En un contexto en el que crece la preocupación entre familias, educadores y organizaciones de la sociedad civil por el “boom” de la ludopatía en los jóvenes, la diputada del Frente Renovador Micaela Moran impulsó en el Congreso de la Nación una ley para prevenir y regular el acceso de los menores de edad a las plataformas de apuestas, juegos de azar y casinos online.

La diputada afirmó que la problemática crece porque “desde lo tecnológico, con los celulares, las billeteras virtuales y las redes sociales, se volvió cada vez más accesible y tentador para los chicos. A esto le sumamos el contexto de crisis económica, con la instalación de ideas que asocian el éxito únicamente a ganar dinero fácil y rápido, y el constante bombardeo a los jóvenes de publicidad no dirigida en redes sociales y medios de comunicación, usando la imagen de personas de relevancia pública y falsas promesas”.

En la Cámara de Diputados de la Nación, comenzó esta semana el tratamiento en comisiones —empezando por la de Prevención de Adicciones—, del proyecto de ley que se centra en dos ejes primordiales: la prevención y la regulación.

Prevención a través de campañas de concientización, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la escuela, los clubes y las familias. Mientras que la regulación apunta a que las páginas de apuestas cuenten con más filtros de acceso respecto a la edad, y prohibir las publicidades no dirigidas en todos sus formatos para que dejen de tentar a los adolescentes a meterse en el mundo del juego.

“Es preocupante que la gran mayoría de las plataformas no cuenten con ningún tipo de licencia para operar en nuestro país, son clandestinas e ilegales. Los riesgos que representa el juego no regulado son graves. Hay casos severos de trastornos de salud, como la adicción, la ansiedad, la depresión y hasta el suicidio. Los adolescentes se endeudan para poder apostar y las familias se empiezan a alertar por estos comportamientos”, explicó Moran.

“Queremos que el juego vuelva a ser seguro, detener su avance entre los menores de edad que no cuentan con las mismas herramientas que un adulto para evitar que se vuelva compulsivo. No podemos mirar para el costado, el Estado tiene que hacerse cargo de detener esta crisis silenciosa que afecta a miles de adolescentes y sus familias. Terminemos con la ludopatía juvenil”, concluyó la diputada massista Micaela Moran.

En el marco de un conflicto que no termina de destrabarse, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) se sumó al paro nacional impulsado por el Frente Sindical, que tendrá lugar martes y miércoles de la próxima semana.

Según comentaron desde el gremio, ayer se llevó a cabo la sesión del Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica y ante una “persistente falta de respuestas del gobierno nacional al reclamo salarial”, se resolvió llamar a la medida de fuerza.

El gobierno nacional había intentado llegar a un acuerdo sobre las paritarias docentes el pasado 28 de mayo, en un encuentro en el que estuvieron presentes la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Sin embargo, desde los sindicatos aseguraron que no hubo acuerdo posible: “Las autoridades gubernamentales no presentaron propuesta alguna para dar respuesta a la pérdida salarial. La única respuesta oficial fue la de trasladar el tema al Ministro de Economía”.

Asimismo, desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios sostuvieron que “el camino de la lucha y la unidad es el que permite conquistar los reclamos y derrotar el ajuste”, y destacaron lo sucedido con respecto al presupuesto de funcionamiento de las universidades, que derivó en una histórica movilización universitaria el 23 de abril.

Según explicaron, el reclamo que enmarca este paro nacional tiene que ver con el porcentaje presupuestario más significativo para las universidades: los salarios del personal docente y no docente. El mismo representa el 92 % del presupuesto total. El 8 % restante corresponde a los gastos de funcionamiento, reclamado el mes pasado en todo el país.

En línea con el objetivo de ser la antítesis del modelo que propone Javier Milei en el ámbito nacional, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires logró obtener media sanción en la Legislatura para aumentar las indemnizaciones y encarecer los despidos, una medida que recibió fuerte rechazo de la oposición y alertas del sector empresario por el desincentivo a crear nuevos y más puestos de trabajo. Se trata de una iniciativa que va a contrapelo de la reforma laboral que incluyó el Presidente en la Ley Bases.

El proyecto había sido presentado por la diputada bahiense Maite Alvado (Unión por la Patria), junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso. Fue aprobado por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y enviado al Senado bonaerense, que todavía no fijó fecha. En concreto, modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6%.