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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Opositores logran votar dos emplazamientos sobre Universidades y Garrahan rechazados por el Gobierno

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Los bloques opositores lograron votar hoy en la Cámara de Diputados, con la ayuda de aliados de la Libertad Avanza (LLA), los emplazamientos a las comisiones para emitir la próxima semana dictámenes sobre los proyectos de aumentos de los recursos para las universidades y de declaración de emergencia del hospital Garrahan.

Uno de los datos de la sesión fue que el emplazamiento para tratar el aumento de las universidades fue avalado por dos diputados del PRO;  dos radicales “peluca” de Liga del Interior, la libertaria Marcela Pagano, Producción y Trabajo, de Independencia y de Innovación Federal.

La aprobación de estas medidas para acelerar el debate se produjo en medio de una tensa sesión que luego terminó en un escándalo, con empujones entre los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP), lo que obligó a levantar la sesión.

Uno de los primeros temas que se abordó fue el pedido de la diputada de UxP Blanca Osuna para tratar sobre tablas el presupuesto universitario que resultó negativo, ya que se obtuvieron 140 a favor y 90 en contra, con lo cual no se alcanzaron los dos tercios, pero luego el emplazamiento fue aprobado por 168 a 61.

Osuna dijo que lamentó que hace un año no se puedo insistir con el veto al aumento de los recursos a las Universidades y destacó que es prioritario “mejorar los salarios de los educadores del nivel universitario tanto docente como no docente”.

Los diputados del PRO que respaldaron el proyecto fueron Héctor Baldassi y Sofia Brambilla, quienes no solo lo hicieron para acelerar el debate de esa propuesta sino que respaldaron el tratamiento sobre tablas.

En cambio,  los radicales con “peluca” Martín Arjol y Mariano Campero se opusieron al tratamiento sobre tablas pero votaron a favor que se emita dictamen en las comisiones, mientras que la libertaria Marcela Pagano solo avaló el emplazamiento.

Por su parte, los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone se abstuvieron en el tratamiento sobre tablas pero luego votaron a favor.

También respaldaron el emplazamiento los radicales de la bancada de la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Unión por la Patria.

En contra estuvieron los legisladores de LLa -con excepción de Pagano-, la mayoría de los del PRO, Creo, Somos Fueguinos y una diputada del MID, Cecilia Ibañez.

Posteriormente, el diputado de UxP Pablo Yedlin propuso tratar sobre tablas la declaración de emergencia sobre el Garrahan y también resultó negativa por no tener los dos tercios, al conseguirse 146 votos negativos contra 85, pero luego el emplazamiento se votó por 164 a 66 votos.

Yedlin planteó la necesidad de acelerar el debate sobre la situación en el Garrahan ya que este proyecto “viene a asegurar un presupuesto digno al hospital y propone condiciones dignas para que el hospital trabaje”.

En tanto, el diputado y médico Facundo Manes señaló que no es que “falte plata” sino que hay un gobierno que “pone mas recursos en organismos de inteligencia para influir en periodistas y pagar trolls en redes sociales”.

En esta votación, los dos diputados del MID Zago y Falcone lo hicieron a favor del tratamiento sobre tablas, y lo mismo hicieron el misionero Alberto Arrúa y la salteña Vega.

En el caso de los radicales con “peluca” de la Liga del Interior, se sumaron a favor de tratar la situación del hospital Garrahan

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Los jubilados volvieron a marchar al Congreso y rindieron homenaje al fotógrafo Pablo Grillo

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Organizaciones de jubilados volvieron a marchar este miércoles en las inmediaciones del Congreso y brindaron un reconocimiento a Pablo Grillo, el fotoperiodista que había sido gravemente herido el 12 de marzo último durante la represión policial y que recibió el alta médica a comienzos de junio.

Como todos los miércoles, los jubilados se movilizaron en reclamo de un aumento en los haberes previsionales mínimos y la suba del bono de 70 mil pesos que otorga el Anses, además de la demanda por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector.

La marcha estuvo fuertemente cuestionada por efectivos policiales, que interrumpieron el tránsito en la avenida Callao, y tuvo lugar mientras puertas adentro del Congreso, en la Cámara de Diputados, los legisladores protagonizaban un escándalo que tuvo como protagonista al libertario José Luis Espert.

El eje de la movilización de este miércoles fue la presentación formal de la “Campaña Un Millón de Firmas por los Jubilados”,  que apunta a reunir adhesiones para respaldar una serie de reclamos para el sector previsional.

“¡Se siente, se siente, Grillo está presente!”, corearon los jubilados durante la movilización, a la que se sumaron organizaciones de izquierda como el PTS y el Partido Obrero.

En efecto, el dirigente Nicolás del Caño se sumó a la marcha después de haber dejado su banca para Juan Carlos Giordano, en cumplimiento de la política de rotación del Frente de izquierda.

“Las bancas rotan, pero el compromiso con las luchas es permanente”, destacó el Frente de Izquierda desde sus redes sociales.

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Con Máximo Kirchner, Grabois y la izquierda, reclamaron la libertad de los detenidos por el escrache a Espert

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Con Máximo Kirchner, Juan Grabois y Myriam Bregman entre los asistentes, se realizó hoy una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para reclamar la liberación de los cinco militantes kirchneristas, entre ellos Alesia Abaigar, que fueron parte del escrache al diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert.

En el despacho principal de Unión por la Patria en el tercer piso del Palacio Legislativo, estuvieron los los abogados Diego Molea y Bienvenido Basalo, y familiares de los detenidos.

Molea, que además de letrado es rector de la universidad nacional de Lomas de Zamora, recordó que las detenciones de los cinco militantes, cuatro de ellos mujeres, tiene como antecedente el insulto furibundo de Espert contra Florencia Kirchner en una conferencia que tuvo lugar el 11 de junio en la Universidad Católica Argentina.

Es una hija de la gran puta”, vituperó aquel día el economista libertario en alusión a la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por esos dichos agraviantes, Espert fue repudiado en el acto por estudiantes de la UCA y tuvo que retirarse para evitar que la situación escalara.

Cualquier persona de bien se ofusca por esas barbaridades. La verdad es que decir esas cosas de una mujer, de una joven, de cualquier persona, en un ámbito universitario, soy rector de una universidad, nunca lo he visto. Ante eso, se reacciona de una manera y hay otros que supuestamente reaccionan de otra manera”, dijo sobre el escrache por parte de los militantes que se organizaron para depositar bosta en la vereda de la casa de Espert.

El abogado señaló que ese hecho constituye a lo sumo una contravención, pese a lo cual el juzgado federal de San Isidro en cabeza de Sandra Arroyo Salgado tomó la acusación de Espert y dictó la detención de Alesia Abaigar.

“La justicia federal de San Isidro toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto preocupan y nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo”, cuestionó Molea.

Abaigar, de 36 años, licenciada en Ciencias de Comunicación, funcionaria en el Gobierno bonaerense, profesora de yoga y militante de la agrupación La Lealtad, la mantuvieron incomunicada en la cárcel de Ezeiza, con prisión preventiva.

El caso se agrava por el hecho de que la joven militante sufre una enfermedad autoinmune muy extraña que solo afecta a 50 personas en el país.

También fue detenida en las mismas condiciones que Abaigar, tras un allanamiento, la militante kirchnerista y concejal de Quilmes de 40 años Eva Mieri.

Luego quedaron detenidos por la Policía Federal con orden de la Justicia Candelaria Montes Cató, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi.

“No puede haber personas detenidas por este hecho de ninguna manera. Entonces lo primero que venimos a plantear, lo primero que venimos a sostener es que tienen que liberar a estas personas detenidas. Por eso hoy nos presentamos desde un lugar institucional, con las familias a exigir inmediatamente la libertad”, sostuvo Molea.

También anticipó que van a “investigar el abuso del poder” de la Justicia y pedirán al Consejo de la Magistratura que analice estas “conductas judiciales”.

“Alesia está en la cárcel de César. Hoy la llevaron y la trasladaron esposada, encadenada al piso, a tribunales para que le hagan una pericia sobre su enfermedad. Y no sabemos lo que pasa con los otros detenidos porque están incomunicados. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que nosotros venimos a plantear que se tiene que resolver de manera inmediata”, planteó el letrado.

Por último, Molea le dedicó unas palabras a Espert, de quien dijo que debería exigir la liberación de los militantes detenidos.

“El diputado Espert que dice ‘plomo, bala o a la cárcel’, que dice que hay que ”clavar cajones’, que dijo la barbaridad que dijo en una universidad, ¿se siente amedrentado porque le tiraron caca en la vereda? José Luis Espert tendría que estar acá también sentado pidiendo la libertad de estos detenidos”, insistió.

“Esto es algo de una gravedad institucional absoluta y no visto en los últimos años. Se están corriendo límites que no pensábamos o teníamos miedo de que alguien se atreva tanto”, remató.

En la conferencia de prensa estuvieron, entre otros dirigentes políticos, además de los mencionados Kirchner, Grabois y Bregman, los diputados nacionales Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau, Carolina Gaillard, Rodolfo Tailhade, Vilma Ripoll, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Mercedes de Mendieta, Carlos Castagnetto, Vanesa Siley, Agustina Propato, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Luana Volnovich, Matías Molle, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Sabrina Selva; las senadoras Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti; los dirigentes Nicolás del Caño, Martín Sabbatella, Leonardo Grosso y Pablo Miceli; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

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