El encuentro fue realizado en las últimas horas por el Puerto de Bahía Blanca, junto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Naciones Unidas.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años”, señaló el Consorcio de Gestión a través de un comunicado.
En este contexto, en el año 2015, Argentina se comprometió a implementar la Agenda 2030 y es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de Presidencia de la Nación, el organismo responsable de coordinar la implementación de dicha agenda y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, es el encargado de organizar los canales institucionales de articulación que permitan consolidar el trabajo que llevan adelante los distintos actores en la implementación de los ODS, la adaptación de las metas e indicadores de seguimiento, y el alineamiento de las políticas que se ejecutan para su consecución.
En las jornadas de hoy estuvieron presentes Federico Susbielles, Presidente del CGPBB, Alberto Stella, Coordinador Residente Interino de la ONU, Marisol Merquel, Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Matías Sotomayor, Director de Dirección General de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Paola Bohorques, Directora de Asuntos Sociales y Económicos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
“Hay una manera de entender el desarrollo para poder por un lado incluir y por otro, sostener y cuidar nuestro ambiente de cara al futuro. El desafío que uno observa es poder anclar acciones y los objetivos de la agenda global en la política local. Es la decisión política de hacer una ciudad que se rija por estos principios”, señaló Susbielles.
Por su parte, Marisol Merquel explicó que “es importante entender cuál es el rol que la agenda 2030 cumple no solamente en la actualidad, sino a mediano plazo y a largo plazo. Comprender que la agenda y la implementación transversal de cada uno de los objetivos es ni más ni menos el resultado y la implementación de gestiones que deben ser exitosas para no dejar a nadie atrás, y por supuesto, con nuestro objetivo central número uno, que es mejorarle la calidad de vida a los vecinos y vecinas a los argentinos y argentinas”.
Alberto Stella , Coordinador Residente Interino de la ONU, remarcó en el inicio del foro: “La agenda es una invitación a articularnos y hacer de ella un documento político. Territorializar significa que nos sentemos y veamos cuáles son las prioridades en este territorio y qué tenemos que hacer. Y quiénes están quedando atrás y cuáles políticas podemos implementar para que nadie se quede atrás y todos contribuyan a ese proceso de desarrollo y todos se beneficia de ese proceso de desarrollo”.
Además, se firmó un convenio que tiene por fin fomentar la cooperación y complementación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Consorcio de Gestión del Puerto coordinando e integrando iniciativas de sus respectivas competencias institucionales que contribuyan a la efectiva implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en nuestro país y sus correspondientes metas.
La Agenda 2030 es un plan de acción para las personas y el planeta basado en la prosperidad, las alianzas y en la paz. Alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere el compromiso de todos y aunar esfuerzos concertados de políticas públicas para un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el ambiente y basado en el enfoque de derechos.
La Dra. en Economía, docente de la UNS e investigadora del CONICET María María Ibánez analizó la decisión del gobierno de Javier Milei de dar marcha atrás con la ampliación de la ley de Zona Fría que fue aprobada por el Congreso en 2022 y que beneficia a Bahía Blanca.
En el Presupuesto 2026 la gestión libertaria propone quitar la ampliación de la ley de Zonas Fría que implica un descuento de 30% para hogares de ingresos medios y altos en el consumo de gas de red o de garrafa y de 50% en hogares vulnerables.
“Esta medida va a implicar que, si mantenemos los consumos que tenemos habitualmente, los hogares de ingresos medios y altos van a haber aumentado un 30% el valor de la factura de gas o la cantidad de garrafas que consumen, y en el caso de los hogares vulnerables, en un 50%”, remarcó.
Sumó que esos datos en Bahía Blanca, en particular, son preocupantes porque la ciudad, en promedio, tiene un gasto muy elevado en energía, tanto en electricidad como en gas.
“Haciendo un promedio de toda la población gastamos aproximadamente un 13% de los ingresos para pagar la energía (luz y gas) que consumimos. Y en los barrios vulnerables de Bahía Blanca ese valor sube a un 18%, o sea, casi un quinto de los ingresos de los barrios vulnerables se destina a pagar energía”, advirtió.
Para la especialista en materia energética, la decisión de la gestión de Milei de quitar la ampliación de la ley de Zona Fría es “muy peligroso” porque la incidencia del subsidio en toda la población, pero sobre todo en sectores vulnerables, es significativa: “teníamos un subsidio, lo quitamos y no pensamos en las consecuencias sociales de esa quita del beneficio”.
Ante este panorama, propone en lugar de aplicar “la motosierra” como plantea Nación, utilizar el bisturí y evaluar qué cambios necesita la ley. “Zona Fría tal y como rige hoy no es un buen mecanismo de subsidios porque muchos estudios que hemos hecho muestran que la ley es la gran responsable de que los subsidios a la energía se los queden en los sectores más ricos de la sociedad”, aseveró.
Reclamó que si se avanza con la quita de la ampliación de la Zona Fría, paralelamente, se definan políticas de contención a los sectores vulnerables que se quedan sin el subsidio.
A nivel local, recordó que 7.000 familias pidieron ayuda al Municipio en el marco del Plan Calor durante los meses más fríos de 2025 con recarga de garrafas, entrega de frazadas o de ropa de abrigo, entre otros.
“Si esas familias dejan de tener el beneficio de, por ejemplo, el 50% del valor de la garrafa subsidiado, la presión por los pedidos de ayuda al Municipio va a ser muy alta. Y en un contexto donde la gestión local está enfrentando problemas presupuestarios serios, muy vinculados a las erogaciones por el temporal, el escenario es realmente muy complejo”, alertó.
Además, sobre otro de los impactos de la medida que pretende concretar en 2026 el gobierno de Milei, mencionó que muchas familias, frente a la pérdida del subsidio y la imposibilidad de hacer frente al gasto en energía, volverán a “quemar cosas dentro de los hogares para mantenerse calentitos, para calentar agua para bañarse”.
“Muchas veces estas políticas no solo tienen el impacto directo en el bolsillo, sino también en las lógicas que desarrollan las familias para satisfacer las necesidades”, enfatizó al referirse a las consecuencias en términos de salud, con probablemente, aumento de casos respiratorios o de enfermedades dérmicas.
“Es un escenario muy complicado realmente”, insistió, por último.
ABSA informó que mañana martes y el miércoles se realizarán tareas de envainado en el Acueducto Brandsen, en Undiano entre Beruti e Italia.
Los trabajos son parte de la obra de rehabilitación de ese acueducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloaca (DIPAC).
Para ejecutar las tareas, deberán realizarse maniobras en las redes por parte de ABSA, que pueden ocasionar disminución de presión durante ambas jornadas en el micro y macrocentro, y en los barrios Pedro Pico y San Martín.
Recordaron que en el sector ya se realizó el reemplazo de las grandes válvulas y la construcción de cámaras. Esta instancia de envainado de la cañería es el último paso de la intervención sobre el conducto.
“Se solicita a las personas usuarias de los sectores afectados hacer las reservas para cuando se produzca la afectación y utilizarlas solo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio”, pidieron desde ABSA.
El sindicato ferroviario La Fraternidad emitió un duro comunicado titulado “Ramal que anda, ramal que cierra”, en el que denunció un supuesto plan del Gobierno nacional para suprimir servicios ferroviarios de pasajeros, replicando los modelos de ajuste y desguace de las décadas del sesenta y noventa.
El gremio de conductores de trenes alertó que, bajo el argumento de un supuesto “déficit”, la actual administración estaría siguiendo un plan para “suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros“.
El comunicado comenzó por señalar que la situación actual es una copia de modelos de ajuste históricos que resultaron fallidos: “Hoy, copiando el modelo que fracasó dos veces, van por la tercera“.
El gremio recordó los antecedentes de reducción y desmantelamiento de los Ferrocarriles Argentinos: “En los sesenta sufrimos el Plan Larkin que redujo lastimosamente los FFCC, y en los noventa la Reforma del Estado donde se regaló Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, el Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado.”
Según La Fraternidad, ya se suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, y la ofensiva continúa contra otras rutas troncales y trenes turísticos. El comunicado listó una serie de servicios bajo amenaza: “El Expreso Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca, el tren turístico de Mercedes-Tomás Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez… ahora van por el servicio Retiro-Tucumán, Neuquén-Cipolletti y otros.”
El sindicato aseguró que, a diferencia de épocas anteriores donde se alegaba la existencia de ramales “que no andaban”, la excusa actual es el “supuesto déficit”. Sin embargo, apuntaron directamente a la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la injerencia de intereses económicos ajenos al transporte.
“Antes, el supuesto déficit y los paros ferroviarios eran la excusa para cerrar ramales, ahora no hay excusa, es la billetera del FMI que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros.”
Finalmente, La Fraternidad comparó la situación con los procesos privatizadores anteriores y emitió una advertencia contundente, apelando a la resistencia social: “Nosotros decimos que la tercera es la vencida y con los ferroviarios y el pueblo movilizado vamos a detener la salvaje entrega de la Patria“.
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