No es que ya no haya dialoguistas en la CGT. Lo que sucedió es que la reforma laboral de Javier Milei transformó a todos los dirigentes en combativos. El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaban al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.

A esta CGT elegida el 5 de octubre no le quedó otro camino que estrenar el método de la protesta: los líderes sindicales quieren llevar 150 mil personas a la Plaza de Mayo para presionar al Gobierno y a los legisladores.

Aun así, sobrevivieron canales subterráneos de diálogo entre dirigentes gremiales y representantes libertarios, que hasta ahora demostraron ser insuficientes para alcanzar una tregua. Esos interlocutores oficiales ya estaban avisados de que se iba a decidir una movilización para protestar contra la reforma laboral, ideada como una forma de descomprimir el creciente malestar en el sindicalismo y contener a los sectores más duros.

Por eso, aun en medio del amenazante sonido de los los tambores de guerra, hay expectativas de que el Gobierno acceda a introducir en el tratamiento parlamentario algunos cambios en el proyecto final: hay artículos que, tal como quedaron redactados, son “una provocación”, como se quejan los máximos líderes sindicales.

Uno de los que piensan así es Gerardo Martínez (UOCRA), el adalid del sector dialoguista que defendió a capa y espada la integración de la CGT al Consejo de Mayo con la intención de consensuar la reforma laboral. Hoy, sigue reivindicando el diálogo, pero habla como el más duro de todos: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”, aseguró a Infobae.

“No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas -dijo-, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”.

Aun así, Martínez rescató algo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales. Así como le preocupa al Gobierno el nivel de informalidad que hay en Argentina, nos preocupa a los dirigentes que representamos al movimiento sindical en la CGT. Sabemos que con el actual modelo económico lo único que se va a lograr es tener más desocupación por el nivel de recesión y de crisis que está pasando el sector productivo, donde se observa gran cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que están cerrando sus puertas. A eso se suma la apertura indiscriminada de la política económica, permitiendo el ingresos de miles de productos que vienen subsidiados del exterior”.

Más allá de distintos artículos urticantes para la CGT, el ejemplo del sindicalismo sobre la provocación del Gobierno se basa en el artículo 126 de la reforma laboral, en el que dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

La ley vigente establece la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención y no sólo de las cuotas de afiliación, como quedó ahora tras la modificación libertaria, sino también de “otros aportes”, lo que permitió que también estuviera garantizada la recaudación de las cuotas solidarias.

¿A quién le molesta que los sindicatos tengan acceso más fácil a recaudar las cuotas de sus afiliados, que pagan de manera voluntaria? Es cuestionable el sistema de cuotas solidarias porque fija el descuento salarial tanto a los afiliados como a los no afiliados de manera compulsiva y obligatoria, pero incluso la Corte afianzó el esquema de los empleadores como agente de retención de las cuotas sindicales al convalidar ese beneficio para los sindicatos con simple inscripción, en un fallo dictado en 2021 que fue un golpe para el establishment gremial.

Un abogado que asesora a empresas incluso encontró una contradicción del Gobierno que favorecerá los litigios: impulsa aquel artículo que jaquea la recaudación de las cuotas sindical, pero no derogó la Ley 24.642, que establece un procedimiento como juicio ejecutivo para el cobro de las cuotas sindicales que el empleador debe retener obligatoriamente. Entonces, según este abogado, “mantuvieron una ley que en realidad pasaría a no tener fuerza legal, salvo que el trabajador haya consentido afiliarse, comunicarle al empleador y que el empleador haya asumido un compromiso de retener y no hacerlo”.

Para la CGT, todo esta trama que rodeó a la reforma laboral pone al desnudo que el ala política del Gobierno (los Menem y Santiago Caputo) se impuso a Sturzenegger en algunos puntos del proyecto, pero no alcanzó a desactivar un grupo de “artículos-bomba” que finalmente hicieron estallar la relación con la CGT.

Los líderes de la CGT reaccionaron rápidamente para evitar que los apurara el ala dura y apenas comenzó la reunión de Consejo Directivo de este jueves (la primera de esta nueva conducción), el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguros) propuso una movilización para el jueves 18, que todos aceptaron sin reparo alguno (ese día incluso marchará la izquierda trotskista, que además de movilizarse le reclama a la CGT hacer un paro general).

La actitud del Gobierno terminó endureciendo a toda la central obrera, que cerró filas alrededor de su triunvirato, de una impronta más dialoguista. Otro dirigente de llegada al Gobierno como Sergio Romero (UDA) también se pasó al bando de los duros: hace meses que pelea infructuosamente con sus colegas para mejorar el salario docente de apenas 500 mil pesos.

Fue curiosa una postal que se registró este viernes: Luis Barrionuevo (gastronómicos), que perdió su lugar en el triunvirato de la CGT e influencia sindical, organizó una comida de sus dirigentes más fieles con Jorge Sola para anunciarle su apoyo a la protesta del jueves 18. Allí también estaban dirigentes inflexibles como Omar Maturano (La Fraternidad) y volubles ante las medidas de fuerza como Roberto Fernández (UTA), e incluso Sergio Aladio (Camioneros de Santa Fe), el máximo opositor interno de Hugo Moyano (¿se quejará porque Jorge Sola se sentó al lado de su peor enemigo?).

Ahora, la CGT reforzará el lobby entre gobernadores y legisladores dirigido a lograr los votos necesarios para que se caiga la ley en el Congreso y promoverá la impugnación judicial del proyecto. ¿Alcanzará? Ninguna de las partes de este conflicto aceptará una derrota.

Por eso hay exponentes libertarios que planean una contraofensiva contra la CGT: si bien aún no hay ánimo de una batalla total, podría haber “hostilidad” en la distribución de fondos para las obras sociales, como insinuó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Desde la CGT, que se imaginan algo sí, hay pánico: si ya tienen problemas para administrar obras sociales en crisis, la perspectiva será peor, tal como surge de un dato de los técnicos cegetistas: la baja de 1 punto en las contribuciones patronales que prevé el proyecto equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las entidades del sistema sindical de salud (según los cálculos sobre números de agosto).

El escenario que quedó instalado preanuncia que ambas partes están condenadas a una guerra de final imprevisible. ¿Habrá vencedores y vencidos? ¿O el Gobierno y la CGT se conformarán con un empate?

Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado organizarán dos movilizaciones simultáneas para reclamar respuestas políticas urgentes frente a lo que definen como la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina. Las concentraciones se realizarán en espejo, una en La Plata y otra en Rosario, bajo la consigna: “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

“Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”, se lee en el comunicado de los dolientes.

En uno de los párrafos más salientes de la convocatoria, los familiares de las víctimas fatales del medicamento de HLB Pharma adulterado expresaron que: “En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continuó su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos”.

La investigación judicial expone fallas estructurales

El juez federal Ernesto Kreplak amplió en los últimos días el perímetro de su investigación y envió una nueva tanda de historias clínicas correspondientes a pacientes que murieron luego de haber sido tratados con fentanilo.

Un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, confirmó que38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas—sobre un total de 173—corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.

Ese material ya permite determinar con mayor precisión las responsabilidades médicas, sanitarias y regulatorias.

En paralelo, declararon ante Kreplak varios ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, la planta en la que se elabororaron las partidas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Sus testimonios describieron graves fallas en el proceso de elaboración, deficiencias en la esterilización, controles internos relajados y condiciones de trabajo que, según relataron, eran incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

La causa ya tiene 14 imputados procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y figuras vinculadas a la cadena de producción y control del medicamento.

“Queremos respuestas inmediatas”

Las familias señalan que, mientras la Justicia avanza, el Poder Ejecutivo permanece inmóvil. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. Buscan saber qué medidas tomaron, qué falló en los sistemas de trazabilidad y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

Hasta el momento, el escándalo se cobró el cargo de una funcionario, la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumadó después que este medio revelara las demoras del INAME, organismo que depende de la ANMAT para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La documentación oficial llevaría a concluir que si la autoridad regulatoria hubiese actuado de forma más efectiva y menos displicente ante las “irregularidades críticas” detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro, se podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 Laboratorios Ramallo, elaborador exclusico de HLB Pharma, fabricara el Lote 31202 del fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias y asociado a la muerte de más de casi.

Los familiares motor del reclamo

Sin organizaciones políticas detrás y sin un aparato de contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público.

Muchos de ellos llevan meses recorriendo despachos oficiales, acompañando las presentaciones judiciales y reuniéndose con especialistas para comprender la magnitud del esquema que permitió que dos partidas contaminadas con bacterias peligrosas circularan por hospitales públicos y privados.

En su convocatoria, agradecen expresamente el rol de los medios de comunicación, a los que consideran fundamentales para que la tragedia no quede sepultada en el silencio burocrático. “Los medios son un actor indispensable en esta lucha colectiva por la verdad y la justicia”, señalan.

Una causa abierta que interroga al Estado

El expediente del fentanilo adulterado ya no sólo investiga un error técnico o un proceso farmacéutico defectuoso: apunta también a un sistema de control sanitario debilitado, un circuito de habilitaciones que funciona de manera deficitaria y un Estado que —según entienden las familias— no actuó ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas, decisiones concretas y responsables que den la cara”, sostienen en la convocatoria para el 16 de diciembre.

Los objetivos principales de la movilización son:

– Exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el Ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT Agustina Bisio

– Revindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar en feria judicial.

– Seguir dando visibilidad la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Las movilizaciones buscarán precisamente eso: romper el silencio oficial, mantener viva la memoria de cada víctima y reclamar que el Estado, por una vez, esté a la altura de la tragedia que se investiga.

De a poco, pero a paso firme, se va hilando una postura de resistencia y mirada crítica del peronismo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En la última semana, hubo una serie de reuniones entre el sector legislativo de la fuerza política y la pata sindical. Empezó a construirse una postura mancomunada para evitar fisuras en el posicionamiento público y en el Congreso.

Hasta el momento hay una postura uniforme. Los senadores y diputados de Fuerza Patria coinciden con la CGT, la CTA, ATE y los movimientos sociales en rechazar los principales apartados del proyecto oficialista, que ingresó este jueves por la mañana al Senado y que empezó a unir a un espacio político que está plagado de grietas y de internas.

El pico de mayor dureza tuvo como protagonista a la nueva CGT, que lideran Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes ayer por la tarde convocaron a una marcha para el jueves 18 de diciembre a la Plaza de Mayo, con el objetivo de hacer una muestra de fuerza callejera y materializar el rechazo al proyecto.

Sola fue el encargado de convocar a la movilización y avisar que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, que fue el representante sindical en el Consejo de Mayo, había dejado en claro en los encuentros que hubo con distintos sectores del gobierno nacional y de la oposición, que la central obrera estaba en desacuerdo con el proyecto y con las referencias de la Casa Rosada al sindicalismo.

“Muchos de los puntos son claramente inconstitucionales. Van en contra de los principios protectores de los derechos del trabajo. Va a significar una pelea judicial”, sostuvo el secretario general, que también conduce el sindicato del Seguro, al tiempo que adelantó que el triunvirato se va a comunicar con las delegaciones provinciales para que tengan reuniones con los gobernadores y los legisladores de su distrito. Quieren una postura unificada y dura en todo el país.

El posicionamiento duro de la central obrera diluyó muchos temores que había en un sector del sindicalismo respecto a la postura que iba a tener el nuevo triunvirato con el gobierno nacional. Desconfiaban de la decisión de ser confrontativos en una instancia donde sabían que la reforma laboral iba a ocupar el centro de la agenda política.

El miércoles la CGT se reunió con el bloque de senadores justicialistas y los diputados sindicalistas que están encima de los distintos temas vinculados a las modificaciones laborales. En ese encuentro hubo una convergencia de posturas y un pedido de los referentes sindicales para que los legisladores rechacen el proyecto.

“Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones. Acordamos trabajar juntos en unidad, seguir sumando voluntades para ampliar el espectro opositor a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, tener mano de obra esclava y facilitar los despidos más que facilitar las contrataciones”, sostuvo el senador porteño Mariano Recalde.

La ronda de reuniones siguió este jueves y el resultado fue similar. Ayer hubo un encuentro entre los mismos legisladores y los principales representantes de la CTA y ATE. Ambos sectores coincidieron en remarcar que la reforma impulsada por el oficialismo es “un evidente ataque al sistema laboral argentino” y resaltaron que el proyecto “está muy lejos del pretendido objetivo de promover un incremento del empleo registrado”.

Uno de los mensajes más duros fue el del titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien les habló directo a los gobernadores de todos los partidos políticos, incluso a los del PJ. Les aseguró que si apoyan la reforma laboral y el Presupuesto 2026 se terminarán “tirando un tiro en el pie”. Además, sostuvo que la reforma impositiva significará la percepción de “menos impuestos y ello redundará en menos recursos para las provincias”.

A la CGT aún le falta reunirse con los gobernadores peronistas para comprometer su apoyo y escuchar sus posturas. Axel Kicillof ya se ha expresado en términos muy duros respecto a la iniciativa libertaria. “Todo este paquete de leyes huele a naftalina. Esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, indicó. El Gobernador podría sumarse a la manifestación la semana que viene.

Una de las principales misiones que tiene la fuerza política es salir del lugar de resistencia absoluta y transformar esa postura dura en una actitud más propositiva. Debe dejar de ser un espacio político que solo reacciona a los movimientos oficialistas. Así lo entienden varios dirigentes del peronismo, que advierten la necesidad de actualizar la postura del PJ respecto a las discusiones políticas.

En esa línea de trabajo están los bloques legislativos, que trabajan en una propuesta de modernización en la legislación laboral. Ayer al mediodía hubo una reunión del bloque de diputados peronista en la que Germán Martínez y las principales autoridades del bloque escucharon distintas posturas para trabajar en la unificación de proyecto propio.

La UTEP, que nuclea a diferentes movimientos sociales, trabaja en paralelo sobre la confección de un estatuto del trabajador de la economía popular. Su secretario general, Alejandro “Peluca” Gramajo, dijo, un puñado de días atrás, que “se debe que construir una nueva regulación del trabajo para 12 millones de personas de la economía popular”.

El peronismo se está endureciendo cada vez más de cara al tratamiento del proyecto que impulsa cambios en la legislación laboral. Están dispuestos a dar una batalla dura en la calle y en el Congreso. La propuesta de Milei los está volviendo a unir en la práctica. Una señal de pragmatismo frente a un debate político y social que atravesará a los empresarios, los trabajadores, los políticos y los comunicadores.