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Una concejal libertaria pide modificar el reglamento para poder armar su propio bloque

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La concejal libertaria Valeria Rodríguez insiste en el armado de un nuevo bloque de La Liberad Avanza que semanas atrás fue rechazado por la totalidad de los bloques del Concejo Deliberante.

Ayer al mediodía, la edil escindida de Avanza Libertad presentó dos proyectos que van en ese camino: por un lado pretende declarar “la invalidez de dos proyectos aprobados por mayoría para no reconocer a ese espacio político” y por otro lado uno que pretende modificar el reglamento interno del legislativo.

Se trata de una solicitud para eliminar el artículo 23 bis que establece textualmente que “los concejales escindidos de su bloque político y los agrupamientos de ellos que no respondan a una lista de candidatos legitimada por comicios, no serán considerados bloques políticos en los términos de este reglamento”.

Ambas iniciativas fueron ingresadas formalmente y deberán tratarse en la próxima sesión extraordinaria, que si bien no tiene fecha exacta, se podría convocar con un pedido de 8 concejales.

Horas después, esos concejales ingresaron a la oficina de Carlos Alonso (presidente de La Libertad Avanza y hasta entonces compañero de bancada de Gonard) y votaron para remover al edil de ese puesto para declarar presidente a Rodríguez.

La acción provocó uno de los bochornos más importantes de los últimos años en el legislativo, ya que Alonso denunció que tras el ingreso a su oficina le faltó una costosa lapicera Montblanc y una cadena de oro, lo cual derivó en un allanamiento policial en Sarmiento 12.

Semanas después, los ediles de Juntos, Unión por la Patria y otros liberales aprobaron un proyecto de Alonso pidiendo la devolución de su bloque y el no reconocimiento del nuevo espacio, e incluso calificaron el accionar de Gonard como una virtual “toma en manada” de un bloque y sostuvieron que se vulneraron los derechos de un presidente de bancada legalmente constituido.

Los problemas internos en La Libertad Avanza comenzaron en diciembre pasado, apenas terminadas las elecciones. Los cuatro concejales electos por la lista que llevaba como candidato a intendente a Oscar Liberman se partieron en dos apenas llegaron a Sarmiento 12.

Mauro Reyes y Vanina Linzuain permanecieron fieles a Liberman, mientras que Gonard y Alonso se alejaron. La primera discusión tuvo que ver con la votación para la presidencia del cuerpo.

Mientras Reyes y Linzuain pretendían acordar que la presidencia fuera para el oficialista UxP, bajo la “regla no escrita” de que el intendente que asume debe contar con ese respaldo, Gonard y Alonso se aliaron con Juntos por el Cambio y Avanza Libertad para quedarse con el puesto.

A propósito de Reyes y Linzuain, al separarse de Gonard y Alonso, en aquel momento se les aplicó el artículo 23 bis del reglamento y la presidente Gonard no los reconoció como bloque, negándoles oficina, secretario y participación en las reuniones de labor. De hecho, los libermanistas durante meses improvisaron una oficina en los pasillos.

Ahora la nueva aliada de Gonard, Valeria Rodríguez, se manifiesta en contra de ese artículo porque afecta a su nuevo espacio de pertenencia.

Fuente: Frente al Cano.

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La UCA advierte que la baja de la pobreza está “sobrerrepresentada” y cuestiona la medición del Indec

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.

Las dos razones del “sesgo” estadístico

Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:

  1. Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
  2. Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.

El pedido de la UCA al Indec

Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

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Senado: Maximiliano Abad reclama al Gobierno cubrir las 337 vacantes judiciales

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El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.

“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.

En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.

El senador Abad insistió en que el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad institucional: “Es indispensable que se envíen los pliegos y que esta Comisión pueda trabajar en la normalización del sistema judicial. Regularizar y fortalecer la Justicia no puede seguir esperando”.

Informe sobre las vacantes en el Poder Judicial

Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.

Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.

De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.

El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.

Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.

El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.

La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.

Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.

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Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.

El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.

Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.

Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)

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