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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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La provincia de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial de la Salud Mental hasta 2029

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La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), en reconocimiento a las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar el acceso a los tratamientos y fortalecer los dispositivos comunitarios destinados a personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

La distinción internacional surgió de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por el Gobierno bonaerense, que puso el foco en los avances alcanzados durante los últimos años, especialmente en la incorporación de servicios de salud mental a los hospitales generales, la reducción de las internaciones prolongadas y el desarrollo de estrategias de prevención.

La Federación Mundial de Salud Mental es una organización fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Referencia internacional

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el reconocimiento ubica a Buenos Aires como una experiencia de referencia internacional en la transformación de los sistemas públicos de atención, mediante un modelo que busca reemplazar progresivamente el aislamiento y las internaciones prolongadas por cuidados integrales dentro de las comunidades.

Uno de los principales avances señalados por la Provincia es la ampliación de la capacidad de atención en hospitales generales. Al comienzo de la actual gestión, solamente 11 establecimientos provinciales estaban preparados para atender urgencias e internaciones vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales de la red bonaerense.

Para alcanzar ese objetivo, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a internaciones por motivos de salud mental y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados en esos establecimientos. Además, se impulsó la conformación de mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses.

“La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, sostuvo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, al destacar los resultados de las políticas desarrolladas.

Del encierro a la atención comunitaria

Otro de los ejes centrales de la transformación fue el proceso de desinstitucionalización, orientado a garantizar que las personas con padecimientos mentales puedan recibir atención y desarrollar sus proyectos de vida dentro de sus comunidades.

En ese marco, la Provincia pasó de contar con 74 viviendas con apoyo en 2020 a disponer de 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas integradas a la comunidad, como alternativa a las internaciones prolongadas en instituciones especializadas.

Según los datos oficiales, por primera vez la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a quienes permanecen internadas en sectores crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales.

El proceso permitió reducir un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y avanzar en el cierre definitivo de 28 de los 35 pabellones destinados a ese tipo de atención. Parte de esos espacios fueron reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

La transformación también estuvo acompañada por un incremento del 37,5% en los recursos humanos destinados a tareas de atención, prevención, cuidado y acompañamiento.

En paralelo, se desarrolló una red territorial que actualmente cuenta con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se suman 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

La expansión de estos servicios implicó la incorporación de más de 2.000 trabajadores a la red, con el propósito de acercar la atención a los lugares donde viven las personas y evitar que los tratamientos dependan exclusivamente de instituciones especializadas.

Prevención y acompañamiento de los jóvenes

Las políticas de promoción y prevención también ocuparon un lugar destacado en la evaluación internacional, particularmente aquellas destinadas a las infancias y juventudes.

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, el Gobierno bonaerense desarrolló actividades en 3.580 escuelas de los 135 municipios, que alcanzaron a 635.000 estudiantes.

La iniciativa incluyó más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos y, según los relevamientos provinciales, el 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres.

Las actividades buscan generar espacios de escucha, fortalecer los vínculos entre pares, prevenir situaciones de sufrimiento y promover el acompañamiento temprano, evitando la estigmatización de los problemas de salud mental.

En esa misma línea, durante 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, integrado por representantes de centros de estudiantes, organizaciones juveniles, universidades, escuelas secundarias y programas como Envión.

El objetivo es incorporar las experiencias y propuestas de los propios jóvenes al diseño de las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

La prevención del suicidio, entre las prioridades

Frente al crecimiento de la demanda de atención, la Provincia también fortaleció las estrategias de prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Más de 4.500 trabajadores del sector público participaron de instancias de formación sobre prevención y abordaje de esta problemática, mientras que se elaboraron herramientas destinadas a equipos de salud y gobiernos municipales.

Entre las medidas se encuentran una nueva guía clínica para servicios de urgencias, hospitales generales y centros de atención primaria, además de recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación para promover un tratamiento responsable de la problemática.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a detectar tempranamente situaciones de riesgo y fortalecer las redes de acompañamiento comunitario.

Un reconocimiento y nuevos desafíos

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental permitirá a Buenos Aires ampliar los intercambios internacionales, desarrollar instancias de formación y cooperación y compartir experiencias de gestión con otros gobiernos e instituciones.

Sin embargo, las autoridades provinciales remarcaron que el reconocimiento no implica que la transformación del sistema haya concluido, sino que representa un respaldo al camino recorrido y un compromiso para sostener los cambios.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, afirmó Kreplak.

En ese sentido, la Provincia buscará consolidar los avances mediante el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que establece como prioridades continuar con la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de cuidados y ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos.

El programa también contempla una mayor participación de usuarios, familiares y organizaciones sociales en la construcción de políticas sanitarias.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico en Olavarría

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Parque Eólico La Rinconada, que se desarrollará a unos 40 kilómetros de Olavarría. La iniciativa, a cargo de la empresa Vientos La Rinconada S.A.U., contempla una inversión total de US$ 230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW).

Según establece la resolución, el parque tendrá como objetivo principal abastecer el proceso productivo de la siderúrgica Siderca S.A.I.C., ubicada en Campana. Para ello, se conectará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) a través de la nueva Estación Transformadora La China, de Transba, situada en un predio lindero al Parque Eólico Viento de Olavarría.

Del monto total declarado, US$ 218,2 millones corresponden a inversiones en activos computables, cifra que supera el mínimo exigido por el RIGI para los proyectos del sector energético. La empresa también informó que destinará US$ 110,6 millones a esas inversiones durante el primer año y otros US$ 1,4 millones en el segundo.

La iniciativa cuenta con una prioridad de despacho de 91,5 MW adjudicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Además, el organismo elaboró un informe sobre el impacto que tendrá el proyecto en la sustitución de importaciones de energía y combustibles para el Mercado Eléctrico Mayorista.

La resolución también establece que la firma deberá acreditar, durante el primer y segundo año desde la notificación de la medida, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 40% del monto mínimo requerido para el sector energético. En tanto, fijó el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido.

La empresa, por otra parte, no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de las divisas provenientes de cobros de exportaciones, dado que el proyecto está destinado al abastecimiento energético de Siderca y no prevé exportaciones.

Fuente: Agencia DIB

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Cae la proporción de alcoholemias positivas en las rutas bonaerenses

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La proporción de alcoholemias positivas en los controles viales de la provincia de Buenos Aires bajó del 5% al 1,24%, según el balance difundido por el Ministerio de Transporte. Entre el inicio de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se realizaron 622.834 testeos en 5.075 operativos, que permitieron detectar 7.745 conductores con alcohol en sangre.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense en el marco del Día Mundial sin Alcohol, como parte del balance de las políticas de prevención y seguridad vial implementadas en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos de la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los principales indicadores de la gestión de Martín Marinucci fue la reducción de la positividad en los controles de alcoholemia. El porcentaje pasó de aproximadamente el 5% a ubicarse en torno al 1,2%, desde que asumió ese funcionario a principios de 2025 hasta fines de octubre de este año.

Cabe recordar que desde principios de 2023 rige en la provincia de Buenos Aires la ley N° 15.402 de Alcohol Cero, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen en todo el distrito. En la actualizad, la multa por conducir alcoholizado puede costar entre $702.000 y $2.340.000.

El despliegue del Ministerio de Transporte

Como parte del despliegue territorial, el Ministerio entregó alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses para ampliar la capacidad de fiscalización local y fortalecer los controles en coordinación con los gobiernos comunales.

También incorporó cámaras digitales y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, destinados a detectar infracciones y conductas de riesgo, como el uso del teléfono celular durante la conducción y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

El esquema se complementa con operativos dinámicos en distintos puntos del territorio, jornadas de concientización en establecimientos educativos y capacitaciones para agentes municipales.

En ese contexto, Marinucci sostuvo que la política de Alcohol Cerobusca modificar los hábitos de conducción y destacó la importancia de mantener los controles en las rutas bonaerenses. Según señaló, la prevención no depende únicamente de las fiscalizaciones, sino también de la educación vial y de la articulación con los gobiernos locales.

Fuente: Agencia DIB

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