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Tarifas de electricidad: en audiencia pública, el Gobierno confirmó aumentos de entre 17% y 20%

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En el comienzo de la audiencia pública donde se analizarán los aumentos en las tarifas de la electricidad —el costo mayoristas y los servicios de transporte y distribución— el Gobierno confirmó que en 2022 las subas tendrán un impacto de entre 17% y 20% en las facturas que reciben los usuarios.

Sin embargo, no se detalló cuál será el impacto en los subsidios, uno de los temas clave en las negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El valor final que pagan los usuarios por la electricidad incluye varios componentes: el precio de la energía, el transporte y la distribución. Los subsidios se concentran en la determinación del precio estacional de la energía: el Estado cubre la diferencia entre ese valor y el costo de generación (más del 80% está dolarizado).

El secretario de Energía Darío Martínez aseguró que las adecuaciones tarifarias no deben superar los incrementos de los salarios de los trabajadores. “El Estado no puede dejar de lado su rol planificador y regulador para que los usuarios puedan acceder a tarifas justas y razonables”, aseguró.

En la audiencia que se realiza este jueves en forma virtual y donde participarán 142 oradores, se analizan las propuestas de aumentos tarifarios de empresas y asociaciones de consumidores. En la presentación oficial realizada por las autoridades de la subsecretaria de Energía y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) se detallaron los aumentos en los costos de generación durante 2021, que se vio impactado por variables como el menor aporte de la hidroeléctricas, las menores importaciones de gas desde Bolivia y el aumento del precio internacional del GNL.

En 2021, la generación de energía hidroeléctrica disminuyó un 17% interanual; el precio del gasoil subió un 137%; Bolivia redujo un 53% sus entregas de gas a la Argentina y el precio internacional del GNL pasó de USD 5,4 por MMBTU a USD 13 por MMBTU a finales de 2021.

Los funcionarios advirtieron que los costos de generación de energía eléctrica también aumentarán en 2022, sobre todo por el aumento en los combustibles. En el comienzo de la audiencia, estuvo prsente el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo y la interventora del Enre Soledad Manín. Ambos impulsan un plan de segmentación de tarifas por zonas en el AMBA por el que se quitarían subsidios a unos 500.000 usuarios.

“Con la recuperación económica se cree oportuno avanzar en la revisión de los precios estacionales. Es por ello que se plantea la fijación de precios que se defina de forma tal cuyo impacto en la factura de los usuarios sea de 17% a 20%”, agregó Positino.

El año pasado, los incrementos para las distribuidoras de energía eléctrica —las empresas Edenor y Edesur, que operan en el AMBA— tuvieron un impacto final del 9% en las facturas de los usuarios. “Para mantener la razonabilidad de la factura en un contexto de recuperación económica, fue fundamental que el aumento de las tarifas de distribución no sea simultáneo con el aumento del precio de la energía. Por ello, antes de reducir los subsidios, el Estado Nacional decidió adoptar una política de mantenimiento del precio estacional en pos de que las distribuidores recuperen el margen necesario para operar. Si se hubiera otorgado un incremento del 40% en las facturas a usuarios finales, los subsidios hubieran disminuido un un 16%”, detalló el funcionario.

La audiencia pública tiene como fin poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre la determinación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como del precio estabilizado del transporte para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (MEMSTDF).

También se presentarán las propuestas de transición tarifaria elaboradas por las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires —Edenor y Edesur— y las transportistas de energía eléctrica

Fuente: Infobae.

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Diputados debatirán la próxima semana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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