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Se viene la audiencia pública para discutir subas en la tarifa de gas

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Las empresas distribuidoras de gas natural por redes elevaron pedidos de actualización tarifaria de hasta el 35% para la revisión tarifaria que se realizará en la Audiencia Pública convocada para el 19 de enero próximo, por encima de la pauta del 20% prevista por el Gobierno nacional.

La instancia convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) permitirá revisar los cuadros tarifarios vigentes a partir del 1 de marzo de 2022, en el marco del proceso de transición que el Gobierno acordó con las empresas el año pasado hasta realizar una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI)

Las empresa alcanzadas en esta instancia que se realizará de manera online son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas; y las empresas transportadoras Gas del Sur (TGS) y de Gas del Norte (TGN).

A la vez, la Secretaría de Energía convocó para el 31 de enero a una Audiencia Pública para debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), valor que es determinado por la adjudicación de precios y volúmenes del Plan Gas, y sobre el que se aplica el subsidio del Estado para reducir el impacto en la factura de los usuarios.

La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó la pauta que el Gobierno nacional prevé para la actualización tarifaria de 2022, la que se ubicaría en torno al 20% promedio para todos los usuarios de gas y electricidad, a la vez que ratificó que la segmentación tarifaria comenzará a aplicarse este año.

La segmentación significará -cuando se ponga en marcha- que una parte de los usuarios que tengan mayor capacidad de pago deberán afrontar un porcentaje mayor del costo del servicio.

Si bien existen varias ideas en curso, los parámetros que se emplearán para poner en marcha la segmentación tarifaria aún no fueron definidos y están en estudios desde hace más de un año.

Mientras tanto, el Gobierno avanzará con una nueva instancia de la revisión transitoria de tarifas tras rechazar la aplicación de la RTI realizada por la gestión Cambiemos en 2016, que de aplicarse en la actualidad significaría un aumento superior al 240% debido a que la evolución estaba sujeta al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

En primera instancia, el 19 de enero se analizará la actualización que deberán aplicar las distribuidoras y transportistas de gas, cuyo reconocimiento de costos tienen distinto impacto en la factura final de los usuarios.

Así, el costo de transporte es el de menor relevancia, de alrededor del 12%, mientras que el gas en boca de pozo representa el 32%, el margen de distribución el 31% y los impuestos el 25%, promedio ponderado de las distintas categorías de clientes residenciales.

Teniendo en cuenta estos impactos ponderados, los pedidos de las distribuidoras que fueron presentados al Enargas para la Audiencia Pública prevén aumentos de entre el 76% y 119%, sólo para la actual etapa de transición ya que mantienen sus reclamos por reconocimiento de la RTI en suspenso superiores al 240%

Las empresas distribuidoras

Metrogas, que es la más grande de las distribuidoras en cantidad de clientes, planteó que “la propuesta de incremento transitorio basado únicamente en la inflación de 2021 y la esperada para 2022, arroja como resultado un incremento en la Tarifa de Distribución del 76,23%”.

La compañía, en la que YPF tiene el 70% del poder accionario, reclamó la culminación de la RTI al señalar que ” la operabilidad del sistema no es sostenible si se la pretende llevar adelante a base de endeudamiento financiero o de capital sin un retorno medianamente asegurable, como tampoco lo es a base de endeudamiento comercial con los proveedores”.

Por su parte, Naturgy -que es la segunda distribuidora en nivel de importancia del país-, considero necesario “un incremento del 82,9% de los ingresos requeridos de la tarifa de distribución”, pero también señaló que “en un contexto de alta inflación es imprescindible prever la incorporación de un ajuste intermedio en octubre de 2022”.

Por su parte, Camuzzi, considerada la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, debido a que cubre el 45% de la superficie del país en dos regiones contiguas desde la Patagonia a Buenos Aires, presentó dos opciones de actualización del 79% y 119%.

Estos pedidos forman parte del Acuerdo Transitorio de Renegociación suscripto entre el Enargas, el Ministerio de Economía, y las empresas el 21 de mayo de 2021, que incluía la suspensión transitoria de reclamos y permitió un incremento para 2021 cuyo impacto en la tarifa final fue del 6% para los usuarios residenciales y de 4%, para Pymes y comercios.

En el caso de las transportistas, TGS pidió un ajuste tarifario de transición, aplicado en 2 etapas, “la primera con un incremento del 80% con vigencia 1° de marzo de 2022, y una segunda con vigencia 1° de septiembre del 25%”, mientras que TGN pidió un aumento “del 87,4%, equivalente a un tercio del incremento total”.

La realización de la audiencia pública estará a cargo del Enargas, cuyo interventor Federico Bernal, será quien presidirá el debate que permitirá la libre participación de todos aquellos que se inscriban hasta el último minuto del 14 de enero en la web del ente.

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Elecciones bonaerenses: El Gobierno dice que está 4 puntos abajo del peronismo

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El Gobierno maneja una reciente encuesta que lo estaría dando cuatro puntos debajo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo y consideraron que sería “un triunfo” ser superados por ese margen en ese distrito no tan favorable para La Libertad Avanza.

“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, sostuvo uno de los más encumbrados miembros del Gobierno en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: “Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria”, insistió el dirigente libertario.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo: “No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna”, planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno”, insistió.

Y detalló: “Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia”.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará “la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina”, tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez  en la llamada “Ciudad del pecado” y cerró con un jocoso: “Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos”.

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El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

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El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien hoy ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, carga sobre sus espaldas un extenso historial de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nueve expedientes fueron abiertos en su contra, de los cuales cinco corresponden a casos de presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos se produjo la semana pasada. De acuerdo con el reglamento, el magistrado tiene veinte días hábiles para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Allí se definirá si las denuncias ameritan sanciones administrativas o si deben ser giradas a la Comisión de Acusación, instancia que podría pedir su remoción.

Las acusaciones contra el juez Alejandro Maraniello

Las acusaciones contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas denunció que, a pocos días de haber ingresado al juzgado, fue citada por el magistrado fuera del horario laboral. Según su testimonio, allí sufrió tocamientos y besos no consentidos, y se vio luego forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.

Otra trabajadora aseguró haber recibido mensajes a través de redes sociales, además de comentarios reiterados sobre su vestimenta y hostigamiento laboral tras rechazar avances personales. Relató que padeció acercamientos físicos no deseados y terminó en tratamiento médico por depresión y pensamientos suicidas. La denuncia fue elevada a la Unidad de Bienestar Laboral y también tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta.

Consigna policial

El gremio judicial Aefpjn alertó ya en septiembre de 2024 sobre el clima de violencia en el juzgado de Maraniello y reclamó la presencia de consigna policial para resguardar la integridad física y psíquica de los empleados. Desde entonces, el juzgado cuenta con presencia policial en horario laboral.

Algunos expedientes permanecen bajo reserva, remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y por la Oficina de Bienestar Judicial. Sin embargo, testimonios de empleados actuales y exempleados permiten reconstruir un patrón de conductas abusivas. Una de las denunciantes subrayó su situación de vulnerabilidad: hija de un camionero, ingresó como trabajadora interina para sostener sus estudios universitarios, siendo la primera de su familia en acceder a la educación superior.

El fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

La gravedad de las acusaciones coincide en el tiempo con el protagonismo que adquirió Maraniello al dictar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada.

El fallo, con alcance a cualquier medio, plataforma o red social, fue celebrado por la Casa Rosada, que sostiene que la filtración respondió a una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, habla de una maniobra golpista y responsabiliza a sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Además, se pidió allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y se apuntó contra allegados de la diputada Marcela Pagano.

En el oficialismo preocupa el impacto político de la filtración, tanto por la desmotivación en la militancia como por el riesgo de que la crisis se profundice si no logran un buen resultado en las próximas elecciones legislativas. La coincidencia entre la resolución judicial de Maraniello y la situación personal del magistrado agrega un condimento de alto voltaje institucional.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, Maraniello sigue en funciones. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá resolver en las próximas semanas si las denuncias prosperan y si corresponde avanzar hacia un eventual pedido de remoción.

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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

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El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal”, a raíz de la difusión de audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Paralelamente, un juez en lo Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su divulgación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que el Ejecutivo “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni. Más tarde, el funcionario celebró en la misma red social la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El magistrado dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto, ordenando el cese de su circulación “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. En la resolución se especificó: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Para garantizar el cumplimiento, se dispuso el envío de un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con habilitación de días y horas inhábiles.

Los audios atribuidos a Karina Milei

La controversia comenzó el viernes, cuando se difundió un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia sostuvieron que la emisión en el canal de streaming “Carnaval” tuvo como fin “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. Además, señalaron entre los responsables al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial -“que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei”- y el abogado Franco Bindi.

En la denuncia, recuerda la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno remarcó “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, y reclamó una “medida cautelar urgente” que impida su circulación “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (DIB) GML

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