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Sergio Massa le volvió a exigir a Martín Guzmán que suba el piso de Ganancias antes del pago del aguinaldo

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le volvió a exigir al ministro Martín Guzmán que eleve el piso desde el que se paga el impuesto a las Ganancias y que la medida se implemente antes del pago del medio aguinaldo el mes próximo.

Luego de una nota enviada hace dos semanas en la que le pedía que elevara este piso de $225.000 a $265.000 para que los aumentos salariales no fueran absorbidos por el impuesto mencionado –tal como informó Infobae- Massa redobló su apuesta por la falta de respuestas concretas del Palacio de Hacienda. Ahora quiere que ese piso, desde el mes próximo en lugar desde enero de 2023 como estaba pautado, pase a $ 275.000 mensuales.

Aunque Guzmán respondió públicamente que “obviamente” tomaría esa decisión luego del pedido de Massa, aún no avanzó en el decreto correspondiente para ponerla en práctica, por lo que el presidente de la Cámara Baja decidió enviarle ayer una segunda nota por los canales oficiales y con copia al presidente Alberto Fernández.

Además de insistirle en su pedido, Massa les dio a entender a sus colaboradores que si Guzmán no resuelve esta cuestión rápidamente, avanzará con un proyecto de ley para que sea el Congreso Nacional el que aumente el piso de Ganancias, pese a que el Poder Ejecutivo podría hacerlo justamente por una facultad que le delegó el parlamento para este año.

En la nota, Massa reiteró la solicitud para que se adopte “Un alivio Fiscal para Trabajadores y Jubilados, a través del incremento de las deducciones del impuesto en virtud de los nuevos supuestos macroeconómicos y salariales en el marco de las facultades delegadas por el artículo 5º de la Ley Nº 27.667″.

De inmediato, recordó que “el pasado 12 de mayo se remitió una solicitud para que el Ministerio de Economía efectúe una evaluación del impacto actual del Impuesto a las Ganancias en los salarios y haberes a los efectos de proceder a incrementar las deducciones de dicho tributo en el marco de las facultades delegadas por la mencionada Ley Nº 27.667″.

En la nota se resaltaron los siguientes puntos:

– Por medio de la Ley N° 27.617 “se introdujeron modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias con el objetivo de promover que la carga tributaria de dicho tributo no neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida por el Gobierno”.

Massa redobló su apuesta por la falta de respuestas concretas del Palacio de Hacienda. Ahora quiere que ese piso, desde el mes próximo en lugar desde enero de 2023 como estaba pautado, pase a $ 275.000 mensuales
– Esta ley “consolidó un esquema progresivo de alivio fiscal para los contribuyentes y permitió que 1,5 millones de trabajadores dejen de pagar el Impuesto a las Ganancias durante el año 2021 incorporando, entre otras cuestiones, una deducción adicional para las remuneraciones y/o haberes brutos que no superen la suma de $150.000 mensuales, inclusive, de manera tal que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a 0″.

– Además, “sin perjuicio de la actualización anual de los montos de remuneraciones y/o haberes brutos fijados por la Ley N° 27.617, mediante el artículo 12 de dicha normativa se delegó en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de incrementar dichos montos durante el año fiscal 2021″.

– Por esta razón, “mediante el Decreto 620 del 16 de setiembre de 2021, el Poder Ejecutivo nacional dispuso que los montos de la remuneración y/o haber bruto a los que aluden tanto el inciso z) del artículo 26 como el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del tributo se incrementen a 175.000 mensuales”.

Sergio Massa y Alberto Fernández
Sergio Massa y Alberto Fernández
– Para el año fiscal 2022, y por la actualización anual de los montos de remuneraciones y/o haberes brutos en base a la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), “no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta mensual no supere los 225.937 pesos”.

– Por medio del “artículo 5º de la Ley Nº 27.667, este Congreso volvió a delegar la facultad para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022″.

– Los “supuestos macroeconómicos y salariales actuales difieren de los tenidos en cuenta al momento de remitirse el pasado 15 de setiembre de 2021 la ley de presupuesto nacional para el 2022″, que contenía un cálculo de inflación del 33%, contra el 70% que calculan los analistas actualmente.

– Finalmente, indicó que “se solicitó efectuar una evaluación del impacto actual del tributo en los salarios y haberes a los efectos de proceder a incrementar las deducciones del Impuesto a las Ganancias en el marco de las facultades delegadas por la mencionada Ley Nº 27.667 y, de esta manera, dar sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.

Massa les dio a entender a sus colaboradores que si Guzmán no resuelve esta cuestión rápidamente, avanzará con un proyecto de ley para que sea el Congreso Nacional el que aumente el piso de Ganancias
– Por este motivo, “a los efectos de facilitar la evaluación solicitada señalamos que los trabajadores y jubilados alcanzados por el impuesto a las ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses”.

– En base a esta premisa, “según surge de las bases de datos, a febrero de 2022 la cantidad de trabajadores y jubilados ‘retenidos’ en el impuesto a las ganancias era de 742.964 y dicha cantidad se elevó a 847.878 al mes de abril del corriente año, un 14% de incremento en solo dos meses”.

– Dada esta situación, y “teniendo en cuenta que en el próximo mes se liquida además el sueldo anual complementario, solicitamos que efectivice la delegación de facultades que este Congreso efectuó y proceda a incrementar la remuneración a la que aluden tanto el inciso z) del artículo 26 como el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del Impuesto a las Ganancias”.

– Así, “entendemos que se dará sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.

Si Guzmán vuelve a aplazar, como dejó trascender, esta actualización –que para los contadores debería llegar a unos $300.000 dado el aumento de la inflación desde el último cambio– entonces Massa dará la batalla desde el Congreso, donde posiblemente encuentre aliados tanto en el oficialismo que no comulga con la austeridad del ministro como en la oposición, que no va a querer quedarse afuera de una medida reclamada por los asalariados formales y por los gremios.

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Crisis en el Gobierno: cumbre de urgencia en Casa Rosada por filtraciones

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Una reunión de emergencia se desarrolla en estos momentos en la Casa Rosada para abordar la crisis política que se desató tras la difusión de audios comprometedores y la posibilidad de que en las próximas horas aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave del Gobierno.

La situación generó máxima preocupación en el oficialismo, que busca contener el impacto político y evitar que las filtraciones escalen.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, la cumbre reúne a integrantes del Gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar una estrategia de respuesta.

Las versiones sobre el inminente surgimiento de más material aumentan la tensión en Balcarce 50, mientras en el oficialismo reconocen puertas adentro que el escenario podría complicarse aún más en los próximos días.

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Facturas bajo sospecha: Suizo Argentina, Osprera y la lupa judicial sobre una caja sindical

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La intervención de Osprera abrió una caja que ahora revisa la Justicia. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la obra social de los trabajadores rurales giró más de $7700 millones a la droguería Suizo Argentina, empresa investigada en otra causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los pagos, dispuestos durante la gestión del interventor Marcelo Carlos Petroni, incluyeron medicamentos de alto costo y convenios capitados para tratamientos oncológicos.

Según registros internos, fueron 193 las facturas abonadas en apenas cinco meses. El flujo fue irregular, pero sostenido: $667 millones en noviembre, $2500 millones en diciembre, $1395 millones en enero (con 101 transferencias), $629 millones en febrero y $2491 millones en marzo. La droguería de la familia Kovalivker quedó así entre los principales proveedores del sistema sindical de salud.

El 23 de enero de este año, Petroni firmó un acta acuerdo con Suizo Argentina para establecer un plan de pagos sobre la deuda acumulada hasta diciembre de 2024. La empresa se comprometió a garantizar el abastecimiento de medicamentos, mientras la obra social prometía cancelar las nuevas facturas en un plazo de 60 días. Según reconstruyó el diario La Nación, la deuda actual ronda los $3000 millones.

“La intervención recibió a Osprera con un pasivo total de $97.000 millones y un pasivo corriente de $5000 millones mensuales que ya se bajó en más de 50%”, aseguraron desde la conducción. También negaron que exista trato preferencial con ningún proveedor.

Chats, contratos y un decreto ignorado

El fiscal federal Guillermo Marijuan, que ya investiga a Suizo Argentina en la causa de Andis, también avanza sobre las contrataciones de Osprera. En el expediente figuran mensajes de WhatsApp que revelan vínculos políticos entre Petroni y referentes libertarios. En uno de los chats, el interventor escribe a Sergio Andrés Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”. En otro mensaje afirma: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Aguirre aparece también como fundador de la firma HTech Innovation, beneficiaria de un contrato con Osprera a partir de noviembre de 2024. Según documentos oficiales, la empresa facturó $40.251.879 y $7.733.119 en pagos iniciales, y mantiene un vínculo vigente por $16 millones mensuales. La firma figura como socia de TR Nutrition, dedicada a suplementos dietarios, que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.

Mientras tanto, el Gobierno había emitido el decreto 1045/24 con una “Guía de buenas prácticas para interventores”. El texto prohíbe pagar deudas anteriores a la intervención sin una auditoría previa que verifique su legitimidad. La lupa judicial apunta ahora a determinar si esas normas fueron cumplidas.

Cambios en el sistema de compras

Petroni modificó el mecanismo de adquisición de medicamentos. Reemplazó las compulsas “telefónicas” por licitaciones cuatrimestrales a sobre cerrado ante escribano público. En la primera compulsa, realizada el 31 de julio, participaron 16 droguerías. Según La Nación, Suizo Argentina quedó tercera en medicamentos de alto costo en general y primera en oncología.

En paralelo, el nombre de la droguería volvió a aparecer vinculado al escándalo de los audios que derivaron en la renuncia del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. Las conexiones se multiplican: misma empresa, mismos intermediarios, mismas cajas. La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, con 500.000 afiliados y uno de los presupuestos más grandes del sistema, quedó en el centro del radar judicial.

El otro frente: la intervención de Uatre

Pero Marijuan no sólo investiga los pagos millonarios a la droguería Suizo Argentina. También lleva adelante otra causa que expone el entramado político, gremial y empresarial en torno a la Uatre y su obra social, por una denuncia presentada en febrero por el actual secretario general del sindicato, José Voytenco.

Ese expediente apunta directamente al plano sindical. Hace pocos días, el fiscal pidió la declaración indagatoria del diputado nacional Pablo Ansaloni, acusado de participar en un “plan criminal” para intervenir el gremio y recuperar poder tras su derrota electoral en 2022, en una maniobra atribuida a su socio político y sindical, el operador Fernando Antúnez, quién estuvo a cargo de Osprera durante la gestión de Ramón Ayala.

Según la denuncia, el objetivo fue desplazar a la conducción electa mediante maniobras políticas y operativas que habilitaran la intervención estatal, concretada en agosto de 2024. Desde entonces, la obra social Osprera quedó bajo control del Gobierno, primero con Virginia Montero al frente y luego con Marcelo Carlos Petroni, abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

Fue precisamente a partir de esa intervención estatal que se produjeron las 193 facturas hoy bajo la lupa judicial.

En abril de este año, en tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó una medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar en la intervención de la UATRE y no logró desplazar a Voytenco.

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Axel Kicillof: “El 7 de septiembre hay que convertir el enojo en un voto contra Javier Milei”

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillofconvocó hoy al electorado provincial a darle una “respuesta colectiva” al “enojo” contra las políticas del presidente Javier Milei y convertir la “indignación” en un voto por la “boleta de Fuerza Patria”.

“Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei”, apuntó Kicillof durante un encuentro con estudiantes en Almirante Brown.

En esa línea, el gobernador planteó que a “esa política individualista y cruel hay que darle una respuesta colectiva el próximo 7 de septiembre”.

“Si alguien está dudando en ir a votar, es momento de convencerlo de que convierta su enojo e indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo Kicillof.

Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei

Verónica Magario contra Javier Milei

Durante el acto estuvo presente también la vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense por Fuerza Patria Verónica Magario, quien volvió a contrastar la gestión provincial con la nacional.

Hay dos formas de gobernar: una que abandona a nuestra gente y otra que todos los días se ocupa de mejorar. Esa es la diferencia entre un Gobierno que ajusta y uno que protege a nuestro pueblo”, argumentó Magario.

Por su parte, el dirigente social y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, llamó a “defender” al gobierno de Kicillof y la provincia de Buenos Aires en la elección bonaerense.

La próxima elección es crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Axel Kicillof, para ponerse del lado de los trabajadores y de los más humildes y lograr así una sociedad más justa y un país soberano”, subrayó el referente del Frente Patria Grande.

La próxima elección es crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Axel Kicillof

En tanto, el intendente local y candidato a diputado bonaerense del peronismo por la Tercera Sección Electoral, Mariano Cascallares, remarcó la necesidad de un Estado “fuerte, comprometido y eficiente” para dar respuestas a las necesidades de la gente.

“No contamos con el gobierno nacional”

“Sabemos que no contamos con el apoyo del Gobierno nacional, pero sí con una Provincia de Buenos Aires que está cerca para fortalecer las políticas que les traen más y mejores oportunidades a nuestros vecinos”, contrapuso Cascallares.

Kicillof mantuvo un encuentro con estudiantes en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y recorrió los avances de las obras de mejora integral de la Ruta Provincial N°4 junto al jefe comunal de Almirante Brown.

Participó también de las actividades el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, la candidata a diputada nacional Fernanda Miño; y los concejales Paula Eichel, Leandro Battafarano y Micaela Ortíz.

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