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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Versiones cruzadas entre el Gobierno y el PRO sobre las diferencias que demoran un acuerdo electoral

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“Estamos lejos del acuerdo electoral”, admitió el diputado Cristian Ritondo durante la última reunión de la mesa quincenal en Casa Rosada entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde ambos partidos aseguran que es muy precipitado hablar de una alianza de cara a 2027, aunque por lo bajo descuentan que llegarán a un entendimiento en función del objetivo de la reelección del presidente Javier Milei.

Pese a la buena sintonía entre las fuerzas, hubo un punto que ambos espacios se ocuparon de remarcar: la reunión no tiene carácter electoral. La aclaración llegó tras el cuarto encuentro, que volvió a mostrar las diferencias que persisten entre ambos espacios. Durante el intercambio, Ritondo y Fernando De Andreis trasladaron su malestar por la decisión del Gobierno de incluir el ajuste en discapacidad en el Presupuesto 2027.

“Recién nos estamos poniendo de novios. Ahora nos conviene a todos patalear. Si nos mostramos acuerdistas ahora, qué hacemos el año próximo. El casamiento es el acuerdo”, graficó un funcionario ante Infobae.

Por su parte, desde Uspallata remarcaron que es apresurado abordar las conversaciones electorales y postergaron la definición. “Las elecciones son en agosto del 2027, si hay PASO, sino en octubre. Las alianzas electorales no se hacen con tanta anticipación. Falta mucho para esas conversaciones”, señalaron a este medio desde el PRO.

En paralelo a las estrategias electorales, la discusión convive con otro frente que el oficialismo considera determinante para avanzar en el vínculo con el PRO: la interna entre los primos Jorge y Mauricio Macri, que parece no ordenarse.

En Casa Rosada repiten desde hace meses que los contrapuntos entre los Macri complejizan el canal de diálogo, por lo que esperan que los primos ordenen sus diferencias antes de avanzar en una discusión electoral.

“Primero tenemos que ver qué hacen con las leyes para adelante. En el fondo, se esconde que no tienen resuelto el debate por la Capital”, expresó una fuente oficial respecto a las diferencias de criterios. “Ahí el principal problema es Mauricio”, diagnosticó otra voz del oficialismo.

En el campamento amarillo negaron las versiones de distanciamiento y las atribuyeron a “rumores o comentarios en off del Gobierno”. “¿Quién dijo que tienen diferencias? ¿Lo dijo Mauricio? ¿Lo dijo Jorge?“, se preguntaron desde el entorno del jefe de Gobierno.

Otro de los puntos de tensión pasa por el pedido del PRO de preservar los territorios donde gobierna. Desde el partido amarillo reclaman que esos lugares sean respetados en un eventual acuerdo, mientras que en La Libertad Avanza avanzan con la intención de expandirse y disputar espacios donde el macrismo no tenga buena valoración.

Sin embargo, el apoyo a la reforma electoral que la administración libertaria aspira a tratar antes de fin de año abre otro frente de discusión: los dirigentes del PRO todavía debaten si acompañar o no la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La misma lógica guía, según su entorno, la negociación que Karina Milei mantiene con los gobernadores: “Los acuerdos se hacen post reforma”.

En medio de las conversaciones, el ex presidente Mauricio Macri reapareció en el norte del país. Sus movimientos generan interpretaciones contrapuestas en el oficialismo: por un lado, habilitó a sus diputados a entablar el canal de diálogo con La Libertad Avanza, y por el otro, respalda la candidatura presidencial de Hernán Lacunza.

Desde Jujuy, Macri aseguró que el partido que fundó respaldó al Gobierno “como nunca nadie lo hizo”, pero planteó que el actual superávit fiscal “es de mala calidad”. “También faltan buenos equipos”, se lamentó, en la reiteración de una crítica que mantiene desde hace tiempo.

Sus cuestionamientos volvieron a generar malestar entre los libertarios, que acusaron a Macri de haber perdido el capital político, pero no su “capacidad de daño”.

“Macri es Bonnie Blue”. La definición, deliberadamente provocadora, sintetiza la lectura que hacen en el entorno presidencial sobre el rol que conserva el ex mandatario. “Cerramos o estamos próximos a cerrar con los tres gobernadores por separado, el 80% del bloque lo maneja Cristian, que está adentro, y de los tres senadores, dos renuevan. En 2027, solo va a tener un diputado y un senador”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Para graficar esa la situación, en uno de los despachos de Balcarce 50 apelaron a un episodio ajeno a la política nacional. “Mauricio tiene la impunidad de no cobrar nada”, expresó un integrante del Ejecutivo, que reprodujo además el reciente clip en el que Gastón Gaudio negó haber recibido ayuda del ex presidente en su candidatura para conducir Independiente. “No hace nada por el otro, solo lo que le conviene a él”, se escucha decir al ex tenista en el video.

La negociación entre los dos partidos no se agota en la discusión por un eventual entendimiento de cara a los comicios presidenciales del año próximo. En ese diálogo también están en juego las disputas internas de cada espacio, los apoyos legislativos y el rol de Mauricio Macri, mientras el acuerdo de cara a 2027 todavía parece lejano.

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El peronismo saldó sus diferencias y aprobó medidas contra la morosidad en la provincia de Buenos Aires

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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a cuatro proyectos para regular los créditos de consumo, limitar las cobranzas abusivas y crear mecanismos de reestructuración de deudas. Las iniciativas pasarán al Senado bonaerense en un escenario de aumento de la mora: el Banco Central de la República Argentina informó que la irregularidad de los préstamos a familias llegó al 12,8% en junio de 2026, y en julio subió al 12,9%, según datos difundidos posteriormente.

La aprobación fue con el voto del bloque de Fuerza Patria y el acompañamiento tanto de los bloques dialoguistas Nuevos Aires como de Unión y Libertad. En consonancia con la línea esgrimida por el Gobierno nacional sobre esta temática -que es un problema entre privados- el bloque de La Libertad Avanza rechazó los textos. El PRO hizo lo propio en los proyectos. “Hay una clara injerencia de la Provincia sobre cuestiones que son federales”, dijo el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

Una de las objeciones que emanaron fue sobre el proyecto del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, ante la potestad que se le otorga a la Defensoría del Pueblo de la provincia para generar instancias prejudiciales y crea crear un régimen de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, si bien los distintos sectores del oficialismo presentaron diversas iniciativas con el objetivo de atacar la morosidad, el bloque peronista llegó a la sesión con algunos matices que se habían exteriorizado el último viernes en un plenario de comisiones. Fue, puntualmente, por el proyecto de Tignanelli. La iniciativa prevé una instancia gratuita y obligatoria ante la Defensoría del Pueblo bonaerense antes de que se inicien acciones judiciales de cobro. En los plenarios de comisiones, la diputada Ana Luz Balor de Fuerza Patria había considerado que su posición era proclive a dejar la autoridad de aplicación a “los órganos locales”, porque la Defensoría del Pueblo tenía “otras tareas”.

Balor fue impulsora de otro proyecto que este martes también se aprobó, luego de unificarse con una iniciativa de su compañera de bloque Noelia Saavedra, quien responde políticamente a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

“No corresponde a nosotros la resolución del problema porque obedece a medidas macro, quizá corresponde a nosotros poder llevar algo de alivio a las familias bonaerenses. Nadie dice que la toma de crédito sea mala. El tema es para qué tomamos crédito. Acá no estamos hablando de toma de crédito para gastos suntuarios. La gente está endeudándose para comer”, dijo Balor.

En la misma línea se pronunció su presidente de bloque. Tignanelli cerró el debate y planteó que “el problema que existe hoy en la Argentina es que no hay plata, no hay salario. Los trabajadores tienen que tener hasta dos o tres trabajos para poder, con suerte, llegar a fin de mes. Y cuando no llegan a fin de mes, toman deuda para comprar alimentos, vestir a sus hijos y sostener el nivel de vida que venían trayendo. Entonces, probablemente estas herramientas jurídicas armadas en la urgencia y dando respuesta a un problema probablemente sean un parche en la situación que están viviendo los argentinos y en este caso, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. No va a ser la solución definitiva”.

En su intervención, Tignanelli también se refirió al rol que tendría la Defensoría del Pueblo que comanda Guido Lorenzino en el desarrollo de una instancia prejudicial. “Si el artículo 38 de la Constitución dice que la Provincia proveerá a la educación para el consumo y el establecimiento de procedimientos eficaces y el Defensor del Pueblo de la Provincia es un organismo de la Constitución que entre sus funciones tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, va de suyo que tiene habilitada la posibilidad de esta instancia prejudicial obligatoria o de reclamo previo obligatorio. Digo porque hay una lectura quizá caprichosa o cortada de la Constitución y hay que leerla en forma integral”. También detalló que en el municipio de La Matanza, de donde es, “uno de cada tres matanceros están endeudados”. Además, espera que las iniciativas ahora se aprueben en el Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora, Verónica Magario.

Así, las diferencias internas que habían emergido la semana pasada por estos proyectos y puntualmente por la iniciativa de Tignanelli, que es uno de los responsables políticos de La Cámpora en territorio bonaerense, quedaron matizadas. Sin embargo, Balor, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo la posición planteada en el plenario de comisiones.

Además, la iniciativa unificada de las diputadas Balor y María Noelia Saavedra y de los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli —todos de Fuerza Patria- propone modificaciones a la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. El proyecto aprobado busca reforzar la protección durante la contratación y ejecución de créditos, regular la publicidad de productos crediticios y prevenir el sobreendeudamiento mediante herramientas de información y educación financiera. También, incorpora disposiciones para créditos otorgados por plataformas digitales, como la obligación de explicitar las decisiones automatizadas y la posibilidad de requerir una revisión humana.

También se aprobó otra iniciativa que unifica proyectos de Balor y de la diputada del bloque UCR Cambio Federal, Silvina Vaccarezza. Ese texto se centra en la prohibición del hostigamiento y del trato indigno durante los reclamos extrajudiciales de deudas. La propuesta, según sus autoras, apunta a establecer resguardos para las personas deudoras frente a prácticas de cobranza abusivas y contempla medidas de protección para quienes atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.

Otro de los proyectos que se aprobó fue el que se forjó a partir de las iniciativas de los diputados Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli que fueron reunidas en un proyecto que plantea modificar la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de consumidores sobreendeudados. La propuesta también prevé la creación de un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo, con el objetivo de ofrecer mecanismos para abordar situaciones en las que las obligaciones financieras superan la capacidad de pago de las personas. La Libertad Avanza rechazó todos los proyectos.

“Algunos proyectos se contradicen; en dos expedientes generamos dos herramientas distintas, el 3108 te obliga a agotar instancias en la Defensoría del Pueblo, pero en el 354 se le debe permitir ir al juez sin la necesidad de tramitar previamente el procedimiento administrativo. Acordemos el procedimiento”, planteó la diputada Romina Braga de la Coalición Cívica. Su bloque se abstuvo y la legisladora consideró que “muchas de estas tomas de deuda terminan en apuestas, en el juego online y en la ludopatía; espero que pronto podamos hablar de un proyecto que ataque esta problemática”. La discusión seguriá en la Cámara alta.

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Antes de viajar a Francia, Milei envió un mensaje para los inversionistas y comparó a la oposición con los Hermanos Macana

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El presidente Javier Milei habló en la previa de la Argentina Week París que se está desarrollando durante esta semana en la capital de Francia e invitó a los empresarios a invertir en el país. Además, volvió a cuestionar a la oposición y los comparó con dos personajes de la popular serie animada Los Autos Locos.

En diálogo con el diario Le Point, el mandatario argentino aseguró que las empresas que integran el CAC 40, en referencia a las firmas más importantes de Francia, deben confiar en el gobierno porque “defendemos los derechos de propiedad y la inviolabilidad de los contratos”.

Y agregó: “Cuando asumí el cargo, las deudas a corto plazo del Banco Central y del Tesoro eran enormes. Cualquier político convencional habría impuesto un impago o saqueado a los ahorradores. Nosotros, en cambio, lo gestionamos todo según las condiciones del mercado. Redujimos la deuda pública del 100% al 40% del PIB, y nuestro financiamiento para este año y el próximo está totalmente garantizado. ¡Los inversionistas franceses son bienvenidos a venir y hacer fortuna en Argentina! Sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”.

En tanto, sobre los cuestionamientos de la oposición por las políticas que viene llevando adelante la administración libertaria, Milei remarcó: “Bajo el gobierno kirchnerista, las acciones de nuestra petrolera YPF cayeron a 3 dólares. ¡Hoy superan los 50! Nuestro balance energético ha pasado de un déficit de 5.000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones”.

“No voy a perder el tiempo con idiotas que afirman que dos más dos es igual a 257.894. ¿Recuerdan a los hermanos Roc y Gravillon de Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con palos? Así son los rivales en Argentina. ¡Denles un ábaco para sumar y aun así se las arreglarán para equivocarse!”, señaló.

El viaje tiene una agenda densa. La Argentina Week París se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa, con paneles sobre energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica. Milei viaja acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Salud, Mario Lugones. El jueves, el Presidente tendrá una audiencia privada con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, y el viernes recibirá un premio del Paris Economic Forum.

También forman parte de la delegación 13 gobernadores aliados: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). Según informó Infobae, Santilli ya confirmó que los recibirá a todos en París para avanzar en conversaciones sobre el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO.

En ese contexto, la entrevista con Le Point, Milei expresó su entusiasmo por participar en una conferencia junto al economista Philippe Aghion, galardonado con el Premio Nobel de Economía 2025 junto a Peter Howitt por sus contribuciones a la teoría del crecimiento y la destrucción creativa. “Es una inmensa alegría y un privilegio”, declaró el mandatario, quien lo equiparó a jugar al fútbol con Lionel Messi o Zinedine Zidane.

Sobre el estado de la economía europea, Milei fue categórico. Ante la pregunta de si mantiene su diagnóstico del año pasado —que las regulaciones del bloque frenan el crecimiento—, respondió con otra pregunta: “¿Ha recuperado Europa el crecimiento? ¿Ha eliminado las regulaciones? ¡No, ha añadido más!”. Calificó a los líderes de la Unión Europea como “socialistas de modales impecables” y afirmó que sus programas “encarnan el desprecio por la libertad”. En materia migratoria, trazó una distinción tajante: “Si los inmigrantes no se integran en la cultura del país de acogida, no se trata de inmigración, sino de una invasión”.

Por último, habló sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, bloqueado durante 25 años en parte por la resistencia del agro francés a la competencia de carnes y soja sudamericanas. Milei atribuyó el desbloqueo de las negociaciones a su propia intervención: “Desde mi llegada, dije: ‘O avanzamos, o me voy’. Y por fin las cosas empezaron a moverse”. Ante los agricultores que temen la competencia, planteó el argumento en términos de poder adquisitivo: “¿Por qué obligar a los franceses a pagar más por sus alimentos cuando pueden comprarlos más baratos? ¡Es un robo! Afirmar que el libre comercio conduce a la pobreza es un retroceso a la mentalidad de los hombres de las cavernas”.

Sobre qué haría Argentina si el pacto no se ratifica, el Presidente evitó especular y reencuadró la respuesta en términos estructurales. Señaló que el país tiene una tasa de apertura comercial del 30% del PIB, cuando a su juicio debería ubicarse en torno al 90%, y que su objetivo es abrir la economía “a todos”, sin distinción de bloques: Europa, Estados Unidos o China.

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