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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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“Nunca mintió”: la consejera escolar vinculada a falso testimonio por violación se defendió con su abogada

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La dra. María Fernanda Petersen, quien representa a Fiorella Damiani, aseguró que “denunció lo que vivió”. Fue a través de redes sociales que la letrada se enfocó en el rol de la mujer en estos episodios. “No podemos mantenernos calladas, mucho menos cuando se está incurriendo en inexactitudes sobre lo realmente sucedido”, afirmó

Además de los hechos en cuestión, la abogada también subrayó la conducta que los implicados sostuvieron una vez que el episodio volvió a cobrar notoriedad.

“Desde que se realiza la denuncia, (la actual consejera escolar por La Libertad Avanza) se presenta a diferentes entrevistas periciales, responde al llamado jurisdiccional cada vez que fue requerida, y en ese contexto se han analizado los diferentes elementos probatorios”, aclaró

Petersen también advirtió que mientras Damiani se mantuvo en silencio durante el trámite de la causa, la otra parte (en referencia a la defensa de los dos jóvenes) “ha realizado siempre una exposición mediática”.

En definitiva, la abogada que representa a la consejera escolar tildó de “injustas y categóricas las afirmaciones ” realizadas en relación a una supuesta falsa denuncia de abuso sexual.

 

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Más de una decena de despidos dejó la motosierra nacional en Bahía (hasta ahora)

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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguraron que ya superaron largamente la decena de trabajadores cesanteados que tenían contrato en dependencias nacionales.

ATE enumeró no le renovaron el contrato a 2 empleados de ANSES, 3 de la Agencia de Seguridad Vial, 2 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y 9 de Vialidad Nacional.

Desde el gremio de los trabajadores estatales, además, sostuvieron que seguían atentos a la posible llegada de más telegramas de despido. En ese contexto confirmaron un paro para miércoles 3 de abril

Se recuerda que la administración de Javier Milei decidió en diciembre cambiar el esquema que venía de gobiernos anteriores. En consecuencia, en lugar de renovar contratos por un año, lo hizo por tres meses. Por eso ahora, fines de marzo, se observan estos recortes que podrían extenderse a lo largo de 2024.

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Patagones: firma de convenio con CORFO

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Desde el distrito maragato informaron que el intendente, Ricardo Marino, sostuvo una reunión en su despacho con autoridades de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado

El jefe comunal, entonces, recibió al administrador de CORFO, Ramiro Vergara; quién estuvo acompañado por el Gerente Administrativo y el Gerente Técnico de la entidad, los doctores Juan Pablo Lozano y Miguel Monje, respectivamente.

En ese contexto, se terminó de rubricar la firma del contrato de comodato entre la Corporación y la municipalidad maragata, en el marco del Convenio Marco de Acuerdo de Colaboración mutua

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