Aunque el Congreso permanece cerrado por receso de invierno, el Gobierno ya está analizando la forma de destrabar uno de los proyectos prioritarios que tiene en carpeta, la reforma política, que pretende cambiar el sistema electoral en el país, por lo que se vuelve una definición clave de cara a las negociaciones por las eventuales alianzas en las provincias.

En un principio, el oficialismo nacional planteó la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una idea que mantienen desde el inicio de la gestión.

Sin embargo, incluso antes del freno legislativo por las vacaciones, y ante la falta de votos de los aliados, La Libertad Avanza aceptó estudiar otras alternativas para evitar así que todo el proyecto se cayera.

Quien llevó adelante las conversaciones fue la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, aunque con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, “El Colo” recibió en la Casa Rosada a Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes, una de las provincias con las que, a pesar de haberlo intentado, no se llegó a un acuerdo electoral en 2025.

En aquel entonces, el antecesor del actual gobernador, Gustavo Valdés, se negó a competir que cualquier otro candidato que no fuera su hermano, por lo que los libertarios decidieron ir por afuera y terminaron siendo duramente derrotados.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de titular del partido, tendrá sus propios encuentros políticos en los próximos días.

La funcionaria viajará la semana que viene a Chaco para verse con uno de sus históricos aliados, Leandro Zdero, y es probable que también a Raúl Jalil en Catamarca y a al senador Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

“Falta mucho para la definición de las listas y de las alianzas. Hay que ver primero si va a haber PASO o no, entre muchos otros factores que van a influir”, reconocía ante Infobae uno de los armadores de LLA.

En este sentido, en el oficialismo remarcan que “el único objetivo real para el 2027 es que el Presidente consiga su reelección y todo lo que se haga va a ser para eso”.

En lo que respecta al Congreso, las autoridades nacionales reconocen que hay un retraso en las reformas, pero sostienen que “lo más importante es blindar todas las medidas económicas y el proyecto en general”.

”Hay un total de 13 gobernadores que tienen relación buena con nosotros. Yo los conozco y sé que no se van a tirar si no ven que hay agua en la pileta”, remarcó una fuente de Casa Rosada.

Para el entorno de Milei, los mandatarios locales “están viendo que hay una posibilidad, que hay un Presidente que en sus provincias está bien”.

De hecho, a pesar de los informes negativos de algunas consultoras y organismos, como el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, en el entorno presidencial confían en que el sello de La Libertad Avanza sigue fuerte.

“A nosotros nos da que está estable. Hubo una caída con el tema de Adorni, pero se mantuvo ahí. Nunca estuvo tan mal como algunos decían ni tan bien como marcaban otros. Está estable“, argumenta uno de los estrategas.

Para el equipo que diseña los planes de comunicación, “especialmente cuando medís una gestión durante un periodo largo de tiempo, para poder entender cómo se comporta la sociedad, hay que ver todo el panorama”.

“A veces hay picos para arriba o para abajo, pero vos lo que vas observando es cómo se comporta la serie histórica”, remarcan.

Aunque en Balcarce 50 se muestran confiados y fuertes, varios de los gobernadores aseguran que las negociaciones por los eventuales acuerdos electorales no es algo que los vaya a condicionar para apoyar los proyectos de ley que quiere la Nación.

El tema de las PASO es un ejemplo de ello, ya que muchos no están de acuerdo con que se eliminen, principalmente porque quieren dirimir sus internas locales sin tener que decidir apoyar solamente a un candidato presidencial.

“No hemos tenido respuesta hasta el momento”, respondió un mandatario aliado que propuso implementar las “listas colectoras” para solucionar el conflicto.

De acuerdo con lo que precisaron en Balcarce 50, las alternativas que ahora están sobre la mesa es que, en lugar de eliminar las primarias, únicamente se suspendan en el 2027.

Otra opción es aceptar la idea de la PAS, que impulsa el PRO, entre otros espacios, para que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas, con comicios en los que compitan los partidos que tienen más de una boleta.

Todos estos escenarios debatirá la mesa política libertaria cuando vuelva a reunirse, luego de que se suspendiera el encuentro de este martes debido a que un de sus principales integrantes, Karina Milei, estaba de viaje en Perú, como parte de la comitiva que acompañó al Presidente en el acto de asunción de Keiko Fujimori.

Tras el receso invernal, el Congreso volverá a funcionar el 6 de agosto, para cuando el Gobierno pretende convocar a una mega sesión para tratar varias de las reformas que ya fueron enviadas.

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la “BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza fue resuelta y anunciada hoy tras la reunión de la Conducción Nacional del sindicato.

La decisión fue tomada en el Hotel Quagliaro, sede del gremio, y apunta a dos reclamos centrales: un aumento salarial de emergencia y el rechazo al desmantelamiento de organismos estatales con la consecuente pérdida de empleos en el sector público. La protesta coincidirá con el regreso a clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos del país, tras el receso de invierno. En ese marco, ATE evalúa la posibilidad de marchar en conjunto con el sindicato docente CTERA.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al describir la situación salarial del sector: “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”.

Los números que respaldan ese diagnóstico son concretos. En lo que va de 2026, los incrementos salariales en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9% hasta junio, mientras que la inflación en ese mismo período fue del 16,9%. La brecha entre ambas variables profundiza una pérdida de poder adquisitivo que, según el gremio, se arrastra desde el inicio de la gestión actual.

Aguiar también alertó sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan los trabajadores del Estado: “Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos”, advirtió el dirigente.

Más allá de la discusión salarial, el sindicato denunció el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos del Estado Nacional, con despidos que afectan la prestación de servicios para la sociedad. ATE encuadra esa situación dentro de un deterioro más amplio del tejido productivo: según señalaron, en los últimos dos años y medio cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de 341.000 puestos de trabajo.

Sobre el rol de los sindicatos en el actual contexto, Aguiar cuestionó las reuniones que algunos dirigentes gremiales mantuvieron con funcionarios de la Casa Rosada: “Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar”, afirmó el referente de ATE.

“Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales”, sostuvo también Aguiar en su análisis crítico de la actual gestión.

Vale recordar que el 3 de agosto no será la única fecha de movilización en el calendario de ATE. El sindicato ya tiene definida una Jornada Nacional de Lucha para el 7 de agosto, Día de San Cayetano, en la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.