se impuso recientemente en la primera vuelta del país vecino ante Luiz Inácio Lula da Silva por estrecho margen. Contra todo pronóstico, el referente de derecha ganó con el 47,03% de los votos frente al 45,16% obtenido por el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Tras los resultados regionales, en Casa Rosada anticipaban que Javier Milei se pondría a disposición del hijo mayor de Jair Bolsonaro y se mostraría activo en el período que resta hasta el balotaje, previsto para el 25 de octubre. En el Gobierno se muestran optimistas ante la posibilidad de un cambio ideológico en Brasil y celebran la consolidación de un potencial bloque regional de derecha.

El Presidente protagonizará un nuevo viaje exprés a Washington, acompañado solo por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, debido a que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, deberá participar de la tradicional reunión anual organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bangkok. Tampoco se espera la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que por la intensa agenda legislativa local prevista para la semana próxima podría permanecer en el país.

Para el jueves 15, Milei asistirá por la mañana a un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada a unos metros de la Casa Blanca. Se espera que tome la palabra durante la reunión.

Por la tarde, en agenda figura un intercambio para abordar el combate contra el antisemitismo en la sede de la embajada argentina, convocado por el embajador argentino Alejandro Oxenford. También incluye la participación del titular de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), Marcelo Mindlin, y el representante de Trump en la materia, el rabino y embajador Yehuda Kaploun.

A su regreso al país, el Presidente volará a Europa el 19 de octubre para participar el 21 en una conferencia en Madrid a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto. El viaje no es casual y se confirmó luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciara que adelantará las elecciones generales al 29 de noviembre en medio de una crisis social.

En Balcarce 50 aseguran que pese a que Milei mantiene sintonía con VOX, un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido. “Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.

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Ley por Malvinas: el Ejecutivo busca votos y propone una bicameral para el Consejo de Seguridad

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La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional denominada Ley Malvinas sumó hoy por primera vez la presencia del Ejecutivo. Las internas propias del oficialismo forzaron la presencia de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, quien se hizo presente en el plenario de comisión y lo hizo en un intento de “armonizar” que no cayó del todo bien.

“Es un proyecto muy importante para los argentinos, vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, dijo. Este cierre generó los primeros comentarios de parte de los diputados de la oposición presente.

En esa medida, la funcionaria del Ejecutivo señaló que “estamos estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad con una obligación del Ejecutivo de mantener esa interlocución fluida”, en lo que fue el gesto de apertura al Congreso.

Sin embargo, el diputado Eduardo Falcone señaló que se sigue sin saber cómo será el ejercicio de parte del Ejecutivo para derribar un buque o un avión respecto de la autorización necesaria del Congreso.

Maximiliano Ferraro le reclamó al presidente de la Comisión la apertura de la lista de invitados, la presencia de invitados de otras fuerzas. “Vuelvo a reclamarle y solicitarle que se debe disponer la presencia del canciller Quirno y del ministro de Defensa, el general Presti”.

“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”. Pero donde hizo mayor fuerza el diputado de la Coalición Cívica es en “la posibilidad de amnistía encubierta para las empresas que ya no tenían autorización para operar en la Argentina”.

Desde el peronismo se fueron encadenando críticas en donde establecieron que “de los 133 artículos, los primeros 40 se refieren a cuestiones de Malvinas y los 90 restantes son reformas de la seguridad nacional, interior, defensa, derecho penal con facultades concentradas en el Poder Ejecutivo”, señaló Lorena Pokoik. Y se fueron sumando críticas a diferentes puntos como por ejemplo la habilitación de derribos, se les quita la responsabilidad de las decisiones militares en la cadena de mando. “Esto es una especie de obediencia debida pero al revés. Nadie es responsable”, dijo el diputado Agustín Rossi.

“Todo esto nos parece que, aunque dicen que hay una intencionalidad de diferenciar la seguridad interior de la seguridad nacional, nos parece difuso. Según la norma la inteligencia nacional la tiene que definir este consejo. Está el ministerio de Defensa, el de Economía ¿cómo aparecen las responsabilidades? ¿Quién hace la investigación?, y es peligroso porque no queda claro en qué rol queda la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia”, agregó.

Ibarzabal defendió el proyecto y señaló que la situación actual “requiere una mirada más comprensiva e integral de las amenazas externas, con la posibilidad de tomar acciones concretas, que nos permita hacernos respetar”.

Respecto a las posibilidades de una “amnistía” a las empresas, la funcionaria hizo referencia a que “si tenemos una ley que solo establece la inhabilitación, si no permitimos algún régimen de desistimiento, no estamos poniendo los incentivos en el lugar adecuado. Si dejan de invertir en Malvinas es un éxito porque necesitamos que los proyectos se caigan”.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió sobre la falta de claridad y la “vaguedad” que presenta el proyecto de ley y que, además, le pidió que presente “los dictámenes de este proyecto de Cancillería, del Ministerio de Defensa, etc. Creemos que el título 1 puede canalizarse por las comisiones respectivas.

Pero, a pesar de las críticas opositoras, y del silencio del bloque de La Libertad Avanza que no hizo ninguna referencia en toda la reunión de Comisión salvo, Silvana Giudici, que fustigó a la oposición y defendió el texto “como la ley más importante que presentó este gobierno”, la funcionaria se mantuvo en su posición.

“Entendemos que el título 1 no se puede tratar separado del resto de los títulos, para poder defender las islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes sino también que el Estado nacional tenga y nosotros como argentinos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra”.

Los últimos en la lista como oradores fueron Mónica Frade (CC) y Myriam Bregman del bloque de la izquierda. Sin embargo, ambas se retiraron de la comisión acusando al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quien definió ponerlas al final de la lista de oradores a pesar de ser de las primeras legisladoras que ingresaron a la sala.

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Entradas truchas: Bisignano ofreció 30 mil dólares a repartir entre los bahienses estafados

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Las bahienses Frany y Martina Pérez, junto con Julián Bisignano, participaron hoy de una audiencia de mediación en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC), a cargo de la doctora Soledad Munguía. La instancia fue convocada a pedido del fiscal Gustavo Zorzano en la causa por presunta estafa con entradas falsas que afecta a más de 200 personas.

En la reunión, Bisignano presentó una propuesta de 30 mil dólares a pagar en 18 cuotas a repartir entre todos los damnificados. En tanto, las hermanas Pérez no realizaron ningún ofrecimiento reparatorio, al manifestar que se consideran víctimas de Bisignano.

Al tratarse de una instancia de mediación, la falta de acuerdo por parte de una sola de las víctimas impide cerrar el proceso por esta vía. Diversos damnificados rechazaron la oferta, por lo que las actuaciones regresarán a manos del fiscal Zorzano.

A partir de este escenario, la querella o la fiscalía pueden solicitar la citación a declaración indagatoria de los acusados. La resolución sobre esta medida depende del fiscal de la causa.

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