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“Somos una gestión basada en hechos concretos”, afirmó Kicillof

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Con la gestión como eje, el Gobierno de Axel Kicillof conmemoró los tres años al frente del Ejecutivo provincial con una campaña que repasa los principales hitos del trabajo realizado. Salud, educación, protección y dignidad son las primeras destacadas.

“Hace 3 años asumimos, con orgullo y compromiso, el desafío de transformar la Provincia con una gestión basada en hechos concretos para que las y los bonaerenses recuperen sus derechos y puedan vivir mejor”, manifestó Kicillof en la red social Twitter.

Además destacó que “diseñamos un programa estratégico para reactivar obras abandonadas y concretar nuevas. Con mejores rutas, caminos y calles pavimentadas seguimos conectando e integrando la Provincia en toda su extensión”. Pero sobre todo, “con mucho trabajo, esfuerzo y solidaridad, recuperamos el orgullo de ser bonaerenses”, concluyó.

A continuación el balance de gestión:

Derecho a la educación

La educación ha sido una prioridad para la gestión bonaerense desde el primer día. Las políticas públicas para garantizar el derecho a la educación surgieron a partir de la decisión política del gobernador Axel Kicillof de poner en valor a la educación pública y de calidad. El principal hito lo constituye el programa Escuelas a la Obra, lanzado en enero de 2020, con el cual se han construido 124 nuevos edificios escolares y finalizado más de 5 mil obras de refacción, ampliación y mantenimiento de establecimientos educativos en los 135 distritos bonaerenses.

Después de una etapa de fuerte deterioro de la infraestructura escolar y de ataque permanente a las y los trabajadores de la educación, ha comenzado también un proceso de recuperación del ingreso de las y los docentes y de fortalecimiento del vínculo con todos los integrantes de la comunidad educativa, asegurando cada año el cumplimiento de los 190 días de clases.

Asimismo, se suscribió un convenio con el Gobierno Nacional para ampliar la jornada en escuelas primarias de gestión estatal, equivalente a incorporar 40 días más de clases a los previstos en el calendario anual, y se consolidó un programa que proyecta la creación de 150 Centros Socioeducativos en barrios populares del conurbano, con el objetivo de revincular a niños, niñas y jóvenes con espacios escolares.

En ese sentido, Kicillof ha expresado que “llevamos tres años en los que la escuela pública ha vuelto a ser uno de los ejes centrales de la identidad de la provincia de Buenos Aires: no solo estamos destinando los recursos necesarios para mejorar su infraestructura, sino que la estamos revalorizando como un instrumento clave para la integración y la igualdad de oportunidades”.

De cara al próximo año, la Provincia ha presentado un presupuesto que aumenta en más de un 11% en términos reales los fondos destinados a la educación en relación a la ejecución 2022. Además, para el inicio del ciclo lectivo 2023, ya se destinaron $4.000 millones en la puesta a punto de escuelas de todos los municipios, a través de los Consejos Escolares.

Derecho a la salud

“Nuestro modelo de Salud promueve la atención primaria y preventiva en los barrios, con la idea de que se vuelva un tema cotidiano. Integrar el sistema quiere decir llegar a todas partes para que se cumpla el derecho a la salud de todos y todas las bonaerenses”, sostiene el Gobernador.

Desde diciembre de 2019, la salud pública bonaerense ha contado con una inversión histórica que permitió triplicar las camas de terapia intensiva para brindar la atención necesaria a todos los y las bonaerenses. Gracias al enorme esfuerzo realizado, nadie se ha quedado sin atención médica en la pandemia. A lo que se le sumó la puesta en marcha de la campaña de vacunación más grande de la historia de la Provincia, que posibilitó la aplicación de 42 millones de vacunas contra el Covid de manera gratuita y federal.

A partir de un aumento del 38% en el presupuesto aplicado en la salud pública, se crearon más de 131 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), se finalizaron 87 obras en hospitales, mientras que otras 31 se encuentran en ejecución. Además se sumaron insumos para agilizar y mejorar la atención sanitaria. Con infraestructura, equipamiento y también redoblando los esfuerzos para que las y los trabajadores del sistema de salud puedan estar cada vez mejor, avanzamos en la transformación de la salud bonaerense.

Protección y dignidad para todos los y las bonaerenses

Con la incorporación de 4.500 patrulleros para renovar la flota de vehículos destinados a la prevención del delito, la Provincia trabaja para garantizar el derecho a la protección de todos sus habitantes. A través del programa de Fortalecimiento de la Seguridad, sumó 4.198 efectivos a la Policía provincial, fuerza a la que se jerarquizó a través de la profesionalización de los planes de formación que incluyeron la creación del Instituto Universitario Juan Vucetich.

“Nos encontramos con una Policía totalmente desinvertida: con sueldos degradados, sin equipamiento y desmoralizada. Empezamos un proceso de reconstrucción, equiparando los ingresos con los de la Policía Federal y dotando a la fuerza de los instrumentos que necesita para brindar seguridad a nuestros vecinos y vecinas”, subrayó Kicillof.

Además, durante la temporada de verano se amplió el Operativo de “Sol a Sol” para brindar seguridad en todos los destinos turísticos, en tanto que se creó por primera vez un cuerpo especial para combatir el delito en el ámbito rural con capacitación específica.

Todo esto se articula con el proceso de construcción de 12 mil plazas en unidades penitenciarias y alcaidías, un proyecto inédito que ampliará en un 50% la capacidad del sistema penitenciario y contribuirá con la seguridad ciudadana mediante una disminución de la reincidencia, que ya ha caído de un 45% a un 22%. Con esta batería de medidas, se han logrado disminuir los delitos prevenibles de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público bonaerense.

Por último, el derecho a la dignidad implica mejorar las condiciones de vida y generar igualdad de oportunidades en toda la provincia. En ese sentido, ya se asfaltaron 10.500 calles de tierra y se brindó acceso a la red de cloacas a 166 mil hogares. Asimismo, se avanza con programas de urbanización de 76 barrios populares, en los que se realizaron 179 obras apostando a la generación de empleo local.

La inversión en políticas sociales aumentó un 70% y alcanzó niveles inéditos. Entre los principales hitos, se encuentra el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que entrega un módulo alimentario mensual a más de dos millones de familias de niños, niñas y adolescentes.

“Mientras desde algunos sectores insisten con que donde hay una necesidad hay un costo, para nosotros donde hay una necesidad no solo hay un derecho, sino también una obligación del Estado para que se cumpla”, expresó Kicillof y concluyó: “Sabemos que falta mucho por hacer y que hemos tenido que atravesar tiempos muy difíciles, pero las y los bonaerenses vamos a salir adelante porque somos un pueblo que lucha por su derecho a un futuro mejor”.

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Elecciones bonaerenses: El Gobierno dice que está 4 puntos abajo del peronismo

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El Gobierno maneja una reciente encuesta que lo estaría dando cuatro puntos debajo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo y consideraron que sería “un triunfo” ser superados por ese margen en ese distrito no tan favorable para La Libertad Avanza.

“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, sostuvo uno de los más encumbrados miembros del Gobierno en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: “Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria”, insistió el dirigente libertario.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo: “No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna”, planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno”, insistió.

Y detalló: “Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia”.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará “la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina”, tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez  en la llamada “Ciudad del pecado” y cerró con un jocoso: “Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos”.

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El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

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El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien hoy ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, carga sobre sus espaldas un extenso historial de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nueve expedientes fueron abiertos en su contra, de los cuales cinco corresponden a casos de presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos se produjo la semana pasada. De acuerdo con el reglamento, el magistrado tiene veinte días hábiles para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Allí se definirá si las denuncias ameritan sanciones administrativas o si deben ser giradas a la Comisión de Acusación, instancia que podría pedir su remoción.

Las acusaciones contra el juez Alejandro Maraniello

Las acusaciones contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas denunció que, a pocos días de haber ingresado al juzgado, fue citada por el magistrado fuera del horario laboral. Según su testimonio, allí sufrió tocamientos y besos no consentidos, y se vio luego forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.

Otra trabajadora aseguró haber recibido mensajes a través de redes sociales, además de comentarios reiterados sobre su vestimenta y hostigamiento laboral tras rechazar avances personales. Relató que padeció acercamientos físicos no deseados y terminó en tratamiento médico por depresión y pensamientos suicidas. La denuncia fue elevada a la Unidad de Bienestar Laboral y también tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta.

Consigna policial

El gremio judicial Aefpjn alertó ya en septiembre de 2024 sobre el clima de violencia en el juzgado de Maraniello y reclamó la presencia de consigna policial para resguardar la integridad física y psíquica de los empleados. Desde entonces, el juzgado cuenta con presencia policial en horario laboral.

Algunos expedientes permanecen bajo reserva, remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y por la Oficina de Bienestar Judicial. Sin embargo, testimonios de empleados actuales y exempleados permiten reconstruir un patrón de conductas abusivas. Una de las denunciantes subrayó su situación de vulnerabilidad: hija de un camionero, ingresó como trabajadora interina para sostener sus estudios universitarios, siendo la primera de su familia en acceder a la educación superior.

El fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

La gravedad de las acusaciones coincide en el tiempo con el protagonismo que adquirió Maraniello al dictar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada.

El fallo, con alcance a cualquier medio, plataforma o red social, fue celebrado por la Casa Rosada, que sostiene que la filtración respondió a una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, habla de una maniobra golpista y responsabiliza a sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Además, se pidió allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y se apuntó contra allegados de la diputada Marcela Pagano.

En el oficialismo preocupa el impacto político de la filtración, tanto por la desmotivación en la militancia como por el riesgo de que la crisis se profundice si no logran un buen resultado en las próximas elecciones legislativas. La coincidencia entre la resolución judicial de Maraniello y la situación personal del magistrado agrega un condimento de alto voltaje institucional.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, Maraniello sigue en funciones. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá resolver en las próximas semanas si las denuncias prosperan y si corresponde avanzar hacia un eventual pedido de remoción.

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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

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El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal”, a raíz de la difusión de audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Paralelamente, un juez en lo Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su divulgación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que el Ejecutivo “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni. Más tarde, el funcionario celebró en la misma red social la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El magistrado dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto, ordenando el cese de su circulación “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. En la resolución se especificó: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Para garantizar el cumplimiento, se dispuso el envío de un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con habilitación de días y horas inhábiles.

Los audios atribuidos a Karina Milei

La controversia comenzó el viernes, cuando se difundió un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia sostuvieron que la emisión en el canal de streaming “Carnaval” tuvo como fin “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. Además, señalaron entre los responsables al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial -“que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei”- y el abogado Franco Bindi.

En la denuncia, recuerda la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno remarcó “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, y reclamó una “medida cautelar urgente” que impida su circulación “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (DIB) GML

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