El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a la directora del Observatorio de Víctimas de Delitos, con sede en la Cámara de Diputados, Sandra Rossi; al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, recibió a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales, en un encuentro en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación, en el marco de la Semana Mundial de Acción por la Seguridad Vial.
Junto a ellos, participaron la referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone; Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, y víctimas y familiares de víctimas de distintos puntos del país, en una mesa compartida con el objetivo de trabajar en medidas legislativas para reducir los siniestros viales en la que Massa escuchó a los presentes, que fueron invitados para que pudieran expresarse sobre los proyectos de Alcohol Cero al Volante; la Ley Tahiel y el proyecto para limitar la velocidad máxima en los barrios a 30 km/h.
En ese contexto, el presidente del cuerpo se refirió a la importancia del rol del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja: “Es importante que tengamos la capacidad de aprovechar el instrumento que representa el Observatorio para poner blanco sobre negro a nuestra sociedad, a esos jueces que tardan 5,6, 7 años en impartir justicia, que buscan los vericuetos y los escondites de los Códigos para tratar de beneficiar a los asesinos que, en lugar de usar un revólver, usan un vehículo”.
En esa línea, expresó que es necesario mostrarle a la sociedad argentina “aquellos que no cumplen con su tarea y revictimizan a la víctima y a su familia cuando, en nombre de derechos y garantías inexistentes, terminan beneficiando a los que asesinan al volante”.
“Desde el Congreso y deade el Observatorio hay que visibilizar a aquellos que, en su rol de impartir justicia, ignoran el dolor y la desigualdad que existe y creen que las víctimas son solo un número”, sostuvo Massa. Y acotó: “Hay jueces que benefician a los asesinos al volante y hay que señalarlos”.
Por su parte, la integrante del Observatorio de Víctimas y referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone, expresó: “Nos vamos conformes. Planteamos nuestras necesidades y nos escucharon. El presidente Sergio Massa nos aseguró que a partir del lunes se avanzará en las comisiones pendientes y seguiremos avanzando en los proyectos.”
En tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, indicó: “Cuando Sergio nos invitó a participar de esta jornada, nos pidió que escucháramos, que nos pongamos en su lugar, que entendamos su dolor, que compartamos esa lucha. Y que desde nuestros lugares transitorios, que también nos confirieron ustedes como ciudadanos, compartamos ese dolor, esa angustia, esa impotencia, y ayudarlos y ayudarnos a cambiar las injusticias que causan muchas veces nuestras leyes”.
Mientras que el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, consideró: “Hoy dimos un gran paso al escuchar a los familiares de las víctimas. Ellos son nuestro faro y pusimos fechas y plazos al tratamiento de todas estas legislaciones para visibilizar aún más esta lucha. Es un gran avance y tenemos que seguir por este camino”
Entre las medidas presentadas por las organizaciones se destacan el proyecto de Alcohol Cero al Volante, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para la conducción de vehículos, con penalidades por infringir la norma, y la iniciativa para reducir a 30km/h la velocidad máxima en calles de ciudades del país.
El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, que conduceLuis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con elFondo Monetario Internacional.
La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
El gobierno nacional intentó ocultar información
Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.
“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.
La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina
El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.
La obligación del ministerio
De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.
La oposición en la Cámara de Diputados iniciará este martes una ofensiva coordinada para lograr la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su mención en los audios que desataron el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según supo Noticias Argentinas, la estrategia opositora se activará en las comisiones de Salud y Discapacidad, ambas presididas por Unión por la Patria, donde se tratarán los distintos pedidos de citación. Sin embargo, el camino de los proyectos está bloqueado, ya que la comisión cabecera es la de Asuntos Constitucionales, controlada por el libertario Nicolás Mayoraz.
Ante este panorama, la oposición planea recurrir a una herramienta que ya le dio resultados: buscar una votación en el pleno de la Cámara para “emplazar a la comisión” y forzarla a tratar los expedientes, tal como ocurrió en abril con el caso de la criptomoneda $LIBRA.
Este martes, la Comisión de Salud, conducida por Pablo Yedlin, analizará los proyectos de los diputados Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT) que reclaman la presencia de la hermana del Presidente. Más tarde, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, hará lo propio con una iniciativa del socialista Esteban Paulón.
Pese al impulso, el antecedente del caso $LIBRA es agridulce para la oposición. Si bien lograron forzar el tratamiento, en aquella oportunidad la falta de consenso dejó afuera a Karina Milei de la citación y al recinto solo terminó asistiendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, demostrando la dificultad que enfrentarán para sentar a la funcionaria en el Congreso.
A una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el escenario político se prepara para una contienda que redefinirá el equilibrio de poder en el distrito más grande del país. El próximo domingo 7 de septiembre se renueva la mitad de la Legislatura, y el peronismo, bajo el sello de Unión por la Patria, es la fuerza que más escaños pone en juego.
Según supo Noticias Argentinas, en base a un análisis del sitio de verificación Chequeado, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales en las ocho secciones electorales. La elección se presenta como una prueba de fuego para la oposición y una oportunidad de crecimiento para el oficialismo nacional.
En la Cámara de Diputados, que cuenta con 92 miembros, Unión por la Patria arriesga 19 de sus 37 bancas, siendo el bloque con la parada más difícil. Le siguen el PRO, que pone en juego 8 de sus 13 escaños, y La Libertad Avanza, que arriesga 5 de sus 12 diputados actuales.
En el Senado provincial, de 46 bancas totales, el panorama es similar. Unión por la Patria también es el que más arriesga, con 10 de sus 21 senadores finalizando mandato. En una situación crítica se encuentra la UCR junto a Cambio Federal, que debe revalidar casi todo su bloque (5 de 6 bancas). En contraste, La Libertad Avanza se encuentra en una posición cómoda al arriesgar solo 1 de sus 4 escaños.
De esta manera, los resultados del próximo domingo no solo medirán la fuerza territorial de cada espacio, sino que también configurarán la capacidad de negociación y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires para los próximos dos años.