La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) calificó hoy la paritaria nacional como “fraude”, luego de no haber podido alcanzar un acuerdo con el Gobierno, y exigió un salario mínimo de $1.819.121.

“Las políticas de (Javier) Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico”, sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

El gremialista indicó a través de un comunicado que las paritarias se convirtieron “en un fraude” y que el Gobierno “no escucha la voz de la representación sindical”.

“El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos”, afirmó.

Por eso exigió “elevar el salario mínimo a $1.800.000” y expresó que a la paz social se la debe garantizar “con respuestas concretas” a los “justos reclamos que tienen los trabajadores”.

“La pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo“, sentenció.

ATE adelantó además que en los próximos días se definirá la continuidad del “plan de acción” en rechazo a “las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos”.

Los bloques de la oposición presentaron hoy formalmente el pedido de sesión especial para el miércoles 4 de junio al mediodía con el objetivo de someter a votación en el recinto de la Cámara de Diputados la emergencia en Discapacidad y distintas iniciativas de mejora previsional, entre ellas la renovación de la moratoria, el aumento del bono para jubilados y pensionados y un incremento de los haberes del 7.2%.

Tras intensas negociaciones, la nota fue presentada este martes con las rúbricas de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

A diferencia de la última sesión que cayó por falta de quórum, no se incluyó en el temario la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra, aunque no se descarta que la cuestión pueda ser planteada directamente en el recinto mediante una moción.

Para evitar que algunos sectores lo utilicen como excusa para ausentarse, los bloques de la oposición acordaron dejar afuera del dictamen la designación de los representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN).

La semana pasada, había un acuerdo para impulsar para cubrir esas vacantes en el organismo de control al camporista Juan Ignacio Forlón y al diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó.

Éste último, sin embargo, sumaba resistencias en el radicalismo e incluso dentro de su propio bloque por parte de tres diputados cordobesistas que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes dejaron sin quórum la sesión.

En el temario de la sesión también aparece el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de las prestaciones para los beneficiarios, y una gama amplia de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones.

Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco.

La nota con el pedido de sesión dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue firmada por Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

La expresidenta Cristina Fernández encabezó este martes una reunión del Consejo Nacional del PJ, en la que se advirtió que el desdoblamiento electoral dispuesto en algunas provincias “le quita fuerza al proyecto nacional”. El encuentro “extraordinario” se realizó en la sede partidaria de Matheu 130, en Buenos Aires, y tuvo como eje la evaluación de la “situación política y electoral” del país.

“Tenemos que discutir con el gobierno nacional no una cuestión de territorio sino del modelo que está hambreando a nuestra gente, y eso solo se puede hacer desde una discusión nacional porque la elección está nacionalizada y teñida de violeta”, afirmó la senadora bonaerense Teresa García al término del encuentro.

Consultada por la decisión del gobernador Axel Kicillof de convocar a elecciones legislativas para el 7 de septiembre en la provincia, García aclaró que “no se le ha pedido a ningún gobernador que modifique sus elecciones”. Y respecto de una eventual candidatura de Cristina Fernández, la senadora recordó que “hace dos meses Cristina dijo públicamente que si hay desdoblamiento, iba a ser candidata”. “Obviamente hay resultados que van modificando la realidad. Cristina hoy es la presidenta del PJ y la obligación que tiene el PJ es tratar de ordenar al peronismo para que sea una alternativa en octubre”, agregó, citada por la agencia Noticias Argentinas.

Durante la reunión, según García, “se hizo el análisis de cómo está posicionado el peronismo en cada provincia. Se habló del desdoblamiento y algunos compañeros hablaron de la experiencia del desdoblamiento en algunas provincias y las consecuencias que había tenido”. La conclusión, afirmó, fue que esa estrategia “le hace perder fuerza al proyecto nacional”. (DIB) GML