Por Andrés Lavaselli

Con Javier Milei y Axel Kicillof como protagonistas centrales jugando su capital político en el barro de los territorios, la campaña para las elecciones del 7 de septiembre se convertirá, más temprano que tarde, en una disputa con agenda nacionalizada. Es un efecto más de una particularidad derivada del desdoblamiento del calendario, que en los últimos días se volvió tan relevante que sirve para explicar otras dos cuestiones cruciales de esta hora: la dinámica de las peleas en el peronismo y La Libertad Avanza, y también una posible mutación inesperada, la de Somos Buenos Aires, la alianza de centro, asociada la movida de los gobernadores que pegaron el “Grito Federal”.

El rulo que complica todas las estrategias es la superposición del cierre de listas para diputados nacionales, que opera el 17 de agosto, con las últimas tres semanas de la campaña para votar legisladores provinciales y cargos locales. La única certeza que tienen en todos los campamentos es que, en el momento en que los candidatos para la pelea de octubre queden anotados, se abrirá un lapso en el que el debate tenderá a nacionalizarse. Por eso, Milei planea para ese tramo final la intensificación de su presencia en el territorio para respaldar a los libertarios. Es una modalidad que arrancará este miércoles con una foto de familia con los ocho que son cabeza de lista, diseñada además para mostrar unidad tras varias semanas de turbulencia interna.

De hecho, La Libertad Avanza tuvo que resetear su dispositivo de campaña sobre la marcha, luego de que Milei ordenara subir a Santiago Caputo al comando electoral. O, dicho de otro modo, después de que ordenara una tregua en la pelea con Karina, su hermana.  En lo operativo, se plasmará en una división de roles: el consultor estará a cargo de la elaboración del discurso y de la batalla en redes, Sebastián Pareja, operador de Karina, quedó al comando del despliegue en el terreno. La decisión es trabajar el leitmotiv “kirchnerismo o libertad”, con Kicillof como contrafigura. Habrá también presencia en medios tradicionales -afines-, con Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro como protagonistas principales.

La razón de fondo de esa suspensión de hostilidades -aún frágil- no está del todo clara, pero es probable que hayan jugado un rol las encuestas que en las últimas horas llegaron a la Casa Rosada. Marcan una pérdida de rendimiento de la marca libertaria en distritos clave. Aunque también indican que la elección está abierta. En Fuerza Patria manejan números parecidos: ventaja holgada del peronismo en la tercera sección (entre 10 y 16 puntos), predominio menos amplio de LLA en la primera (cinco puntos). Un dato relevante: en el interior, donde los libertarios se imponen, la competencia de los candidatos de Somos Buenos Aires -y HECHOS en la segunda- los expone, debido a su perfil, a una sangría de votos que los perjudique más que al peronismo y achique la ventaja.

En el peronismo el dato central, anticipado aquí la semana pasada, fue la rebeldía de Juan Grabois, enfrentado abiertamente con Sergio Massa en su intento de quedarse con la cabeza de la lista. El modo en que al parecer se desactivó dejó la sensación de que se trató de un episodio limitado al polo anti Kicillof del armado: Grabois pidió “disculpas” sentado junto a Máximo Kirchner, tras revelar que Cristina le pidió que “baje dos cambios”. Kicillof y los suyos no dijeron palabra al respecto. Para el Instituto Patria es una evidencia de que “la jefa” es la que en el fondo ordena; para gobernación, alimenta las sospechas de que Máximo Kirchner habría alentado la aventura del dirigente social, porque cree que con dos listas mejora la cosecha de legisladores.

Existe un dato cuasi estructural detrás de la tensión por la lista nacional en el peronismo: la dificultad para definir quién encabezará la pelea contra José Luis Espert. Grabois y Massa se vetan entre sí, más allá de que el líder del Frente Renovador asegura que no quiere ser. Kirchner, que tiene un nivel de imagen negativa alto, adelantó que, si se lo piden su madre “y el gobernador”, acepta. Kicillof no irá a un operativo clamor, pero no lo vetará. De hecho, en La Plata aseguran que se enforzará en la campaña, pero no pujará con la misma intensidad que lo hizo para las de septiembre. En el MDF aseguran que para ellos la prioridad es no generar turbulencias en la previa de las elecciones.

La superposición de calendarios da pie también para otra novedad posible: el desembarco bonaerense del “Grito Federal”, la alianza que lanzaron los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut (PRO); Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy (UCR); Martín Llaryora, del peronismo cordobés; y Claudio Vidal, del provincialismo de Santa Cruz. Esa irrupción se haría a través de una estructura ya existente: la de SBA, con la que ya tienen un vínculo a través de Juan Schiaretti, el aliado de Llaryora. El cordobés, cuentan, impulsa para la cabeza de la lista de diputados nacionales a Florencio Randazzo. Pero Facundo Manes también quiere ser el primer nombre de esa boleta.

Las tensiones están a la vista. Schiaretti le habría sugerido a Manes que se postule por Capital, su lugar de residencia habitual. Nadie sabe, además, qué opina el radicalismo, que por su parte es un hervidero de internas: ¿con qué sector deberían hablar los gobernadores? Pullaro, que ya estuvo de recorrida con el candidato de la UCR en la primera, Pablo Domenichini, seguro tallará. Él y Schiaretti, además, volverán a pisar suelo bonaerense para apoyar a los suyos. ¿Qué pensarán de este despliegue GEN y la Coalición Cívica? En este contexto, nadie descarta que, si hay un avance con los federales, Somos sufra escisiones y termine habiendo, en octubre, dos listas de la “avenida” del medio en la provincia. (DIB)

La intendenta de Quilmes y candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección Electoral, Mayra Mendoza, se diferenció este sábado de los funcionarios provinciales que respaldan las candidaturas testimoniales, al ratificar que asumirá su banca si es electa y asegurar que “la política se defiende representando y asumiendo las responsabilidades” frente al electorado.

Mendoza evitó cuestionar en forma directa a la vicegobernadora Verónica Magario, también candidata a diputada provincial, pero planteó una posición distinta: “Más que a mí, habría que preguntarle a ella de qué modo cree que esto sirve o aporta. Yo creo que hay otro modo”, sostuvo la jefa comunal en declaraciones radiales al hacer referencia a la testimonial de Magario.

“Todos damos pasos pensando en el bien común. Desde su perspectiva debe entender que esto está bien. Yo creo que nosotros debemos defender la política representando y asumiendo las responsabilidades que les ofrecemos a nuestros electores. Por eso, una va a asumir la diputación”, remarcó.

Sus declaraciones se dan en medio del debate por las candidaturas testimoniales, y contrastan con lo expresado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quienes defendieron la estrategia de los dirigentes políticos cercanos al gobernador Axel Kicillof. (DIB)

El presidente Javier Milei oficializó el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, basando su rechazo en tres argumentos centrales: el costo fiscal “exorbitante”, la falta de fuentes de financiamiento genuinas y graves vicios en el procedimiento de sanción en el Senado.

Según supo Noticias Argentinas a partir de los considerandos del decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno calificó las iniciativas como un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas y un atentado contra el equilibrio fiscal.

El argumento central: un costo fiscal “inviable”

El principal motivo del veto es el impacto que las leyes tendrían en el presupuesto. Según el texto oficial, los tres proyectos en conjunto implicarían:

• Un gasto adicional de más de $7 billones para el año 2025.
• Un gasto adicional de cerca de $17 billones para el año 2026.

Estas cifras, según el Gobierno, equivalen al 0,90% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el objetivo del superávit.

Falta de financiamiento y fallas técnicas

El decreto remarca que los proyectos incumplen el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos especifique su fuente de financiamiento.

• El Gobierno sostiene que las fuentes propuestas en el caso de la ley de jubilaciones son “manifiestamente insuficientes”, ya que cubren menos del 4% del gasto total que se generaría.
• En el caso de la moratoria previsional y la ley de discapacidad, el decreto afirma que “siquiera contemplan previsión alguna” sobre cómo se financiarán las medidas.

“Graves nulidades”: las irregularidades en el Senado

El Poder Ejecutivo también argumentó que el proceso legislativo en el Senado estuvo “viciado por graves nulidades”. Según el decreto:

• La sesión del 10 de julio se habría llevado a cabo sin la citación previa correspondiente a los senadores.
• El tratamiento de los proyectos se habría habilitado con una mayoría simple, cuando, según el Gobierno, se requerían dos tercios de los votos.
• Se habrían otorgado carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos formales, según advirtió la propia Secretaría Parlamentaria del Senado.

El Gobierno concluyó que estas irregularidades constituyeron un “atentado directo contra nuestra Constitución Nacional” y que, por lo tanto, no debía promulgar leyes “sancionadas ilegítimamente”.