El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra pública en Santa Cruz. Ahora empieza a correr el plazo para que el máximo tribunal del país tome una decisión.
Casal sostuvo el reclamo del fiscal general Mario Villar,al entender que además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, se le tiene que atribuir el de asociación ilícita en carácter de jefa. En su dictamen de 13 páginas, mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de la ex mandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta, un mayor decomiso de sus bienes y que la absolución a favor de Julio De Vido sea revocada.
El procurador consideró que la sentencia de la Cámara incurrió en una “causal definida de arbitrariedad” por omitir responder argumentos clave de la fiscalía y aplicar interpretaciones consideradas incorrectas sobre la figura de la asociación ilícita, la doctrina del “hecho único” en la administración fraudulenta, la valoración de la prueba y la cuantificación del decomiso. El dictamen de la Procuración cuestiona principalmente las absoluciones por el delito de asociación ilícita y la reducción del decomiso.
El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py que la condenó en diciembre de 2022 y Casación que confirmó el fallo en noviembre de 2024 señalaron, ambos por dos votos contra uno, que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- recibieron las empresas de Lázaro Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.
La Corte, a partir de ahora, estará en condiciones de estudiar el expediente y resolver si confirma o no la sentencia acusatoria que tiene dos efectos inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Este último punto es el que, en caso que lo decida, no le permitiría ser candidata a las elecciones legislativas nacionales de octubre.
Sin embargo, hay otros recursos de queja presentados que permanecen en la Corte. Todos tienen un común denominador y apuntan a anular el fallo de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia que en diciembre de 2022 dictó el TOF 2. (DIB)
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